Dos noticias importantes
EN QUÉ CONSISTE EL PACTO ENTRE LAS FARC Y EL GOBIERNO DE COLOMBIA QUE
LOS DEJA A UN PASO DE LA PAZ
Natalio Cosoy
BBC Mundo, Bogotá (@nataliocosoy)
24 septiembre 2015
La foto es elocuente: el presidente de Colombia Juan Manuel Santos le da
la mano al máximo comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko".
Fue tomada este miércoles en La Habana, bajo la mirada auspiciosa del
presidente cubano Raúl Castro.
Así ocurrió: Colombia y las FARC le ponen fecha al acuerdo de paz
Santos anunció allí, en su primera aparición en la ciudad en la que se
llevan a cabo las negociaciones de paz desde 2012, que consensuaron alcanzar un
acuerdo final no más tarde del 23 de marzo de 2016.
"No va a ser una tarea fácil, porque aún faltan puntos difíciles
por acordar", dijo. "Pero esa es la instrucción que le hemos dado a
nuestras delegaciones: que terminen el acuerdo".
"Esta victoria no le podrá ser arrebatada al pueblo de
Colombia", señaló por su parte Timochenko.
BBC Mundo le presenta las claves del acuerdo.
Qué se acordó
Antes de anunciar el acuerdo, en un comunicado conjunto, las partes
informaron que habían conseguido establecer un mecanismo de justicia para los
crímenes cometidos en el marco del conflicto interno que lleva más de 50 años y
ha dejado más de 220.000 muertos y más de siete millones de afectados.
Timochenko dijo estar optimista por la cercanía de una paz definitiva.
Se trata de lo que han denominado "Jurisdicción Especial para la
Paz".
Por ella pasarán tanto miembros de las FARC como de las fuerzas de
seguridad colombianas, políticos y empresarios que deban responder por acciones
cometidas durante el conflicto.
Se concentrará en especial en los crímenes más extremos como secuestros,
ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, tortura, violencia
sexual y reclutamiento de menores.
Su función será "obtener verdad, contribuir a la reparación de las
víctimas y juzgar e imponer sanciones".
Qué penas habrá para los culpables
Habrá tres tipos de penas: aquellas aplicables a quienes reconozcan
verdad y responsabilidad de forma temprana, aquellos que lo hagan de forma
tardía y aquellos que se nieguen a hacerlo.
Los primeros accederán a penas de cinco a ocho años "de restricción
de la libertad" y deberán cumplir labores de reparación y resocialización.
Los segundos pagarán entre cinco y ocho años de cárcel.
"Nos acercamos a la paz, una paz que no será fácil", dijo
Santos.
Los que se encuentren en el último grupo serán sentenciados, si son
hallados culpables, a hasta 20 años de cárcel.
¿Qué quiere decir "restricción de la libertad" en el caso de
aquellos que confiesen en forma temprana?
Que mientras cumplan con sus labores de reparación y resocialización,
que tendrán lugar en la zona donde hayan cometido sus crímenes deberán estar
ahí.
Pero "por la noche no estarán encerrados en una cárcel", le
explicó a BBC Mundo Enrique Santiago, abogado español que asesora a las FARC.
El tipo de actividades de reparación pueden ser "un programa de
desarrollo agrícola, o de quitar minas, o de construcción de escuelas",
indicó.
Aunque no todos están de acuerdo con esta aproximación.
"Que el guerrillero raso no sea llevado a la cárcel es aceptable,
pero concederle esta indulgencia al cabecilla, responsable de atrocidades, es
mal ejemplo promotor de nuevas violencias", dijo, por ejemplo, el
expresidente Álvaro Uribe, uno de los más fieros críticos de las negociaciones
con las FARC.
"Es difícil imaginar que ésta fórmula de justicia transicional
supere un escrutinio riguroso en la Corte Constitucional colombiana o, en
última instancia, en la Corte Penal Internacional", dijo por su parte el
director ejecutivo de Human Rights Watch para América, José Miguel Vivanco.
Quién pondrá y supervisará las sanciones
Se prevé que haya un monitoreo internacional para verificar el
cumplimiento de todas las sanciones.
Además, según el comunicado que se leyó en La Habana, "el Estado
colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y
conexos".
Quienes sí sean sometidos a la Jurisdicción Especial para la Paz serán
indagados y procesados por un total de 35 jueces, divididos en siete salas y
tribunales.
Enrique Santiago le dijo a BBC Mundo que estima que el 80% de esos
jueces serán colombianos y el resto extranjeros, y que serán elegidos por una
comisión de selección acordada entre las partes.
Qué viene ahora
"No tenemos derecho a permitirnos otro fracaso", dijo
Francisco el pasado fin de semana en La Habana.
El apartado de justicia era uno de los más contenciosos de la agenda de
negociaciones entre el gobierno y las FARC.
Ahora faltan consensuar puntos sobre cómo será el proceso de dejación de
armas y cómo se garantizará la seguridad de los guerrilleros una vez que se
desarmen.
Finalmente, restará pasar por las instancias de refrendación,
implementación y verificación.
Santos dijo en La Habana: "La última palabra la tienen los
colombianos: serán ustedes, a través de la refrendación popular, quienes
decidan si aceptan los contenidos de este acuerdo".
También señaló que se acordó que las FARC comenzarán a dejar las armas
no más de 60 días después de firmado un acuerdo final.
"Nos acercamos a la paz, una paz que no será fácil", aclaró.
