Ejemplo de investigación
INFORME. LAS ESTRATEGIAS
DESTITUYENTES
DE LA OPOSICIÓN EN
VENEZUELA
POR Javier Calderón, Silvina Romano y
Gisela Brito / Investigadores Observatorio de Coyuntura CELAG /
Resumen Latinoamericano, 4 noviembre
2016.-
El calendario electoral de la República Bolivariana de Venezuela es el
más activo de la región, con un promedio de año o año y medio entre cada
llamado democrático para elegir en las urnas alcaldes, gobernadores, diputados
o presidente. La Constitución de 1999 introdujo la figura del revocatorio de
mandato a los funcionarios elegidos por voto popular. Se trata de una figura
novedosa en la región utilizada por primera vez en 2004 para consultar a las
mayorías si el presidente Hugo Chávez debía o no continuar en el cargo.
En 18 años de gobierno bolivariano se llevaron a cabo 18 elecciones. A
pesar de esta innegable práctica democrática, el chavismo ha estado bajo
permanente sospecha antidemocrática por parte del poder mediático hegemónico [1]. Además, en reacción a las continuas
derrotas electorales, la oposición ha reaccionado organizando acciones
desestabilizadoras como el intento de golpe cívico-militar en el 2002, el paro
petrolero en 2002-2003 y las más recientes medidas de fuerza callejera en
febrero de 2014.
La Mesa de Unidad Democrática (MUD) es el nombre que reúne a 18 partidos
políticos [2] de la derecha venezolana entre los
que destacan Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción
Democrática y el COPEI, que tienen como principal objetivo candidaturas
unitarias en los procesos electorales para contrarrestar el poder comunal y
electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela-PSUV. Lo fundamental es que
estos partidos también gobiernan en diferentes niveles, con gobernadores y
alcaldes electos y conforman el bloque mayoritario en la Asamblea Nacional,
realidad que impide desde cualquier perspectiva racional hablar de dictadura.
El
referendo revocatorio
A comienzos del 2016, la oposición empezó el proceso revocatorio del
presidente Nicolás Maduro, tramitado por el Consejo Nacional Electoral – CNE,
órgano rector de los procesos electorales, que establece las condiciones de
tiempo y forma que deben cumplirse para realizar el referendo. El
proceso, durante el 2004, demoró cerca de un año y cuatro meses para ser
legalizado, puesto que no es un trámite notarial, sino un proceso electoral que
pretende la participación ciudadana y pone en juego derechos adquiridos de los
elegidos y los electores. En el referendo propuesto por la MUD este año, los procedimientos
que deben seguirse son los mismos que en el anterior:
1.
Recolección y posterior validación de
firmas del 1% del padrón electoral en cada Estado,
2.
Recolección y posterior validación de
firmas y huellas del 20% de los electores de cada Estado que desean revocar el
mandato del presidente de la República
3.
Convocatoria y realización del
referéndum según los plazos legales.
El CNE explicó el 26 de abril -cuando emitió los formularios para
recolección de firmas que daría inicio al proceso- que el tiempo constitucional
para el aval de las firmas era de 170 días hábiles, lo cual indicaría que en el
mejor de los casos el referendo se realizaría a finales de Enero de 2017, eso
sin contar los días corridos por el análisis de quejas, reclamos o denuncias
ciudadanas sobre el proceso.
El último 20 de octubre, los Tribunales Penales de los Estados de
Carabobo, Aragua, Bolívar, Monagas y Apure sentenciaron la anulación de la
primera etapa del proceso de recolección de firmas del referendo, por encontrar
razón a las demandas interpuestas por ciudadanos quienes demostraron falsedad
en la identidad de los firmantes, suplantación de identidad y utilización de
identidades de personas fallecidas. Estas decisiones judiciales obligaron al
CNE a posponer la segunda fase del referendo revocatorio.
Se trata de hechos judiciales emanados de un poder público que tiene
procedimientos y leyes establecidas, a las cuales acuden los ciudadanos para
tutelar sus derechos constitucionales. Estos Tribunales deben velar por la
protección de los derechos de todos los ciudadanos, tanto los de derecha como
los que apoyan al actual gobierno.
De realizarse, el referendo revocatorio tendría lugar en el 2017. Esto
siempre bajo la condición de que la oposición logre conseguir las firmas
necesarias sin acudir a las irregularidades detectadas por la justicia de los
cinco estados mencionados. En tal caso, las elecciones se realizarán 20 días
después de la certificación del 20% del padrón electoral. Este es el meollo de
la cuestión, pues la derecha encuentra insostenible esta situación, ya que, de
acuerdo a las normas constitucionales, de darse un referendo revocatorio
pasados los tres años de gobierno y de resultar consumado el mandato
revocatorio, el vicepresidente asumirá el cargo de presidente para finalizar el
mandato. Esto quiere decir que aún con un resultado adverso para el oficialismo
en el referéndum, el mandato del PSUV continuaría hasta el 2019.
