I
AGRICULTURA MEXICANA: BODEGAS LLENAS, BOLSILLOS VACÍOS
Víctor M. Quintana S.
ALAI AMLATINA, 30/10/2015.- Hasta los mismos puentes de la frontera con los Estados Unidos llegaron este lunes los indignados agricultores mexicanos. Durante diez horas bloquearon el carril de importaciones del puente internacional Córdova-Américas que une las ciudades de El Paso, Texas, con Ciudad Juárez, en México. A diferencia de otros años, éste, los agricultores no se plantaron frente a la Cámara de Diputados para lograr incrementos en el Programa Especial Concurrente (PEC), es decir, todos los rubros del Presupuesto de Ingresos de la Federación destinados al campo. Por más que el PEC aumente, también aumentan las dificultades y penurias de los productores. Porque el presupuesto sólo es el punto de llegada de la política económica y agroalimentaria del régimen que lleva a la agricultura mexicana a la catástrofe.
Tan mala es dicha política que ahora los productores se encuentran en una terrible situación: sus bodegas están llenas, pero sus bolsillos están vacíos. Han incrementado su productividad, pero los costos de producción los están devorando, además de las pésimas políticas comerciales de un gobierno que gira todo en torno al modelo económico neoliberal que sigue de fracaso en fracaso.
Esta situación, ya insostenible, es la que llevó a cientos de agricultores a manifestarse en el norte de México, tanto en el puente internacional, como en varias carreteras. Buscan a manifestar su inconformidad con la manera como el Gobierno Federal conduce el sector productor de alimentos. De la urgencia y de la amplitud de la problemática hablan los numerosos grupos que ahí se dieron cita: maiceros, frijoleros, manzaneros, algodoneros, chileros, lecheros, transportistas.
El principal motivo y a la vez principal demanda de la movilización de agricultores, sobre todo medianos, es que el Gobierno Federal detenga la espiral alcista de los costos de producción para la agricultura nacional que está golpeando fuerte diversos sistema- producto. El núcleo duro de los incrementos está en los energéticos. Las cifras que dan los productores son por demás contundentes:
El diésel agrícola en Estados Unidos cuesta el equivalente a 5 pesos mexicanos el litro; mientras que en México, 14 pesos con treinta centavos. Los fertilizantes, de acuerdo al Banco Mundial cuestan 200 dólares menos la tonelada en el mercado internacional que en nuestro país.
Comparan los precios actuales con los del año 2002: en ese entonces, con el barril de petróleo a 50 dólares, los agricultores le pagaban a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 25 centavos por kilowatt/hora de energía para riego agrícola; el diésel costaba cinco pesos el litro y la gasolina, siete pesos. Hoy, con el precio del barril de petróleo apenas llegando a 39 dólares, la CFE cobra el kilowatt/hora a 52 centavos, el doble que hace 13 años, el precio del diésel se ha elevado en más de un 180 por ciento y el de la gasolina , en casi un 100%.
No sólo es el desproporcionado incremento de los energéticos, también afecta a los productores nacionales, orientados al mercado interno, la devaluación del tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar. Hay que tomar en cuenta que una buena parte de las semillas mejoradas tienen que importarse pues la estructura nacional para producirlas la desmantelaron los neoliberales. Ahora con mismo dinero los agricultores adquieren una cuarta parte menos de las semillas, de los fertilizantes y de los agroquímicos que podían adquirir hace un año. Lo mismo sucede con las refacciones y los implementos agrícolas que tienen que reponer.
A la escalada ascendente de los costos de producción hay que agregar la persistente tendencia a la baja de los precio internacionales de las “commodities”, es decir, los productos agrícolas y las materias primas, que es otra puñalada más a la economía de los productores.
Por si fuera poco, ASERCA la instancia gubernamental que se dedica a la fijación de precios de referencia, de subsidiar la comercialización de alimentos básicos, se encuentra muy retrasada en el pago de subsidios tanto a productores como a comercializadores. Tan sólo en el granero del país, el estado de Sinaloa los maiceros reclaman se les cubran cinco mil millones de pesos (unos trescientos millones de dólares), que se les deben por sus cosechas. En Chihuahua el Gobierno Federal adeuda un total de mil 634 millones de pesos (unos cien millones de dólares), por coberturas de maíz, frijol, algodón, trigo y sorgo y apoyos a productores y a empresas comercializadoras.
