Marco
A. Gandásegui h.
ALAI AMLATINA, 05/05/2016.- La Asamblea General de las Naciones
Unidas (ONU) celebró a mediados de abril una sesión especial (UNGASS, siglas en
inglés) para tratar el tráfico ilegal de las drogas que se ha convertido en un
problema global. El mundo esperaba una declaración de los gobiernos de los 193
países miembros de la ONU que pusiera en perspectiva algún tipo de solución o
mitigación de la plaga que está atacando el mismo tejido social de países que
van desde Colombia hasta EEUU, y desde Afganistán a México.
Según los analistas de las diferentes capitales mundiales, el UNGASS
aprobó una resolución que deja intacto lo existente: la ‘guerra contra las
drogas’, el desconocimiento de los problemas de salud que representa el
problema y el desinterés en establecer estrategias reales para combatir la
epidemia.
Desde 1961 el convenio de la ONU sobre las Drogas ha centrado su
atención en la criminalización y la erradicación de las drogas. Sin embargo,
hay suficiente evidencia que indica que esta política ha fracasado en reducir
la producción y consume. Aún peor, la política ha tenido repercusiones
negativas sobre los derechos humanos, la salud y el desarrollo a escala global.
¿Qué explica esta obstinación con la ‘guerra contra las drogas’ y el rechazo de
soluciones más realistas para contribuir al bienestar de una porción creciente
de la población mundial?
Veamos dos ejemplos. En América Latina los países andinos eran los
productores principales de cocaína a fines del siglo pasado. Colombia seguía en
importancia a Bolivia y Perú. Sin embargo, cuando Bolivia decidió poner fin a
la producción para la exportación tuvo que expulsar del país a los agentes de
la DEA de EEUU. La experiencia peruana fue similar.
En la década de 1980, Colombia producía el 10 por ciento de la cocaína
que era exportada a EEUU. Sin embargo, cuando EEUU intervino militarmente en
Colombia para acabar supuestamente con la producción de cocaína, el país se
convirtió rápidamente en el exportador principal de la región. Según la ONU,
Colombia produce el 90 por ciento de las hojas de coca, materia prima de la cocaína.
EEUU ha invertido más de 30 mil millones de dólares en el ‘Plan
Colombia’ que consiste en la ‘Guerra contra las drogas’. Según cálculos del
gobierno de Bogotá, han muerto 220 mil civiles y más de 5 millones de personas
han sido desplazados por los efectos del conflicto armado.
En 2002 EEUU invadió Afganistán, en el centro asiático, para derrocar al
gobierno de los Talibán (Estudiantes del Corán) que consideraba su enemigo. Los
talibán habían erradicado el cultivo de la amapola promovido por los ‘Señores
de la Guerra’ que lo antecedieron. Cuando las tropas norteamericanas ocuparon
Afganistán lo primero que hizo Washington fue restablecer la producción
industrial de la amapola para la exportación a EEUU.
Los efectos de esta producción de cocaína y heroína en Colombia y
Afganistán, respectivamente, tiene dos efectos catastróficos para EEUU.
En primer lugar, las calles de sus ciudades son inundadas por drogas
ilícitas que arruina la vida de los jóvenes, especialmente de esos reprimidos
(llamadas ‘minorías’). EEUU tiene el 25 por ciento de las personas privadas de
libertad en el mundo. La política carcelaria y la represión de los consumidores
de drogas afectan sobre todo a la población reprimida (‘minorías). Aunque las
personas de ascendencia europea (blancas) consumen cinco veces lo que consume
la población negra, estos últimos tienen 10 veces más prisioneros por consumo
de drogas.
En segundo lugar, genera rentas extraordinarias para los carteles
bancarios que operan en ese país. Se calcula que EEUU concentra la mitad del
circulante mundial que genera el tráfico ilícito de drogas que supera los 950
mil millones de dólares.
EEUU y Rusia encabezaron la oposición a la discusión en torno a la
necesidad de reformular la política de la ONU. Panamá siguió la pauta sentada
por las potencias mundiales y se abstuvo de presentar alternativas viables para
poner fin al flagelo.
La Declaración final si incluye un llamado tibio a reducir las penas
carcelarias asociadas con el consumo de drogas. Además, plantea la necesidad de
aumentar los servicios de salud para los adictos. Sin embargo, el
Observatorio Global sobre las Drogas, con sede en Gran Bretaña, calificó al
documento aprobado por la UNGASS como “una vergüenza, va en contra de la
ciencia, la razón y la evidencia de varias décadas de esfuerzos inútiles”.
5 de mayo de 2016
- Marco A. Gandásegui, hijo, profesor
de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de
Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA)
URL de
este artículo: http://www.alainet.org/es/articulo/177251
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