La Caja Roja

La caja roja
El Sutep maneja eficientemente más de mil millones de soles de los maestros. ¿Cómo lo hace? El partido comunista de moda, hegemónico en el sindicato, vigila indirectamente la administración de la Derrama Magisterial.
Por Ricardo Uceda

La organización política más empresarial del medio es el Partido Comunista del Perú Patria Roja. Controla, a través del Sutep, la Derrama Magisterial, una mutual con 266.653 miembros, todos ellos maestros, que reciben préstamos con el interés más conveniente del mercado. Los afiliados están satisfechos, de acuerdo con todos los indicadores disponibles. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) no ha podido encontrar una sola objeción al manejo administrativo. Tampoco el Ministerio de Educación, cuyo secretario general, Asabedo Fernández, tiene un asiento en el directorio.

Al término del año 2010, el total de recursos disponibles de la Derrama Magisterial será el mayor de su historia, superando los 1.247 millones de soles del año pasado. A fines de julio ya había llegado a una cifra más alta: 1.323 millones. Está entre las ocho instituciones financieras más importantes del país y podría seguir creciendo. Hoy sería dueña de la Caja de Ahorro y Crédito Rural de Ayacucho si la SBS —por razones discutibles— no hubiera bloqueado la compra.

¿Cómo lo logra? Ante todo, hizo funcionar un sistema previsional que el Estado le entregó quebrado hace 26 años. Los principales directivos, todos ellos del Sutep, eligieron bien a sus asesores profesionales y no politizaron la administración. Luego, conforme la institución se fue recuperando, pasaron a hacer negocios. Invierten en inmuebles, poseen una cadena de hoteles y prestan dinero a los maestros. Esto último se reveló como la gallina de los huevos de oro.

Un 60% de los recursos de la Derrama Magisterial es destinado a préstamos. Este año concedió 46.946 créditos, la mayor parte en provincias, a una tasa anual de 24,6%. Si se compara a la Derrama Magisterial con las demás entidades financieras reguladas por la SBS (bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales y Edpyme), aquella se ubica entre las diez mayores prestamistas de créditos de consumo del medio. Y si se incluyera a las cooperativas supervisadas por la Fenacrep y a los prestamistas no regulados ni supervisados —como Inversiones La Cruz o Inka Cash— el ránking no variaría, aunque se reducirían ligeramente las participaciones.

Considerando las condiciones en conjunto, para un maestro pedir prestado a su mutual es lo más ventajoso. Rápido, sin papeleos, sin cobro de mora, sin aval externo, sin el riesgo de perderlo todo. A su vez, la Derrama tiene un cliente fidelizado cuyas cuotas son descontadas por planilla —la morosidad es mínima— y para servir al cual requiere una baja estructura de costos. Como el docente tiene una cuenta individual, esta actúa como fondo de garantía, y la provisión es muy baja. Así, por cada préstamo, la mutual obtiene una utilidad de 20%.

—Hay un círculo virtuoso —dice el presidente de la Derrama, Jorge Arteaga—. Mientras más crece la cuenta individual de cada profesor, puedo prestarle más, manteniendo bajo mi costo operativo. Si coloco más créditos, obtengo más rentabilidad, que a su vez revierte al propio asociado en forma de bonus e interés, lo que incrementa su cuenta individual.

Sin embargo, el capital más importante de la Derrama Magisterial es el político. Cuando un maestro escucha las muy atendibles críticas al Sutep por la parte de responsabilidad que le toca en la crisis de la educación, piensa un poco en ellas, eso es indudable, pero también en su bolsillo. Cuando se jubile, lo que le pagará la Derrama Magisterial será dos a cinco veces más de lo que recibirá del Estado por sus servicios. Las cuentas individuales suman más de 1.000 millones de soles. En ellas, menos de la mitad son los aportes, y lo restante son los intereses que gana el maestro y las utilidades de la mutual, que recibe periódicamente.

Las autoridades también están satisfechas.