Toda esta política de costos de producción revela que la Secretaría de Agricultura del gobierno mexicano no es más que una dependencia de la Secretaría de Hacienda, pues la lógica que prevalece no es la de producir más y mejores alimentos para el Pueblo de México, sino la de las exigencias tecnocráticas y financieras de quien maneja la política económica del país.
Está sucediendo lo que a mediados de los años sesenta: el sector agropecuario mexicano se encuentra exangüe de tanto transferir valor a otros sectores de la economía nacional. Está demostrando su gran capacidad productiva, pero a pesar de ello, enfrenta un serio proceso de descapitalización, en primer lugar, por la escalada de costos de producción en segundo, por la equivocada política de precios y subsidios, y en tercero, por la integración económica internacional subordinada promovida del Gobierno Federal. La negociación del Acuerdo Transpacífico a espaldas de los productores del sector agroalimentario vendrá a impactar muy negativamente la producción nacional de alimentos básicos y generará aún más desempleo en el sector. Ya se avizoran graves afectaciones para los productores de leche, azúcar, café y manzana, entre otros.
Así, las políticas librecambistas y neoliberales de quienes detentan el poder político y de las trasnacionales del agronegocio apuntan directamente a desmantelar el aparato productivo de alimentos y materias primas de México, para hacerlo todavía más dependiente de las importaciones tasadas con un dólar caro y compradas con un petróleo muy barato. Ya compramos al extranjero más del 40% de lo que nos comemos. El camino al colapso.
- Víctor M. Quintana S. es asesor del Frente Democrático Campesino de Chihuahua e investigador/profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
URL de este artículo: http://www.alainet.org/es/articulo/173331
ALAI AMLATINA, 30/10/2015.- Hasta los mismos puentes de la frontera con los Estados Unidos llegaron este lunes los indignados agricultores mexicanos. Durante diez horas bloquearon el carril de importaciones del puente internacional Córdova-Américas que une las ciudades de El Paso, Texas, con Ciudad Juárez, en México. A diferencia de otros años, éste, los agricultores no se plantaron frente a la Cámara de Diputados para lograr incrementos en el Programa Especial Concurrente (PEC), es decir, todos los rubros del Presupuesto de Ingresos de la Federación destinados al campo. Por más que el PEC aumente, también aumentan las dificultades y penurias de los productores. Porque el presupuesto sólo es el punto de llegada de la política económica y agroalimentaria del régimen que lleva a la agricultura mexicana a la catástrofe.
Tan mala es dicha política que ahora los productores se encuentran en una terrible situación: sus bodegas están llenas, pero sus bolsillos están vacíos. Han incrementado su productividad, pero los costos de producción los están devorando, además de las pésimas políticas comerciales de un gobierno que gira todo en torno al modelo económico neoliberal que sigue de fracaso en fracaso.
Esta situación, ya insostenible, es la que llevó a cientos de agricultores a manifestarse en el norte de México, tanto en el puente internacional, como en varias carreteras. Buscan a manifestar su inconformidad con la manera como el Gobierno Federal conduce el sector productor de alimentos. De la urgencia y de la amplitud de la problemática hablan los numerosos grupos que ahí se dieron cita: maiceros, frijoleros, manzaneros, algodoneros, chileros, lecheros, transportistas.
El principal motivo y a la vez principal demanda de la movilización de agricultores, sobre todo medianos, es que el Gobierno Federal detenga la espiral alcista de los costos de producción para la agricultura nacional que está golpeando fuerte diversos sistema- producto. El núcleo duro de los incrementos está en los energéticos. Las cifras que dan los productores son por demás contundentes:
El diésel agrícola en Estados Unidos cuesta el equivalente a 5 pesos mexicanos el litro; mientras que en México, 14 pesos con treinta centavos. Los fertilizantes, de acuerdo al Banco Mundial cuestan 200 dólares menos la tonelada en el mercado internacional que en nuestro país.
Comparan los precios actuales con los del año 2002: en ese entonces, con el barril de petróleo a 50 dólares, los agricultores le pagaban a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 25 centavos por kilowatt/hora de energía para riego agrícola; el diésel costaba cinco pesos el litro y la gasolina, siete pesos. Hoy, con el precio del barril de petróleo apenas llegando a 39 dólares, la CFE cobra el kilowatt/hora a 52 centavos, el doble que hace 13 años, el precio del diésel se ha elevado en más de un 180 por ciento y el de la gasolina , en casi un 100%.