Los 10 puntos
Este es un resumen de los diez puntos del anuncio:
El gobierno de Colombia y las FARC reafirman su compromiso con los
acuerdos logrados hasta la fecha en materia de desarrollo agrario,
participación política y drogas ilícitas.
Reafirman su compromiso "con una fórmula de justicia que satisfaga
los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable
y duradera".
Acuerdan la creación de una "Jurisdicción Especial para la Paz, que
contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz", integrados
principalmente por magistrados colombianos, con una participación minoritaria
de extranjeros.
Tras el fin de las hostilidades, el Estado colombiano "otorgará la
amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos". Quedarán
fuera de la amnistía "los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los
graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u
otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la
desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia
sexual", que serán "objeto de investigación y juzgamiento por parte
de la Jurisdicción Especial para la Paz".
La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia sobre todos los
que "de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto
armado interno". Eso incluye a las FARC, agentes del Estado y civiles.
A quienes reconozcan verdad y responsabilidad "se les impondrá una
sentencia". Los que no lo hagan o lo hagan tardíamente, "enfrentarán
un juicio contradictorio ante el Tribunal".
Para quienes reconozcan responsabilidades "por los delitos
competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de
libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones
reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos,
obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las
víctimas". En el caso de quienes reconozcan delitos muy graves habrá una
sentencia de entre cinco y ocho años de "restricción efectiva de la
libertad, en condiciones especiales". Los que lo hagan en forma tardía
"serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones
ordinarias". Y quienes se nieguen a reconocer su responsabilidad y sean
hallados culpables serán condenados a hasta 20 años de prisión, en condiciones
ordinarias.
"Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la
Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a
las víctimas y garantizar la no repetición".
"En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral
estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60
días luego de la firma del Acuerdo Final".
"La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal
es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los
términos que se acuerden".
BBC Mundo
24 septiembre 2015
DOS
CORTE DE LA HAYA SE DECLARA COMPETENTE PARA TRATAR DISPUTA DE CHILE CON
BOLIVIA
BBC Mundo
Así eran las fronteras de
Bolivia y Chile
antes de la Guerra del
Pacífico. (Foto: Wikipedia)
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, se
pronunció, por 14 votos a 2, a favor de rechazar la objeción presentada por
Chile sobre la competencia de la corte en la disputa por el acceso al mar de
Bolivia.
En una declaración leída por el presidente de la Corte, Ronny Abraham,
la CIJ aseguró que el objeto del diferendo es saber si Chile tiene la
obligación de negociar en buena fe el acceso de Bolivia al Pacífico, y en tal
caso, si Chile la ha incumplido o no.
En la Plaza Murillo, de La Paz, estallaron las celebraciones al
conocerse que la Corte se había declarado competente para conocer la demanda
boliviana.
“La declaración de La Haya se interpreta, tanto en las calles de La Paz
como en las de Santiago, como un triunfo inicial para Bolivia, que pedía que la
Corte reconociera su derecho a negociar un acceso al mar con Chile”, explicó el
corresponsal de BBC Mundo en el Cono Sur, Ignacio de los Reyes.
“La contundencia de la votación en contra de la objeción chilena
sorprendió a los analistas de este país, aunque la verdadera cuestión de fondo
se analizará en la Corte más adelante”, recordó el periodista.
Entre los escenarios posibles estaba que la Corte aceptara lo que
alegaba Chile: que Bolivia estaba pidiendo erosionar un tratado existente y por
tanto no correspondía discutir este asunto en la CIJ.
También existía la posibilidad de que la CIJ dijera que necesitaba tener
más antecedentes y no se pronunciara todavía sobre su jurisdicción.
"Hicimos lo correcto"
La declaración fue seguida con atención en ambos países. En Chile, la
presidenta Michelle Bachelet la esperó desde el palacio de La Moneda.
"Estamos convencidos de que hicimos lo correcto al presentar esta
objeción preliminar”, dijo la presidenta chilena, Michelle Bachelet, tras la
lectura de la declaración.
"Este pronunciamiento de la Corte no afecta en nada nuestro
territorio. Bolivia no ha ganado nada", aseguró.
En Bolivia, que en los últimos meses había intensificado su propaganda y
ha hecho de la salida al mar una causa nacional, se engalanaron edificios
públicos aguardando un pronunciamiento favorable a su pedido.
Evo Morales dijo por su parte que éste "es un día histórico, será
inolvidable para los bolivianos, es importante para volver al Océano
Pacífico".
"El fallo de esta mañana da esperanza a Bolivia", aseguró.
"Esta injusticia no ha sido provocada por el pueblo chileno, sino
por poderes oligárquicos", añadió Morales.
Décadas de disputa
Bolivianos y chilenos llevan más de cien años debatiendo sobre un acceso
al océano que Bolivia perdió a manos de su vecino en la Guerra del Pacífico de
1879.
Después de la derrota militar que convirtió al país andino en el único
de América del Sur, además de Paraguay, que no tiene salida al mar, se han
sucedido las batallas entre ambos estados en los tribunales, en las
cancillerías y en los medios de comunicación.
Tras años de infructuosos diálogos diplomáticos, en abril de 2013 el
presidente Evo Morales presentó una demanda contra Chile ante la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya.
El gobierno de Michelle Bachelet impugnó la competencia de ese tribunal,
que ahora decidió que sí es competente para conocer el reclamo boliviano.
Redacción
BBC Mundo
24 septiembre 2015
-.o0o.-
COLECTIVO PERÚ INTEGRAL
26 de septiembre de 2015
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