Fernando Vicente Prieto
ALAI AMLATINA, 02/12/2015. Caracas.- El 6 de diciembre se celebrarán los comicios que definirán la composición de la Asamblea Nacional, formada por 167 diputadas y diputados. En los últimos 17 años, el país caribeño se acostumbró al ejercicio de la democracia como nunca antes en su historia. En promedio, se ha realizado una elección cada diez meses. Ningún país en el mundo puede ostentar ese récord de participación en las instituciones de la democracia representativa liberal. Sin embargo, en el exterior –en particular desde Europa, EEUU y parte de América Latina-, Venezuela es señalada por muchos políticos, ONG y medios de comunicación como una dictadura. ¿Cómo se entiende esta paradoja?
Para esto es preciso, al menos brevemente, enmarcar las parlamentarias del 6 de diciembre en su contexto histórico.
Una sociedad en movimiento
Tras la debacle económica y social sufrida por el país petrolero a fines de siglo XX, el régimen político, basado en el bipartidismo de Acción Democrática y COPEI, implosionó.
El 27 y 28 de febrero de 1989, el pueblo salió a la calle a rechazar un paquete de ajuste neoliberal impulsado por el FMI y anunciado por el presidente Carlos Andrés Pérez (AD). A este episodio se le llamó el Caracazo.
La respuesta estatal fue una brutal represión. En prevención de nuevas protestas, durante varios días el Ejército se dedicó al tiro al blanco en los barrios populares. Al menos tres mil personas fueron asesinadas. Esto fue determinante en la deslegitimación total del sistema político, que alcanzó a grandes sectores de las propias Fuerzas Armadas. Los soldados y oficiales de baja graduación, pero con mando de tropa, ya no estaban dispuestos a garantizar el orden capitalista a costa de disparar a mansalva contra sus propias familias, vecinos, amigos, compatriotas.
La crisis económica y social se profundizó y tres años después, el 4 de febrero de 1992, más de un millar de soldados y jóvenes oficiales, apoyados por algunos militantes de izquierda, se rebelaron exigiendo un cambio político de fondo. La insurrección fracasó militarmente, pero se convirtió en un suceso trascendental cuando el teniente Hugo Chávez Frías, ante las cámaras de televisión, reconoció la derrota, llamó a sus camaradas a deponer las armas y asumió personalmente la responsabilidad por el alzamiento.
Chávez fue encarcelado, pero en todo el país surgió una identificación popular con las demandas del movimiento. Muchos venezolanos y venezolanas sintieron que, por primera vez, alguien se hacía cargo de lo que hacía. Así comenzó a irrumpir un movimiento popular que cambió la historia de Venezuela y de América Latina.
¿De qué democracia estamos hablando?
En diciembre de 1998, Chávez ganó la presidencia con la propuesta de cambiar la Constitución, con el objetivo explícito de restituirle el poder al pueblo. Apenas asumió, convocó a un referéndum –el primero de la historia venezolana- y el 82% de la población expresó que quería un nuevo ordenamiento jurídico. Luego del proceso constituyente, el texto fue aprobado en un segundo referéndum, con el 71% de los votos.
La nueva Constitución asumió el concepto de democracia participativa y protagónica, planteando la necesidad de superar la democracia representativa liberal, de características delegativas. Estableció que el poder reside intransferiblemente en el pueblo y reconoció el derecho a la organización social, estimulando la participación popular desde la base. Además, institucionalizó la figura de referéndum e incorporó el carácter revocatorio de todos los cargos electivos.
Los mecanismos de democracia directa no terminaron allí. En 2006 se sancionó la ley de Consejos Comunales, que promovió la organización de las comunidades urbanas o rurales; y en 2010 se aprobaron las “leyes del poder popular”, que promovieron las comunas, articulación de varios consejos comunales en un territorio con una identidad e historia común.
En todos estos años pasaron varias elecciones, casi todas ganadas por el chavismo, quien se consolidó así como una fuerza de masas con un proyecto histórico profundo, recuperando soberanía sobre sus principales recursos –en particular, el petróleo- y retomando el ideario integracionista de Simón Bolívar, el gran Libertador de principios del siglo XIX.
La oposición, mientras tanto, se agrupó en torno al objetivo estratégico de recuperar el poder perdido por los sectores históricamente privilegiados. En esa cruzada se alinean todos los partidos desde el centro hacia la ultraderecha, con apoyo de las cámaras empresariales, las compañías trasnacionales, los medios privados de comunicación y los gobiernos del EEUU y el Estado español, quienes financian y articulan una red de ONG cuya principal tarea es instalar a nivel internacional que en Venezuela no hay democracia, se violan los derechos humanos y la libertad de expresión.