No sólo es el desproporcionado incremento de los energéticos, también afecta a los productores nacionales, orientados al mercado interno, la devaluación del tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar. Hay que tomar en cuenta que una buena parte de las semillas mejoradas tienen que importarse pues la estructura nacional para producirlas la desmantelaron los neoliberales. Ahora con mismo dinero los agricultores adquieren una cuarta parte menos de las semillas, de los fertilizantes y de los agroquímicos que podían adquirir hace un año. Lo mismo sucede con las refacciones y los implementos agrícolas que tienen que reponer.
A la escalada ascendente de los costos de producción hay que agregar la persistente tendencia a la baja de los precio internacionales de las “commodities”, es decir, los productos agrícolas y las materias primas, que es otra puñalada más a la economía de los productores.
Por si fuera poco, ASERCA la instancia gubernamental que se dedica a la fijación de precios de referencia, de subsidiar la comercialización de alimentos básicos, se encuentra muy retrasada en el pago de subsidios tanto a productores como a comercializadores. Tan sólo en el granero del país, el estado de Sinaloa los maiceros reclaman se les cubran cinco mil millones de pesos (unos trescientos millones de dólares), que se les deben por sus cosechas. En Chihuahua el Gobierno Federal adeuda un total de mil 634 millones de pesos (unos cien millones de dólares), por coberturas de maíz, frijol, algodón, trigo y sorgo y apoyos a productores y a empresas comercializadoras.
Toda esta política de costos de producción revela que la Secretaría de Agricultura del gobierno mexicano no es más que una dependencia de la Secretaría de Hacienda, pues la lógica que prevalece no es la de producir más y mejores alimentos para el Pueblo de México, sino la de las exigencias tecnocráticas y financieras de quien maneja la política económica del país.
Está sucediendo lo que a mediados de los años sesenta: el sector agropecuario mexicano se encuentra exangüe de tanto transferir valor a otros sectores de la economía nacional. Está demostrando su gran capacidad productiva, pero a pesar de ello, enfrenta un serio proceso de descapitalización, en primer lugar, por la escalada de costos de producción en segundo, por la equivocada política de precios y subsidios, y en tercero, por la integración económica internacional subordinada promovida del Gobierno Federal. La negociación del Acuerdo Transpacífico a espaldas de los productores del sector agroalimentario vendrá a impactar muy negativamente la producción nacional de alimentos básicos y generará aún más desempleo en el sector. Ya se avizoran graves afectaciones para los productores de leche, azúcar, café y manzana, entre otros.
Así, las políticas librecambistas y neoliberales de quienes detentan el poder político y de las trasnacionales del agronegocio apuntan directamente a desmantelar el aparato productivo de alimentos y materias primas de México, para hacerlo todavía más dependiente de las importaciones tasadas con un dólar caro y compradas con un petróleo muy barato. Ya compramos al extranjero más del 40% de lo que nos comemos. El camino al colapso.
- Víctor M. Quintana S. es asesor del Frente Democrático Campesino de Chihuahua e investigador/profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
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II
CÓMO
FABRICAR UNA CRISIS ALIMENTARIA GLOBAL: LECCIONES DEL BM, EL FMI Y LA OMC
Por Walden Bello
El aumento global en los precios de los alimentos no es sólo
la consecuencia de utilizar productos agrícolas para convertirlos en
agrocombustibles, si no de las políticas del “libre mercado” promovidas por las
instituciones financieras
internacionales. Ahora las organizaciones campesinas están liderando la
oposición a la industria agrícola capitalista.
Cómo el “mercado libre” está destruyendo la agricultura en el
Tercer mundo y quién lo está combatiendo
El aumento global en los precios de los alimentos no es sólo
la consecuencia de utilizar productos agrícolas para convertirlos en
agrocombustibles, si no de las políticas del “libre mercado” promovidas por las
instituciones financieras
internacionales. Ahora las organizaciones campesinas están liderando la
oposición a la industria agrícola capitalista.
Cuando cientos de miles de personas se manifestaron
en México el año pasado
contra un incremento del 60% en el precio de las tortillas, muchos analistas
culparon a los biocombustibles.
A causa de los subsidios del gobierno estadounidense, los granjeros de ese país
dedicaban más hectáreas al maíz para etanol que para
alimento, lo cual disparó los precios. Esta desviación del uso del maíz fue sin
duda una causa del aumento de los precios, aunque probablemente la especulación
de intermediarios con la demanda de los biocombustibles tuvo una mayor
influencia. Sin embargo, a muchos se les escapó una pregunta interesante: ¿cómo
es que los mexicanos, que viven en la tierra donde se domesticó el maíz, han
llegado a depender del grano estadounidense?
