17/08/2016
El 24 de julio se escuchó una vigorosa demanda a
través de todo lo largo del territorio nacional: no más AFP. Para no pocos
constituyó una sorpresa, pero está exigencia proviene de una dura experiencia
vivida con el sistema creado en los años de dictadura, cuando se estableció un
mecanismo de ahorro obligatorio, que colocó estos recursos bajo la
administración de un puñado de empresas, en la actualidad mayoritariamente de
capitales extranjeros. El descontento se expresa en un abanico muy amplio de
temas, que van desde el uso de estos recursos por parte de una minoría hasta la
baja tasa de reemplazo, muy lejos de lo prometido. Es útil recordar las
palabras de José Piñera, al anunciar en noviembre de 1980, en los años de
dictadura, su creación. “Todo trabajador dependiente –proclamó- deberá entregar
mensualmente un 10% de su remuneración para incrementar su fondo individual (…)
la cifra de 10% -sentenció- permitirá a un trabajador obtener una pensión
cercada a sus últimas remuneraciones” (07/11/80).
La Comisión Previsional creada por la presidenta
concluyó que se produjo un “sistemático engaño” sobre el nivel de la tasa de
reemplazo, que alcanza apenas al 34% de las últimas remuneraciones. En cambio,
los fondos ahorrados al 30 de junio por millones de imponentes del sistema son
de US$167.836 millones, generando un promedio de jubilación inferior al salario
mínimo. Este monto equivale a casi un 70% del PIB chileno. El 24 de julio se
manifestó este descontento acumulado, que es de esperar siga creciendo, que ya
se constataba en el programa de gobierno, donde se reconoció la existencia de
“un importante descontento respecto de la calidad de las pensiones. Sin
embargo, para el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, “es un tema nuevo que la
ciudadanía ha puesto sobre la mesa (…) no podemos ser ciegos en eso –agregó- y
por lo tanto tenemos que ver como reacciona el gobierno (…)” (02/08/16).
Lamentablemente, la reacción del Ejecutivo frente a
una exigencia muy clara, no más AFP, se hizo dejando desde el primero momento
de lado el tema de fondo. “Nosotros queremos avanzar –expresó el vocero de
gobierno, Marcelo Díaz- y dejar despachado en este gobierno el proyecto de ley
que crea la AFP (estatal), pero también la hoja de ruta que nos permita abordar
el desafío de fondo en materia de pensiones. (…) hay tareas –intentó explicar-
que se van hacer en este gobierno y otras tendrán que hacerse en gobiernos
sucesivos” (27/07/16).
Pocos días antes de la manifestación, el ministro
Valdés en una reunión con los parlamentarios de la Nueva Mayoría que forman
parte de las comisiones económicas del Congreso, había expresado explícitamente
que en el tema de las AFP, así como en el de las isapres, no se avanzaría en
modificaciones sustanciales, porque no habría “piso político” (12/07/16) que en
su visión se obtiene de acuerdo con quienes se han aprovechado del sistema. El
24 de julio indicó que el “piso político” se lograría recogiendo y asumiendo
los sentimientos ciudadanos mayoritarios, lo cual jamás buscó hacerse.
La AFP estatal puede representar algunas ventajas,
pero como se concibe compitiendo dentro del sistema de las AFP no incide en la
exigencia central efectuada. Por lo demás, es una medida que se proyectó
inicialmente para implementarla en los primeros cien días de la segunda
administración de Michelle Bachelet. No se hizo. Al momento de efectuarse la
movilización del 24 de julio completaba ya más de dos años de estar en el
Congreso el respectivo proyecto de ley, al cual en los días anteriores se le
había quitado la urgencia. Ahora vuelve a hablarse de ponerle urgencia.
De otra parte dejar trazada una hoja de ruta no
está a la altura de las exigencias, salvo que se orientase concretamente a cómo
avanzar al término de las AFP, no a partir de un futuro gobierno, que desde
luego tendrá sus propias prioridades. Actuar así, señaló con razón el diputado
democratacristiano Aldo Cornejo, “es un profundo error político. Cuando hay un
gobierno en el 20% y tiene esta oportunidad espectacular de demostrar que está
comprometido con un tema tan sentido por la gente – recalcó-, es un profundo
error dejarlo pasar” (08/08/16). Sin embargo así se actúa.
El tema es muy trascendente “Internarse en el campo
de las AFP –como escribió el analista político Ernesto Águila- no es solo
abordar el tema de la seguridad social sino tocar una de la teclas más íntimas
del modelo económico. Un asunto en el que se mueven poderosos intereses. El
liderazgo –concluyó- que se atreva a correr los riesgos de ponerse a la cabeza
de manera creíble de este tema puede hacer la diferencia en medio de la
fragmentación y del descredito político actual” (27/07/16). El balance es que
el gobierno no se ha puesto a la cabeza de esta exigencia, con seguridad para
no enfrentarse con los poderosos intereses que defienden la mantención del
sistema.
Al intensificarse la discusión sobre la necesidad
de adoptarse medidas concretas, Valdés reiteró que el gobierno “no va a
hipotecar lo que ha construido durante décadas, que es una macroeconomía
sólida. Lo que no vamos a hacer en este gobierno es algo populista, que
arriesgue las finanzas públicas hacia adelante” (03/08/16). La propuesta
inicial del Ejecutivo fue tan marginal para responder a las demandas efectuadas
que rápidamente empezó hablarse de la necesidad de una ley corta para producir
mejoras en algunos temas concretos como los de los mecanismos solidarios que
tienen la abierta resistencia del ministro de Hacienda, pero dejarían
nuevamente sin tocar el sistema de AFP.