Con este discurso intentaron legitimar un golpe de Estado en 2002 –que fue revertido cuando el pueblo salió a la calle y un sector de militares leales se opusieron al quiebre constitucional- y luego, repetidamente, intentaron generar acciones de calle de extrema violencia.
2013-2015, etapa de asedio a la Revolución
Tras la desaparición física de Hugo Chávez, una nueva etapa se abrió en el país, caracterizada por la ofensiva política y mediática contra el gobierno de Nicolás Maduro. La receta preferida: el boicot económico, en una estrategia calcada del golpe que derrocó al gobierno de Salvador Allende en Chile en los 70, cuando la CIA y el Departamento de Estado, bajo comando de Richard Nixon, se dispusieron a “hacer chillar la economía”.
El mecanismo utilizado es el acaparamiento de productos para su reventa a precios más altos en el mercado informal o para destinarlos al contrabando hacia Colombia. El objetivo: desgastar las bases del chavismo y crecer en chances de derrocar al gobierno por la vía electoral o la insurreccional.
En 2013 y especialmente, en 2014, esto se combinó con violentas protestas protagonizadas por jóvenes de clase alta y formaciones paramilitares, que dejaron más de 60 personas asesinadas. Además, se realizaron asesinatos selectivos de dirigentes chavistas, entre ellos el del diputado más joven de la Asamblea Nacional, Robert Serra, de 27 años.
En este cuadro también hay que incluir a los propios errores de la revolución, como la persistencia de un alto grado de burocracia y corrupción en sectores que están a cargo de controles esenciales. Por ejemplo, en la frontera.
Así se llega al 6 de diciembre con un escenario abierto, que incidirá en el futuro inmediato de modo determinante. La campaña recoge ese tono, con declaraciones cruzadas, cada vez más vehementes; debates sobre la observación internacional; guerra de encuestas e incluso acciones violentas vinculadas a figuras políticas.
La Unasur ha enviado una delegación de acompañamiento electoral formada por 50 técnicos, pero la oposición –en línea con los deseos de EEUU- sostiene que debería ser la OEA quien intervenga en esa función.
En cuanto a las encuestas, la oposición difunde sondeos donde se ve ganadora por más de 10 puntos porcentuales, aunque eso no necesariamente recoge la composición de la futura Asamblea. No sólo porque -se sabe- los estudios preelectorales siempre están en función de determinados intereses, sino que además en este caso no se trata de una elección nacional, en un circuito único, sino de 114 elecciones locales. Por lo que se puede dar el caso, y ya ha sucedido, que una de las dos fuerzas obtenga mayor cantidad de votos pero no la mayor cantidad de legisladores.
El reciente asesinato de Luis Manuel Díaz, dirigente opositor, tras un acto realizado en el estado Guárico; y el atentado fallido contra el candidato chavista Orlando Zambrano, en Apure, contribuyen a enrarecer el clima, formando un río revuelto que permite prever nuevos episodios de violencia, como sucedió en otros momentos similares. Tras la elección presidencial de 2013, por ejemplo, el candidato derrotado, Henrique Capriles, desconoció los resultados, llamó a “descargar la arrechera” y grupos de ultraderecha asesinaron a 11 personas identificadas con el chavismo.
Si la derecha alcanza la mayoría en la Asamblea Nacional, no se descarta un golpe parlamentario como el ocurrido en Paraguay en 2012, en combinación con todos los factores en curso. En este esquema, los avances integracionistas de los últimos años sufrirían un golpe decisivo, consolidando el bloque pro-norteamericano en la región.
Si el chavismo finamente logra la mayoría de los diputados, el movimiento popular pugnará por la radicalización democrática de la revolución. Al día de hoy, más de 1300 comunas se encuentran organizadas en todo el país, sumándose a un amplio y diverso movimiento social con fuerte presencia entre las mujeres, los jóvenes, los obreros y los campesinos. Esta fuerza social constituye la mayor esperanza para la continuidad y la profundización de los cambios estructurales, que incluyen el avance en las áreas estratégicas de la economía –en particular el comercio exterior-, la construcción del autogobierno y un renovado aporte a la unidad continental, principal obstáculo a los planes de EEUU para América Latina y el Caribe.
Por eso en estas elecciones se juega mucho más que una renovación del Parlamento.
