domingo, 18 de mayo de 2014

PENA DE MUERTE PARA QUIENES ATENTAN CONTRA LOS BIENES DEL PAÍS


Dr. Hugo SALINAS

El Perú vive sus peores momentos de crisis moral. Una crisis ligada al manejo de los bienes del país, físicos y financieros. Personas, personalidades e instituciones políticas y sociales ya no hacen diferencia entre el bien y el mal, entre el interés personal y el interés colectivo.

Ya no es solamente la criminalidad entre personas o contra personas. Es una criminalidad organizada contra el país. A pesar de que el país cuenta con escasos recursos financieros para construir su futuro, los criminales con cuello y corbata se lo apropian. El país trata de acumular activos que le permitan cimentar un crecimiento más acelerado, y estos criminales muestran asientos contables que las obras han sido ejecutadas cuando, sobre el terreno, no hay nada ejecutado y, en el mejor de los casos, realizadas sin respetar las normas de calidad.

Los criminales contra el país no son solamente aquellos que dirigieron el acto sino también aquellos que facilitaron los hechos. Y la competencia por la criminalidad ya no tiene límites. Ya no se puede hacer diferencia entre las muertes producidas por manejar o por desbaratar la mafia enquistada en el poder político, judicial, policial y militar.

Estamos viviendo en una sociedad amoral desde la cúspide hasta el ciudadano de a pié. Presidentes de la República ya sea en prisión y en camino de serlos. Congresistas, jueces, funcionarios…, todos ellos, implicados en los más absurdos delitos contra el país. ¿Podremos seguir soportando esta lacra que impide un normal desenvolvimiento de nuestra vida económica, política, educativa y social?

Ya no es solamente la moral que está quebrada. Son las instituciones del país que ya no cuentan con ninguna credibilidad. Pero ahí no queda la osadía de quienes han perdido toda referencia a la ética y la moral. Son los ideales de construir un mundo mejor que se están destruyendo al realizar un mal uso de los activos que pertenecen a toda la comunidad.

El punto de criminalidad ha llegado a tal nivel, que incluso está destruyendo lo último que nos queda: la esperanza de construir un futuro mejor. Ideales como la transformación del país, la conservación del medio ambiente, la defensa del agua…, se sienten heridos por el accionar de personas que han confundido el interés personal con los intereses del país. ¿Qué hacer para volver a convertirnos en los seres humanos que amamos a nuestra sociedad?

No teniendo ninguna confianza en los jueces, debemos volver a la justicia popular; es decir, al Tribunal Popular. Es el pueblo quien debe sancionar a los criminales contra el país. Y la sentencia debe ser la máxima, porque es al pueblo en su totalidad que se le está haciendo daño. No podemos ser ciegos ni blandos.

Siendo el centralismo uno de los elementos que favorece la criminalidad contra el país, son las mismas poblaciones quienes deben juzgar y sentenciar a los criminales contra el país. El Tribunal Popular no debe estar sujeto a los códigos actualmente vigentes porque, hecha la ley, hecha la trampa. Todos esos códigos han sido elaborados para juzgar y sentenciar a los pobres, los desempleados, a los sin recursos; y salvar a los criminales contra el país.

Por consiguiente, el Tribunal Popular debe ser local, a un solo nivel de decisión (sin derecho a apelación),  y sujetarse a los usos y costumbres de cada localidad. Es al pueblo que se le está haciendo daño. Es el pueblo que les debe juzgar y sentenciar.

Y si queremos restablecer la moral en el manejo de lo más sagrado, como son los bienes del país, los tribunales populares deben sentar precedente en sus veredictos. Y no hay mejor forma de realizarlo que generando un electro shock en la mente y comportamiento de la población. El Tribunal Popular debe establecer la pena de muerte contra quienes hacen un mal uso de los bienes físicos y financieros del país.

Que la honestidad se imponga ante el dinero. Que el interés colectivo se imponga al interés individualista. Volvamos a recrear los valores del ser humano y no los del oro y la plata.

Cajamarca, 17 de mayo del 2014


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