—La verdad es que los espulgamos varias veces y no encontramos irregularidades, sino un manejo eficiente —dijo un ex presidente de la SBS para esta nota.

Ya es raro que un sistema de fondos previsionales funcione bien, teniendo en cuenta los casos de la Caja del Pescador, actualmente intervenida, y de la quebrada Caja Militar Policial. Pero eso no es lo más extraño. Lo insólito es que el manejador sea Patria Roja a través del Sutep. ¿Cómo llegó la Derrama Magisterial a sus manos? Primero es necesario contar cómo llegó el Sutep a manos de Patria Roja.


Fue responsabilidad directa del Partido Comunista Peruano, de orientación prosoviética. El PC, que apoyaba al gobierno militar de Juan Velasco, traicionó una huelga magisterial en 1971, lo que, a la larga, creó al Sutep e hizo importante a Patria Roja. Por entonces el gremio magisterial estaba dividido en varios sindicatos por rama educativa, y la central que los agrupaba era la Federación Nacional de Educadores del Perú (Fenep). A finales de los años sesenta, el PC había terminado controlando la Fenep luego de que compartiera la dirección con Acción Popular y la Democracia Cristiana. Antes, todos ellos habían desplazado a los apristas. La Fenep, como después veremos, tenía reivindicaciones irrenunciables mientras sobrevenían las primeras reformas militares y su dirigencia comunista se iba enamorando más y más de Velasco. El 1 de septiembre de 1971 debía iniciar la Fenep una huelga general indefinida. Si eso ya era incómodo para el PC, que apoyaba al gobierno, fue insoportable una infeliz coincidencia. Al día siguiente visitaba Lima, invitado por Velasco, el presidente socialista de Chile, Salvador Allende. El PC rompió la huelga, quedó bien con los militares y perdió el magisterio para siempre.

En julio de 1972, en el Cusco, maestros de distintos pelajes políticos —había apristas, democratacristianos, acciopopulistas, pero sobre todo miembros de una escisión maoísta del PC, Patria Roja— crearon el Sindicato Único de la Educación Peruana, Sutep, en sustitución del Fenep. Varios con la medalla de haber sido deportados por insistir en la huelga del año anterior. Dieciocho de los cuatrocientos delegados ya venían elegidos como miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), y esperaban que el congreso resolviera qué cargos ocuparían. Por lo menos diez de ellos militaban en Patria Roja. El partido decidió que alguien de su confianza, Arturo Sánchez Vicente, fuera secretario general. Pero ganó otro, sin fama ni gloria: Horacio Zeballos. Por un voto. El suyo propio. Sánchez Vicente, elegante él, se abstuvo de votar por sí mismo y perdió la elección.

Hacerse con el Sutep fue el principal episodio de Patria Roja en su corta vida. Sánchez Vicente declaró después que en 1972 aún no militaba en Patria Roja. Zeballos, de acuerdo con diversas fuentes, tampoco. Pero la mayoría de dirigentes sí, y Zeballos veía cómo en sus narices, antes o después de las sesiones del CEN, los militantes se reunían para enrumbar la marcha del sindicato en su ausencia. Zeballos decidió pedir su afiliación —otro tanto hizo Sánchez Vicente—, y desde entonces el Sutep ha sido Patria Roja y viceversa.

Aun más, el desarrollo del partido se explica principalmente porque su columna vertebral fue el sindicato. Esto puede incluir el financiamiento. A diferencia del PC prosoviético, parte de cuyos fondos provenían de Moscú, Patria Roja parece haber dependido menos de la billetera de China Popular. En el mundillo de la izquierda marxista se le reconoce una habilidad especial para “recursearse” con fondos obtenidos en el trabajo de los frentes de masas que controla. Preguntado al respecto para esta nota, un dirigente del partido contestó enigmáticamente:

—El que vive para el altar debe vivir del altar. ¿No dicen eso los sacerdotes católicos?


