02/07/2020
EL COVID 19 desencadenó en el Perú procesos
económicos y sociales que, previamente, eran impensables. Quedó expuesta la
precariedad de infraestructura, equipamiento y personal en el sistema de salud,
cuyo colapso amplificó el miedo y desesperanza desencadenados. Asimismo,
desnudó la naturaleza deleznable de los cimientos que sostenía el “modelo
económico”, dando lugar a procesos de cierre de empresas y masivas pérdidas de
puestos de trabajo. No faltó, no obstante, el pillaje por parte de grandes
empresas que especularon con precios, especialmente de medicamentos, y se las
arreglaron para que más del 70% del salvataje del Estado caiga en sus cuentas
bancarias.
Este artículo intenta resumir sentimientos y
convicciones de miles de peruanos que, más allá de la “reactivación económica”
que promueve el gobierno de Vizcarra, ven una extraordinaria oportunidad para
intentar cambiar el modelo imperante que, durante 25 años, ha venido
prometiendo el “chorreo” que nunca llegó. Pero Vizcarra solo quiere volver a la
“normalidad” previa a la pandemia, con lo que se configura un inequívoco
gatopardismo, descartando un proceso reestructurador basado en el desarrollo
del mercado interno y libre de privilegios para la gran empresa.
I.
CAMBIO PARA UNA
“NUEVA NORMALIDAD”
“¡Cambiar el Modelo!” ha resultado una frase
subversiva para quienes, convirtiendo en mito la “disciplina fiscal”[i],
lo defienden incluso cuando sus cimientos económicos y sociales fueron
removidos por el COVID 19 hasta dejarlo en situación de cuidados intensivos con
el consiguiente drama social y humano que no tiene precedentes.
Y, sin embargo, la demanda de un cambio de modelo
parece un reguero de pólvora en amplios sectores de la ciudadanía nacional e
internacional. Voces de expertos y organismos internacionales lo verbalizan
ante la evidencia de que el modelo muestra “agotamiento”. El salvataje de
empresas, a diferencia de otras crisis, incluye procesos de nacionalización[ii] vetados
por la primacía del mercado. Tal parece que el fantasma de Keynes, ronda los
cielos del mundo.
En el Perú, quienes se beneficiaron con el
“modelo”, aplauden el empeño “reactivador” del gobierno de Vizcarra, sabiendo
que es un tributo al gatopardismo. Por otro lado, una mayoría
de la población demanda, cada vez con más fuerza, un “cambio de modelo” en
tanto comprueban que, en lugar del prometido “chorreo”[iii],
solo vino desigualdad y dramática debilidad estructural luego de 25 años de
políticas neoliberales.
No sorprende, entonces, que el PBI peruano caerá
entre -15% y -20% al final de 2020, según estimaciones locales, superiores al
12% estimado por el BM. Esos pronósticos revelan que el modelo basado en
la codicia y la especulación, el consumismo e individualismo, debería cambiar
dando preferente lugar al desarrollo del mercado interno en el que conviven
formas de economía social, solidaria y popular, generando condiciones de
precios y ganancias compatibles con la justicia y solidaridad.
En un contexto internacional adverso en el corto y
mediano plazo derivado del COVID 19, con una caída del orden del -6% en el PBI
mundial al final del 2020, nadie podría garantizar que el crecimiento, incluso
a la usanza neoliberal, venga en los años siguientes a la fase (2020-2021) en
que los indicadores comienzan a cambiar de signo. La mayoría de los pronósticos
internacionales y locales, aconsejan “revisar y ajustar” el modelo de
crecimiento que, previa a la pandemia, ya venía mostrando contradicciones
insalvables a nivel global.
II.
UNA AGENDA
ECONÓMICA CON REDISTRIBUCIÓN, ENFOQUE ÉTNICO, DE GÉNERO Y MEDIO AMBIENTAL.
1.
Estado-Mercado, una
nueva relación. La supremacía del mercado debe
terminar. Es indispensable:
1.
Establecer condiciones para recuperar
un equilibrio entre las fuerzas del mercado y otras economías como la social,
popular y solidaria, con un firme rol regulador del Estado[iv].
1.
Regular el poder de la “mano
invisible” que, blindada por la Constitución de 1993, se convirtió en el
referente principal del diseño de políticas públicas.
