lunes, 17 de octubre de 2016

LOS GENOCIDAS DE 69 CAMPESINOS DE ACCOMARCA – LLOCLLAPAMPA – AYACUCHO: PSICOPATA AVEZADO CRIMINAL ALAN GARCÍA Y SU SICARIO MILITAR DEL EJERCITO PERUANO TELMO HURTADO


Nos duele recordar, pero más nos duele olvidar

LOS GENOCIDAS DE 69 CAMPESINOS DE
ACCOMARCA – LLOCLLAPAMPA – AYACUCHO:
PSICOPATA AVEZADO CRIMINAL ALAN GARCÍA
Y SU SICARIO MILITAR DEL EJERCITO PERUANO
TELMO HURTADO:

Cuánta alegría seria para los millones de peruanos, que Reuters, AP, CNN, BBC, etc. difundieran el presente para que el mundo conozca las atrocidades que se tapan con una uña de los sátrapas, sicarios, psicópatas ex gobernantes del Perú. Los seres humanos que fueron calcinados, incinerados, acribillados a balazos, tienen todo el derecho que sus asesinos también mueran presos o calcinados e incinerados o fusilados, para que las familias encuentren justicia y vivan tranquilas.

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From: JOSE CRISTIAN SERQUEN SANANDRES

En una entrevista difundida por un programa matutino de la televisión, conducida por Beto Ortiz, el “aproso” sicario Mauricio Mulder trató de excluir de toda responsabilidad al “corrupto y genocida” psicópata avezado criminal Alan García Pérez, en relación al caso de Accomarca. Con un empacho mental, el popular “perro de chacra”, sicario Mulder, quiso hacer creer que el psicópata avezado criminal Alan García no tenía ninguna responsabilidad en la masacre, pues, según remarcó, recién asumía la Presidencia de la República. Lo cierto es que el psicópata avezado criminal Alan “Babá” García no sólo tenía conocimiento de las masacres que violaban los derechos humanos, sino puso toda la maquinaria del Estado para encubrir a los asesinos que habían ejecutado las órdenes de los altos jefes militares y que, además, obedecían a la política antisubversiva aprobada y avalada por el propio presidente.

El 14 de agosto de 1985, un atroz crimen estremeció Ayacucho. La comunidad de Accomarca, ubicada en la provincia de Vilcashuamán, fue el escenario donde la sangre de los comuneros se entremezcló con balas, incendios y granadas de los efectivos militares. La masacre dejó sesenta y nueve pobladores muertos, así como un largo camino para que la justicia alcance a sus familias.

En la mañana del 14 de agosto, las patrullas del subteniente sicario EP Telmo Hurtado Hurtado y la del teniente sicario EP Juan Rivera Rondón –aproximadamente 25 efectivos– bajaron a Llocllapampa, ubicado a tres kilómetros de Accomarca. Ahí, bajo el pretexto de una asamblea, los militares reunieron a 69 comuneros en la plaza de dicho poblado.

Los agruparon en tres viviendas, previa separación de hombres, mujeres y niños: a los hombres los encerraron en la casa de Cipriano Gamboa, a las mujeres en la casa de César Gamboa y a los niños los llevaron a la casa de Rufina de La Cruz. Pero, tal como indican los testigos, las mujeres fueron llevadas previamente a una acequia en donde las habrían violaron. Ello se deduce de los gritos que escucharon los comuneros mientras permanecían escondidos entre los matorrales.

Los militares acusaron a los pobladores de terroristas, ya que tenían referencias de que en Llocllapampa funcionaban dos escuelas populares y un centro de abastecimiento senderista, con municiones, alimentos y frazadas. Luego empezaron los disparos y tras ello, la desesperación.

Las mujeres gritaban aterrorizadas, los ancianos pedían auxilio, los niños lloraban. Sin embargo los efectivos no cesaban en su accionar, por el contrario, procedieron a incendiar las viviendas y finalmente les lanzaron granadas.

A las cuatro de la tarde, los efectivos se retiraron. Los pobladores que habían logrado escapar regresaron al lugar y observaron la horrible escena: 39 adultos y 23 niños ejecutados.

