Venezuela en el
ojo del huracán
VENEZUELA:
¿CAERÁ EL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO?
Publicado: 4 nov 2016 19:25 GMT
Carlos Santa María
“Si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar al
opresor y odiar al oprimido”
Malcom X
El ascenso informativo desde hace tres años respecto a la situación del
país bolivariano se ha incrementado en niveles exorbitantes y ahora se dedica
programas completos de media hora, informes o adelantos noticiosos, que en
conjunto superan las dos horas promedio en varios canales occidentales,
insistiendo en el derrocamiento del presidente constitucional al crear la
imagen de dictador, violador de derechos humanos, analfabeta, entre otros
elementos.
La razón fundamental de esta situación posee una historia: con la muerte
abrupta de Hugo Chávez Frías se creyó que el Presidente Nicolás Maduro no
resistiría sino pocos meses a la Derecha organizada en la Mesa de Unidad
Democrática (MUD), y luego se destruiría el Poder Popular logrado en la
presidencia del extinto mandatario. Para acelerar el proceso se preparó un plan
de contingencia que contenía varios puntos, entre ellos, la creación de una ola
de violencia atribuida al gobierno con el fin de generar una reacción interna,
una tensión productiva y además una extraordinaria fuerza foránea que
presionara “La salida”. En esta campaña, la guerra mediática fue definitiva en
contra de los intereses populares o soberanos como lo ha sido permanentemente.
Sin embargo, el proyecto subversivo no prosperó y fue necesario recurrir
a una estrategia de más largo plazo que tomara en cuenta varios elementos que
permitiesen la desestabilización:
Uno. Contar con un apoyo
irrestricto de las agencias de inteligencia internacionales para subvertir el
orden, del órgano de propaganda internacional CNN (quien circula la información
en el mundo y al unísono), una financiación amplísima consistente en miles de
millones de dólares para las tácticas de calle, guerra mediática y bloqueo
alimenticio, soportada en un liderazgo absolutamente decidido al derrocamiento
del presidente.
Dos. La búsqueda del
Parlamento para iniciar desde allí una campaña demoledora, la que consiguió en
diciembre de 2015 al obtener mayoría en la Asamblea Nacional (AN).
Tres. Establecer la
unidad de mecanismos para provocar una situación que se expondría como crisis
humanitaria, convirtiendo a sus dirigentes en activistas de los derechos humanos
y la libertad. Se consideró, entonces, la exigencia de renuncia al mandato lo
que no fue logrado, declarar su incapacidad mental que también fue rápidamente
derrotado, una enmienda y/o reforma constitucional para disminuir el período
del dignatario que finalizó prontamente y, decididamente, exponer la nulidad de
su cargo por tener doble nacionalidad (colombiana). Lo anterior fue desmentido
oficialmente al comprobar su registro civil que nació en Caracas (Departamento
Libertador del Distrito Federal, Parroquia La Candelaria), el 23 de noviembre
de 1962, ratificado además por el Tribunal Supremo de Venezuela, complementado
por la Cancillería de Colombia y el Senado de esa nación, donde confirma
que no es colombiano ya que es inexistente alguna partida de nacimiento o
registro a su nombre en dicho país.
Cuatro. Actualmente la MUD
está en la etapa del Revocatorio, el enjuiciamiento político y la coacción de
calle a nivel nacional con las marchas, tomas y bloqueos, junto con la petición
a organizaciones internacionales para que apoyen dicha destitución como la OEA
o HRW, en tanto mecanismos de presión. El diálogo es considerado una medida
alterna y no fundamental que puede abrir caminos para mantener canales de
comunicación visibles.
La situación coyuntural en Venezuela.
El objetivo de crear una crisis real a partir de acciones
desestabilizadoras, apoyadas por la Gran Prensa, se ha manifestado en el
planteamiento sobre el Revocatorio y los dictámenes de la Asamblea Nacional (1).
