jueves, 3 de enero de 2019

EL MIEDO A LA CIUDADANÍA EVITA SACAR A LOS FISCALES



En pasados escritos decíamos que en nuestro estudio “El Estado en el Perú Debe Ser Para Todos” (en el tomo II en su Epílogo -parte final del libro, páginas 231 a 234) se buscaba que estos procesos investigatorios sobre la corrupción partieran del poder ejecutivo, debiendo ser dirigidos por el propio presidente de la república que, en ese momento era Pedro Pablo Kuczynski; tal como sucedió con la primera mafia de los 90 en que la dirección de las investigaciones estuvieron a cargo del Presidente Transitorio Constitucional Valentín Paniagua, y fueron los procuradores quienes en tiempos sumarios, hicieron las denuncias siguiendo los debidos procesos judiciales.
Este accionar por primera vez hizo posible apresar a cientos de funcionarios civiles y militares de los poderes públicos, del poder judicial, ministerio público, los del JNE y de empresas y personas del sector privado.
Sin embargo, en la segunda ola delictiva que corrió a cargo de las empresas brasileras, el poder ejecutivo presidido por Pedro Pablo Kuczynski, no tomó la iniciativa que Paniagua si la asumió ante la mafia de los 90. Esta omisión ha retrasado las acciones y se ha esperado que sean los propios brasileros – autoridades judiciales y los propios funcionarios de Odebrecht – los que se allanan a entregar al ministerio público del Perú las informaciones de detalle sobre los sobornos y los costos engañosos de las obras realizadas.
Para ello se viene dando los últimos toques a un acuerdo peruano/brasilero de colaboración. Siendo los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez quienes a nombre de ministerio público tendrán todas las prerrogativas de interrogar, conocer y recibir las informaciones respectivas sobre los actos de corrupción perpetrados por la empresa Odebrecht; llegar a un acuerdo representa un trabajo arduo y de mucha importancia, porque ello permite revelar la identidad de los funcionarios públicos y miembros de los partidos políticos peruanos en que circunstancia accedieron a los sobornos y a las colaboraciones ilícitas.
La fecha señalada sería el 11 de enero del nuevo año 2019, donde los fiscales peruanos serán receptores de todos los presuntos delitos y de las participaciones de lo peruanos que accedieron al recibir prebendas de las empresas brasileras. Esta información ha sido tomada como que sin los brasileros no habría de conocer quienes eran los peruanos infractores del arrebato de los fondos del erario público; este sólo hecho no era bienvenido para altos dirigentes en especial de los partidos políticos. Su rechazo llegó a impugnar la calidad de los fiscales conocedores de los delitos producidos.
Como siempre ha ocurrido, a cuento de que las autoridades judiciales no pierdan el carácter basado en el principio de sujeción, como si éstas fueran las fuerzas armadas donde prima la verticalidad en la autoridad, esto no juega ni es comparable con el accionar de los organismos de justicia.
Claro está que un capitán no puede desobedecer a su general en jefe, ni actuar bajo la órbita de un juez o fiscal. Son situaciones que determinados peruanos -civiles y militares- aún les cuesta entender. El fiscal de la nación no es el comandante general del ejército, la marina o de la aviación, sus fiscales o jueces como se ha dicho tienen autonomía para el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Es evidente que el discutido encargado de la Fiscalía de la Nación no actuó de acuerdo a ley y al sentido común de fácil comprensión; empero este fiscal de la nación Pedro Chavarry no es un auténtico fiscal, su comportamiento es de un político que obedece a los intereses del fujialanismo.
Chavarry creyó en que él era un monarca blindado por una corte de indeseables notables, que en su conjunto no se daban cuenta, ni menos a su entender se proyectan en concepciones morales y legales, siempre acostumbrados a los escondidos intereses, no pueden pensar que nuestro país ya no es como del oncenio de Leguía, la verticalidad de Benavides, el ochenio de Odría, el Perú de los noventa con el autócrata de Fujimori y su corte de defraudadores manipuladas por Montesinos y Hermoza Ríos. Asimismo, a los aventureros de Toledo y Ollanta, y los PPK y García Pérez que son ladinos y comerciantes de negocios de vieja data y que preguntan cuál es la mía.
Felizmente hoy los peruanos reaccionan y salen a las calles a postergar, y  tienen en este momento un Ejecutivo que lidera y no reprime, y aun cuando pudiera existir la represión, los ciudadanos no corren. La protesta no la ven dura, todavía creen que bastaría como antes un balconazo de Alan García y todo se paraliza. Los que apenas hace 24 horas apoyaban la decisión del discutido Pedro “ChaBarry”, donde la señora Keiko Fujimori pedía a su mayoría congresal evitar la emergencia del ministerio público. Ahorita nomás esta dama  manifiesta que es necesaria la medida de emergencia.
El inefable Pedro Chavarry ha sido el primero ¿asustado tal vez? Y ante el miedo de sus fiscales reemplazantes de Lava jato que declinan la orden del encargado de la fiscalía de la nación, se emite una resolución que repone a los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez.
Finalmente, el Presidente Vizcarra llega al congreso y entrega el proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público, porque el fiscal Chavarry no ha sido una persona con ética y juega a favor de los mafiosos consagrados y de los novatos que aparecen como colita de la segunda ola de la corrupción.  
Atentamente,
Fernando Arce Meza                              Surco, 2 de enero del 2019


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