Así como tiene difícil explicación la gran penetración maoísta en la política peruana, considerablemente superior a la de otros países de América Latina, cuesta comprender cómo un sindicato tan ideologizado como el Sutep mantuvo influencia sobre decenas de miles de personas que no comparten su doctrina. De hecho, desde su primer minuto de vida declaró que la lucha de clases es el motor de la historia y que la solución de sus reivindicaciones solo se conseguiría en una sociedad sin explotadores ni explotados. Hasta aquí, conceptos que también figuran en los estatutos de la CGTP o de otro sindicato fundado por dirigentes marxistas. Pero el del Sutep advierte que el empleador de los maestros, el Estado, es el representante de los explotadores. Este patrón los obliga —dice— a “retransmitir los patrones ideológicos y políticos de las clases en el poder”. El estatuto alienta la resistencia a esa retransmisión, desarrollando alternativas ideológicas coincidentes con los intereses del pueblo. ¿Esto es lo que los maestros querían en 1972 cuando fundaron el sindicato?

—En ese momento queríamos unirnos, no importaba tanto la ideología —dice el ex ministro de Educación del APRA Grover Pango, quien estuvo en el congreso de 1972 y fue el primer secretario nacional de Cultura del Sutep. Los maestros, que no olvidaban su frustrada huelga del año anterior, querían un sindicato único, dejar de estar representados por diversas fracciones gremiales. Yuxtapuestos en el Cusco, componían una asamblea recalcitrante, pero los de Patria Roja no eran los más radicales. Estaban, a su izquierda, los del Comité Magisterial de Unificación y Lucha (Comul), que promovían a Sánchez Vicente, y los de Sendero Luminoso. Zeballos fue apoyado por comunistas pero también por apristas, democratacristianos y otros moderados. Con el paso del tiempo, los apristas no han dejado de militar en el Sutep, e incluso tienen pedigrí clasista. Grover Pango fue confinado en El Sepa, la colonia penal de alta seguridad en la selva, por su condición de dirigente. Ahora mismo, cuarenta años después de que Patria Roja se hiciera con las llaves del sindicato, el APRA tiene a dos militantes suyos en el CEN.

Sigfrido Chiroque, quien integró el Consejo Nacional de Educación entre el 2002 y el 2008 y es un experto en movimientos magisteriales, dice que en América Latina no es raro que los maestros elijan dirigentes radicales. “Lo que les importa es que defiendan bien sus intereses, que no los traicionen, y por eso los recalcitrantes tienen espacio”. Chiroque es autor de uno de los estudios más sorprendentes sobre el Sutep, en colaboración con la Universidad Pedro Ruiz Gallo. En el 2006, dos meses después de las elecciones generales, hizo un sondeo nacional con una muestra de 2.000 profesores para saber por quiénes habían votado. Resultó que, en la primera vuelta, el 24,47% lo hizo por Ollanta Humala; 21,38%, por Valentín Paniagua; 20,41%, por Alan García; y 14,72%, por Lourdes Flores. En la segunda vuelta los votos se dividieron casi en partes iguales para García (39,8%) y Humala (36,7%). De modo que los maestros del Sutep eligen a los de Patria Roja como sus dirigentes pero pertenecen al centro político.

Por cierto, en aquellas elecciones también participó el Movimiento Nueva Izquierda (MNI), fachada electoral de Patria Roja, cuyo secretario general, Alberto Moreno, se lanzó como candidato a la presidencia.

—¿Sabe cuántos profesores votaron por Moreno? Solo el 1,1% —dijo Chiroque. El dato hace que la pregunta de por qué los maestros siguen al Sutep tenga más fuerza.

Parte de la respuesta es muy sencilla: el control hegemónico del aparato le deja muy poco margen de maniobra a los movimientos opositores. Diríase que esta es una destreza profesional que terminan adquiriendo los partidos con experiencia en el control de masas, como el aludido, el APRA y el PC.

