Pedro Paulo Bastos Zahluth
La clave para entender el
golpe es el hecho de que la presidenta perdió popularidad en el Congreso
cuando, desde 2011, efectuó 'limpiezas' en organismos públicos.
ALAI AMLATINA, 15/04/2016.- No
hay duda alguna de que la práctica de la corrupción es un delito de
responsabilidad que constituye un impedimento para ser presidente.
Es por eso que Fernando Collor fue destituido en 1992. En ese momento, la Cámara
de Representantes no estaba involucrada en gran escala en los escándalos de
corrupción en que se sumió el presidente y su pequeñísima base de apoyo.
Además de tener el derecho de juzgar a un presidente corrupto, la Cámara
contaba con el apoyo de un amplio consenso en la sociedad respecto a la
legitimidad del proceso.
Nada de esto sucede hoy: los
acusadores de la presidente Dilma Rousseff no pudieron comprobar su asociación
con los delitos de corrupción, cuya investigación ella siempre ha apoyado. Por
el contrario, la crisis de legitimidad del Congreso Nacional es resultado
precisamente de la acumulación de acusaciones de corrupción hasta el punto
máximo de haber descubierto la relación entre los representantes políticos y
los mecanismos ilegales de financiación de la política.
Existen abundantes evidencias
de que los empresarios que se apropian de contratos públicos sobrefacturados y
que financian campañas políticas, tienen relaciones turbias con parlamentarios
que, a cambio, patrocinan obras sobrefacturadas a través de enmiendas
parlamentarias y recomiendan directores de organismos públicos y empresas
estatales responsables de la contratación. Si alguien puede ser acusado de
corrupción, no es la presidente Dilma Rousseff, sino sus acusadores en el
Congreso Nacional.
Una clave para entender el
golpe es el hecho de que la presidenta comenzó a perder popularidad en el
Congreso cuando, a partir de 2011, se comprometió a realizar acciones de
"limpieza" en los organismos públicos. Por supuesto, la acusación de
Delcídio Amaral no es de lo más creíble, pero sacó a luz un punto de discordia
entre Dilma y Eduardo Cunha que se comenta desde hace años: en 2011,
ella puso fin al control corrupto que él tenía sobre directorios de la empresa
Furnas y así se creó un enemigo vengativo. Lo mismo ocurrió con el Partido de
la República (PR) después de la limpieza
de la casa que tuvo lugar en el Ministerio de Transporte que involucró el propio ministro, el senador Alfredo Nascimento.
La búsqueda de un delito de
responsabilidad y la hipocresía de los acusadores
Hasta las piedras saben que el
principal aliado de Temer es el diputado Eduardo Cunha. Fue él
quien acogió el proceso de impeachment, el 2 de
diciembre de 2015, poco después de que los diputados del PT (Partido de los
Trabajadores) decidieron votar por la apertura del juicio contra él por
corrupción explícita, en el Comité de Ética de la Cámara de Representantes.
Recordemos que Cunha
rompió con el gobierno de Dilma el 17 de julio de 2015, cuando el Procurador General de la República, Rodrigo Janot, presentó
una denuncia contra él ante pruebas firmes de corrupción. La cortina de humo de
la acusación hecha por Cunha a Dilma Rousseff es que ella habría influido en la
actuación de Janot, aun cuando ella había dado autonomía a la Policía Federal y
al Procurador General para proceder con la operación Lava Jato y para presentar
acusaciones a políticos de la base de apoyo político del gobierno y del mismo
PT. Para Cunha, el único pecado de Dilma, en el fondo, era que no detuvo las
investigaciones como lo
hizo el “archivador”-general designado por Fernando Henrique Cardoso, o sea el Procurador Geraldo Brindeiro.
El chantaje promovido por
Eduardo Cunha claramente implicaba el apoyo a la presidenta a cambio del cese
de las investigaciones. Ella y su ex ministro de Justicia, José Eduardo
Cardozo, sin embargo, nunca trataron de limitar la Operación Lava Jata,
ni siquiera para contener las evidentes arbitrariedades del juez Sergio Moro,
como de fiscales y miembros de la policía federal. En este contexto, el
chantaje banal en las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo se ha convertido
en una cuestión de vida o de muerte para numerosos congresistas corruptos.