1.
Otorgar al Ejecutivo poderes
específicos para salir de su condición de operador de la “mano invisible”
animada por los poderes fácticos.
1.
Establecer nuevas relaciones de
cooperación y complementariedad con el sector privado, terminando su condición
patronal que, instituciones como la CONFIEP, exhiben a la fecha.
1.
Regular la formación de monopolios y
oligopolios, cuya posición de dominio, les permite manejar el mercado en
función de sus utilidades y lejos del interés público.
1.
Terminar con la “puerta giratoria”
que ha convertido al Estado en una suerte de sucursal donde poderosas empresas
y organismos empresariales destacan a sus cuadros profesionales y técnicos para
intervenir en la decisión de políticas públicas.
1.
Devolverle al Estado capacidad
reguladora y promotora de otras economías con esencias cooperativas y
solidarias. Si para ello es necesario nacionalizar algunas actividades
estratégicas, tendrá que hacerlo.
1.
En ese contexto, la planificación
debe volver a ser una herramienta de gestión pública en el corto, mediano y
largo plazo, terminando con la formulación presupuestal sin horizontes de
desarrollo.
1.
El CEPLAN (Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico) tendría que, con nuevas facultades y atribuciones, cobrar un rol
protagónico en la formulación presupuestal de cara a objetivos de desarrollo
nacional.
2.
Fin del modelo
primario exportador. El Perú es un país cuya bio
diversidad es motivo de admiración internacional desde tiempos de la conquista.
Pero, desde esos tiempos, el interés por los minerales se convirtió en el único
gran objetivo de propios y extraños. El oro, la plata y el cobre[v],
más otros metales de alto valor, convirtieron al país en uno dependiente de su
venta en al mercando internacional. Vaya que nos fue bien, especialmente cuando
China tenía tasas de crecimiento cercanas al 9%. Pero, con la llegada del COVID
19, incluso desde muchos meses antes, el mito del “crecimiento” exportando
minerales, se desvanecía junto al derrumbe de los precios internacionales.
2.
Es hora de abrir las compuertas para
la diversificación de la base productiva del país a partir de sus
potencialidades, fortaleciendo su oferta para el mercado interno y externo,
sobre todo cuando el mundo demanda cada vez más manufactura.
2.
Aprovechar la oportunidad que ofrece
la crisis del COVID 19, para cambiar de matriz productiva y energética. La
“reactivación” que impulsa Vizcarra no calza con este objetivo donde subyace el
desarrollo del mercado interno en todas sus dimensiones.
2.
Reorientar la “apertura comercial”
dando prioridad a la diversificación de la canasta exportadora para un mercado
global que le sirva al desarrollo nacional. En sentido contrario, priorizar la
importación de bienes y servicios que sirvan al desarrollo del mercado interno.
2.
Acabar con el “dumping” que afectó la
industria nacional y otros productos de exportación no tradicionales,
estableciendo políticas de mediano y largo plazo distintas a las que, centradas
en la minería, Vizcarra viene implementando.
2.
Se requiere un manejo sostenible de
la vasta biodiversidad tanto con fines alimentarios como medicinales,
construyendo una red de abastecimiento y comercialización de productos locales
con sus pares de Latino América.
3.
Mercado Interno y
globalización selectiva. Es decir,
producir y comprar en el Perú impulsando y apoyando:
3.
La pequeña y mediana agricultura, así
como la agricultura familiar (papa, menestras, cereales andinos, frutas,
aceites esenciales, etc.) cuya producción garantizaría el abastecimiento del
mercado interno, con lo que se evitaría la importación de soya, trigo, leche,
leche en polvo, entre otros.
3.
La Pesca Artesanal, dada su
importante contribución a la canasta alimentaria.
Estas dos primeras actividades vinculadas a la
soberanía y seguridad alimentaria[vi] que
incluyen programas sociales.
3.
La promoción y apoyo a economías
sociales como las cooperativas, bancos comunales en una clara apuesta por la
pequeña y microempresa.
3.
El ordenamiento del comercio
ambulatorio, mercados, moto taxistas, emolientes, etc., que, junto a la micro y
pequeña, involucran a más del 75% de la PEA en el país.
3.