Fuente: ALBA Movimientos, 2 diciembre, 2015
URL de este artículo: http://www.alainet.org/es/articulo/173989
ALAI AMLATINA, 02/12/2015. Caracas.- El 6 de diciembre se celebrarán los comicios que definirán la composición de la Asamblea Nacional, formada por 167 diputadas y diputados. En los últimos 17 años, el país caribeño se acostumbró al ejercicio de la democracia como nunca antes en su historia. En promedio, se ha realizado una elección cada diez meses. Ningún país en el mundo puede ostentar ese récord de participación en las instituciones de la democracia representativa liberal. Sin embargo, en el exterior –en particular desde Europa, EEUU y parte de América Latina-, Venezuela es señalada por muchos políticos, ONG y medios de comunicación como una dictadura. ¿Cómo se entiende esta paradoja?
Para esto es preciso, al menos brevemente, enmarcar las parlamentarias del 6 de diciembre en su contexto histórico.
Una sociedad en movimiento
Tras la debacle económica y social sufrida por el país petrolero a fines de siglo XX, el régimen político, basado en el bipartidismo de Acción Democrática y COPEI, implosionó.
El 27 y 28 de febrero de 1989, el pueblo salió a la calle a rechazar un paquete de ajuste neoliberal impulsado por el FMI y anunciado por el presidente Carlos Andrés Pérez (AD). A este episodio se le llamó el Caracazo.
La respuesta estatal fue una brutal represión. En prevención de nuevas protestas, durante varios días el Ejército se dedicó al tiro al blanco en los barrios populares. Al menos tres mil personas fueron asesinadas. Esto fue determinante en la deslegitimación total del sistema político, que alcanzó a grandes sectores de las propias Fuerzas Armadas. Los soldados y oficiales de baja graduación, pero con mando de tropa, ya no estaban dispuestos a garantizar el orden capitalista a costa de disparar a mansalva contra sus propias familias, vecinos, amigos, compatriotas.
La crisis económica y social se profundizó y tres años después, el 4 de febrero de 1992, más de un millar de soldados y jóvenes oficiales, apoyados por algunos militantes de izquierda, se rebelaron exigiendo un cambio político de fondo. La insurrección fracasó militarmente, pero se convirtió en un suceso trascendental cuando el teniente Hugo Chávez Frías, ante las cámaras de televisión, reconoció la derrota, llamó a sus camaradas a deponer las armas y asumió personalmente la responsabilidad por el alzamiento.
Chávez fue encarcelado, pero en todo el país surgió una identificación popular con las demandas del movimiento. Muchos venezolanos y venezolanas sintieron que, por primera vez, alguien se hacía cargo de lo que hacía. Así comenzó a irrumpir un movimiento popular que cambió la historia de Venezuela y de América Latina.
¿De qué democracia estamos hablando?
En diciembre de 1998, Chávez ganó la presidencia con la propuesta de cambiar la Constitución, con el objetivo explícito de restituirle el poder al pueblo. Apenas asumió, convocó a un referéndum –el primero de la historia venezolana- y el 82% de la población expresó que quería un nuevo ordenamiento jurídico. Luego del proceso constituyente, el texto fue aprobado en un segundo referéndum, con el 71% de los votos.
La nueva Constitución asumió el concepto de democracia participativa y protagónica, planteando la necesidad de superar la democracia representativa liberal, de características delegativas. Estableció que el poder reside intransferiblemente en el pueblo y reconoció el derecho a la organización social, estimulando la participación popular desde la base. Además, institucionalizó la figura de referéndum e incorporó el carácter revocatorio de todos los cargos electivos.
Los mecanismos de democracia directa no terminaron allí. En 2006 se sancionó la ley de Consejos Comunales, que promovió la organización de las comunidades urbanas o rurales; y en 2010 se aprobaron las “leyes del poder popular”, que promovieron las comunas, articulación de varios consejos comunales en un territorio con una identidad e historia común.
En todos estos años pasaron varias elecciones, casi todas ganadas por el chavismo, quien se consolidó así como una fuerza de masas con un proyecto histórico profundo, recuperando soberanía sobre sus principales recursos –en particular, el petróleo- y retomando el ideario integracionista de Simón Bolívar, el gran Libertador de principios del siglo XIX.
La oposición, mientras tanto, se agrupó en torno al objetivo estratégico de recuperar el poder perdido por los sectores históricamente privilegiados. En esa cruzada se alinean todos los partidos desde el centro hacia la ultraderecha, con apoyo de las cámaras empresariales, las compañías trasnacionales, los medios privados de comunicación y los gobiernos del EEUU y el Estado español, quienes financian y articulan una red de ONG cuya principal tarea es instalar a nivel internacional que en Venezuela no hay democracia, se violan los derechos humanos y la libertad de expresión.
