Por Jorge Agurto
Servindi, 25 de
mayo, 2015.- Con la declaración del Estado de Emergencia en los distritos de la
provincia de Islay, en Arequipa, el gobierno peruano inició la imposición
autoritaria y militar de un proyecto anti-técnico y anti-social, que amenaza la
actividad agropecuaria del próspero Valle del Tambo y abre una brecha con el sentir
de la ciudadanía.
Desde la 1 a.m.
del sábado 23 de mayo personal policial y militar ingresó a los domicilios para
arrestar como delincuentes a padres de familia y jóvenes en el distrito de
Cocachacra. Según algunas fuentes son alrededor de cincuenta las personas
detenidas y trasladadas a las instalaciones de Seguridad del Estado en
Arequipa.
En este clima de
zozobra e inseguridad el gobierno cree que hallará las condiciones para que la
empresa Southern explique las bondades del proyecto minero Tía María en el
plazo de sesenta días de pausa que la propia empresa se ha fijado para
reiniciar sus actividades.
Pero la mafia de
poder que tiene secuestrado al gobierno se equivoca si cree que el
autoritarismo y su secuela de represión, terror y violencia, solucionará el
problema. Suspender la libertad de reunión y de tránsito, la inviolabilidad de
domicilio y entregar a las fuerzas armadas el control del orden interno solo
aviva el rechazo ciudadano y la ilegitimidad del proyecto.
Además, un estado
de excepción no puede mantenerse de manera indefinida cuando la inseguridad
ciudadana desborda el país y otros conflictos socioambientales pueden cobrar
mayor protagonismo.
En estas
circunstancias la solidaridad nacional e internacional cobra mayor importancia.
Más aún, cuando la injusticia y la sinrazón enardece y la verdad se refuerza
cada vez mas clara del lado de los agricultores.
Son varios hechos
los que deslegitiman el proyecto Tía María: los cuestionamientos al Estudio de
Impacto Ambiental afloran, la imagen de responsabilidad de la Southern
-subsidiaria del Grupo México- está por el suelo debido a su desempeño
irresponsable y corrupto a nivel nacional e internacional.
A ello se agrega
que el supuesto ataque con dinamita a la Comisaría de Cocachacra se devela como un sicosocial para justificar el estado de
emergencia, mientras se refuerza el rol farsesco del ministro del Interior
cuya primera reacción ante la muerte de un civil es negar la responsabilidad
policial para luego ser desmentido por los hechos.
Como lo advertíamos
en un artículo
anterior el problema de fondo es si en Islay puede sobrevivir la
agricultura con el proyecto de un distrito minero que alcanza en concesiones
mineras el 69.9 por ciento de la provincia de Islay y el 96.2 por ciento del
distrito Cocachacra.
Quienes siguen
obcecados en las supuestas virtudes del actual modelo y su énfasis
extractivista-exportador seguirán empujando el crecimiento económico aun a
riesgo de polarizar el país; mientras, añoran un régimen autoritario como el
fuji-montesinista que les permita enriquecerse sin el recato de las formas
democráticas.
En tanto que en el
Perú se afianza un Estado narco-minero-corrupto-militar la movilización
ciudadana de las fuerzas sociales, morales y vivas de la nación se hace cada
vez más urgente y necesaria, en especial de aquellos sectores de la juventud
que no han perdido su capacidad de soñar.
Quizás los hechos
de Islay nos ayuden a recuperar la cordura histórica y reflexionar con sensatez
generacional sobre qué es lo que conviene al Perú en términos de futuro y
diversidad, dos capitales esenciales que no podemos hipotecar.
En este marco urge
analizar hasta dónde y en qué condiciones es posible la minería y no colocarla
de antemano como una actividad superior o primordial por encima de otras
actividades sostenibles como lo machacan quienes sostienen -sin fundamento- que
el Perú es un “país minero”.
Quizás es momento
de quitarnos la venda de los medios (sí, de los medios de desinformación)
y apreciar nuestra extraordinaria diversidad cultural, biológica, étnica,
ecosistémica, paisajística, turística, etc. y que proporciona el cimiento para
construir un Perú pluricultural y diverso que contribuya con personalidad y
originalidad a la humanidad.
Valorar que
vivimos y gozamos de la agricultura, la pesca, la gastronomía, los camélidos
andinos y tenemos inmensas posibilidades de enriquecer la vida si aprendemos a
proteger nuestros ecosistemas, biodiversidad y recursos genéticos, y en particular
nuestra extraordinaria Amazonía.
El paro
macroregional en solidaridad con los agricultores opuestos a Tía María
convocado para el 27 y 28 de mayo, y la movilización ciudadana convocada para
el 28 por el movimiento las Zonas de la juventud en Lima y otras redes, son
algunas de las acciones cívicas que hoy expresan la necesidad de un destino
común, cargado de futuro y esperanza.
Mientras, el
gobierno del ex comadante Ollanta Humala Tasso, cada vez más servil y mediocre,
se arropa en las fuerzas armadas y sus balas, perdigones y bombas lacrimógenas.
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