Las
divisiones en la oposición, ¿gobernar o desestabilizar?
La MUD surgió en el 2006 como un conglomerado de fuerzas cuyo único
punto de acuerdo era –y es– la alianza electoral con la intención de poner fin
al gobierno de la Revolución Bolivariana. La pretendida “unidad” de la
oposición venezolana es desde entonces solo un eufemismo: en la alianza opositora
coexisten tendencias irreconciliables que se manifiestan en estrategias
políticas divergentes, las cuales van atravesando ciclos de tensión variable.
Actualmente, a cada comunicado de la MUD publicado supuestamente en
representación de todas las fuerzas que la integran, le siguen un gran número
de denuncias desde distintos sectores opositores que acusan a la dirigencia de
la Mesa de tomar decisiones inconsultas. A lo anterior hay que sumar la disputa
por el liderazgo. Hasta la actualidad, la MUD no cuenta con un liderazgo claro
y unificado, ni tampoco con un perfil potencialmente candidato en el hipotético
escenario de unas elecciones anticipadas. Así lo señala un reconocido opositor
que dirige una empresa de investigación social: “La oposición tiene fuertes
divisiones internas alrededor de cómo enfrentar al gobierno para provocar su
salida y quién se quedaría después (…) Las batallas entre los líderes
opositores por capitalizar el liderazgo no son secundarias, son un problema
real” [3].
Durante todo el año 2016 la oposición trabajó en tres frentes, en los que también se observan estas diferencias
internas:
1.
La Asamblea Nacional
El rol de la AN durante el 2016 no fue proponer un proyecto alternativo
de gobierno, sino que se redujo a la utilización de los resortes
institucionales para forzar una salida anticipada del gobierno de Nicolás
Maduro. En la misma sesión de instalación de la nueva Asamblea, Henry Ramos
Allup estableció un plazo de seis meses para terminar con el gobierno.
En el proceso eleccionario para la Asamblea Nacional, la oposición
advirtió a nivel nacional e internacional sobre las acciones fraudulentas que
llevaría a cabo el partido en el gobierno para mantener mayoría en el
Parlamento [4]. Esto no sucedió.
Primera acción: denunciar al Poder Ejecutivo (23 diciembre 2015). Luego
de ser conocidos los resultados, que dieron mayoría a la oposición en la
Asamblea Nacional, la oposición comenzó advertir sobre “golpe judicial” contra
el Parlamento.
Primer proyecto vetado: la ley de emergencia promulgada por el Poder
Ejecutivo [5]. En ese momento quedó claro que la
oposición apostaría por la desestabilización, en lugar de apoyar los caminos
para una salida conjunta de la crisis.
Primer proyecto aprobado: Amnistía a presos políticos (30 marzo 2016).
Esta amnistía abarcaba desde enero de 1999 hasta el 2016, incluyendo a personas
“…injustamente presas o perseguidas por motivos políticos, de su responsabilidad
civil, penal, administrativa, disciplinaria o tributaria” (art. 2). Esto
implica todo tipo de delito (por ejemplo el uso de menores para delinquir o el
porte ilegal de armas de fuego) y abre el cuestionamiento de cómo se
garantizaría que los que apelen a la amnistía sean los –supuestos– presos
políticos y no lisos y llanos estafadores, delincuentes o gente que se
haya enriquecido de manera ilícita [6] [7].
“Juicio
político”: La MUD convocó el pasado domingo 23 de octubre a la Asamblea Nacional
para iniciar un “juicio político” en contra del presidente Maduro, como forma
de sustituir el referendo revocatorio. Se trata de un procedimiento que evoca
los aplicados en Honduras, Paraguay y Brasil, pero que no existe jurídicamente
en la legislación venezolana. En esa sesión, la oposición suscribió una
declaración titulada “Acuerdo para la restitución del orden constitucional en
Venezuela” [8] en la que se afirma que el país vive
una “ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de estado
cometido por el régimen de Nicolás Maduro”. En el texto, se desconocen
abiertamente las instituciones y los poderes públicos de Venezuela,
especialmente al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo Nacional Electoral y
se hace un llamado explícito a la desobediencia de las FFAA.
