07-10-2015
Las ramificaciones
Una vez hecha pública la práctica fraudulenta de la
Volkswagen -programa informático que burlaba las exigencias de los organismos
de control medio ambiental-, han llovido denuncias que tienden a confirmar que
otras empresas automotrices aplican prácticas similares para ocupar espacios
dentro del mercado automotor mediante el engaño a clientes y autoridades.
Abarcan desde la obsolescencia programada de piezas hasta el volumen de
combustible por kilómetro recorrido, incluyendo, por supuesto, los indicadores
de los efectos contaminantes.
El fraude hecho por la Volkswagen abarca diversos
sujetos e instituciones. Cuando menos tendríamos que incluir en el listado a:
En primer lugar, a los clientes que compraron un
vehículo supuestamente dotado de dispositivos especiales que lo hacían
altamente eficiente y con mínimos efectos contaminantes. En segundo lugar, a
los organismos de control ambiental que evaluaron y dieron la certificación de
los bajos índices de contaminación que arrojaban al aire estos vehículos.
También a diversos países cuyos gobiernos otorgaron estímulos financieros o de
exoneración fiscal a la empresa por comercializar vehículos de baja
contaminación. En cuarto lugar, a los inversores que compraron acciones con la
convicción de que las ganancias y el crecimiento de la empresa obedecían a los
avances tecnológicos incorporados trasparentemente a los vehículos
comercializados, con apego a las leyes y a las normativas del sector
automovilístico. Finalmente, los habitantes de las ciudades que reciben las
emisiones contaminantes y tienen un aire menos saludable para sus pulmones.
Los afectados comienzan a movilizarse en términos
de denuncias, protestas, exigencias de indemnización, acciones judiciales y
proposiciones de ejecutorias de control sobre la industria y sus productos.
Pero esta lucha no es fácil y su victoria no está garantizada de antemano.
La letra pequeña
Hay quienes piensan, con cierta ingenuidad, que si
bien es cierto que el fraude de la Volkswagen hace un retrato moral del
capitalismo, también revela que la denuncia permite la rectificación, la
condena a los culpables y la indemnización a las víctimas. Es decir, que la
misma sociedad impone regulaciones que hacen cada día más difícil el desboque
de las tendencias codiciosas e inmorales del capital y somete su actividad a la
esfera del respeto a los contratos, a las normas y a las leyes.
Abundan los ejemplos que demuestran que no es así
como funcionan las cosas. En una sociedad capitalista, la superestructura
jurídica política está definida en función de proteger los intereses del
capital. Aunque los trabajadores y, en general, la gente organizada alrededor
de reivindicaciones y derechos específicos (consumidores, ecologistas,
luchadores sociales, etc.) libre decididas batallas y logre incorporar leyes y
normas que reflejen comportamientos más responsables en las empresas, siempre
el capital se las ingenia para burlar su aplicación, negar su pertinencia,
minimizar los castigos y los montos y, si no hay más remedio que pagar,
posponerlo en el tiempo.
Veamos un ejemplo del mes pasado. Durante la década
del sesenta se comercializó en España la talidomida, un fármaco que se usó para
controlar el insomnio, las náuseas y el vómito en mujeres durante el embarazo.
Este medicamento, fabricado por la empresa alemana Chemie Grünenthal, provocó
malformaciones, sobre todo en brazos, antebrazos y problemas en órganos
internos de niños cuyas madres lo habían ingerido durante la gestación. Por
cincuenta años las víctimas sobrevivientes de España, o sus familiares, impulsaron
demandas de indemnización contra la empresa alemana. Para ello presentaron
pruebas en las cuales se demostraba que las malformaciones fueron provocadas
por el fármaco, descartando otros agentes: otros fármacos, orígenes genéticos o
factores ambientales de riesgo. Sin embargo, el pasado septiembre, el Tribunal
Supremo de España, rechazó el pago de indemnización a las víctimas,
argumentando que la responsabilidad civil de la empresa había prescrito. Ante
tal muestra de injusticia y de cinismo, AVITE (Asociación de Víctimas de
Talidomida en España) colgó en internet un video en que aparecen algunos
sobrevivientes, con gran tristeza y desamparo en el rostro, aplaudiendo
torpemente, con sus manos o brazos malformados, para "felicitar" a la
farmacéutica por la decisión inmoral del alto tribunal. (http://bit.ly/1B2nkOR)
A dos semanas de haberse destapado el fraude
Volkswagen, ya comienzan a operar los mecanismos judiciales y gubernamentales
destinados a proteger a la empresa. Así, en España donde se habla de la
colocación de más de seiscientos mil vehículos con motores trucados que fueron
favorecidos por la política de estímulo a productos no contaminantes (mil euros
por vehículo), el Ministro de Economía e Industria ha dicho que, en principio,
no se recuperarán los montos entregados porque fueron otorgados para la
disminución de dióxido de carbono y no para la reducción del óxido de nitrógeno
que es el gas cuyas mediciones ha burlado la Volkswagen. Por otra parte, en
Alemania se ha iniciado la conformación de una comisión de investigación que,
una vez nombrado sus miembros y constituida en términos de status y ámbito,
realizará una investigación de lo sucedido y, a la vuelta de algunos años, dos
o tres dicen los optimistas, presentará unas conclusiones a partir de las
cuales se discutirá sobre responsabilidades y sanciones.
Lo demás son leyendas urbanas sobre la seriedad, la
responsabilidad y los principios éticos de las grandes empresas. Cuentos de
camino, como decimos en Achaguas.
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