La micro, pequeña y mediana empresa
como principales generadores de empleo formal y devolviéndoles la capacidad de
atender la demanda interna de bienes de origen textil, metal mecánico,
servicios, etc.
3.
La inversión pública dirigida
prioritariamente a proyectos de infraestructura y el Programa Trabaja Perú.
3.
Un especial tratamiento a los pueblos
indígenas y comunidades campesinas donde el enfoque territorial y lo cultural
adquieren relevancia.
3.
Con masivos programas de asistencia
técnica, crédito y sistemas de comercialización, evitando que sean víctimas de
la intermediación instalada por los oligopolios que controlan los
supermercados.
3.
El fortalecimiento de mercados
locales y regionales, aprovechando el potencial micro y meso económico que
ofrece una mirada que promueva el desarrollo de cadenas y redes de micro,
pequeñas y medianas empresas competitivas.
Para darle viabilidad a estas propuestas es
indispensable que se cambie el patrón de asignación de los 60 mil millones de
soles en el Programa “Reactiva Perú”. Es indispensable que el Estado defina
políticas públicas claramente orientadas a apoyar la micro, pequeña y mediana
empresa, lo que significa asignarle por lo menos 25 mil millones de soles de lo
que se tiene programado en las dos etapas de Reactiva Perú.
4.
Fin del sistema
financiero especulativo. Para ello, el
Estado deberá asumir un rol efectivo procurando:
4.
El control y regulación de servicios
financieros, especialmente los dirigidos para las micro y pequeña empresa,
imponiendo sanciones e impuestos a las transacciones financieras y sancionan
ando operaciones especulativas.
4.
Establecer mecanismos legales para
priorizar el financiamiento de la agricultura familiar y pesca artesanal
vinculados al sistema de seguridad alimentaria nacional.
4.
Facilitar la organización y puesta en
marcha de sistemas financieros de apoyo directo desde el Estado a la micro,
pequeña y mediana empresas, que permita romper la hegemonía de la banca
comercial.
4.
Promover la puesta en marcha de un
sistema financiero plural (Banca comercial, cooperativas, bancos comunales,
Juntas y/o panderos) vinculado a nuevos procesos de industrialización y la
micro producción de bienes y servicios, cuyo financiamiento podría contar con
Fondos Estatales de promoción, Fondos Mutuos y otros mecanismos de ahorros e
inversión.
4.
Elevando el nivel de bancarización
digital que reduzca el uso del efectivo como principal forma de pago y evite
aglomeraciones en las entidades bancarias.
5.
Reforma tributaria
y fin de privilegios. En el Perú, el sistema
tributario focalizó su atención en los que “menos tienen” con el sofisma de
“ampliar la base tributaria”. Esto debería cambiar:
5.
Eliminando las exoneraciones
tributarias a los que “más tienen” que alcanzan insultantes niveles de 5% del
PBI.
5.
Recuperando gigantescas deudas
tributarias (4% del PBI) que fueron “judicializadas” por empresas como la
Telefónica, Pluspetrol, Interbank y varias mineras.
5.
Capitalizando deudas incobrables en
favor del Estado en el marco de un enfoque nacional de desarrollo, acabando con
procesos de salvataje de empresas con dineros de los ciudadanos.
5.
Mediante una profunda reforma
tributaria, de carácter progresivo, que ponga por encima de cualquier interés
la justicia y la solidaridad donde “el que más tiene paga más y
viceversa”.
5.
Estableciendo un impuesto permanente
a las herencias, grandes fortunas, rentas financieras y sobreganancias de
personas naturales y jurídicas, domiciliadas o no.
5.
Acabando con la elusión y evasión que
permite la compleja red y mecanismos de la organización empresarial vigente,
tal como lo hacen el Grupo Romero, los Brescia, los Benavides, los Belmont, los
Rodríguez Pastor, entre otros[vii].
5.
Sancionar y detectar paraísos
fiscales en donde “ocultan” ingentes cantidades de capital líquido los
empresarios peruanos para evadir y eludir impuestos. Todas esas empresas deben
declarar al Estado.
5.
Descentralizar la tributación,
recogiendo la propuesta por el REMURPE (Red de Municipalidades Urbanas y
Rurales), para redistribuir los tributos del Estado en relación a las funciones
y competencias de cada nivel de gobierno.
