Rebelión/RT
11-06-2015
Suele
suceder: cuando la política se pone por delante de intereses empresariales,
aparecen tensiones crecientes. Se trata, ni más ni menos, que de un debate
sobre el papel de aquellos que más ganan en las sociedades en las que vivimos.
La decisión de Rafael Correa de enviar, el 5 de junio pasado, el proyecto de
Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza a la Asamblea Nacional
provocó el inmediato descontento del sector más acaudalado de la sociedad
ecuatoriana.
¿Cuáles son los fundamentos principales de esta
propuesta? El trasfondo es una contundente cifra que el presidente ecuatoriano
desplegó con intensidad durante los últimos días: el 2% de las familias
ecuatorianas concentran el 90% de las grandes empresas del país. “Se
evidenció la concentración de la propiedad. Eso es malo, es una de las fuentes
de inequidad en Ecuador y en el mundo”, declaró Correa a los medios, para
luego aclarar que el impuesto es solamente “para los grandes conglomerados
que generan dinastías”.
Para los herederos directos -hijos, nietos, padres
o abuelos- la nueva legislación prevé una tasa marginal de hasta el 47,5% que
se aplicará sólo al 1% más pudiente. Este porcentaje es inferior al de las
tasas marginales de Japón -55%- y de Corea del Sur -50%-, y apenas un poco más
alto del que se implementa en Francia -45%- y en Estados Unidos y Gran Bretaña
-ambos con un 40%-.
Uno de los primeros representantes de la oposición
en manifestar su desacuerdo a esta medida fue nada menos que el banquero y ex
candidato presidencial Guillermo Lasso, quien fuera asesor económico y
Embajador Itinerante del gobierno neoliberal de Lucio Gutiérrez. Lasso condenó
la nueva medida afirmando que “el Estado correista pretende acabar con la
familia ecuatoriana”. Como se ve, una exageración que no se condice con lo
acontecido en otros países: ¿o acaso se destruyó la familia japonesa, coreana,
francesa, inglesa o estadounidense por la implementación de una política
tributaria similar a la que pretende impulsar Correa en relación a las herencias?
Para el analista económico ecuatoriano Juan Carlos
Jaramillo “con una tasa marginal del 47,50% los herederos jamás pierden el
control accionario sobre las empresas de sus padres, por lo cual con esta tasa
es falso también argumentar que se quiere acabar con las empresas familiares”.
Fue en base a este argumento que presidente ecuatoriano no se quedó atrás:
criticó al “linaje, la dinastía” de Lasso y representantes empresariales
y habló de un “capitalismo anacrónico” comandado por esos grupos
familiares.
Más allá del impuesto a la herencia en sí, lo que
parece estar en discusión en Ecuador es hasta que punto el Estado puede
intervenir autónomamente en la arena económica. Es una discusión que, a esta
misma hora, también se da en el resto de los países que albergan gobiernos
posneoliberales, sobre todo en un momento de menor crecimiento económico en
toda la región, producto de una caída de los precios de las commodities, pero,
sobre todo, de una rebaja en las previsiones de crecimiento a escala global.
De lo que se trata, en definitiva, es de sustentar
-y ampliar- los programas sociales puestos en marcha por estos gobiernos
posneoliberales, para lo cual se necesitan recursos. El argumento de Lasso -no
aumentar impuestos a los que más tienen, sino reducirlos- tiene sintonía con
propuestas de otros líderes opositores de la región, como Macri en Argentina y
Neves en Brasil, quienes anuncian que, de llegar a la presidencia, continuarían
con las políticas sociales, pero sin tocar bajo ningún concepto los intereses
empresariales. ¿Y de donde sacarían el dinero, se preguntará usted? Vaya uno a
saber. Ecuador, por lo pronto, propone una solución realista -similar a la
efectuada en algunos estados europeos y asiáticos- para continuar su política
social enmarcada en el Plan Nacional Buen Vivir 2013-2017: que los que más
tienen, más aporten, apostando asimismo a una redistribución garantizada por la
propia Constitución del país. El debate continental en relación a este tema se
incrementará en los próximos meses.
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