24-03-2016
Una vez más la movilización ha puesto contra las
cuerdas la candidatura de la hija del dictador. Miles se han movilizado en la
ciudad de Lima y en diversas regiones del interior del país para expresar su
rechazo a la postulación fraudulenta de Keiko Fujimori. El Jurado Nacional de
Elecciones (JNE) ha sentido el golpe y ha tramitado el pedido de exclusión de
dicha candidatura, que como lo demuestran diversas pruebas periodísticas,
también habría infringido la nueva ley electoral. Lo paradójico es que la
señora Fujimori, según todas las encuestadoras, encabeza la preferencia
electoral con más del 30% de votos a su favor.
La demanda principal de los diferentes sectores que
se movilizan va dirigida al Jurado Nacional de Elecciones para que este tache
la candidatura de Keiko Fujimori ya que viola la ley, la misma que prohíbe que
los candidatos otorguen regalos o dadivas a los votantes. Según la norma, los
candidatos infractores podrán ser sancionados incluso con su separación
permanente del proceso electoral. Esta ley se le aplicó ya a la candidatura de
César Acuña y fue separado del proceso.
La nueva ley electoral fue aprobada por el actual
parlamento peruano el año pasado y busca acabar con la compra de potenciales
votos. Este hecho era muy común en el Perú y estaba llevando a la
deslegitimación, no solo de las instituciones electorales, sino del acto
electoral en sí mismo.
Carácter del fujimorismo
Keiko Fujimori representa los intereses de un
sector del empresariado nacional y del gran capital transnacional, los mismos
que se valieron de los diez años de dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000),
para saquear el país a su antojo, acabando con la soberanía nacional y los
derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los trabajadores y del
pueblo. Esto se hizo a través de una política de liquidación física de los
espacios de participación y resistencia social, por eso se intervinieron las
universidades y se encarcelaron y asesinaron a cientos de dirigentes sociales
del campo popular y de la izquierda.
Para legalizar el entreguismo, Alberto Fujimori
implementó la constitución de 1993 que hasta hoy rige el destino político de
nuestro país. Esta constitución firmada por el ex dictador - hoy preso en la
DINOES - se ha convertido en la principal barrera para el desarrollo nacional y
social. Allí se faculta la privatización de los servicios públicos como la
salud y la educación, así como la evasión de impuestos a las grandes
transnacionales vía los contratos de estabilidad tributaria. En la constitución
de 1993 queda claramente establecido que el estado peruano se convierte en
subsidiario y gendarme del gran capital monopólico, renunciando así a su
facultad soberana de promover el desarrollo económico y social.
La caída de la dictadura y el continuismo
neoliberal
Los gobiernos que siguieron a la dictadura
fujimorista (Paniagua, Toledo, Alan García y Ollanta), han continuado bajo el
piloto automático del neoliberalismo en materia económica y en el terreno
político han mantenido incólume el régimen heredado del fujimorato, a ello se
debe que la constitución del 93 no se haya cambiado. Por esta razón el
crecimiento económico producto del boom exportador de materias primas, jamás
llego a los bolsillos del pueblo y solo sirvió para incrementar las ganancias
de los grandes empresarios extranjeros y sus socios locales, así como de un
puñado de políticos y de tecnócratas del estado, los cuales se han terminado
convirtiendo en una casta de lobistas ajenos a los intereses de la ciudadanía.
Esta es la causa de fondo que genera la corrupción en el sector público y el
envilecimiento de la política en nuestro país.
El gobierno de Ollanta Humala contribuyó
sustantivamente al desprestigio de las opciones de cambio, ya que llegó a
palacio planteando acabar con el neoliberalismo y cambiar la constitución del
93 vía asamblea constituyente, sin embargo ya en el poder traicionó sus
promesas de campaña y a millones de peruanos que votaron por la gran
transformación.
Investigaciones recientes realizadas por la
justicia brasileña sobre el caso Lava Jato ponen en evidencia que el gobierno
saliente de Humala estaría embarrado hasta el cuello de corrupción (recibió 3
millones de dólares de la empresa brasileña Odebrech), por eso y para no
terminar tras las rejas, la pareja presidencial se encuentra ocupada buscando
una candidatura presidencial potable que les permita impunidad por los
siguientes cinco años. Para cumplir esa función impulsaron la candidatura de
Julio Guzmán y, al parecer, ahora que esta candidatura se cayó como producto de
su improvisación, están en la búsqueda de un nuevo elegido que les permita
concretizar sus objetivos.