Pero la masacre aún no había terminado. En las semanas siguientes fueron asesinados varios testigos del múltiple crimen con el evidente propósito de ocultarlo y sustraer a los responsables de la acción de la justicia

LA INVESTIGACIÓN

El 11 de setiembre de 1985, el Senado nombró una comisión investigadora presidida por sicario aprista Javier Valle Riestra que tenía como propósito, investigar las matanzas de Pucayacu y Accomarca.

Dos días después de nombrada la comisión, el entonces diputado Fernando Olivera encontró ocultos los cuerpos de cinco personas –sin rigor mortis, sangrantes, asesinadas a balazos– en nichos del cementerio de Accomarca. Según el testimonio de Viviana Baldeón Pulido, horas antes del arribo de la comisión investigadora, militares habrían llegado a la zona y eliminado a los testigos.

Como parte de sus indagaciones la comisión senatorial entrevistó al subteniente Telmo Hurtado en el cuartel “Los Cabitos” (Ayacucho). Hurtado no mostró arrepentimiento alguno por lo ocurrido e incluso llegó a justificar el asesinato de niños aduciendo que los comunistas iniciaban el adoctrinamiento de sus seguidores desde muy temprana edad.

El 12 de octubre, la comisión investigadora emitió su informe final. Concluyó que en el caso Accomarca-Llocllapampa, se perpetró un delito común y no castrense, que es probable que la cifra de víctimas fuera de aproximadamente 69 y que no se demostró si hubo violación sexual.

Asimismo, indicó que era necesario estudiar si los autores materiales actuaron en virtud de órdenes verbales o si sus acciones respondieron a la formación recibida.

ACCIONES JUDICIALES

El 17 de setiembre, el fuero militar abrió instrucción contra el Sub Teniente Telmo Hurtado y otros militares por abuso de autoridad y homicidio en agravio de 69 civiles fallecidos en Accomarca. Simultáneamente, el juez instructor ad hoc abrió instrucción por homicidio calificado.

Pese a que la responsabilidad de los altos mandos y mandos intermedios estaba clara en la matanza de Accomarca –en tanto era producto de la política dirigida desde el Estado a través del Presidente de la República y los altos mandos del Ejército y Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas– el caso fue ventilado en la justicia militar por decisión de la Corte Suprema, en marzo de 1986. En ese fuero, Telmo Hurtado fue absuelto de los delitos de homicidio, negligencia y desobediencia, y sólo fue condenado –por abuso de autoridad– a seis años de prisión y al pago de 500 soles por concepto de reparación civil a los deudos de las víctimas. El resto de efectivos militares fue absuelto.

Siete años más tarde, el Consejo Supremo de Justicia Militar, confirmó la sentencia y la reparación otorgada. Para entonces Telmo Hurtado ya ostentaba el grado de capitán. Posteriormente, en mayo de 1999, la prensa informó que Hurtado laboraba normalmente en la Sexta Región Militar del Ejército y que incluso ya había ascendido a mayor.

Todas las reacciones y acciones de las Fuerzas Armadas y del propio presidente Alan García –quien ofreció modificar la política subversiva pero los posteriores atropellos y violaciones a los derechos humanos comprueban que no lo hizo– se dirigieron a encubrir los hechos y a encontrar un chivo expiatorio –Telmo Hurtado– quien pese a su responsabilidad en el caso no es el único implicado. Los altos mandos y mandos intermedios, así como todos los que participaron en la planificación, coordinación, ejecución y encubrimiento de este crimen de lesa humanidad tienen una deuda pendiente con la justicia y con la nación.

LA DENUNCIA

El 2 de febrero pasado, la fiscal especializada en derechos humanos Cristina Olazábal, presentó la denuncia contra el ex presidente Alan García, por delito de omisión impropia, y otros altos mandos militares (entre ellos, César Enrico Praeli, ex presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; Jorge Flores Torres, ex ministro de Guerra; Sinesio Jarama Dávila, jefe de la Segunda Región Militar; Wilfredo Mori Orzo, jefe político militar de Ayacucho; Nelson Gonzáles Feria, ex jefe del Estado Mayor; César Martínez Uribe, ex comandante del Estado Mayor; José Williams Zapata, ex jefe de la compañía Lince; entre otros) por el asesinato y genocidio de 69 pobladores de la comunidad de Accomarca.

