PERÚ. ORDENAN LA CAPTURA DE 3 EX JEFES MILITARES POR LA MATANZA DE ACCOMARCA

Nos duele recordar, pero más nos duele olvidar

PERÚ. ORDENAN LA CAPTURA

DE 3 EX JEFES MILITARES

POR LA MATANZA DE ACCOMARCA

Por César Romero / Resumen Latinoamericano /

La República/ 2 de Septiembre 2016.- Histórico.

También del ex subteniente Juan Rivera Rondón y 5 ex soldados. Telmo Hurtado recibió 23 años de prisión. Jueces concluyeron que se trató de un asesinato múltiple compatible con el delito de lesa humanidad.

La justicia llegó tarde. Treinta y un años después de la matanza de los pobladores de Llocllapampa, Accomarca. Y ocho horas de retraso tuvo la audiencia en el penal Castro Castro para la lectura de sentencia a los militares acusados de cometer este crimen.

Pero la larga espera dio resultado. Los jueces Ricardo Brousset Salas, Mirtha Bendezú Gomez y María Vidal La Rosa Sánchez dictaron una sentencia, considerada histórica, entre las 7:10 de la noche del miércoles y las 2:35 de la mañana del jueves.

Los tres integrantes del colegiado “A” de la Sala Penal Nacional concluyeron que el crimen de Accomarca, producido el 14 de agosto de 1985, fue un ataque sistemático a la población civil, un asesinato múltiple con gran crueldad y una grave violación a los DDHH compatible con el delito de lesa humanidad.

Por ello condenaron a los principales jefes de la II División de Infantería en 1985, el general Wilfredo Mori Orzo y los coroneles Nelson Gonzales Feria y Carlos Delgado Medina, a 25 años de prisión.

Luego, como autores directos, a los entonces subtenientes Telmo Hurtado, jefe de la patrulla Lince 7, y Juan Rivera Rondón, de la patrulla Lince 6, a 23 y 24 años de prisión cada uno. Además, a 10 años de cárcel a cinco soldados que integraron dichas patrullas. En total, fueron 10 militares sentenciados a penas de cárcel efectiva. Ellos deberán pagar una reparación civil de 150 mil soles por cada víctima.

Salvo Hurtado, que está preso desde hace 13 años y 4 meses, la lectura de la sentencia concluyó con la orden de captura de los nueve condenados.

A la audiencia solo se habían presentado Hurtado, que está detenido, y el general José Williams Zapata, ex jefe de la compañía Lince, que fue absuelto.

Orden superior

Por unanimidad, los jueces señalaron que la matanza de Accomarca fue un acto criminal ordenado por el jefe de la 2a División de Infantería, general Wilfredo Mori Orzo, y su estado mayor: Nelson Gonzales y Carlos Delgado Medina.

Además, estableció que, luego de producido el crimen, el Ejército ocultó la orden verbal y la participación de la patrulla Lince 6. La sentencia destruyó la versión de que el crimen fue un acto de ‘locura’ del subteniente Hurtado.

La matanza de Accomarca –subrayan los jueces– fue un operativo de inteligencia que tenía como objetivo la eliminación sistemática de la población de Llocllapampa.

La prueba de esta situación, dicen, es que, al estallar el escándalo, Mori fue pasado al retiro y Hurtado permaneció en activo y llegó a ascender hasta mayor del Ejército.

Las víctimas

También concluye que no se sabe el número exacto de víctimas, y se ha fijado en 61 agraviados, en base a la declaración de los testigos y militares. De estos, solo 23 han sido identificados. La mayoría eran mujeres, ancianos y niños pequeños, a los que no se les puede atribuir que formaran parte de las columnas senderistas.

A ellos se agrega la eliminación de Filomeno Chuchón Tecse, detenido y entregado como guía a las patrullas. Fue eliminado al concluir el operativo.

El tribunal descartó, por falta de pruebas, el asesinato de siete sobrevivientes, un mes después de la matanza. Por insuficiencia probatoria también se descartó la desaparición forzada de Martín Baldeón Ayala y su esposa Paulina Pulido Palacios, en la base de Vilcashuamán.

Responsabilidad

Los jueces indicaron que la declaración uniforme y coherente de Telmo Hurtado y los documentos recabados en la investigación que realizó el fuero militar en los años 80 se constituyen en las principales pruebas en este juicio.

Así, indicaron que el “Plan de Operaciones Hualgayoc” contemplaba acciones de patrullaje y destrucción de objetivos terroristas, pero minutos antes de que comenzara el traslado de las tropas, el fallecido jefe de inteligencia César Uribe comunicó verbalmente una nueva orden.

A partir de ese momento, la intervención se convirtió en una operación de inteligencia encubierta. No debía haber ninguna captura y debía eliminarse a toda persona que se encontrará en la quebrada de Hualgayoc, incluyendo al guía.

El tribunal concluye que el único que tenía autoridad para cambiar la orden inicial, como lo reconocen diversos testigos, era el jefe de la II División de Infantería. Mori se apartó del sistema legal y aprovechó la estructura de mando para emitir una orden ilegal que los oficiales Telmo Hurtado y Juan Rivera debieron acatar.

También resaltaron que hasta hoy no se identifica a todos los integrantes de las patrullas Lince y solo se ha procesado a 16 soldados que hacían servicio militar.

Al ingresar a Llocllapampa, los soldados procedieron a llamar y buscar casa por casa a todos los pobladores, citándolos a una asamblea. Luego, Hurtado y dos sargentos los hicieron ingresar a una casa, donde les dispararon, les lanzaron una granada e incendiaron las casas para desaparecer los cuerpos.

El juicio se demoró por la ineficiencia del Estado

Pese a la importancia del caso y que el veredicto debió darse con mayor publicidad, la audiencia se realizó solo con la participación de los abogados y los familiares de las víctimas. No hubo cámaras fotográficas ni de televisión.

Los magistrados reconocieron en el fallo que hubo una demora, por ineficiencia del Estado, en el desarrollo del proceso que se alargó por 11 años, incluyendo los 5 de juicio público. Dijeron que ellos hicieron sacrificios personales para sacar adelante el caso, luego de que fueron separados de la Sala Penal Nacional y distribuidos en distintos tribunales.

El retraso en el inicio de la audiencia, que generó críticas en el Congreso y el propio Poder Judicial, se debió a un desacuerdo sobre la participación de los miembros del Estado Mayor de la II División de Infantería: Nelson Gonzales Feria y Carlos Delgado Medina, que fueron condenados por mayoría. Ricardo Brousset planteaba absolverlos. Las dos juezas, Mirtha Bendezú y María Vidal, se inclinaron por la condena.

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