Por Jorge Agurto
Servindi, 9 de noviembre, 2010.- Los diarios dan cuenta del asesinato de tres niños en Tame, Arauca, por efectivos de una patrulla militar del Ejército colombiano que violó a Jenny Torres, una menor de 14 años.
Luego se eliminó a los hermanitos de la agredida, Yimi de 9 y Jefferson de 6 años, con la finalidad de no dejar testigos de la agresión criminal. A esa violación se suma otra de una menor de 13 años en la misma zona de Arauca.
Y no se trata de casos aislados sino recurrentes en un país donde el asesinato de personas indefensas e inocentes casi ha dejado de ser novedad.
Elides Pechené, Consejo mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) estima en seiscientos los indígenas asesinados durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Descomposición del Estado y no viabilidad
Alejandro Ordoñez, Procurador General de Colombia, señala que “el país va por un despeñadero moral y ético” donde “se está disolviendo el tejido social” mientras que el Estado “esta siendo cooptado por la corrupción” (1)
Para Ordoñez, la violación y el asesinato de niños, la corrupción generalizada y el incremento de los suicidios adolescentes y de la violencia escolar prueban que el país “está enfermo” y “se está descomponiendo”.
“Sino se recompone el tejido social en base a una pedagogía social de valores no habrá seguridad o prosperidad democrática”. Tampoco “habrá estabilidad social ni institucionalidad” y “el país será no viable” afirma el Procurador.
La colombianización de la región
La visita de cientos o quizás miles de comunicadores indígenas a la región del Cauca, con motivo de la Cumbre Continental de Comunicadores Indígenas, es una oportunidad para tomar contacto con la realidad de Colombia, que muestra en forma agravada o acelerada lo que viene ocurriendo en otros países como México.
Por ejemplo, las fuerzas sociales y actores políticos que operan en Colombia son, en muchos casos, similares a los que se configuran en el Perú, donde el narcotráfico – y toda su secuela social – opera con impunidad e incluso disputa con el Estado el control de grandes territorios.
Además, el narcotráfico ha incrementado su presencia en la política. El caso Cataño (2) es muy sugerente, si consideramos que pertenecía a un partido tradicional y conservador, una de cuyas supuestas funciones, es darle soporte institucional al país.
Lourdes Flores, su abogada defensora, presidió su empresa aérea y fue una de las personas que lo defendió “a capa y espada”, al punto de afirmar que pondría las manos al fuego por él.
Lourdes Flores, estuvo a punto de ser electa nada menos que alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima con lo cual se hubiera podido concretar la figura de que la principal autoridad política de Lima, la capital de un país altamente centralista, era la abogada de un presunto narcotraficante.
Delincuencia – Corrupción – Inviabilidad democrática
Y es que el narcotráfico es una actividad delictiva que genera inmensas riquezas, y cuyo poder de corrupción es casi todopoderoso. Lo estamos viendo en Colombia, donde este flagelo atraviesa a las instituciones encargadas de combatirlo (3).
El narcotráfico no es la única actividad ilegal que corrompe al Estado. También están las mafias que organizan la tala ilegal de madera, las concesiones amañadas de gas y petróleo, la extracción ilegal de oro, entre otras.
La corrupción, como un cáncer, ingresa y se asienta en los espacios institucionales del poder y compromete a sus altas esferas. Esta situación propicia mecanismos de impunidad que debilitan la capacidad de respuesta institucional pública frente al delito.
Un Estado con gobernantes soberbios que golpean a sus ciudadanos, que sirve sin escrúpulos a intereses de poder antes que a la población, carece de la capacidad, autoridad y fuerza moral para enfrentar la delincuencia mayor y brindar condiciones para un desarrollo democrático del país.
Notas:
(1) Diario El Tiempo, Colombia, 7 de noviembre de 2010, sección 3 página 2.
(2) El caso César Cataño se refiere al empresario Adolfo Carhuallanqui actualmente investigado por enriquecimiento ilícito y vinculación al narcotráfico. Él estuvo procesado por elaborar pasta básica de cocaína pero luego se cambió de nombre a César Cataño, con el cual se inscribió en el Partido Popular Cristiano (PPC) y se enriqueció hasta llegar a ser el dueño de una empresa de transporte aéreo: Peruvian Airlenes.
(3) El diario El Tiempo en su edición dominical del 7 de noviembre de 2010 informa del develamiento de una mafia que operaba desde hace diez años en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) robando obras de arte incautadas a las mafias de narcotraficantes sustituyéndolas por copias. Con parte del dinero obtenido por la venta de las obras originales se contribuyó a financiar un movimiento político. Las autoridades investigan además el cambio de estatus a más de 76,000 bienes incautados que habrían sido encubiertos para que el Estado les pierda el rastro, entre los que se encuentran inmuebles y predios como la hacienda Fredy, en Guaduas, Cundinamarca.
No hay comentarios:
Publicar un comentario