Su sistema autónomo de justicia crece y
necesita definir un proyecto político y su relación con el Estado.
Brisa Araujo
y Adazahira Chávez
Publicado: 09/03/2013 10:38
La defensa del territorio y del propio sistema de
justicia de los pueblos de la
Montaña y Costa Chica de Guerrero, agrupados en la Coordinadora Regional
de Autoridades Comunitarias (crac-Policía Comunitaria), no tiene descanso. En
el frente externo deben luchar contra las mineras y contra un decreto que los
desarticularía. En lo interno, se impone la necesidad de mirar atrás y
redefinir su proyecto político.
Tras el
relevo de las autoridades de las cuatro casas de justicia (San Luis Acatlán,
Espino Blanco, Zitlaltepec y El Paraíso), accidentado en un inicio por el
conflicto que se desató con la
Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero
(upoeg), “la crac sale fortalecida y con autoridades nombradas en el mismo
sentido del proyecto”, señala Valentín Hernández, asesor jurídico de la Coordinadora.
El proceso
de elección, señala Hernández, afirmó el diálogo entre la estructura de la
organización y las bases, y fue una oportunidad para aclarar las diferencias
entre distintos proyectos de seguridad y justicia. En los 17 años de existencia
de la crac se ha perfilado la construcción de un sistema integral “no sólo de
seguridad, justicia y educación”, apunta Valentín, sino para actuar en otras
problemáticas de los pueblos, “como salud, comunicación y producción”, afirma.
El cambio sirvió
también para que los pueblos hablaran de sus expectativas. Uno de los primeros
procesos será una reevaluación de todas las instancias de la crac para
redefinir sus tareas y precisar un proyecto estratégico pensando ya en las
próximas décadas, señala el asesor. La reevaluación histórica del proyecto de
la crac se volvió urgente después de la amplia proyección del movimiento tanto
a nivel regional como nacional: “Hace 17 años, nunca se pensó que lograríamos
llegar a esta edad”, recordó.
El relevo
generacional en los liderazgos es otra de las necesidades inmediatas para
asegurar que la
Coordinadora sea una alternativa real que resuelva el fondo
de los problemas de los pueblos. “Tenemos que pensar que tienen que hacer suyo
este proceso y empoderarse —todas las generaciones—, que los jóvenes y los
niños se vean identificados, que se sientan parte y que en todo momento
defiendan con claridad por lo que están luchando”, afirma Valentín Hernández.
El decreto
de Aguirre. Los tres
primeros años de su funcionamiento, entre 1995 y 1998, la Policía Comunitaria
entregaba a los detenidos a los ministerios públicos. Ante la evidencia de que
las autoridades no procesaban eficazmente a los delincuentes entregados, las
comunidades “decidimos dotarnos de nuestras propias autoridades regionales para
la procuración e impartición de justicia”, señala la página de la Coordinadora , y nació
la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias (crac).
Tras el
reconocimiento de su sistema de justicia en abril de 2011 por la Ley estatal 701, vino el
anuncio de un nuevo decreto en febrero de 2013 vinculado al surgimiento de
multitud de grupos de autodefensa en la zona de Ayutla, liderados por la upoeg.
El decreto pretende que las policías comunitarias sean agentes auxiliares del Estado
y prohíbe aplicar procesos de reeducación o sanciones, procesar a los
detenidos, realizar detenciones fuera de la flagrancia, entre otras medidas que
abarcan todas las funciones de la crac. Además, amenaza con sanciones si se
realizan estas acciones.
Para Gelasio
Barrera, septuagenario fundador de la Policía Comunitaria ,
convertirse en auxiliares del Estado daría un golpe mortal a la base de la Comunitaria : que el
mando directo de la policía es el pueblo y no el gobierno. El abogado mixteco
Francisco López Bárcenas señala que las policías comunitarias son un fenómeno
histórico en México y que la sorpresa que muestran las autoridades del gobierno
por su aparición se debe “a que no han volteado a ver a los pueblos indígenas”.
Los sistemas
de justicia indígena, señala el jurista, están amparados en México al menos por
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit) y
por el artículo 2 de la
Constitución. Si el Estado no se ajusta a ello, viola los
derechos colectivos de los pueblos indígenas.
En la Comunitaria el rechazo
al decreto se expresó durante el Encuentro Estatal por la Defensa de la Seguridad y la Justicia de los Pueblos,
el 17 de febrero, cuando un centenar de comunitarios quemó simbólicamente el
decreto, al tiempo que el comandante Eliseo Villar declaró: “aquí quemamos la
basura que nos quieren imponer el gobierno estatal y federal y aquellos compas
traicioneros que hoy le están dando lado al gobierno y la espalda al sistema
comunitario”.
Un proyecto
político. La Policía Comunitaria surgió
respondiendo a demandas urgentes de los pueblos de la Montaña de Guerrero. En un
primer momento, recuerda el asesor Hernández, no nació como un proyecto
político sino como “una conjunción de puntos de vista, acciones y esfuerzos de
varios actores, como las organizaciones productivas y las organizaciones
sociales, los pueblos —de manera directa— y otros actores sociales”.
A partir de
la construcción y la lucha “se ha ido definiendo una práctica, principios, una
cierta filosofía, procurando que el pueblo tenga en sus manos el proceso”, y
agrega que en este momento se hace necesario definir un proyecto político. Por
un lado, ubica Valentín, está la vía ya conocida por los movimientos: el
diálogo y negociación con el gobierno. Por otro lado, está una idea que surge
con fuerza en las bases y que refleja sus principios: la construcción de un
proceso autonómico bajo la idea de que el pueblo debe tener en sus manos el
proceso y el proyecto.
No hay una
definición todavía pero, señala Hernández, la forma en que la tomarán ya está:
será de manera colectiva y “muy bien pensada” para que beneficie verdaderamente
a los pueblos.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/03/09/103842052-la-encrucijada-de-la-policia-co-munitaria-de-guerrero
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