La erosión de la agricultura
mexicana
No puede entenderse la crisis
alimentaria mexicana sin considerar que en los años anteriores a la crisis
de la tortilla, la patria del maíz fue convertida en una
economía importadora de ese grano por las políticas de “libre mercado”
promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y
Washington. El proceso comenzó con la crisis de la deuda de principios de la
década de los 80s. México, uno de los dos
mayores deudores del mundo en vías de desarrollo, fue obligado a suplicar
dinero al Banco y al FMI para pagar el servicio de su deuda con los bancos
comerciales internacionales. El precio de un rescate fue lo que un miembro del
consejo ejecutivo del BM describió como “intervencionismo sin precedente”,
diseñado para eliminar aranceles, reglamentaciones estatales e instituciones
gubernamentales de apoyo, que la doctrina neoliberal identificaba como barreras
a la eficiencia económica.
El pago de intereses se elevó del 19 por ciento del
gasto federal total en 1982 al 57 por ciento en 1988, en tanto el gasto de
capital se derrumbó del 19.3 al 4.4 por ciento. La reducción del gasto
gubernamental se tradujo en el desmantelamiento del crédito estatal, de los
insumos agrícolas subsidiados por el gobierno, los apoyos al precio, los
consejos estatales de comercialización y los servicios de extensión.
Este golpe a la agricultura
campesina fue seguido por uno aún mayor en 1994, cuando entró en vigor el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Aunque dicho tratado
consideraba una prórroga de 15 años a la protección de productos agrícolas,
entre ellos el maíz, pronto comenzó a
fluir maíz estadounidense altamente subsidiado, lo cual redujo los precios a la
mitad y hundió al sector maicero en una crisis crónica. En gran medida a causa
de ese acuerdo, México se ha consolidado
como importador neto de alimentos.
Con el cierre de la entidad gubernamental
comercializadora de maíz, la distribución de
importaciones maiceras de Estados Unidos y del grano nacional ha sido
monopolizada por unas cuantas empresas trasnacionales, como Cargill. Eso les ha
dado un tremendo poder para especular con las tendencias del mercado, de modo
que pueden manipular y magnificar los movimientos de demanda de biocombustibles
tantas veces como quieran. Al mismo tiempo, el control monopólico del comercio
interior ha asegurado que un aumento en los precios internacionales del maíz no
se traduzca en pagar precios significativamente más altos a los pequeños
productores.
Cada vez resulta más difícil a los productores
mexicanos de maíz eludir el destino de muchos otros pequeños productores en
sectores como arroz, carne de res, pollo y cerdo, quienes se han venido abajo
por las ventajas concedidas por el TLCAN a los productos subsidiados
estadounidenses. Según un informe del Fondo Carnegie de 2003, las importaciones
agrícolas de EEUU han dejado sin trabajo a 1.3 millones de campesinos, muchos
de los cuales han emigrado al país del norte.
Las perspectivas no son buenas, pues el gobierno
mexicano continúa en manos de neoliberales que desmantelan sistemáticamente el
sistema de apoyo al campesinado, un legado clave de la Revolución Mejicana.
Como dice el director ejecutivo de Food First, Eric Holt- Jiménez, “Llevará
tiempo y esfuerzo para recuperar la capacidad de los pequeños agricultores y no
parece que haya ningún deseo político para esto- sin olvidar el hecho que NAFTA
debe ser renegociada”.
Creación de la crisis del arroz en Filipinas
Que la crisis global de alimentos se origina
en la reestructuración de la agricultura por el
libre mercado resulta más claro en el caso del arroz. A diferencia del maíz,
menos del 10 por ciento de la producción mundial de arroz se comercializa.
Además, en el arroz no ha habido desviación del consumo hacia los biocombustibles.
Sin embargo, sólo en este año los precios se han triplicado, de 380 dólares por
tonelada en enero a más de mil dólares en abril. Sin duda, la inflación deriva
en parte de la especulación de los cárteles mayoristas en una época de
existencias escasas. Sin embargo, el mayor misterio es por qué varios países
consumidores de arroz que eran autosuficientes se han vuelto severamente
dependientes de las importaciones.
Filipinas ofrece un triste ejemplo de cómo la
reestructuración económica neoliberal transforma un país de ser exportador neto
a importador neto de alimentos. Ahora es el mayor importador mundial de arroz.
El esfuerzo de Manila por asegurarse provisiones a cualquier precio se ha
convertido en primera página en los medios de comunicación, y las fotos de
soldados que protegen la distribución del cereal en las comunidades pobres se
han vuelto emblemáticas de la crisis global.