—Que digan que manipulamos congresos no lo considero una acusación —dijo, circunspecto, un dirigente de Patria Roja—. Todos los congresos del mundo son manipulados.

Aunque la mayoría de profesores estatales se identifican con el Sutep, la organización no tiene padrones abiertos al escrutinio. El único que se conoce lo presentó en 1984 al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) para su reconocimiento. Es posible que cuando las elecciones de la dirigencia sean mediante el sistema de “un maestro, un voto”, como pide su oposición, el reinado de Patria Roja acabe en el sindicato. Mientras tanto, hay que suponer que su hegemonía también se basa en que los maestros creen que los defiende bien. En todo caso, mejor que una dirigencia independiente, del APRA o del PC.

Todos los gobiernos han tenido que sentarse a negociar con el Sutep. Todos le han hecho alguna concesión. El primero de todos fue el de Juan Velasco Alvarado.

Estaban reunidos en Palacio de Gobierno el dictador Juan Velasco Alvarado y la dirigencia del Sutep. Arturo Sánchez Vicente, dirigente de Lima Metropolitana, argüía agitando el dedo índice, como era su costumbre.

—Oiga usted —dijo Velasco— a mí no me apunta así. Así que métase el dedito al culo.

La escena transcurrió durante una de las reuniones que sostuvo el Sutep con Velasco, en 1974. Había numerosas reivindicaciones pendientes, secuelas de un paro nacional y otras protestas que el sindicato hizo el año anterior. Velasco quiso reunirse con aquellos maoístas recalcitrantes, a noventa de los cuales había confinado en El Sepa, para explorar si podía obtener de ellos algún apoyo para su reforma educativa. Como una seña, puso en libertad a los dirigentes, entre ellos a Horacio Zeballos.

Se reunieron tres veces. Una a una las demandas fueron aceptadas por Velasco, entre marchas y contramarchas. Negociaron la liberación de los detenidos, la reposición de los subrogados, el corte de juicios. Velasco se hacía asesorar por el ministro de Educación, Alfredo Carpio Becerra, contra quien volcaba su impaciencia. Carpio pidió un mes para calcular cuánto había que devolver a los maestros por varios días de paro.

—Ya pues, Carpio. ¿No sabes multiplicar? Los días, el número de maestros y ya está.

En la segunda reunión, Velasco apareció con un cheque que entregó a los dirigentes. Correspondía al valor de uno de los locales de la cooperativa magisterial que había sido rematado. Era expeditivo, quería resolver las contradicciones, pero no soportaba la idea de que lo estuvieran engañando. Mostró a los dirigentes un material educativo que difundían maestros en Ayacucho: la sociedad peruana era semifeudal, se vivía una situación revolucionaria y el campesinado sería la fuerza motriz de la revolución. Eran del sector magisterial controlado por Sendero Luminoso. Alfonso Barrantes, que estaba en la reunión como asesor del Sutep, ensayó la explicación de que en el magisterio había varias tendencias.

—Nosotros no pensamos eso —añadió Carlos Salazar Pasache, quien años después sería secretario general—. Si lo creyéramos no estaríamos aquí, conversando con usted.

Pero Velasco, que recibía informes de infiltrados en las asambleas de maestros, no quedó convencido. Cuando todo insinuaba un final feliz, con el reconocimiento del Sutep como conquista máxima —llegaron a ver la resolución escrita en el escritorio del jefe del comité de asesoramiento presidencial—, las reuniones se interrumpieron. Cayó Velasco, sobrevinieron más huelgas, hubo Asamblea Constituyente, Fernando Belaunde volvió al gobierno en 1980. En su período se llevaría a cabo otra gran negociación, sin duda la más importante.