5.
Sancionando a las autoridades
encargadas de velar por los intereses del país que, con actitudes complacientes
o conductas cómplices, permitieron la evasión y elusión.
6.
Fin de la
austeridad fiscal para los sectores sociales. El modelo neoliberal y su acatamiento a los
dictados del FMI, no solo erosionó las estructuras del Estado
dedicadas a prestar servicios esenciales, sino que promovió la privatización de
sus principales sistemas: Salud, Seguridad Social, Educación y Saneamiento.
Haber dejado al “libre juego de la oferta y la demanda” los servicios
esenciales, ha traído como consecuencia la exclusión y marginación de grandes
sectores de la población en materia de salud y educación de calidad. En
consecuencia:
6.
Es indispensable recuperar para la
gestión pública los sistemas de salud, Seguridad Social, Educación y
saneamiento.
6.
Se hace necesario nacionalizar la
producción de medicamentos a fin de evitar que estos productos se conviertan en
mercancía bajo control de corporaciones empresariales que no tienen como
prioridad la salud pública.
6.
Suprimir la propiedad intelectual
sobre vacunas y medicamentos esenciales[viii] y
poner bajo un mando central el sistema de salud que destierre la lógica del
negocio y lucro reconociendo la salud como un derecho humano fundamental.
6.
Privilegiar, en el diseño de las
políticas públicas, la inversión pública en salud, educación, sectores públicos
críticos y energías limpias.
6.
Destinar los recursos acumulados como
ahorro fiscal, a potenciar el aparato económico productivo y no servir de
“palanca” de reactivación de grandes empresas y conglomerados que no reditúan
al interés nacional
6.
Establecer un Ingreso Básico
Universal, de carácter permanente, equivalente a una RMV para todas las
personas mayores de 18 años que no tengan ningún tipo ingreso que le permita
superar el problema del hambre y la exclusión.
7.
La “informalidad”,
estructura heredada. Ni ángeles ni
demonios, tampoco exclusividad de la micro y pequeña empresa, cuando las
grandes empresas apelan a la informalidad para mejorar tasas de ganancia.
Entonces, estamos frente a un fenómeno que forma parte de la trama económica
nacional construida a lo largo de nuestra historia y agudizada en el reciente
período donde, tras 25 años de primacía del mercado neoliberal, el
“crecimiento” y las políticas públicas consolidaron la informalidad. Esa
“economía informal”, estigmatizada por quienes la generaron, ocupa más del 75%
de la PEA en las más diversas actividades económicas y sociales que el Estado
abandonó que, convirtiendo el drama en tragedia, apenas representa el 15% del
PBI nacional.
Esta situación adquiere esas dimensiones porque el
edificio normativo que sustenta el predominio de la gran empresa y la Banca
local, ha convertido en un objetivo imposible la “formalización” de millones de
micro y pequeñas empresas, aunque para los “formalizadores” su único interés
sea que paguen un tributo. No solo es cuestión de “costos laborales”, que las
grandes empresas resuelven con “flexibilidad laboral” o cínicos escenarios de
“suspensión perfecta”, sino las crecientes dificultades de sostenerse en el
mercado ante competencias desleales como el dumping propiciado por el Estado a
exigencia de los grandes importadores. Eso tiene que terminar y darle prioridad
a la producción interna para el mercado interno y externo en una lógica clara
de diversificación, desarrollo de cadenas y redes de micro, pequeñas y medianas
empresas cuya productividad y competitividad debe ser apoyada por el estado en
una primera fase de desarrollo.
8.
Descentralización
vs. desconcentración. La apuesta por el mercado interno,
rompería la lógica centralista donde los discursos “descentralistas” no
tuvieron un correlato real pese a que, con errores y dificultades, hubo
experiencias e intentos de descentralizar la economía y la política en el Perú.