Para el 1 de noviembre se convocó a una comparecencia del presidente
Maduro en la AN. Durante la sesión se definió a pedido del representante de
Primero Justicia, Julio Borges, diferir la convocatoria a la espera de los
resultados de las mesas de diálogo instaladas a partir del 30 de octubre con
participación del Vaticano y Unasur, y convocar una nueva sesión para el 8 de
noviembre. Se busca declarar la “responsabilidad política” del mandatario en la
situación económica, lo cual no tendría ningún efecto jurídico, sino que se
trata de una declaración política. En paralelo se estudia la aplicación de la
figura de “abandono del cargo” contemplada en el artículo 233 de la carta magna
como uno de los casos de “falta absoluta” del presidente (entre los que también
están incluidos el fallecimiento o la renuncia). Esta figura no procede en
términos jurídicos y sería, de ser aprobada, declarada inconstitucional, por lo
cual también tendría un efecto más político que legal. Ambas iniciativas están
destinadas a aumentar la presión mediática de la “comunidad internacional”.
El TSJ ha declarado inconstitucional seis de los diez proyectos de ley
que ha aprobado la Asamblea desde su formación en enero. Desde septiembre la AN
se encuentra “en desacato” por no cumplir una sentencia de la Sala Electoral
del TSJ referida la juramentación irregular de tres diputados cuya elección
está bajo investigación. Es decir sus actos son considerados inconstitucionales
y carentes de fuerza jurídica según la sentencia 808 de la Sala Constitucional
del TSJ [9].
2.
La protesta en las calles
Primera movilización: en abril Capriles lideró la convocatoria a un
referéndum revocatorio del presidente Maduro y adicionalmente la MUD pedía la
“renuncia voluntaria” del presidente [10]. Desde el gobierno se exigió que se
cumplan los tiempos y formas estipuladas en la constitución para el referéndum
(como enunciamos más arriba).
El 1 de septiembre se llevó a cabo la “Toma de Caracas”, primera
manifestación multitudinaria de la oposición.
Ante el pronunciamiento del CNE por las inconsistencias en la reunión de
firmas para el revocatorio, varios líderes de la oposición, entre ellos
Capriles y Machado, llamaron a “Tomar Venezuela” el 26 de octubre. La marcha se
desarrolló sin inconvenientes, “lamentablemente” para la oposición, que
auguraba represión e inconsistencias por parte del gobierno.
3.
Convocatoria a la comunidad
internacional
OEA: En mayo-junio, debido a la presión de la oposición, el Secretario
General de la OEA pide aplicar la Carta Democrática a Venezuela. A pesar de que
el presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Allup, consideró que estaba
activada desde el momento en que Almagro declaró su deseo de aplicarla [11], en la votación la aplicación fue
denegada.
El secretario General de la OEA prosigue su tarea de desestabilizar al
gobierno venezolano. El 28 de octubre se reunió con el ex presidente de Bolivia
José “Tuto” Quiroga quien le entregó un documento elaborado por la Iniciativa
Democrática de España y las Américas (IDEA) en el que se expresa la
“preocupación por la situación de Venezuela” y pide acciones.
Mercosur: desde el 13 de septiembre de 2016, los gobiernos de Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay han dado a Venezuela un “ultimátum” hasta el 1 de diciembre
para cumplir con los pactos del Mercosur y se han negado a reconocer que la
presidencia del bloque es ejercida legalmente por el país caribeño. Está
pendiente ver cómo procederán para demostrar que hay una “ruptura del orden
institucional” en Venezuela que justifique una suspensión del bloque, lo que no
han podido probar hasta ahora.
Presión
mediática: Desde el primer gobierno de Hugo Chávez, medios locales,
latinoamericanos, estadounidenses y europeos se han ocupado de reproducir una
imagen negativa sobre Venezuela. Para ello recurren a notas de opinión escritas
incluso por miembros de la oposición venezolana; notas editoriales; entrevistas
a “expertos”, “informes” de investigación; noticias varias que suelen carecer
de fuentes razonables o suficientes, e incluso información falsa [12]. Generalmente se repiten argumentos
sobre: crisis económica, crisis de gobernabilidad, indicadores de violencia,
corrupción, incapacidad de los gobernantes, etc. Algunos de los principales
medios son: El Nacional, El Universal, Diario de las Américas, Clarín, The New
York Times, The Washington Post, El País, El Mundo, ABC, entre otros [13]. Esto se refuerza con publicaciones
de tanques pensantes y revistas de relaciones internacionales y de negocios,
como Foreign Affairs, The Economist, Forbes cuyos discursos son legitimados por
la voz de los “expertos”.
