miércoles, 1 de febrero de 2017

OLMOS: EL NEGOCIO REDONDO DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS




Jaime Escobedo
 
Olmos es el mejor ejemplo de la desnaturalización de las asociaciones público-privadas. La asociación público-privada (APP) es una herramienta para asegurar —por parte del sector privado— la prestación de servicios públicos o la implementación y operación de infraestructura pública con alta rentabilidad social. Esta figura tiene aproximadamente cuatro años de vigencia. Fue incorporada en el Decreto Legislativo 1012, uno de los 99 decretos legislativos aprobados durante el gobierno de Alan García, en junio de 2008, para asegurar la implementación del TLC con EE.UU.

La APP es un tipo de concesión que se caracteriza por la contribución que realiza el Estado en el servicio u obra de infraestructura pública, debido a que la rentabilidad financiera del negocio no resultaría suficiente para utilizar el esquema clásico de concesiones. Esta contribución del Estado puede adoptar distintas formas: cesiones de terrenos o maquinarias, compromisos de compra de los productos, etc.

Formalmente, a través de este tipo de concesión el Estado busca obtener los mayores beneficios para la ciudadanía, mediante el menor monto de subsidio estatal posible y con la posibilidad de distribuir los riesgos con el sector privado. Sin embargo, hay ejemplos concretos de APP donde el inversionista privado asume —de manera insólita— un riesgo cero.

Veamos el caso de Olmos. Para comenzar, este tipo de concesión se puede implementar sólo si, en términos de costo-beneficio, es más beneficiosa la participación privada que la estatal. Pues bien, los datos evidencian que, en lugar de una APP, la provisión directa del Estado de las obras de riego de Olmos, bajo la modalidad de obra pública, hubiera redundado en mayores beneficios para la sociedad. Únicamente por la venta de tierras del proyecto, el Estado hubiera obtenido un ingreso mínimo de US$161.5 millones. Si a ello se suman los US$22.6 millones anuales que se espera obtener por el uso del agua en las 38 mil hectáreas del proyecto, la recuperación de la inversión, estimada en US$222 millones, no debería ser un problema.

Sin embargo, la decisión del Estado fue concesionar las obras de riego a favor de H2Olmos, integrante del grupo Odebrecht, con lo cual será esta empresa la que obtendrá el 85% de los ingresos de la subasta de tierras y el total de ganancias por el uso del agua durante 23 años.

Sumado a este hecho se encuentra el riesgo cero que asume H2Olmos por la concesión del proyecto. Para tener una idea de lo que hablamos, la obligación de la empresa de trasladar al Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), aproximadamente, US$2.5 millones anuales, en calidad de regalías por la prestación del servicio de riego en el valle Viejo de Olmos, solo tendrá esa calidad (de obligación) mientras los campesinos y agricultores cumplan oportunamente con el pago. De no ser así, por un plazo de seis meses de servicio, H2Olmos se liberará de la obligación y, a partir de entonces, el GRL deberá asumir íntegramente ese pasivo.

Por eso, la experiencia del proyecto Olmos es un primer llamado de alerta frente a esta figura de las asociaciones público-privadas, donde las empresas concesionarias no arriesgan nada, sino que, por el contrario, ganan por encima de la rentabilidad esperada. A todas luces, se trata, para ellas, de un negocio redondo.

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