Algunos de ellos, fueron muy promisorios, pero naufragaron con cada nuevo
gobierno que decía tener la fórmula mágica para descentralizar el país mientras
desmantelaba el previo proceso, sin importar sus avances. Esto ocurrió con la
experiencia de descentralización que el fujimorismo echó por tierra en 1992. Por
primera vez, aquel entonces, el Perú se aproximaba a una descentralización
donde el poder político no estaba centralizado en Lima, el proceso presupuestal
tenía un claro matiz regionalista y los territorios fueron espacios de
desarrollo. Esta experiencia, trascendía largamente un básico proceso de
desconcentración. El enfoque territorial, así como la delegación de
atribuciones políticas, constituían niveles de avance no vistos en el Perú
Republicano. Por tanto, hay que recuperar lo mejor de la experiencia e ir
hacia un proceso de descentralización que termine con la centralización limeña
de la economía y la política.
9.
Desarrollo urbano
sostenible. El desborde popular y el caos
fueron sinónimos de crecimiento desordenado de los centros urbanos que hoy, a
nivel nacional, refleja la centralización económica y política, por un lado, y
la centralización económica, por otro lado. Esta es la oportunidad de
fortalecer un sistema de planeamiento urbano sostenible que, entre otros,
racionalice los desplazamientos y la localización de la vivienda con servicios
básicos debidamente implementados. Igualmente, se requiere el desarrollo de un
servicio de transporte público urbano digno, con subsidio importante del Estado
hasta un punto en que logre auto sostenimiento, ordenado y multimodal que sea
gestionado con transparencia bajo un mando central, cuyos objetivos deberán
incluir una gradual y sostenida reducción de la emisión de gases tóxicos,
aglomeraciones y hacinamiento.
10.
Revisión inmediata
de los TLC y, de ser el caso,
derogatoria. Especialmente de aquellos que permitieron que nuestra
economía se consolide como productora de materias primas y proveedora de países
industrializados en condiciones desventajosas en nombre de la “apertura
comercial”. Asimismo, permitió que el “dumping” debilite la industria nacional
hasta niveles de precariedad empresarial que, entre otros, tuvieron que apelar
a la informalidad para seguir subsistiendo. En esa lógica, la mayoría[ix] de
los TLC firmados por el Perú terminaron poniendo en negativo nuestra balanza
comercial y erosionando nuestros términos de intercambio. En ese orden de
ideas, es necesaria la revisión y ajuste de los Tratados bilaterales de
inversión y los acuerdos multilaterales como el TPP-11 que, por lo general, han
sido diseñados pensando en perpetuar la primacía del sistema capitalista. En un
escenario post pandemia, el mismo que será similar al de una reconstrucción
nacional, el capital extranjero no puede tener el mismo trato que se otorga a
los medianos y pequeños empresarios locales (tal como lo establecen algunos
TLCs).
11.
Capítulo Económico
de la Constitución de 1993. La propuesta de
un “cambio de modelo” no será posible si, previamente o en simultáneo, no se
logra un cambio de la Constitución de 1993, cuya esencia conceptual e
ideológica constituye[x] un
blindaje del actual modelo. El Régimen Económico de dicha constitución,
consagra la vigencia y primacía del libre mercado (pese a que invoca la
“Economía social de mercado”) y la práctica desaparición del rol regulador del
Estado. Si se quiere un cambio como el que proponemos, será indispensable
modificar todos aquellos aspectos referidos a la inversión, tributación, libre
competencia, entre otros. Tenemos despropósitos sacralizados en una
constitución con legitimidad cuestionada como los “contratos ley”, figura
absurda que solo busca blindar los privilegios de una clase empresarial que no
duda en incurrir en procesos de corrupción para acrecentar sus ganancias,
dejando de manos atadas a un Estado que sólo renegocia contratos cuando estos
son favorables a las grandes empresas y que incluso somete su soberanía a instituciones
internacionales manejadas por poderes corporativos.
Lima, 09 de junio de 2020
[iv] https://www.cepal.org/es/articulos/2014-america-latina-necesita-nueva-relacion-estado-mercado-sociedad
[vii] https://andina.pe/agencia/noticia-habria-70000-empresas-offshores-creadas-peruanos-paraisos-fiscales-606683.aspx
[ix] https://www.servindi.org/actualidad-opinion/05/07/2018/desventajas-de-tratados-de-libre-comercio-con-los-eeuu-y-paises
[x] http://www.ahora.com.pe/por-que-se-debe-cambiar-la-constitucion-de-1993-y-volver-a-la-constitucion-de-1979/
https://www.alainet.org/es/articulo/207637
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