Si Dilma Rousseff no puede ser
acusada de corrupción, mas debe ser apartada de manera que las verificaciones
sobre la corrupción se detengan, es necesario crear un pretexto para apartarla
de cualquier forma. La acusación del proceso de juicio político se refiere a
cuestiones relacionadas con el presupuesto de 2015 y no tiene nada que ver con
el "pedaleo
fiscal" de 2014, condenado por el Tribunal Federal de Auditoría (TCU) a pesar de ser rutina en la administración pública desde siempre.
Vale recordar que el Ministro
del TCU que condenó el supuesto "pedaleo" de 2014, Augusto Nardes, ex
miembro del Partido Progresista (PP) entre 2003 y 2005, es citado en el proceso
en el Tribunal Supremo Federal (STF) en la Operación
Zelotes, bajo cargos de
haber recibido dinero de una empresa de consultoría que compraría decisiones para reducir impuestos a las empresas juzgadas
por el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF).
Además de ser acusado en la
Operación Zelotes, Nardes fue implicado hace unos días (24/03/2016) en la misma
Operación Lava-Jato: la
denuncia premiada del ex congresista federal Pedro Correa (PE), ex presidente
del PP, afirma que Nardes era uno de los diputados del PP que recibía recursos
desviados de Petrobras, hasta que fue nombrado Ministro del TCU en 2005.
Michel Temer, Aécio Neves,
Agripino Maia, Romero Jucá, Antonio Anastasia y muchos otros opositores están
citados en la Operación Lava-Jato, al igual que Cunha y ahora Nardes. La lista
de Odebrecht, que Sergio Moro convenientemente se negó a investigar, implica a
casi la mitad del Congreso en las operaciones (legales o ilegales) con la
empresa. ¿Será exagerado decir que el primer objetivo de los políticos que
apoyan el golpe contra Dilma es anular las investigaciones? ¿Será
casualidad que, ante el inminente voto de impeachment, Moro
afirma que anhela concluir con la Operación Lava-Jato para diciembre de 2016?
El pretexto pueril del juicio
político
No es sólo la venganza de
Eduardo Cunha y de políticos amenazados por la lucha contra la corrupción, lo
que hace ilegítimo el pedido de impeachment. Su base legal es el argumento de
que había la “previsión” de que no se iba a alcanzar la meta de ahorro del
gobierno (resultado primario) en 2015, y que sin embargo el gobierno habría
autorizado "nuevos gastos" durante todo el año, a través de
"créditos adicionales" que significaban redistribuir recursos entre
líneas presupuestarias ya autorizadas. Irónicamente, ¡esto se hizo
incluso a petición de los órganos judiciales y la propia TCU!
En cuanto al supuesto
"pedaleo" de 2015, el retraso (no eliminación) de la transferencia de
3,5 millones de reales al Banco de Brasil para el pago del Plan Cosecha está
totalmente en línea con el patrón histórico para cualquier gobierno desde la
Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). Esto quedó más que compensado por el pago
de $ 72 mil millones de dólares de "pedaleos" de años anteriores.
La reinterpretación de la LRF
es tan arbitraria, y la acusación tan pueril, que en la bella imagen de Juca Kfouri, se lo compara con el castigo con tarjeta roja, en un partido de
fútbol, de un lateral cobrado con un pie en la línea. Esto demandaría cuanto
más una advertencia para la corrección de la conducta, como mucho. Además, 16
gobernadores más deberían ser acusados por el mismo delito, sólo en 2015, así
como el propio vicepresidente Michel Temer. Ni Lula, ni Cardoso hubieran
terminado sus mandatos.
La selectividad de la
acusación no es su principal falla. Lo peor es que las cuentas fiscales de 2015
cerraron dentro del objetivo aprobado por el Congreso el 31 de diciembre; ¡pero
la solicitud de juicio político es del 2 diciembre! Como ya he señalado, es el
mismo día que el PT declaró su apoyo a la apertura de la investigación sobre
las cuentas en el extranjero de Eduardo Cunha. Las cuentas del gobierno de 2015
ni siquiera habían sido analizadas y juzgadas por el TCU, mucho menos por el
Congreso. Con este pretexto absurdo, el juicio político es, sencillamente, un
golpe.
(Traducción ALAI)
- Pedro Paulo Bastos Zahluth
es Profesor Titular del Instituto de Economía de la UNICAMP.
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