Del libro “El Estado en el Perú debe ser para todos”, Tomo II – Epílogo
y la Segunda Mafia de corrupción de las primeras décadas del siglo XXI
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Estimados amigos:
En mi último libro “El Estado en el Perú Debe Ser Para Todos”, en
el tomo II en su Epílogo -parte final del libro, páginas 231 a 234-, que
anexamos para vuestro conocimiento. En esta parte del estudio del libro
mencionado, se trata del comportamiento de las empresas
constructoras brasileras y nacionales que llegaron a formar: “la
segunda ola de la corrupción”, ocurrida en estas dos últimas décadas del
presente siglo; como sabemos en la década de los 90, se constituyó
la primera mafia que tuvo como organizadores al “trío mágico”:
Fujimori/Montesinos/Hermoza Ríos y sus secuaces entre funcionarios civiles,
fiscales, jueces y altos mandos de las fuerzas armadas y de la policía.
El Epílogo del libro trata la posibilidad de que a nivel del poder
ejecutivo se formen equipos destinados a investigar a estas empresas
delictivas, hecho que no ocurrió, pues no hubo interventores en las empresas y
en cada obra pública todavía en ejecución, y menos de las paralizadas. Se
pensaba que de las primeras indagaciones por parte del equipo de interventores,
se procederían a las primeras denuncias de los procuradores ante las fiscalías
anticorrupción, a fin de formalizar los procesos judiciales.
En nuestro estudio se buscaba que estos procesos investigatorios se
realicen partiendo del poder ejecutivo, y serían dirigidos por el propio presidente
de la república que, en ese momento era Pedro Pablo Kuczynski; tal
como sucedió con la primera mafia de los 90 en que la dirección de las
investigaciones estuvieron a cargo del Presidente Transitorio
Constitucional Valentín Paniagua, y fueron los procuradores quienes
en tiempos sumarios, hicieron las denuncias siguiendo los debidos procesos
judiciales. Este accionar por primera vez hizo posible apresar a cientos de
funcionarios civiles y militares de los poderes públicos, los del JNE y de
empresas y personas del sector privado.
Es importante señalar esto último, porque después de las sentencias a la
primera mafia que arrebató los fondos del erario, no se procedió; primero, a
dictar nuevos dispositivos que sancionen a funcionarios públicos, personas naturales
y directivos de las empresas que cometieran actos de corrupción; y segundo no
se preparó equipos de interventores del ejecutivo, procuradores, fiscales y
jueces que debían investigar a quienes cometieran dichos delitos.
De la lectura del estudio es observable en el Epílogo que nuestra
preocupación no solo fue hacer la narrativa correspondiente; sino de presentar
un plan de cómo organizar al Estado para investigar a la mafia brasilera y sus
secuaces –empresas constructoras nacionales, presidentes, ministros y
funcionarios-.
Es significativo que se haga una comparación, en cuanto a las acciones
por realizar en el acuerdo que se llegue entre la Fiscalía y la empresa
brasilera Odebrecht, como de lo escrito en el Epílogo del libro, a fin de
señalar coincidencias en los procesos no solo investigatorios (antes de pasar a
los tribunales), sino de los procesos judiciales, y que, a la vez determinen
las reparaciones civiles, tomando en cuenta los costos auténticos de lo
ejecutado y las ganancias mal obtenidas de las empresas motivo de
investigación.
Atentamente,
Fernando Arce Meza
Del libro “El Estado en el Perú debe ser para todos”, Tomo II – Epílogo
y la Segunda Mafia de corrupción de las primeras décadas del siglo XXI
La segunda ola de la corrupción ha corrido a cargo
del embate de las empresas brasileras constructoras, aliadas con las nacionales
y los sobornados dirigentes de los gobiernos; ante este hecho el Perú como país
no ha encausado la recuperación del atentado perpetrado. El ejecutivo no se ha
organizado para la recuperación, nombrando a interventores en cada empresa
brasilera –caso Odebrecht que ha dicho que ha actuado en la corrupción y de las
otras empresas brasileras que han guardado silencio- para no obstaculizar la
marcha económica ya declinante.
Paradójicamente los ex presidentes aparecen comprometidos en las faltas
e irregularidades, son denunciados y otros son investigados sobre las acciones
de sobornos de parte de las empresas constructoras brasileras y sus pares las
constructoras nacionales que formaron la segunda mafia. Esta ha
correspondido a los períodos de los gobiernos donde las empresas extranjeras
brasileras participaron en la construcción de obras de mucha inversión y de la
pomposa importancia que se les dio, en un tiempo de casi treinta y seis (36)
años que corresponde a ocho gobiernos. Sin embargo, debe tenerse
muy en cuenta que esta mafia tenía un objetivo distinto de la primera mafia.
