Enric Prat
Lunes 4 de enero de 2016
Las democracias se sustentan en la legalidad y en
la obediencia a las leyes, pero también en la legitimidad social. Si una ley,
incluida la Constitución, no cuenta con suficiente legitimidad y consentimiento
social, lo más conveniente es cambiarla o reformarla. De no ser así, es
probable que crezca la conflictividad política y se desarrollen movimientos
sociales críticos y acciones colectivas de desobediencia civil.
La desobediencia civil se puede definir como una
forma de acción y una estrategia de lucha de carácter político, no legal y no
violenta, que transgrede alguna norma jurídica o política pública y asume las
posibles sanciones derivadas de esta actitud, con el propósito de influir en
las ideas de la población y conseguir su apoyo para presionar a las
instituciones políticas con el objetivo de que estas modifiquen o anulen una
ley o una política pública catalogada de injusta.
Se han formulado algunos argumentos potentes a
favor del deber y la obligación de obediencia a todas las leyes y políticas
públicas aprobadas en los estados democráticos. Los principales son los
siguientes:
1. Se han de obedecer todas las leyes y políticas
públicas porque los gobiernos y los parlamentos que las aprueban han sido
elegidos democráticamente; porque la ciudadanía, a través de sus votos en las
elecciones, ha autorizado y legitimado a los gobiernos y a los parlamentos para
que puedan adoptarlas.
2. La democracia se sustenta en la toma de
decisiones por mayoría; por lo tanto, toda la población tiene el deber y la
obligación de obedecer las leyes y las políticas públicas que se hayan aprobado
por este procedimiento.
3. Si se autorizara o tolerara la desobediencia
civil a una ley se abriría la puerta a una desobediencia generalizada a las
leyes, lo cual supondría una fractura de la convivencia en sociedad y un
peligro para la seguridad colectiva.
Pero también hay buenos argumentos, como los que se
explican a continuación, para justificar la legitimidad de la desobediencia
civil en el marco de un sistema político con libertades y derechos democráticos
y ante un gobierno elegido democráticamente, siempre y cuando la desobediencia
se practique de manera no violenta y se limite a cuestionar las leyes y las
políticas públicas que se consideran injustas.
1. La práctica de la desobediencia civil en
democracia es legítima cuando las leyes y las políticas públicas aprobadas no
son justas ni suficientemente democráticas. Ahora bien, para cambiar o abolir
una ley injusta no solo es necesario que haya un número de personas
significativo que la transgreda y que estas cuenten con el apoyo activo de un
segmento amplio de la población, sino también que la mayoría de la sociedad
acabe considerando que la ley es injusta y exprese su voluntad de modificarla o
abolirla. Los y las desobedientes civiles pueden transgredir una ley que según
su criterio es injusta, pero para reformarla o suprimirla es necesario que una
mayoría democrática decida hacerlo.
2. La democracia no solo se basa en las decisiones
de la mayoría, sino también en la aceptación de las discrepancias. La
desobediencia civil es una de las maneras de disentir que tienen a su alcance
las minorías sociales (en algunos casos, también las mayorías sociales) que se
sienten tratadas injustamente por los poderes políticos y/o económicos. Además,
las opiniones políticas mayoritarias pueden cambiar con el paso del tiempo,
entre otras causas por el efecto que pueden generar las acciones y las ideas de
las minorías críticas. En democracia, una opinión política mayoritaria puede
dejar de serlo y una opción política minoritaria puede acabar convirtiéndose en
mayoritaria.
3. Los y las desobedientes civiles afirman que es
legítimo desobedecer las leyes y las políticas públicas injustas para mejorar
las leyes y las políticas públicas. Es decir, no reclaman que no existan leyes
o políticas públicas sino que practican la desobediencia civil para conseguir
leyes y políticas públicas justas.
La desobediencia civil es una de las herramientas
que se pueden utilizar para conseguir una democracia de mayor calidad, más
participativa y con mayor contenido social. El Estado democrático no debe ser
inamovible, ha de mejorar desde el punto de vista de la justicia y de los
derechos individuales y colectivos. De hecho, la historia del Estado
democrático demuestra que las libertades políticas y los derechos sociales se
han ido conquistando a través de un largo proceso de debates políticos, de
movilizaciones sociales y de movimientos de desobediencia civil.
3/01/2016
Enric Prat Carvajal es historiador y profesor de
Ciencia Política en la UAB
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