La izquierda en la encrucijada
La izquierda para estas elecciones presidenciales
no ha podido articular un espacio unitario y representativo del movimiento
social en su conjunto, lo cual desde ya es una desventaja si consideramos la
fuerza del enemigo al cual nos enfrentamos.
Sin embargo, la derecha también se presenta
fragmentada debido a los apetitos de poder existentes en sus diversas
facciones, ello generó la caída de las candidaturas de Julio Guzmán y de Cesar
Acuña (neoliberales de segunda generación), lo cual abrió una situación inédita
que está llevando a que la voluntad de cambio de millones de peruanos se
exprese en las candidaturas de Alfredo Barnechea de Acción Popular (11.5%) y de
Veronika Mendoza del Frente Amplio (7.5%).
Alfredo Barnechea, quien postula por Acción Popular
– partido centrista que ya gobernó el país en dos ocasiones (1963-1968 y
1980-1985) a través de su líder fundador Fernando Belaunde, plantea mantener la
constitución del dictador y los tratados de libre comercio como los TLCs y el
temible TPP que nos ata de pies y manos al imperialismo norteamericano, por
tanto y más allá de su retórica desarrollista, esta candidatura es más de lo
mismo.
Veronika Mendoza, por otro lado, plantea un
programa de reformas basado en la redistribución económica, la diversificación
productiva, el respeto al medio ambiente y la participación ciudadana vía la
consulta previa. Si bien en el programa del Frente Amplio se habla del cambio
de constitución, ese no ha sido hasta ahora el eje de su campaña presidencial.
El Frente Amplio es un conglomerado de partidos de
izquierda (suelen llamarse de nueva izquierda) que surgió como negación de los
partidos de la izquierda tradicional peruana vinculada históricamente al
estalinismo y al maoísmo.
Si bien existe pluralidad en su seno y sectores que
tienen una perspectiva antimperialista y por esa vía anticapitalista como el
MPGT, lo cierto es que los partidos más grandes y representativos del Frente
Amplio como Tierra y Libertad y Sembrar (del cual proviene la candidata
presidencial) asumen la ideología postmarxista, por eso sus análisis están
desprovistos de la perspectiva de clase y sus objetivos estratégicos son ajenos
al socialismo revolucionario. Tanto Tierra y Libertad como Sembrar tienen como
finalidad superior la construcción de una sociedad del “buen vivir”, donde al
parecer el sujeto social sería una abstracta ciudadanía (cultural y ambiental)
desvinculada de la estructura económica y de la propiedad sobre los medios de
producción.
Las otras dos fuerzas de izquierda que postulan en
estas elecciones (MAS-Democracia Directa y Perú Libertario), hasta el momento
han alcanzado poca significación electoral y lo más probable es que no pasen la
valla, perdiendo asi su inscripción. De ellas, cabe destacar la candidatura de
Gregorio Santos (MAS-Democracia Directa), líder de la lucha social contra el
emblemático proyecto minero Conga en Cajamarca. Esta lucha junto a la de los
campesinos del valle de Tambo en Arequipa, fueron las más importantes que se
libraron durante el actual gobierno y le significaron una derrota categórica al
presidente Ollanta Humala y a su entorno, ya que no pudieron implementar dichos
emprendimientos mineros a pesar de la represión y la criminalización de la
protesta social que se implementó desde el estado y que costó muchos muertos,
heridos y detenidos.
Gregorio Santos, después de esta gesta, fue
encarcelado hasta la actualidad sin que se le haya iniciado aun proceso
judicial, ya que no existen las pruebas suficientes para incriminarlo. El estar
preso y no contar con una estructura partidaria nacional le ha pasado la
factura a su candidatura, por lo cual no ha podido despegar. Desde la prisión
Santos ha denunciado la política continuista de este gobierno y el modelo
neoliberal planteando como salida la convocatoria a una Asamblea Constituyente
para cambiar la constitución y reestructurar el estado.