Los brasileros ganarían las licitaciones de todas las obras para obtener
mucho dinero, el poderío de las empresas les aseguraría no solo su riqueza,
sino cómo los brasileros tendrían primacía y poder en la región sudamericana y
en Latinoamérica partiendo de ostentar estrategias que seguirían un orden
geopolítico. Es probable que este actuar hace que las empresas se vuelvan muy
fuertes económica y financieramente, para ello se enlazaron con los políticos
en el poder del Brasil. Se formó una alianza no solo con el gobierno de su país
–alrededor de Petrobras- la empresa pública más sobresaliente del Brasil; sino
con el partido de gobierno que tenía una secuencia de tres períodos en el
poder.
Estas alianzas políticas y financieras les abrirían los espacios, a fin
de alcanzar un ámbito de acción constructora imparable y de aparente
superioridad en la competencia internacional. La presencia de los
representantes de sus gobiernos como era el caso del partido de los
trabajadores, cumpliría también en hacer alianzas con gobiernos y partidos en
el Perú y con el resto de países de la región, tanto es así que el apoyo para
que ganen las elecciones los partidos amigos no solamente venían en adhesiones
y discursos, sino en apoyos económicos donde las empresas brasileras ponían las
cuotas de fondos, para ganar éstas, a través de licitaciones y buenas pro
que les fueran concedidas.
Tuvieron estas empresas brasileras personal especializado en enganchar a
altos y medianos funcionarios peruanos que los “ayudaban” en salir ganadores de
las licitaciones convocadas para acceder a construir las obras de
infraestructura. Los políticos peruanos que intervenían en esos acuerdos
ilícitos ¿ignoraban del trabajo geopolítico iniciado hace varias décadas de la
elite brasilera –militar y después política- como para que este país sea
potencialmente el más fuerte de la región? Esto no puede pasar ni menos olvidar
de la arremetida brasilera eliminando competidores en todas las formas y
estilos para desarrollarse en un país como el Perú, y de cómo no resulta
creíble que los brasileros tenían ambiciones de llegar a ostentar que
solamente sus empresas eran las más poderosas de la región sudamericana.
Esta organización empresarial extranjera tuvo como acompañantes de
construcción de obras públicas a las empresas nacionales de significativa
organización y de capital, además que trabajaron unidas por muchos años. La
habilidad delictiva de los brasileros como se ha dicho tuvo características de
modernidad no sólo para reclutar a funcionarios “colaboradores”, sino de cómo
entregaron el dinero usando una serie de mecanismos de transacción financieras
hasta llegar a los depósitos cifrados.
Sobre lo dicho cabe decir que será imposible llegar a conocer cuánto
recibieron los que se pusieron en venta a las empresas brasileras, a
no ser que se consiga o se presenten personas que se conviertan en
colaboradores –peruanos y/o extranjeros- o que la empresa extrajera negocie con
las autoridades peruanas del ejecutivo (procuradores) y de la fiscalía de la
nación, partiendo de que, a través de esta negociación se pueda saber
quiénes han sido los comisionistas en todos los niveles y cuánto han recibido.
Algo que hasta el momento no se ha producido.
Debe saberse que la segunda mafia ha calificado a cada colaborador de
acuerdo a la información proporcionada sobre la categoría del cargo y de la
falta de ética y moral de lo qué cuesta cada sobornado, esto ¿responde o forma
parte del acervo geopolítico brasilero? Estas ilícitas operaciones de la
mafia han sido en un tiempo largo, pasando por varios gobiernos, en
consecuencia el gobierno peruano encabezado por el actual presidente de la república,
Pedro Pablo Kuczynski –como lo hizo Paniagua en momentos semejantes- tiene
que dirigir personalmente el tamaño trabajo que permita obtener un inventario
por cada empresa y por cada obra ejecutada bajo la dirección de un ministerio
y/o un organismo público.
Urge la necesidad de que el poder ejecutivo usando las vías
judiciales correspondientes nombre interventores en cada una de las empresas
brasileras, a fin de que las obras que están pendientes continúen,
no paralizando ni abandonando las mismas, ello afectaría la continuidad de la
inversión, lo que ha afectado y podría afectar más a la economía nacional.
Esta debió ser como primera acción a fin de llegar a recuperar lo
apropiado ilícitamente yde los balances finales antes de actuar en
expulsarlos, se tiene que verificar los montos de las probables
reparaciones civiles, ante la apropiación ilícita de estas empresas
constructoras. Asimismo se deben dictar los dispositivos que reglamente lo
mencionado en los puntos anteriores, a fin de dar fluidez en el manejo de las
empresas intervenidas.
Estos dispositivos se tienen que dictar en el marco de la participación
de los interventores judiciales; por ejemplo el DS de Urgencia Nº 003 se debió
dictar después del ingreso de los interventores y no necesariamente todos los
artículos de éste decreto serán considerados, si no los que tomen en cuenta la
presencia interventora, los otros dispositivos que igualmente sean dictados en
la medida de las acciones realizadas por los interventores y de los que éstos
sugieran.
