Los pilares básicos de la versión del
gobierno mexicano sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en
Ayotzinapa han sido fuertemente cuestionados.
Los expertos independientes designados por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ponen en cuestión tres
elementos básicos de esta versión: la supuesta incineración de los cuerpos,
los motivos del crimen y el papel de policías militares y federales en el caso.
Este es un resumen de las principales conclusiones
del informe, de 550 páginas.
1-
La incineración
El Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) dice que no hay evidencias de que los estudiantes
fueran incinerados en un basurero.
"Ese evento tal y como ha sido descrito no
pasó", resumió el experto español Carlos Beristáin en conferencia de
prensa.
Según la Procuraduría General de la República
(PGR), los estudiantes fueron llevados por sicarios del grupo de
narcotraficantes Guerreros Unidos a un basurero, donde los asesinaron y
quemaron sus cadáveres.
Pero un peritaje independiente del experto peruano
José Torero, de la Universidad de Queensland (Australia) estableció que "no
existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a testimonios,
de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula".
De acuerdo con el experto, en los alrededores del
basurero no había combustibles suficientes para cremar cuerpos, "inclusive
uno".
Según el estudio de Torero, para incinerar 43
cuerpos se deberían haberse usado 30 toneladas de madera y el fuego tendría
que haber ardido por 60 horas, y no las alrededor de 12 que había dicho el
gobierno con base en la confesión de los inculpados.
Además, la llama habría alcanzado una altura de
siete metros y el humo 300, lo que habría llamado la atención de la gente de
localidades cercanas.
Por todo esto, "el GIEI se ha formado la
convicción de que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero
municipal de Cocula".
2-
Las motivaciones
Hasta ahora la versión oficial indicaba que los
estudiantes iban a entorpecer un acto del alcalde de Iguala y su esposa y que
fueron confundidos con miembros de Los Rojos, un grupo criminal rival de
Guerreros Unidos.
Pero los expertos dudan de esta versión y apuntan a
una causa muy distinta: el negocio de la heroína.
El GIEI obtuvo información de que en Iguala opera
una red de tráfico de heroína hacia Estados Unidos, que mueve sus cargamentos
en autobuses comerciales.
Los estudiantes tomaron varias unidades de la
central camionera la noche del 26 de septiembre y las agresiones en su contra
al parecer tenían la intención de impedir que las unidades abandonaran la
ciudad.
"El negocio que se mueve en la ciudad de
Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo
del ataque", establece el informe.
Una de las pistas en las que se apoyan los
investigadores es que, aunque el expediente del caso menciona que los autobuses
tomados por los estudiantes fueron cuatro, el testimonio de las víctimas
siempre mencionó a cinco.
En la averiguación de los expertos se determinó que
sí existió ese autobús, que los estudiantes tomaron sin permiso en las afueras
de Iguala.
El autobús pertenece a la empresa Costa Line. Al
inicio de la investigación fue incluido en el expediente, pero luego no se
volvió a mencionar su existencia.
Y cuando el GIEI solicitó a la empresa
transportista revisar esa unidad, la compañía presentó un autobús distinto.
Las autoridades no realizaron investigaciones sobre
ese autobús en particular.
Además, las "explicaciones posibles",
dicen, como "confusión con un grupo del narco o la delincuencia organizada
es inconsistente con el grado de conocimiento de las autoridades de los
hechos".
Los investigadores aseguran que la hipótesis
"más consistente" de la violencia desatada contra los estudiantes es
que la acción de tomar autobuses por parte de los normalistas "podría
haberse cruzado con dicha existencia de drogas ilícitas (o dinero) en uno de
los autobuses".
"Esta línea de investigación no se ha
explorado hasta ahora", aseguran los expertos.
El quinto autobús, dicen, "podría ser un
elemento clave para explicar los hechos".
3-
El papel de las fuerzas de seguridad federales
Desde la tarde del 26 de septiembre, cuando los
estudiantes salieron de su escuela, sus movimientos fueron monitoreados por
policías federales y militares, que fueron una presencia constante.
Testimonios recabados por los investigadores
refieren que hubo agentes de inteligencia del Ejército en al menos dos de
los escenarios donde los estudiantes que luego desaparecieron fueron
detenidos por policías municipales.
También existen testimonios de que uno de los autobuses
de donde se llevaron a parte de estos jóvenes fue detenido por policías
federales.
Además, un grupo de soldados interrogó a
estudiantes que llevaron a un compañero herido a una clínica particular.
Los expertos de la CIDH solicitaron hablar con integrantes
del 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Es el grupo militar asignado a Iguala y sus
alrededores. El gobierno mexicano no permitió los interrogatorios.
Hasta ahora, el papel de policías federales y
militares en las escenas de los ataques y desapariciones no ha sido investigado
por completo.
"El nivel de intervención de diferentes
policías y escenarios (...) da cuenta de la coordinación y mando existente
para llevar a cabo dicha acción. La necesidad operativa de coordinación
entre fuerzas de dos cuerpos policiales municipales diferentes (...) que
intervinieron esa noche señalan la necesidad de un nivel de coordinación
central que dio las órdenes", se asegura en el informe.
"No hubo un uso adecuado, necesario, racional,
ni proporcionado de la fuerza", dicen los investigadores, "todo ello
supone que la acción de los perpetradores estuvo motivada por lo que se
consideró una acción llevada a cabo por los normalistas contra intereses de
alto nivel".
Fuente: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150907_puntos_clave_informe_expertos_ayotzinapa_ac
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