El
Diálogo y la oposición venezolana
Las tensiones internas de la MUD volvieron a quedar en evidencia ante la
convocatoria al Diálogo del gobierno nacional, el cual cuenta con participación
de la comisión mediadora auspiciada por UNASUR y con oficio del Vaticano. El
secretario ejecutivo de la MUD (José Chúo Torrealba) acudió a la primera
reunión, mientras Voluntad Popular se abstuvo y emitió un comunicado al
respecto[14].
Incluso trascendió que Leopoldo López (líder de VP) afirmó que “no hay
condiciones para dialogar” [15]. Una posición similar mantienen
María Corina Machado (VV), Antonio Ledezma (ABP) y al menos otras 12
organizaciones minoritarias.
En cuanto a los avances del diálogo gobierno-oposición, se acordó
organizar el trabajo en las siguientes mesas temáticas: 1. Paz, Respeto al Estado de Derecho y a la Soberanía Nacional,
coordinada por José Luis Rodríguez Zapatero; 2. Verdad, Justicia, Derechos Humanos, Reparación de Víctimas y
Reconciliación, coordinada por el representante del Vaticano; 3. Económico-Social, coordinada por
Leonel Fernández; 4. Generación de Confianza y Cronograma Electoral, coordinada
por Martín Torrijos. Además se estableció una nueva fecha de reunión para el 11
de noviembre. En paralelo se produjeron reuniones por separado de la oposición
y del ejecutivo con el subsecretario para Asuntos Políticos del Departamento de
Estado estadounidense, Thomas Shannon.
Como muestra de la “voluntad de diálogo”, la MUD decidió suspender la
marcha que tenía convocada con una clara intención destituyente hacia el
palacio de Miraflores para el jueves 3 de noviembre. Varios partidos y
dirigentes de la Mesa manifestaron su desacuerdo, entre ellos VP, aunque
acataron la decisión estableciendo un nuevo “plazo” para marchar a Miraflores
-el próximo 12 de noviembre- condicionado a los resultados de las mesas de
diálogo, de las que tampoco participan. Henrique Capriles (PJ), quien parece en
las últimas semanas estar más cercano a estos sectores en cuanto a su
estrategia política, fue uno de los convocantes más activos la marcha del 3 de
noviembre, aunque finalmente su partido apoyó su suspensión.
Para que exista una disputa política tiene que haber un reconocimiento
del adversario en tanto tal. En el contexto actual, un sector de la oposición
venezolana aglutinada dentro de la MUD sustenta su estrategia política en el
supuesto de que en el país gobierna una “dictadura” o un “régimen”, aun cuando
se trata de un gobierno elegido legítimamente bajo los mismos mecanismos
institucionales que le permiten a la misma oposición ejercer gobierno en
municipios, estados y obtener una representación mayoritaria en la AN. De esta
manera, no reconoce al chavismo como un adversario político sino que lo asume
como un enemigo a aniquilar. Al hacerlo no solo pretende impugnar de raíz el
proceso de transformación profunda que vivió la sociedad venezolana en los
últimos 18 años sino que además abandona todo cauce genuinamente democrático.
De ser un actor político pasa a erigirse como un sector obstinado en el
derrocamiento de un gobierno cuyas estrategias oscilan entre el desconocimiento
de las reglas de juego institucionales y la acción violenta antisistema en las
calles.
[2]Ver: http://www.celag.org/informe-r
[4]Por ejemplo,
http://www.el-nacional.com/sie
[7]http://www.celag.org/cinco-
[8]http://www.asambleanacional
[9]Sentencia 808. http://historico.tsj.gob.ve/de
[10]http://laopinion.com/2016/
[11]http://www.americaeconomia
[12]Un ejemplo paradigmático es el video del 11 de abril de 2002 (filmado en
ocasión del golpe de Estado) utilizado para difundir la versión de que el
gobierno bolivariano había ordenado reprimir una marcha opositora. El autor del
video fue galardonado con el “Premio Internacional de Periodismo Rey de
España”. Posteriormente, el propio “periodista” que lo filmó reconoció que
había sido manipulado.
https://www.rebelion.org/hemer
[13]Un análisis documentado del tratamiento que la prensa hegemónica da a
Venezuela puede consultarse en el libro “Antiperiodistas. Confesiones de las
agresiones mediáticas contra Venezuela” de Fernando Casado (FOCA, 2015).
http://www.akal.com/libros/Ant
[14]https://www.lapatilla.com/
[15]http://quepasaenvenezuela.
de: Resumenrebel
<resumenrebel@gmail.com> a través de listas.nodo50.org
responder a: resumen@nodo50.org
para: Resumen Latinoamericano
<resumen@nodo50.org>
fecha: 4 de noviembre de 2016, 20:53
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