La manifestación del 24 de junio confirma que
existen reformas estructurales de fondo, cuando el ministro Valdés ha expresado
que ellas ya se habrían concluido1. En una formulación muy similar,
el secretario general de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, caracterizó la
gestión económica efectuada como expresión de un “modelo de crecimiento
dinámico, que nos ha traído tanta prosperidad, (que) comienza con Hernán Büchi,
no con la Concertación. Él entendió – agregó Eyzaguirre- que había que tener un
modelo exportador, una política monetaria responsable que anulara la inflación,
una economía privada, un sistema tributario que fomentara el ahorro, y esas
cosas se profundizaron durante la Concertación”.2 De planteamientos
de esta naturaleza surge necesariamente la formulación de si estas visiones son
las explicativas de que la Comisión Ministerial que debía efectuar propuestas a
partir de los informes de la Comisión Asesora Presidencial no las haya
efectuado hasta ahora, incluso en temas tan evidentes como incrementar la Pensión
Básica Solidaria, que está en $93.593, implicando un gasto de unos US$1.800
millones equivalentes al 0,7% del PIB, y el Aporte Previsional Solidario que
tiene como tope $364.019.
El ministro frente a las exigencias efectuadas
sostuvo que “es un tema en el cual no existen soluciones mágicas. Recalcando
que hoy día el fisco “no tiene fondos para hacer un aporte sustancial el
sistema. (…) tenemos que vivir como país dentro de los medios que tenemos”.
Estas afirmaciones se destruyen si se decidiesen enfrentar transformaciones de
fondo. La propuesta C de la Comisión Previsional que entregó propuestas a la
Presidenta de la República sostiene apoyándose en fundamentos sólidos, que la
formulación entregada poniendo fin al sistema de AFP, no implica más gasto público
sino en definitiva conduciría a una importante ahorro fiscal. El mecanismo
existente, ha señalado Manuel Riesco, vicepresidente de Cenda, extrae “recursos
de los salarios y del fisco, que pagan dos billones de pesos en subsidios
monetarios al año”. En cambio, añadió, “las AFP recaudaron en abril $500.000
millones, solo en cotizaciones obligatorias, y pagaron $200.000 millones y eso
lo vienen haciendo todo los meses desde que se crearon” (03/07/16). Es una
realidad que debe revertirse.
Pero hay más. Uno de los dos fondos soberanos
existentes en el exterior, generados con superávit fiscales logrados en años de
elevados precios del cobre, es el Fondo de Reserva Previsional conformado
precisamente pensando en los recursos que requeriría el fisco para solventar
este gasto a futuro. Lo inconcebible es que habiéndose registrado en estos años
un elevado gasto fiscal con fines previsionales, este fondo nunca se haya
utilizado. Por otra parte, gobernar sin enfrentarse con los abusos cometidos
por la AFP ha implicado concederles beneficios tributarios enormes. Es lo
acontecido con las fusiones fantasmas de AFP al cual recurrieron los consorcios
financieros norteamericanos Principal Financial Group y MetLife, lo que les
permitió reducir sus impuestos a cancelar en US$410 millones, con el visto
bueno de la Superintendencia de Pensiones y un Ejecutivo que se ha hecho a un
lado dejando que el conflicto lo resuelvan “instancias técnicas”, cuyo actuar
ha merecido incluso observaciones de la Contraloría General de la República.
Por su parte, las grandes organizaciones empresariales y las principales
cadenas de comunicación han reiterado su total apoyo al sistema de AFP.
Finalmente, la presidenta después de una reunión
efectuada el 4 de agosto con su Comité de Ministros, reiteró que “vamos a darle
urgencia a la AFP estatal”, reconociendo explícitamente que ello “no resuelve
todos los temas (…) mientras tanto estamos trabajando también en una propuesta
que permita mejorar el sistema (…) un poquito más allá de la AFP estatal,”,
cuando la exigencia nacional es producir transformaciones de fondo. Luego,
repitiendo la afirmación del ministro Valdés, declaró en entrevista radial que
“no podemos caer en populismos y prometer cosas que no podemos cumplir”.
Anunciando que en el corto plazo espera dar a conocer una propuesta concreta.
Lo que es claro –detalló- es que ya nunca más podremos volver a un sistema como
el de reparto, porque la natalidad va disminuyendo y estamos viviendo más años”
(07/08/16). Ello aunque las cifras demuestran que la realidad del país permite
sostener por largos años el sistema de reparto.
Rápidamente sus declaraciones fueron valoradas por
el presidente de la Asociación de AFP, Rodrigo Pérez Mackenna, el exministro
del gobierno de Piñera. “Nos parece bien –dijo- porque despeja algunas dudas
que había. Además –destacó especialmente-, compartimos el diagnóstico de que
los cambios demográficos del país hacen inviable volver a un sistema de
reparto” (07/08/16). Por su parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores NO
+ AFP respondió que “mientras se siga insistiendo en la permanencia de las AFP,
seguimos movilizados”. Y, por tal motivo hicieron un llamamiento a hacer sonar
cacerolas “hasta que se
escuche en La Moneda. (…) no podrán hacernos callar
hasta que conquistemos un verdadero sistema previsional, uno de reparto
solidario (…) como el que nos merecemos” (07/08/16).
1 Resumen Económico N°170, abril-junio 2016.
2 Véase, Los mecanismos fraudulentos de hacer
fortuna. Mapa de la Extrema Riqueza 2015, pág. 275.
- Hugo Fazio es economista , ex Sub Gerente General
del Banco Central de Chile, Director del Centro de Estudios Nacionales de
Desarrollo Alternativo (CENDA), Santiago .
Carta Económica, 07/08/2016
http://www.alainet.org/es/articulo/179553
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