– Luego de
levantar el estado de emergencia en Islay, los pobladores que rechazan Tía
María no claudican, pese a que el Gobierno sigue dándoles la espalda.
Por Jorge
Choque
Servindi,
2 de agosto, 2015.- El Gobierno se esfuerza en buscar justicia investigando y
capturando a pobladores y dirigentes que participaron en las protestas contra el
proyecto minero Tía María, pero no adopta el mismo interés y actúa de espaldas
a la justicia que el pueblo de Islay exige.
En ese
objetivo, el martes 27 de julio la policía capturó a tres de los presuntos implicados en la muerte del brigadier policial Alberto Vásquez Durán
producto de una brutal agresión durante las protestas contra el proyecto de
Southern Copper.
Se trata
de los pobladores Walter Salazar, Hugo Alberto Pozo y Elard Baquedano Valdez,
quienes presuntamente fueron parte de la turba que propinó una feroz golpiza
con piedras y cadenas al brigadier en una de las protestas contra Tía María.
El
violento incidente que provocó la muerte del agente ocurrió el 6 de mayo de
este año, en el distrito de Mollendo. Un día antes, un poblador
mollendino había fallecido producto de una bala disparada por un policía
durante otro enfrentamiento.
Islay, en
lucha desigual
Así como
la lamentable muerte del oficial, la provincia de Islay se vio envuelta en un
escenario trágico, ya que producto de las protestas reiniciadas en marzo de
2015 en rechazo del proyecto, dos pobladores perdieron la vida por disparos de bala.
En esos
días, el ministro del Interior José Pérez Guadalupe llegó incluso a poner
en duda, en más de un ocasión, que las muertes hayan sido producto de balas
disparadas por oficales y que a la policía se le había impedido usar armas de
fuego, ambas
afirmaciones luego desmentidas.
En ese
sentido, la congresista Verónika Mendoza recomendó que el Gobierno garantice
igual justicia e investigación para los pobladores del Valle de Tambo, en
Islay, que perdieron la vida por el impacto de balas disparadas por la policía.
“Las
turbas tendrán que ser identificadas con una investigación efectiva. En la
mayoría de casos de civiles muertos por balas disparadas por policías, hay
impunidad. Esto debe ser investigado. En caso, se compruebe el acto de
corrupción se le debe denunciar, investigar y dar sanción penal”, advirtió en
una entrevista del 12 de mayo.
Sin
embargo, su solicitud parece haber caído en saco roto.
Como se
recuerda, desde el 23 de marzo los pobladores iniciaron una nueva ola de
protestas contra Tía María por la amenaza que el
proyecto supone a su agricultura y medio ambiente, además por una serie de irregularidades
omisiones en el Estudio de Impacto Ambiental.
Sin
embargo, el Gobierno siguió apoyando el proyecto instalando mesas de diálogo
que solo buscaban promoverlo, omitiendo las denuncias de los agricultores.
Extendida la protesta y el desborde social, el Ejecutivo declaró el 22 de mayo
el estado de emergencia por 60 días en la provincia, siendo
levantado el 22 de julio.
En todos
estos periodos de violencia y calma, para los pobladores la situación ha sido
la misma, ya que las autoridaes del Estado han continuado hostigándolos y nada
han hecho por investigar a los policías responsables de la muerte de los
civiles.
Asimismo,
las diversas denuncias y argumentos en contra Tía María, su Estudio de Impacto
Ambiental y los antecedentes de la empresa dueña Southern Copper, no han
alterado la posición del Gobierno de apoyar incondicionalmente al proyecto.
Pese a
que la empresa Southern decidió postergar su ejecución, lo cierto es que aún
mantiene el respaldo del Gobierno y utiliza este aplazamiento para el
desarrollo de una persistente campaña de información y promoción del proyecto
que para muchos es engañoso.
En Islay,
los pobladores del Valle de Tambo no han claudicado en su lucha y mantienen su
sólida decisión de no permitir la implementación del proyecto minero.
Así lo
demostró la simbólica marcha que realizaron en el Valle durante las
celebraciones por Fiestas Patrias, donde los participantes portaron pancartas
con la frase: “Agro sí, mina no”.
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