Red Muqui
23-08-2014
En medio del escándalo que remeció al
gobierno de Ollanta Humala al hacerse públicos los “cornejoleaks”, que
confirmaban el lobby de las empresas que presionan para lograr medidas y
decisiones de gobierno que las favorezcan, se hizo público el día sábado 16 de
agosto en El Peruano la creación de la Comisión Sectorial para el impulso de las inversiones en el Sector
Energía y Minas.
Esta
comisión tiene como finalidad la de “evaluar, identificar, proponer y realizar
el seguimiento de las medidas para fomentar las inversiones en el sector”, es
decir la de propiciar un nuevo paquete de medidas, para no decir “paquetazo”
que algunos confunden con los de Fujimori y García y que va a flexibilizar aún
más el marco normativo del sector energía y minas, para “mejorar la gestión
pública en el ámbito de las competencias del MINEM”.
Para
seguir la línea trazada por el Ministro Castilla, que es el principal impulsor
de las medidas de “desregulación” de las empresas, especialmente de las
industrias extractivas (minería e hidrocarburos) y de construcción, la citada
comisión contará con la colaboración de funcionarios del Ministerio de Economía
y Finanzas y de PROINVERSIÓN, que siguen priorizando a la minería como “motor
del desarrollo” y con ello la realización de la cartera de proyectos mineros
ascendente a US$ 59,582 millones.
La
citada Comisión debe instalarse a más tardar el 25 de agosto, y tiene un lapso
de 6 meses, para presentar un informe con las medidas para impulsar las
inversiones en el sector Energía y Minas. Es decir, podemos tener luego del
paquetazo de fiestas patrias, otro por navidad y año nuevo a fines del 2014.
Un
dato final interesante de la resolución ministerial N° 368-2014-MEM/DM, es que se
institucionaliza el lobby que tanto ha dado que hablar es los últimos días. Y
es que el Ministro Mayorga suscribe una norma que convoca a las “entidades
públicas y privadas” a brindar “colaboración, opinión y aporte técnico” a la
Comisión.
Con
ello, ya no serán necesarias las llamadas o correos electrónicos de los ex
asesores de las diversas instancias de gobierno, de los estudios de abogados
que asesoran a los grupos de poder económico y otras formas de lobby, sino que
aquellos interesados en hacer “lobby” para que sus proyectos se prioricen o las
medidas que requieren para que tengan “luz verde” o sean beneficiados, no
tendrán que solicitar una cita, pues el MINEM los va a convocar formalmente,
para que presenten sus propuestas y alternativas para las nuevas medidas “para
el impulso de las inversiones” en el sector energía y minas.
La
pregunta sería, donde quedan los Gobiernos Regionales y Locales que son
autónomos según la Constitución, para establecer donde se pueden o no realizar
determinadas actividades económicas a partir del ordenamiento territorial, y
como aplican sus planes de desarrollo concertado, si se mantiene la imposición
de dichas actividades desde Lima.
Y
la otra pregunta es, como esperamos que no aumenten las cifras de conflictos
sociales en el país, especialmente ligada al incremento del otorgamiento de
concesiones y la realización de operaciones mineras, si se siguen tomando
medidas sin la participación de las poblaciones ni consulta previa a los
pueblos indígenas, que son los principales afectados, pues son sus tierras en
las que se realizan en su mayoría éstas actividades, y son sus derechos los más
afectados.
Recordemos
que una de las medidas planteadas por la Ley N° 30230, la del “paquetazo”,
establece que donde se otorguen concesiones otorgadas por el gobierno nacional
anteriores o posteriores a la citada ley, o se realicen futuros proyectos de
inversión privada y pública, de interés nacional, seguridad nacional y/o de
gran envergadura, se deben aplicar procedimientos de saneamiento físico legal
de predios tanto en la zonas de influencia directa como indirecta,
independientemente del uso actual o futuro que se le vaya a dar.
Esto
posibilita que en el caso que haya predios sin título de propiedad o con título
de propiedad pero no inscrito en registros públicos, estos predios revertirían
al Estado y los podría otorgar en propiedad nuevamente, afectando la posesión
de los pueblos indígenas, sean comunidades campesinas o nativas, la que es
amparada con el mismo nivel de la propiedad, por el Convenio 169 de la OIT, vigente
en el Perú desde 1995, y el derecho de propiedad de cualquier peruano o
peruana, amparado en la Constitución, que se encuentre en esa situación.
¿Qué
otros derechos se van a afectar con las medidas del futuro “paquetazo minero”?
Javier Jahncke es Secretario Ejecutivo
de la Red Muqui.
Acceda
a la resolución en cuestión con un clic en el siguiente enlace:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=188800
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