Junio de 1984. En el despacho del ministro de Educación, una oficina con vista al Parque Universitario, se desarrolla una reunión de varias horas entre representantes del gobierno y de la dirigencia del Sutep. Está el ministro del sector, Valentín Paniagua; el ministro de Economía, Sandro Mariátegui; el jefe del partido oficialista Acción Popular, Javier Alva Orlandini; y otros altos funcionarios. Transcurre el noveno día de la huelga magisterial para obtener aumentos, entre otras reivindicaciones. No es la más larga del sindicato —el récord fue una paralización de 118 días durante el gobierno militar—, pero en cambio es masiva, contundente.

El gremio magisterial siempre fue bien tratado por Acción Popular. En 1964, en su primer gobierno, Belaunde había dado una ley que les otorgaba por fracciones un aumento del cien por ciento, en un período en que los maestros, aun con la imagen de preceptores, no ganaban mal: unos novecientos dólares mensuales. Además, les creó un sistema de previsión, la Derrama Magisterial, supervisado por los gremios. Pero la crisis económica del final del período belaundista lo complicó todo. El aumento no terminó de ser pagado, el sistema previsional se debilitó, los dirigentes moderados de entonces cayeron en el descrédito. Durante el gobierno militar los maestros terminaron de pauperizarse. Cuando Acción Popular retomó el gobierno, había muchos reclamos, pocas salidas y un sindicato recalcitrante al frente. Belaunde decidió negociar, pero el primer contacto lo hizo Javier Alva Orlandini. Alfonso Barrantes le organizó un almuerzo con la dirigencia del Sutep para tratar el tema más político, el del reconocimiento.

—No pueden llamarse “Sindicato Único” —les dijo—. El INAP no lo acepta.

Antes de que llegara el plato principal, los dirigentes sindicales decidieron cambiarle el nombre: “Sindicato Unitario...”. Seguirían funcionando las siglas del Sutep, que era lo que importaba. En el acto Alva Orlandini llamó al INAP y dictó una resolución. Quedó pendiente para la firma, luego de que se pusieran de acuerdo sobre el resto.

Días después, en el despacho de Valentín Paniagua, la negociación, que comenzó a mediodía, no tenía cuando terminar. A las 11 de la mañana el Sutep había comenzado pidiendo 130 soles de aumento contra los 25 soles que ofrecía pagar Mariátegui, quien fue subiendo, poco a poco: 35, 50...
Mientras otros puntos se iban resolviendo, la intransigencia de los sindicalistas en el tema del aumento irritaba a los ministros. La cifra subió a 70, y nada. En realidad, tenían un informante en el despacho. Les avisaría cuando Belaunde, quien era puesto al tanto por teléfono, diera un ultimátum. Cuando les ofrecieron 75, el informante dijo: “Pidan más”. Lo hicieron, y la negociación se rompió.

A las dos de la mañana los convocaron nuevamente. Alva Orlandini dijo:

—Cien soles de aumento. Lo toman o lo dejan.

Lo tomaron. Encima del aumento, habían conseguido el nombramiento de 30.000 contratados, media entrada para espectáculos públicos y culturales, ¡medio pasaje en líneas aéreas del Estado!, cinco soles diarios por refrigerio y movilidad, y una bonificación del diez por ciento de su haber básico por “trabajo altamente especializado”, una conquista sofisticada que la sacaron de la manga los propios funcionarios de Educación. Además, una cereza sobre la torta: la Derrama les sería entregada en propiedad.


En verdad, la Derrama Magisterial estaba virtualmente quebrada. Los maestros habían comenzado aportando unos 90 soles mensuales en forma estable, sin indexación, desde 1964. En 1982, un aumento de la cuota a 500 soles no resolvió nada. Un docente, por entonces, ganaba 420.000 soles, la mitad de lo que percibía en los años sesenta. En cierto modo, pues, al entregársela al Sutep el Estado se deshacía de la mutual para que no muriera en sus manos.