Con este discurso intentaron legitimar un golpe de Estado en 2002 –que fue revertido cuando el pueblo salió a la calle y un sector de militares leales se opusieron al quiebre constitucional- y luego, repetidamente, intentaron generar acciones de calle de extrema violencia.
2013-2015, etapa de asedio a la Revolución
Tras la desaparición física de Hugo Chávez, una nueva etapa se abrió en el país, caracterizada por la ofensiva política y mediática contra el gobierno de Nicolás Maduro. La receta preferida: el boicot económico, en una estrategia calcada del golpe que derrocó al gobierno de Salvador Allende en Chile en los 70, cuando la CIA y el Departamento de Estado, bajo comando de Richard Nixon, se dispusieron a “hacer chillar la economía”.
El mecanismo utilizado es el acaparamiento de productos para su reventa a precios más altos en el mercado informal o para destinarlos al contrabando hacia Colombia. El objetivo: desgastar las bases del chavismo y crecer en chances de derrocar al gobierno por la vía electoral o la insurreccional.
En 2013 y especialmente, en 2014, esto se combinó con violentas protestas protagonizadas por jóvenes de clase alta y formaciones paramilitares, que dejaron más de 60 personas asesinadas. Además, se realizaron asesinatos selectivos de dirigentes chavistas, entre ellos el del diputado más joven de la Asamblea Nacional, Robert Serra, de 27 años.
En este cuadro también hay que incluir a los propios errores de la revolución, como la persistencia de un alto grado de burocracia y corrupción en sectores que están a cargo de controles esenciales. Por ejemplo, en la frontera.
Así se llega al 6 de diciembre con un escenario abierto, que incidirá en el futuro inmediato de modo determinante. La campaña recoge ese tono, con declaraciones cruzadas, cada vez más vehementes; debates sobre la observación internacional; guerra de encuestas e incluso acciones violentas vinculadas a figuras políticas.
La Unasur ha enviado una delegación de acompañamiento electoral formada por 50 técnicos, pero la oposición –en línea con los deseos de EEUU- sostiene que debería ser la OEA quien intervenga en esa función.
En cuanto a las encuestas, la oposición difunde sondeos donde se ve ganadora por más de 10 puntos porcentuales, aunque eso no necesariamente recoge la composición de la futura Asamblea. No sólo porque -se sabe- los estudios preelectorales siempre están en función de determinados intereses, sino que además en este caso no se trata de una elección nacional, en un circuito único, sino de 114 elecciones locales. Por lo que se puede dar el caso, y ya ha sucedido, que una de las dos fuerzas obtenga mayor cantidad de votos pero no la mayor cantidad de legisladores.
El reciente asesinato de Luis Manuel Díaz, dirigente opositor, tras un acto realizado en el estado Guárico; y el atentado fallido contra el candidato chavista Orlando Zambrano, en Apure, contribuyen a enrarecer el clima, formando un río revuelto que permite prever nuevos episodios de violencia, como sucedió en otros momentos similares. Tras la elección presidencial de 2013, por ejemplo, el candidato derrotado, Henrique Capriles, desconoció los resultados, llamó a “descargar la arrechera” y grupos de ultraderecha asesinaron a 11 personas identificadas con el chavismo.
Si la derecha alcanza la mayoría en la Asamblea Nacional, no se descarta un golpe parlamentario como el ocurrido en Paraguay en 2012, en combinación con todos los factores en curso. En este esquema, los avances integracionistas de los últimos años sufrirían un golpe decisivo, consolidando el bloque pro-norteamericano en la región.
Si el chavismo finamente logra la mayoría de los diputados, el movimiento popular pugnará por la radicalización democrática de la revolución. Al día de hoy, más de 1300 comunas se encuentran organizadas en todo el país, sumándose a un amplio y diverso movimiento social con fuerte presencia entre las mujeres, los jóvenes, los obreros y los campesinos. Esta fuerza social constituye la mayor esperanza para la continuidad y la profundización de los cambios estructurales, que incluyen el avance en las áreas estratégicas de la economía –en particular el comercio exterior-, la construcción del autogobierno y un renovado aporte a la unidad continental, principal obstáculo a los planes de EEUU para América Latina y el Caribe.
Por eso en estas elecciones se juega mucho más que una renovación del Parlamento.
Fuente: ALBA Movimientos, 2 diciembre, 2015
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