En consecuencia, es pertinente reconocer que la recuperación de lo
arrebatado no solo requiere la intervención de la fiscalía y de los jueces de
las cortes judiciales para apresar a los corruptos y sus empresas y la de sus
aliados; sino esta lucha de fiscales y jueces, se necesita en favor del país; la
recuperación es cuestión del ejecutivo quien debe dirigir tamaña tarea, para
ello tiene que poner objetivos, fines y una organización que asuma las medidas
conducentes a dicha recuperación, porque como ya se ha dicho la segunda
mafia es distinta a la primera de los años 90; pero ambas son responsables de
haberse sustraído al país, a su Estado por lo menos dos puntos del producto
bruto interno (PBI).
El resultado del trabajo del poder ejecutivo, la parte más importante es
saber el costo de cada proyecto con los adicionales y de las otras partes que
se incluyeron y que todo o parte fue pagado indebidamente. Esto último debe
comparase con lo que realmente costó el proyecto, usando los índices
internacionales, la diferencia sería lo sustraído (robado) por las empresas
brasileras al Estado peruano. Esto debe motivar los petitorios judiciales de
recuperación por la conducta y procedimientos ilícitos de dichas empresas.
Será pertinente licitar internacionalmente para que una empresa se
encargue de establecer los montos de devolución y multas de apropiación ilícita
que las empresas brasileras hicieron al llevarse las altas ganancias producto
de mayores costos. Estas ganancias indebidas deben ser motivo de protocolos en
que se señale lo que se tiene que recuperar de manera ejemplar, pero, legal.
Cabe también que el poder ejecutivo sepa otros hechos inherentes a estos
robos mostrados en las millonarias coimisiones, en cuanto a conocer los
contactos y las formas de negociar individual o en grupo, siguiendo al detalle
la secuencia de cada hecho, motivando esclarecer el panorama sombrío del Estado
peruano de este último cuarto de siglo, vinculando a la recuperación de lo
arrebatado al Perú.
El actuar del poder ejecutivo sería por demás importante e
imprescindible para que el Perú y la ciudadanía esté no sólo enterada de lo
ocurrió; sino lo que corresponde hacer con los “comisionistas” y sus
colaboradores, quienes deben ser acusados ante el poder judicial, además de la
aplicación de pronunciamientos cívicos, destinados a que no se vuelvan a
producir hechos indignos en la vida de un país democrático con historia
milenaria, lo que nunca jamás deberá tener eco en el tiempo.
Es decir, que la responsabilidad esencial del Estado en general es
combatir frontalmente la corrupción, erradicar la impunidad, así como
implementar medidas conducentes a proteger la institucionalidad, la
gobernabilidad y la competencia, frente al impacto del daño ocasionado a la
economía nacional y las finanzas públicas y las de carácter privadas nacional,
por causa de esta grave corrupción, siendo el ejecutivo el llamado a superar
los hechos irregulares (despojos) adoptando una adecuada intervención debido a
la coyuntura adversa por la que se viene pasando y que parece que no se desea
encarar debidamente.
En esas condiciones resulta imprescindible que el ejecutivo establezca
las acciones expresadas en este estudio con el nombramiento de interventores y
la dación de dispositivos que eviten la desaceleración de las inversiones en el
país, y que no se vea interrumpida la marcha y el funcionamiento de las obras
en construcción, pero, principalmente que las empresas aludidas que sobornaron,
para enriquecerse indebidamente no quiebren, pues el Estado peruano tiene que
asumir el deber y derecho que, a través de interventores judiciales asuma la
dirección de las empresas infractoras, la mencionada presencia de los
interventores judiciales permite la prestación de servicios públicos en
condiciones de continuidad, cumplir con las cadenas de pagos de los
proveedores, las remuneraciones al día de los servidores de esas empresas,
además de cautelar el pago de las reparaciones civiles.
Las reparaciones civiles deben ser calculadas en función a los daños
causados al país no sólo en lo económico, cobros desmedidos, considerando los
montos de sobornos: sino el daño social y político que conlleva a un cálculo
especialísimo, dado el grado de agresión de los arrebatadores a una república
soberana.
Los cálculos de las reparaciones civiles que pagarán las empresas
brasileras bajo el hecho de haber actuado incorrectamente al imponer mayores
costos a las obras y sobornando a los altos y medianos funcionarios de varios
gobiernos se hace por demás innovadora e inédita porque a los cálculos de orden
económico se sumarán los aspectos del engaño colectivo a un país soberano y el
detrimento económico que han sufrido las empresas que giraron alrededor de los
proyectos de lo brasileros.
Esto obliga que a quienes se nombren judicialmente como los interventores
y liquidadores judiciales sean profesionales no sólo destacados, de mayor y
mucha experiencia; sino sobre estas cualidades, igualmente sean portadores de
una ética personal con el color de la decencia y su militancia en la
anticorrupción. El Brasil no nos debe ganar la guerra y no debemos lamentarnos
después, como en la trágica guerra con Chile en que simplemente nos ganaron.
Esta es una guerra de recuperación y de reivindicación del honor de una
república herida.
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