Los trazos generales de la historia de Filipinas
son similares a los de México. El dictador
Ferdinand Marcos fue culpable de muchos crímenes y malos manejos, entre ellos
no llevar adelante la reforma agraria, pero no se le puede acusar de privar al
sector agrícola de fondos gubernamentales. Para paliar el descontento de los
campesinos, el régimen les otorgó fertilizantes y semillas subsidiadas, impulsó
mecanismos de crédito y construyó infraestructura rural. Durante los 14 años de
su dictadura, sólo en uno, 1973, se tuvo que importar arroz debido al extenso
daño causado por los tifones. Cuando Marcos huyó del país, en 1986, había 900
mil toneladas métricas de arroz en los almacenes del gobierno.
Paradójicamente, durante los siguientes años de
gobierno democrático se redujo la capacidad de inversión gubernamental. El BM y
el FMI, actuando a favor de acreedores internacionales, presionaron al gobierno
de Corazón Aquino para que diera prioridad al pago de la deuda externa, que
ascendía a 26 mil millones de dólares. Aquino accedió, aunque los economistas
de su país le advirtieron que sería “inútil buscar un programa de recuperación
que sea consistente con el pago de la deuda fijada por nuestros acreedores”.
Entre 1986 y 1993, entre el 8 y el 10 por ciento
del PIB salió de Filipinas cada año en pagos del servicio de la deuda. Los
pagos de intereses en proporción al gasto gubernamental se elevaron del 7 por
ciento en 1980 al 28 por ciento en 1994; los gastos de capital cayeron del 26
al 16 por ciento. En poco tiempo, el servicio de la deuda se volvió la
prioridad del presupuesto nacional.
El gasto en agricultura cayó a menos de la mitad.
El BM y sus acólitos locales no se preocupaban, porque un propósito del
apretamiento del cinturón era dejar que el sector privado invirtiera en el
campo. Pero la capacidad agrícola se erosionó con rapidez, los sistemas de
riego se estancaron, y hacia finales de la década de los 90s sólo el 19 por
ciento de la red de carreteras del país estaba pavimentada, contra el 82% en
Tailandia y el 75% en Malasia. Las cosechas eran pobres en general; el
rendimiento promedio de arroz era de 2.8 toneladas por hectárea, muy por debajo
de las de China, Vietnam y Tailandia, donde los gobiernos promovían activamente
la producción rural. La reforma agraria languideció en la era posterior a
Marcos, despojada de fondos para servicios de apoyo, que habían sido la clave
para las exitosas reformas de Taiwán y Corea del Sur.
Como en México, los campesinos filipinos padecieron
la retirada a gran escala del Estado como proveedor de apoyo. Y el recorte en
programas agrícolas fue seguido por la liberalización comercial; la entrada de
Filipinas en la Organización Mundial de Comercio (OMC) tuvo igual efecto que la
firma del TLCAN para México. La entrada en la OMC requería eliminar cuotas en
las importaciones agrícolas excepto el arroz, y permitir que cierta cantidad de
cada producto ingresara con bajos aranceles. Si bien se permitió al país
mantener una cuota en importaciones de arroz, tuvo que admitir el equivalente
entre el 1 y el 4 por ciento del consumo doméstico en los 10 años siguientes.
De hecho, a causa del debilitamiento de la producción derivada de la falta de
apoyo oficial, el gobierno importó mucho más que eso para compensar una posible
escasez. Esas importaciones, que se elevaron de 263 mil toneladas en 1995 y a
2.1 millones en 1998, hundieron el precio del cereal, lo cual desalentó a los
productores y mantuvo la producción a una tasa muy inferior a la de los dos
principales proveedores del país, Tailandia y Vietnam.
Las consecuencias del ingreso de Filipinas en la OMC
barrieron con el resto de la agricultura como un tifón. Ante la invasión de
importaciones baratas de maíz, los campesinos redujeron la tierra dedicada a
ese cultivo de 3.1 millones de hectáreas en 1993 a 2.5 millones en 2000. La
importación masiva de partes de pollo casi acabó con esa industria, mientras
que el aumento de importaciones desestabilizó las de aves de corral, cerdo y
vegetales.
Los economistas del gobierno prometieron que las
pérdidas en maíz y otros cultivos tradicionales serían más que compensadas por
la nueva industria exportadora de cultivos “de alto valor agregado” como
flores, espárragos y brócoli. Poco de eso se materializó. El empleo agrícola
cayó de 11.2 millones en 1994 a 10.8 millones en 2001.