La transferencia fue azarosa desde el comienzo. Cuando el representante del ministerio, Juan Pérez Gambini, fue para ese efecto a la casa de Bellavista en la que funcionaba la Derrama, fue recibido a puñetazos por miembros de la anterior administración. No encontraron libros de actas ni documentos contables, y solo había 31 soles en la caja chica. Contaron 4.114 expedientes pendientes de pago y 512 cheques girados, sin fondos. Las cuotas de veinte años de aportaciones habían desaparecido. Al comienzo la nueva administración solo pudo sistematizar los expedientes e ir pagando las deudas poco a poco, sin prestar un centavo. No había dinero. Con los magros aportes que iban ingresando se reducían acreedores —honraron más de 5.000 expedientes hasta 1986—, pero necesitaban más ingresos para sobrevivir. Peor aún, el país comenzó a entrar en la crisis económica que caracterizó la última etapa del primer gobierno de García. En enero de 1988 la Derrama Magisterial se disponía a quebrar.

Fue entonces que la ministra del sector, Mercedes Cabanillas, les lanzó la tabla de salvación. Dispuso que el Ministerio descontara automáticamente a cada maestro su cuota mensual a la Derrama. Cada monto estaría indexado al 3% del salario mínimo. A cambio, Cabanillas introdujo un representante del Ministerio en el directorio de seis miembros. Otro sería del Sindicato de Docentes de Educación Superior. Los restantes cuatro, del Sutep.

—Esto nadie lo va a decir —dijo un dirigente del Sutep—, pero si Horacio Zeballos es el apóstol del Sutep, Mechita Cabanillas es la Virgen. Realmente le salvó la vida a la Derrama. Con la firma de Alan García, por supuesto.

La administración del Sutep hizo lo suyo. Contrataron a un actuario matemático suizo, Hans Sutter, cuyo plan de previsión social siguieron al milímetro. Un profesor cesado con 30 años de servicios recibiría 35 ingresos mínimos legales. En 1993, tras comprobar que la referencia de indexación al salario mínimo les hacía perder valor continuamente, la cambiaron a 0,5% de la UIT. Sin esta medida tampoco hubieran salido adelante: fue la que les permitió comenzar su verdadera capitalización.

¿Quién lo autorizó? Alberto Varillas, ministro de Educación de Fujimori. Con lo que se demuestra que todos los gobiernos hicieron concesiones al Sutep. Todos lo reconocieron como un interlocutor, como una realidad.

Cuando Alan García comenzó su gobierno, en el 2006, la Derrama Magisterial ya estaba fuera de todo riesgo. Sin embargo, aún faltaba la última batalla.


El Banco de la Nación se negó a efectuar los descuentos automáticos para la Derrama del sueldo de los maestros. Lo hacía todos los meses, cobrando una comisión, desde que en 1988 lo dispuso la Virgen Mechita. ¿Por qué se plantó? Todos lo adivinaban, y más todavía cuando el banco anunció que empezaría a dar préstamos a los maestros con intereses más bajos que la Derrama Magisterial. En todo caso, la ley no obligaba al banco a descontar. El ministro de Educación, José Antonio Chang, se declaró ajeno a la medida pero, por lo bajo, un sector del gobierno pensaba que Patria Roja recibía su merecido. La tenían demasiado fácil con el Estado recaudándoles los fondos para que jugaran a los grandes empresarios. Carlos Salazar Pasache, ex secretario general del Sutep y a la sazón gerente de la mutual, se encontró con un problema en apariencia insoluble. El primer mes del 2007 no ingresó un centavo. El segundo mes, tampoco. Igual el tercero...

Los gerentes tuvieron su comité de crisis. Los militantes del partido también. En la Derrama Magisterial funciona una célula secreta de Patria Roja que reporta directamente al Comité Central y que adopta decisiones políticas. En principio, estas decisiones no distorsionan los criterios técnicos con los que se maneja la mutual —de lo contrario esta no sería exitosa— ni se imponen a la plana de gerentes. Pero son decisiones políticas. Las toman los miembros de Patria Roja/MNI, que son casi toda la cúpula: el presidente del directorio, Jorge Arteaga; el gerente general, César Reyes; el gerente administrativo, Fernando Pazos; y los otros tres miembros del directorio, los dirigentes del Sutep César Farfán, Orlando Luján y Víctor Paco, que reciben 3.200 soles mensuales por asistir a cuatro reuniones. Hay, además, nueve gerentes de línea que no pertenecen a Patria Roja o al MNI y que son elegidos por concurso, para presentarse al cual, deben tener una maestría en administración de negocios.

