Patricia Elena Aceves Pastrana *
Se aproxima la aprobación del presupuesto
educativo para 2017 y el gobierno aún no ha dado a conocer el destino y
utilización de las partidas de 2016 destinadas a la reforma educativa, y en
específico a la formación de profesores.
Al respecto, Luis Hernández Navarro informó en la
prensa la firma de un convenio de colaboración entre la SEP y el Tecnológico de
Monterrey, realizada en marzo pasado, por un monto de 600 millones de pesos
para la capacitación de 60 mil profesores del sistema público mediante una
plataforma virtual. En la firma del acuerdo también se dijo que la meta sería
llegar a un millón de docentes actualizados y mejor capacitados.
Este convenio forma parte del modelo establecido
por la SEP para la formación de profesores, que contempla fundamentalmente
cursos en línea, sin la presencia de los maestros. Se trata de un modelo que
ignora las grandes carencias que existen en las escuelas rurales, que no cuentan
con energía eléctrica ni conectividad a Internet.
La reforma educativa ofrece a los empresarios
oportunidades de hacer negocio en el mercado de la educación. Ese es el caso de
la evaluación a maestros, la elaboración de materiales didácticos, la publicación
de textos, la venta y alquiler de equipo y mobiliario, y la construcción y el
mejoramiento de escuelas con el financiamiento de los Certificados de
Infraestructura Escolar Nacional.
En esta perspectiva, la reforma educativa
representa un lucrativo negocio de largo alcance, en expansión hacia la
totalidad de los niveles de enseñanza. Así lo anuncia la reforma de las
normales y la nueva ley general de educación superior, en vías de preparación
en la Comisión de Educación del Senado.
Esto puede verse con claridad en el anteproyecto de
ley general de educación superior, supuestamente elaborado por la secretaría
general de la Anuies, fechado en junio de 2016. Si bien el documento está
marcado como un borrador, es una propuesta terminada de lo que sería la nueva
legislación para ese nivel de enseñanza El texto explica que desde marzo de
2015, el consejo general de la Anuies y la Subsecretaría de Educación Superior
acordaron integrar mesas de trabajo sobre diversas temáticas de educación
superior, incluida la legislación que regula este sector. También menciona que
en marzo del año en curso, bajo el auspicio de la Comisión de Educación del
Senado, fueron celebradas mesas de debate sobre la situación actual, desafíos y
expectativas de la legislación en materia de educación superior.
Posteriormente, el consejo superior de la Anuies
integró una comisión de rectores encargada de elaborar una propuesta
relacionada con la legislación en materia de educación superior. En la
redacción del texto fueron tomados como referentes obligados: la Declaración
Mundial sobre la Educación Superior de la Unesco (1998) y las propuestas del
Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
No es mi intención hacer un análisis global del
anteproyecto integrado por ocho capítulos y 50 artículos, sino mostrar los
cambios más significativos que introduciría en caso de ser aprobado como ley.
Para empezar, crea un sistema de educación superior que incorpora a las instituciones
particulares, beneficiarias, en adelante, de estímulos económicos y de
reconocimiento institucional de validez de estudios por 10 años, o bien con
vigencia indefinida, mediante decretos presidenciales y acuerdos secretariales.
Lo más grave del asunto es que señala, en su
capítulo I, artículo 1: la participación de las instituciones de educación
superior [públicas y particulares] en la coordinación, planeación y
financiamiento de la educación superior.
De esta manera, establecería una nueva legalidad contraria
a los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
ya que pasa por encima del espíritu y las normas contenidas en los artículos 1°
y 3° de nuestra Carta Magna. Ello implica que el Estado subrogaría una función
que sólo a él le compete desempeñar e impulsaría el proceso de privatización,
que como ha señalado recientemente el senador Manuel Bartlett, alcanza 46 por
ciento de la educación superior.
Por otro lado, su capítulo II, artículo 13, crea un
sistema nacional de evaluación de la educación superior que integra y reconoce
los distintos organismos y organizaciones nacionales y extranjeras
especializadas en evaluación y acreditación, para valorar de manera homogénea
la calidad académica de las instituciones y sus programas. De ser aprobada esta
disposición, que es contraria a los principios de la Constitución,
representaría también un ataque directo tanto a la autonomía de las escuelas
públicas de nivel superior como a la soberanía nacional. Con ello abriría la
puerta a los objetivos privatizadores de la OCDE y organismos afines
extranjeros y nacionales que buscan profundizar su control sobre la enseñanza
en México. Conviene tener presente que, en este año, el presupuesto de
educación sufrió dos recortes y que para 2017 viene disminuido en 10 por
ciento.
Sería inmoral y ofensivo para los miembros de las
comunidades académicas y estudiantiles, así como para la sociedad en su
conjunto, elevar a rango de ley las oportunidades de negocio de una minoría sin
escrúpulos, a la que no le importa sacrificar el bien público y la educación de
millones de niños y jóvenes.
* Diputada federal
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