El doble golpe del ajuste impuesto por el FMI y la
liberalización comercial impuesta por la OMC hizo que una economía agrícola en
buena medida autosuficiente se volviera dependiente de las importaciones y
marginó constantemente a los agricultores. Fue un proceso cuyo dolor fue
descrito por un negociador del gobierno filipino durante una sesión de la OMC
en Ginebra: “Nuestros pequeños productores agrícolas son masacrados por la
brutal injusticia del entorno del comercio internacional”.
La gran transformación
La experiencia de México y Filipinas se reprodujo
en un país tras otro, sujetos a los manejos del FMI y la OMC. Un estudio de la
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en
14 países descubrió que los niveles de importaciones agrícolas en 1995-98
excedieron los de 1990-94. No era sorprendente, puesto que uno de los
principales objetivos del acuerdo agrícola de la OMC era abrir mercados en
países en vías de desarrollo para que absorbieran la producción excedente del
norte.
Los apóstoles del libre mercado y los defensores
del dumping parecieran estar en extremos opuestos del espectro, pero las
políticas que propugnan producen el mismo resultado: una agricultura
capitalista industrial globalizada. Los países en desarrollo se integran en un
sistema en el que la producción de carne y grano para exportación está dominada
por grandes granjas industrializadas como las manejadas por la trasnacional
tailandesa CP, en las que la tecnología es mejorada continuamente por avances
en ingeniería genética de firmas como Monsanto. Y la eliminación de barreras
tarifarias y no tarifarias facilita un supermercado agrícola global de
consumidores de elite y clase media, atendidos por corporaciones
comercializadoras de granos como Cargill y Archer Daniels Midland, y minoristas
trasnacionales de alimentos como la británica Tesco y la francesa Carrefour.
No se trata sólo de la erosión de la
autosuficiencia alimentaria nacional o de la seguridad alimentaria, sino de lo
que la africanista Deborah Bryce-son, de Oxford, llama la “descampesinación”,
es decir, la supresión de un modo de producción para hacer del campo un sitio
más apropiado para la acumulación intensiva de capital. Esta transformación es
traumática para cientos de millones de personas, pues la producción campesina
no es sólo una actividad económica: es un modo de vida milenario, una cultura,
lo cual es una razón de que en India los campesinos desplazados o marginados
hayan recurrido al suicidio. Se calcula que unos 15 mil campesinos indios han
acabado con su vida. El derrumbe de precios por la liberalización comercial y
la pérdida de control sobre las semillas ante las empresas de biotecnología son
parte de un problema integral, señala Vandana Shiva, activista por la justicia
global: “En la globalización, el campesino o campesina pierde su identidad
social, cultural y económica de productor. Ahora un campesino es ‘consumidor’
de semillas y químicos caros que venden las poderosas corporaciones
trasnacionales por medio de poderosos latifundistas y prestamistas locales”.
Agricultura Africana: desde la complacencia al
desafío
La descampesinación se encuentra en un estado
avanzado en Latinoamérica y en Asia. Si el BM se sale con la suya, África
seguirá el mismo camino. Cómo Bryceson y sus colegas afirman correctamente en
un artículo reciente, The World Development Report 2008, con amplia información
sobre la agricultura en África, es prácticamente un plan para la transformación
de la agricultura continental en una agricultura a gran escala comercial. Pero
como en muchos otros lugares, la gente esta pasando de un resentimiento a un
completo desafío.
En el tiempo de la descolonización en los 60s,
África era un exportador neto de alimentos. Hoy el continente importa el 25% de
su comida; casi todos los países son importadores netos. El hambre y la falta
de alimentos están al orden del día, con emergencias de alimentos durante los
tres últimos años en el Cuerno de África, el Sahel, el sur y el África Central.
La agricultura en África está en una profunda
crisis, las causas van desde las guerras a los gobiernos, la falta de
tecnología agrícola y el aumento del sida. Como en México y Filipinas una gran
parte de la explicación es el abandono de los controles de los gobiernos y los
mecanismos de ayudas que bajo el ajuste estructural impuesto por el FMI y el BM
como el precio a pagar para la asistencia en pagar la deuda externa.
Los ajustes estructurales trajeron un decline en la
inversión, aumentaron el desempleo, reducción del gasto social, reducción del
consumo y baja producción. El aumento de los precios de los fertilizantes y al
mismo tiempo la reducción de los sistemas de créditos agrícolas lo único que
hizo fue reducir el uso de fertilizantes, el tamaño de las cosechas y la
reducción de la inversión. La realidad rehusó confrontarse a las expectativas
doctrinales de que el estado allanaría el camino para que el mercado dinamizara
la agricultura.
