lunes, 28 de agosto de 2017

EDUCACIÓN PÚBLICA ENTRE EL DERECHO HUMANO Y LA MERCANCÍA




28-08-2017

La educación no ha sido indiferente estas últimas semanas para nadie, como pocas veces suele ocurrir, la agenda política y social se ha reducido a la ya histórica movilización magisterial iniciada por sus bases regionales. Más de 200 mil maestros y maestras en todo el país rompieron esa letanía en que andaban envueltos, en cierta parte, por una clase sindical enquistada en una pobre actitud para defender los intereses del magisterio; pero en gran medida por esa inercia que nos esta afectando a todos, tras 27 años de un modelo económico neoliberal que ha venido destruyendo la incipiente conquista de derechos que intentábamos construir. 

Al igual que la mayoría he crecido en medio de una mentira ineludible, que se resumen en frases como: “si quieres darle a tus hijos una “buena” educación, tendrás que pensar en un colegio privado” o “si quieres salir “buen” profesional tendrás que pensar en una universidad privada”. Esas frases en algún momento fueron construidas desde arriba, e irradiadas de ese centro autoritario (Lima gobierno) a la periferia (“provincias” gobernadas), amplificados por medios de comunicación al servicio de intereses patrimonialistas, terminaron por privatizar mi educación. Después de eso lo más previsible es ser una caja de resonancias que repite la misma historia; pero ¿cómo se sembró esa falacia en nuestro imaginario? 

Gran parte de la respuesta está en los noventa, nos habían dejado un Estado quebrado por la ineptitud de un gobierno aprista, estas fueron las condiciones necesarias para aplicar cualquier doctrina que diera un shock a ese Estado en ruinas. Es entonces que se instaló la máxima, de que lo privado es intrínsecamente mejor que lo público y el Estado debe reducirse a su mínima expresión, lo suficiente para promover iniciativas privadas. A mediados de los noventa el sector público atendía al 85% de matrículas; en el 2011 la cobertura se invierte y el 68% asiste a un colegio privado [1] . Lima metropolitana hoy posee un tercio de la población nacional y tiene más de 6 mil colegios privados y no llega a dos mil colegios públicos [2] ; su educación está mayoritariamente privatizada, siendo una primera señal de por qué ésta histórica movilización nació en las bases regionales y por qué se vio tan poca solidaridad desde Lima hacia la educación pública. 

El Estado en los noventa fue el principal detractor de la educación pública, tratando por diferentes medios de deshacerse de su carga presupuestal; mientras paralelamente promocionaba la inversión privada, con normas como el Decreto Legislativo 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación de 1996; norma que dio inicio a la mercantilización de la educación. Los sucesivos gobiernos se encargaron de mantener esas políticas o agravarlas; con recortes al gasto público en muchos casos condicionados por instituciones financieras como el FMI o el Banco Mundial, que incorporaron criterios formativos acordes a las necesidades productivas de las empresas privadas, promoviendo por ejemplo la educación técnica para responder las necesidades del mercado que precisa de mano de obra barata. Hasta llegar a la actual situación, en que la educación está bajo el control de manos privadas, que mayoritariamente la consideran como un negocio que debe regirse y evaluarse bajo normas del mercado como la eficiencia, competitividad o rentabilidad; he ahí una de las razones principales por qué no funciona la evaluación de desempeño. 

Tras casi tres décadas de ensayar la misma fórmula y bajo evidencias que cada año nos muestran estar en la cola respecto a la calidad educativa mundial, hoy podemos decir que el modelo neoliberal de educación privatizada ha fracasado en el Perú. La mística y acción del movimiento regional del magisterio, nos ha obligado a detenernos y nos ha devuelto un viejo sueño que estaba siendo arrebatado: la posibilidad de aspirar a una educación pública, gratuita y de calidad, un derecho humano, que no es solo para ciudadanos de escasos recursos, sino para todos aquellos que respetemos el valor de educar, entendido esto como los valores que promueve la educación como la democracia, la solidaridad, la justicia y que además refiere a la valentía de ciudadanos y ciudadanas dispuestas a preservarla y salir en su defensa. 

Notas:
Luis Hallazi es abogado y politólogo, investigador en Derechos Humanos y en mecanismos para el ejercicio de un Derecho Transformador.


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