La voluntad de cambio encuentra un nuevo cause
La voluntad de cambio que llevó al gobierno a
Ollanta Humala el 2011 no ha desaparecido. Si bien es cierto la traición
ollantista ha generado mucha desconfianza a nivel del movimiento social, este
sigue luchando e imponiendo sus condiciones. Por eso los proyectos mineros Conga
y Tia Maria fueron rechazados por la movilización social, asi como el proyecto
de ley que reducía los derechos sociales a la juventud (más conocido como ley
pulpin), a ello se suma la victoria popular contra la repartija y contra el
monopolio de las Aseguradoras Privadas AFPs.
La desconfianza en las principales instituciones
del estado como el poder judicial, el congreso, el jurado electoral, la policía
nacional y los partidos políticos tradicionales, también es una constante.
Todos ellos son vistos como gestores de la corrupción institucional. Esto se
expresa electoralmente en que un sector importante del electorado (más del 40%)
dice que viciará su voto en las próximas elecciones y un 60% se muestra como
crítico al neoliberalismo, mientras tanto otro porcentaje mucho mayor considera
a la corrupción como uno de los principales problemas del país.
Es en ese entender que la posibilidad que Keiko
Fujimori postule a la presidencia de la república, violentando la nueva ley
electoral y que incluso gane las elecciones a pesar de representar a un
gobierno corrupto como el de su padre, ha servido como catalizador para
encaminar el descontento social, el cual se expresa en las movilizaciones que
se vienen dando en todo el país bajo la consigna ¡ni olvido ni perdón, Fujimori
nunca más!
Por una salida transicional que nos permita
empalmar con la voluntad de cambio
Por eso creemos que luchar hoy contra la
posibilidad del retorno de la dictadura de los Fujimori es una tarea de primer
orden que debe comprometer todos nuestros esfuerzos. Sin embargo, a esta tarea
titánica, debemos aunar la de luchar también contra el continuismo político y
económico que en las próximas elecciones del 10 de abril se expresará en las
candidaturas de Alfredo Barnechea, PPK, Alan García, Alejandro Toledo, entre
otros personajes vinculados al neoliberalismo.
Urge una nueva legislación
electoral democrática que acabe con el veto a los sectores populares. Es
fundamental facilitar las formas de participación política del pueblo y los
trabajadores acabando con la excluyente modalidad que obliga a que para
inscribir una organización política se deba contar con más de 1 millón y medio
de firmas. Es necesario acabar también con la altísima valla electoral (5% del
electorado) que saca de carrera a los partidos pequeños. Debemos democratizar
la participación electoral democratizando la economía y el control sobre los
medios de comunicación ya que no es justo que quienes más recursos tienen
tengan mayor acceso a los medios y por tanto estén facultados para imponer su
visión hegemónica de la política. Todo ello y mucho más, solo será posible si
ponemos en cuestión la actual estructura jurídica expresada en la constitución
de 1993 que sirve como fundamento legal para leyes antidemocráticas y
excluyentes como la actual, que para lo único que sirven es para mantener
vigente el actual modelo económico.
Por eso debemos dar batalla también en el terreno
electoral para de esa manera elevar el nivel de conciencia y de organización
del pueblo. En periodos electorales como estos, el pueblo está más predispuesto
que de costumbre a escuchar propuestas que respondan a sus inquietudes y
necesidades. Por eso debemos anteponer al programa político de las fuerzas
conservadoras un programa que recoja las demandas de cambio expresadas en la
lucha contra el neoliberalismo y la constitución mafiosa de 1993, planteando la
necesidad de una Asamblea Constituyente con participación del pueblo y los
trabajadores, para de esa manera abrir un periodo de transición que nos permita
construir un nuevo régimen político basado en una democracia participativa que
se sostenga en el poder del pueblo organizado.
Esto deberá ir aunado a la tarea de fortalecer
desde las bases las organizaciones de los trabajadores y del pueblo creando
vasos comunicantes y mecanismos democráticos que nos permitan acabar con la
fragmentación y la burocratización y de esa manera, en la calle y con la lucha,
empezar a construir una sociedad con justicia social y soberanía nacional.
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