En lugar de ello, el sector privado que vio que la
reducción en el gasto del estado crearía más riesgos, no cubrieron el desfase.
País tras país, la salida del estado “lleno” en lugar de “vaciar” la inversión
privada. Donde el sector privado sustituyó al público, según un informe de
OXFAM “A menudo lo han hecho en unos términos muy desfavorables para los
granjeros pobres, dejando a estos con más inseguridad alimentaria, y a los
gobiernos a depender de unas ayudas internacionales poco predecibles.” El
sector económico, normalmente a favor del sector privado, estuvo de acuerdo,
admitiendo que “muchas de las empresas privadas que vinieron a reemplazar a los
investigadores estatales resultaron ser monopolistas en busca de dinero.”
El apoyo que recibieron los gobiernos fue
canalizado por el Banco Mundial para la exportación de los productos agrícolas
para generar divisa extranjera, la que necesitan los estados para pagar su
deuda. Pero como en la hambruna en Etiopia en los años 80, este llevo a que la
mejor tierra agrícola se dedicase a la exportación forzando a mover las
cosechas para la alimentación a tierras menos favorables, lo que aumento la inseguridad
alimentaria, además las indicaciones del BM a varias economías para que se
centraran en el mismo tipo de productos para la exportación a menudo llevo a
una sobreproducción, lo que hizo que los precios bajasen en los mercados
internacionales. Por ejemplo el éxito de Ghana en la expansión del cultivo de
cacao llevo a una bajada del precio del 48% entre 1986 y 1989. En 2002-03 la
caída en el precio del café contribuyó a otra emergencia de alimentos en
Etiopia.
Como en México y Filipinas, los ajustes estructurales
en África no fueron sólo sobre la falta de inversión sino de la des-inversión
de los gobiernos. Hubo otra diferencia importante, en África el FMI y el BM
administraron a pequeña escala, tomando decisiones sobre la velocidad en que
los subsidios se terminaban, cuantos funcionarios debían ser despedidos e
incluso en el caso de Malawi, que cantidad de reservas de grano se venderían y
a quien debían ser vendidas. O sea que los procónsules residentes del BM y del
FMI llegaron hasta las entrañas de cómo el estado manejaba la economía agrícola
para quedarse con todo.
Mezclando el impacto negativo del ajuste con las
injustas practicas de comercio de EEUU y de UE. La liberación permitió que la
carne de vacuno subvencionada de la UE llevase a muchos ganaderos del Oeste y
el Sur de África a la ruina. Con los subsidios legitimados por la OMC, el
algodón procedente de EEUU inundó los mercados con unos precios de entre el 20
y el 55% del coste de producción, por lo que llevaron a la bancarrota a los
productores africanos.
Según OXFAM el número de subsaharianos viviendo con
menos de 1 dólar diario casi se dobló entre 1981 y 2001 alcanzando los 313
millones, un 46% de la población. El papel que jugó el ajuste estructural es
innegable. Como admitió el principal economista del BM para África, “No
pensamos que el coste humano de esos programas seria tan grande, y que las
ganancias económicas tardasen tanto en llegar”.
Malawi es un ejemplo representativo de la tragedia
africana propagada por el FMI y el BM. En 1999 el gobierno de Malawi inició un
programa para dar a cada pequeño negocio familiar un paquete con fertilizantes
y semillas gratuitamente. El resultado: excedente nacional de maíz. Lo que vino
después es una historia que debe ser encumbrada como un estudio clásico de uno
de los grandes errores de la economía neoliberal.
EL BM y otros donantes de ayuda forzaron la
disminución y eventualmente el abandono del programa, diciendo que el subsidio
distorsionaba los mercados. Sin los paquetes gratuitos, la producción cayó. Al
mismo tiempo el FMI insistió al gobierno a que vendiera una gran parte de sus
reservas de grano para permitir que la agencia de la reserva de alimentos
pagase la deuda. El gobierno cumplió. Cuando la crisis
alimentaria se convirtió en hambruna en 2001-02, las reservas eran
prácticamente inexistentes. Unas 1.500 personas murieron. El FMI no se
arrepintió, de hecho, suspendió los pagos de un programa de ajuste aludiendo
que “el sector paraestatal continuaría siendo un riesgo para la exitosa
implementación del presupuesto de 2002/03. Las intervenciones del gobierno en
la agricultura y otros mercados alimentarios están socavando otras inversiones
más productivas”.