Desde entonces, la fiscal Olazábal fue objeto de duras críticas por parte de sectores vinculados al partido aprista, así como de continuos hostigamientos y amenazas. Asimismo, en abril pasado, la Fiscalía Suprema de Control Interno solicitó su destitución, pero el pedido no prosperó. Pese a ello, la magistrada ha recibido el respaldo de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, así como de los propios afectados por la violencia quienes destacaron su labor.

El 1º de abril pasado, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, emitió la Resolución Administrativa No 075-2005 en la que señalaba que “los Juzgados Penales Supraprovinciales que funcionan en el distrito judicial de Lima tienen competencia para conocer delitos contra la humanidad (...), así como los delitos conexos a los mismos, acontecidos en cualquier lugar del territorio nacional”. Con ello, el caso Accomarca y otros en los que hubiera tres o más agraviados, fueron trasladados a Lima.

El 1º de junio, el titular del Tercer Juzgado Supraprovincial, Walter Castillo, abrió proceso con diversos mandatos de detención a más de 20 militares, presuntamente responsables de la matanza de Accomarca pero decidió archivar, comprado este hijo de la corrupción, en primera instancia, la denuncia penal que emitió la fiscal Cristina Olazábal contra Alan García, tras determinar que no se han presentado las pruebas suficientes para abrir un proceso penal al líder aprista. Tampoco abrió instrucción contra el ex ministro de Guerra, Jorge Flores Torres; el ex presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Enrico Praeli; ni contra el ex jefe de la Segunda Región Militar, Sinesio Jarama Dávila.

Este horrendo crimen el hijo de puta psicópata avezado criminal Alan Garcia Pérez tiene mierda que pagarla, no se puede ir al otro mundo así de fácil este anciano, ya los fiscales de Roma piden cadena perpetua para el otro genocida Morales Bermudez y que espera Sanchez Velvarde fiscal de la nación, que no pide la cadena perpetua para este hijo de perro psicópata avezado criminal Alan García Pérez: En Accomarca mierdas violaron, calcinaron e incineraron a seres humanos, no fueron bestias de carga, fueron seres humanos como la hija Josefina Pérez Nores que en esa época tenía 10 años; como la niña CAMILA que fue violada salvajemente por todo un ejército del Perú, carajo no le da vergüenza esto a los podridos jueces que encubren este crimen de lesa humanidad a esa bestia psicópata avezado criminal Alan García Pérez, tanto mierda pesan los millones de los narco indultos y de la corrupción.

Saben, en la visita que hizo el psicópata avezado criminal Alan García Pérez a PPK lo aconsejó acribillar a los campesinos que se oponen a la explotación minera, ya va uno en las Bambas-Cotabamba-Apurímac-Abancay, cuántos más serán los muertos PPK, Basombrío y los hombres del presidente, y también trato sobre el negociazo Carlos Renato Morales Chacón, primo de la Chacon procesa y a la vez circongresista, qué barbaridad, cómo carajo tenemos en el congreso a gente comprometida con el delito, este negociazo Carlos Moreno, fue miembro de la campana del psicópata avezado criminal, que si hubiera ganado este genocida, ya los millones se hubieran convertido en grandes edificios a costa de las enfermedades de los más pobres del Perú, cómo mierda se tiran la plata del SIS.

unidad de investigacion partido nacionalista peruano
secretaria de asuntos profesionales /fedep
base distrital de mochumi lambayeque peru

Guillermo C. Cohen-DeGovia
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fecha: 16 de octubre de 2016, 8:27
asunto: [nuestramerica] PERU: los crimenes de lesa humanidad ni pedon ni olvido: carcel o fusilamiento para los asesinos de campesinos,
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