Así, con esta “doble dirección”, la Derrama afrontó sus problemas. Nunca le hicieron mella las denuncias por irregularidades que lanzó de cuando en cuando el sector más radical del Sutep, influido por Sendero Luminoso. Hoy no hay ninguna investigación administrativa ni penal en curso por supuestas anomalías en la gestión. La verdadera amenaza vino cuando les cerraron el caño y no pudieron cobrar los aportes.

Apostaron al único camino que les quedaba: que cada maestro autorizara por escrito el descuento de su cuota, en carta personal dirigida al Ministerio de Educación. En el edificio de la mutual en Jesús María, más de cien trabajadores se dedicaron a preparar cada expediente, iniciando un largo proceso que tenía un destino incierto. Al final, ni ellos mismos podían creerlo. Solicitaron el descuento más de 250.000 maestros.

—Era el noventa por ciento de todos los maestros estatales —dice Salazar Pasache, ahora en el retiro—. Ese triunfo valió más que cualquier huelga.

Estos antecedentes permiten otra lectura de la alianza de Susana Villarán con el MNI en las elecciones municipales de Lima. La del cálculo electoral. La candidata apostó a capitalizar no menos de la mitad del voto de los 130.000 docentes de Lima Metropolitana, 26% del magisterio nacional, con influencia en medio millón de familias. Por lo menos un tercio de estos maestros votan por una opción radical. Otro tercio estaría más al centro, como demuestra el sondeo de Chiroque del 2006. Es dable suponer que en este sector, que desarrolla un marcado espíritu de cuerpo, la satanización del Sutep tuvo un efecto contrario.

La posible injerencia del Sutep en la gestión de Fuerza Social fue de lo más discutido en la campaña, pero el tema mismo de la política educativa municipal resultó poco desarrollado por ambas candidatas. Cuando el sector sea descentralizado, el municipio tendrá a su cargo 17,38% de los matriculados en primaria y manejará no menos de 25% del presupuesto nacional de Educación. Cualquiera sea alcaldesa, tendrá que hacer nombramientos, diseñar un proyecto educativo, distribuir los recursos. De acuerdo con encuestas de percepción, 73% de los maestros rechazan la municipalización de la educación básica.

Por una razón o por otra, la alcaldesa terminará negociando con el Sutep. Al mismo tiempo, es seguro que el APRA seguirá sentándose en la misma mesa con la dirigencia de Patria Roja. Hay cierto parecido entre ambos, una química más afín que entre el APRA y otros sectores de la izquierda. “Villarán nos odia, en Patria Roja tengo amigos”, dijo no hace mucho Mauricio Mulder. El 25 de septiembre, Mulder coincidió con el antiguo dirigente del Sutep César Barrera Bazán en el programa Fuenteovejuna de Mario Ghibellini, en CPN Radio. Se saludaron como dos compadres que no se veían hacía mucho tiempo y Mulder, que terminó primero, se quedó en la antesala en vez de marcharse. Ghibellini le preguntó si se le ofrecía algo.

—Voy a esperar al Negro para comernos un cebiche —dijo.

Y se fueron juntos, felices de la vida. Mulder declararía a Perú 21, el 3 de octubre, que si la candidatura de las izquierdas hubiera sido de Patria Roja y no de Villarán, hubiera votado por los comunistas. Sin ir más lejos, no hace mucho el presidente Alan García cenó con la dirigencia de Patria Roja. De acuerdo con una fuente, el plato fuerte fue pato pekinés, pero ello no pudo ser confirmado para esta nota.