Pero otra crisis
alimentaria aún peor se gestó en 2005, el gobierno había tenido bastante
con la estupidez del FMI y del BM. Un nuevo presidente reintrodujo el subsidio
para los fertilizantes, permitiendo que 2 millones de familias lo comprasen a
un tercio del precio de mercado y las semillas también con descuentos. El
resultado: aumento espectacular de las cosechas durante dos años, un excedente
de 1 millón de toneladas de maíz y el país se transformó en un exportador de
maíz a todo el cono sur de África.
El desafío de Malawi al BM podría haber sido un
acto de resistencia heroica pero inútil hace una década. El medioambiente hoy
es diferente, desde que los ajustes estructurales han sido desacreditados en
toda África. Incluso algunos gobiernos donantes y ONGs que lo apoyaban se han
distanciado del Banco. Puede que la motivación es prevenir su perdida de
influencia en el Continente por asociarse con unas políticas fracasadas y con
unas instituciones impopulares cuando la ayuda de China está emergiendo como
una alternativa a los programas de ayudas del BM, FMI y los gobiernos
occidentales.
Soberanía Alimentaria: ¿el paradigma de una
alternativa?
No es solamente el desafío de gobiernos como el de
Malawi y la disidencia de sus aliados lo que esta socavando al FMI y al BM.
Organizaciones campesinas de todo el mundo, cada vez más militantes en resistir
la globalización de la agricultura industrial. De hecho, es por la presión de
grupos de agricultores que los gobiernos del Sur han rechazado conceder mayor
acceso a sus mercados agrícolas y demandando el fin de los subsidios agrícolas
en los EEUU y en la UE, lo que llevo a la Ronda de Doha de la OMC al fracaso.
Los grupos de agricultores han creado redes
internacionales; uno de los movimientos más dinámicos es Vía Campesina. Ellos
no solo buscan “echar a la OMC de la agricultura”, oponerse al paradigma de una
agricultura industrial capitalista; también proponen una soberanía alimentaria
alternativa. Esto significa en primer lugar el derecho de los países a
determinar su producción y su consumo de alimentos y la liberación de la
agricultura de los regimenes de comercio global como la OMC. También significa
la consolidación de la agricultura a pequeña escala con la protección del
mercado interior de los productos importados baratos; precios remunerativos
para agricultores y pescadores: abolición de todos los subsidios directos e
indirectos a la exportación; y el fin de los subsidios domésticos que promuevan
un tipo de agricultura insostenible. Vía Campesina también pide el final de los
derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (TRIPs) que
permite a las corporaciones patentar las semillas; se oponen a la
agro-tecnología basada en la ingeniería genética; y demanda una reforma del
campo. Como contraste a un monocultivo integrado global, ofrecen la visión de
una economía tradicional agrícola compuesta de diversas economías nacionales
agrícolas comerciando entre ellas pero centradas principalmente en la
producción domestica.
Una vez fueron considerados como una reliquia de la
era pre-industrial, los campesinos están liderando la oposición a una
agricultura industrial capitalista que los relegó a la papelera de la historia.
Se han convertido en lo que Karl Marx describía como una “clase en si misma”
con conciencia política contradiciendo sus predicciones sobre su fin. Con la
crisis de alimentos global, se están posicionando en el primer plano y tienen
aliados y gente que los apoya. Los campesinos rehúsan ir dócilmente a esa buena
noche y combaten la descampesinación, los acontecimientos en el siglo XXI están
mostrando que la panacea de una agricultura industrial capitalista es una
pesadilla. Con las crisis medioambientales multiplicándose, las disfunciones
sociales de la vida urbana-industrial apilándose y la agricultura
industrializada creando una mayor inseguridad alimentaria, el movimiento de los
agricultores cada vez está ganando relevancia no solo en los agricultores sino
en todos los que se encuentran amenazados por las consecuencias catastróficas
de la visión global del capital de una organización de la producción, la
comunidad y la vida en si misma. www.ecoportal.net
* Walden Bello , miembro del Transnational
Institute, es presidente de Freedom from Debt Coalition, profesor de sociología
en la Universidad de Filipinas en Diliman y analista senior en Focus on the
Global South. Este artículo aparece publicado en la edición de 2 junio 2008 de
The Nation (Nueva York) Traducción de Félix Nieto para Globalízate. http://www.globalizate.org/bello020608.html
Artículo completo:
http://www.focusweb.org/from-the-world-bank-imf-an.html?Itemid=159
http://www.focusweb.org/from-the-world-bank-imf-an.html?Itemid=159
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