Convocar el referendo requería como mínimo activarlo en enero del año
2016 para cumplir los tiempos necesarios y obtener como primer paso el 1% de
las firmas del registro electoral, legitimando las organizaciones políticas
promotoras del referendo. Una vez realizado, recoger el 20% de las firmas
totales del registro, según lo establece la Constitución venezolana. Sin
embargo, al activar el mecanismo en abril y no en enero que era cuando se
cumplía la mitad del periodo constitucional presidencial, el tiempo para
realizar el revocatorio en el año 2016 era imposible debido a que los lapsos
establecidos en la normativa que regula su activación y convocatoria regula un
procedimiento que dura más 260 días. Respecto a la recolección de firmas,
la MUD debía conseguir sólo 195.000 para cumplir el requisito del 1%, pese a lo
cual consignó al CNE 1.957.779 firmas.
La Auditoría, representada por la MUD y el gobierno, estableció que
605.727 firmas tenían un carácter discutible y dentro del fraude se encontraban
10.995 personas fallecidas, 53.658 personas que no estaban inscritas en el
Registro Electoral, 3.003 menores de 18 años, 1.335 personas inhabilitadas por
delitos graves (homicidios, narcotráfico, robo, estafa, abuso sexual),
agregándose más de 9 mil denuncias por usurpación de identidad que se
presentaron en todos los estados.A pesar que el Consejo Nacional Electoral
(CNE) encontró estas irregularidades, admitidas por la comisión que nombró la
MUD para la revisión de las firmas, procedió a convocar para los días 26, 27 y
28 de octubre el proceso de recolección del 20% de las firmas, haciendo la
salvedad de que sometería los anteriores registros fraudulentos a una
investigación judicial.No obstante, la decisión del organismo fue obligada a
retrotraerse ya que el jueves 20 de octubre siete tribunales nacionales de
distintos estados de Venezuela, basados en denuncias de ciudadanos afectados,
dictaron medidas cautelares ordenando al CNE que suspendiera todos los
procedimientos que se generaron como consecuencia de la recolección del 1% de
las firmas al evidenciar la usurpación masiva de identidades.
En cumplimiento de estas órdenes judiciales, el CNE debió acatar el
fallo judicial y suspendió la recolección del 20% de las firmas. En este caso
concreto, si el referendo se realiza el año 2017 e implica que la oposición
triunfa, quien completa el periodo del mandatario vigente revocado hasta el año
2019 es su Vicepresidente Ejecutivo.
Respecto al juicio político que inició la Asamblea Nacional en contra de
Nicolás Maduro, no existe ninguna norma que faculte a dicho estamento para
efectuarla. Aún más, al desacatar las sentencias del Tribunal Supremo de
Justicia (ya que en su seno permanecen tres asambleístas que no pueden ser
aceptados por fraude en su elección), éste decidió anular todos los actos de la
AN hasta tanto no se ajuste a derecho y respete la Constitución.
A pesar del llamado a la desobediencia civil, el Presidente Nicolás
Maduro nuevamente ha convocado a la oposición a un diálogo nacional para resolver
política y pacíficamente los conflictos, mediando Unasur, los ex presidentes
Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, junto con la
facilitación del Vaticano que fue la condición puesta por la MUD, proceso
detenido debido a contradicciones internas de la oposición. En vez de la
discusión pacífica, la MUD ha insistido en cinco puntos: acusar al Presidente
de dar un golpe de estado quebrando el orden constitucional, la AN ha declarado
en sesión extraordinaria su rebelión ante el gobierno, solicitar a todos los
organismos internacionales la aplicación de sanciones contra Venezuela y
denunciar en la Corte Penal Internacional a las rectoras del CNE y jueces que
han suspendido el proceso revocatorio, destituir a los rectores del CNE y magistrados
del Tribunal Supremo de Justicia, decidir sobre la supuesta doble nacionalidad
del Presidente Maduro y el abandono del cargo, con el fin de anunciar su
destitución.
Conclusiones finales en esta coyuntura.
Naturalmente la situación es álgida y puede conducir a un nivel donde
sectores extremistas intenten desarticular la nación. Por dicha razón, es
sustancial aclarar determinados puntos de la crisis actual.
A. ¿Se dio un golpe de
estado parlamentario?
Obviamente un gobierno no puede darse un golpe si posee el poder
ejecutivo y la Carta Magna lo respalda. Más bien, el golpe de estado lo
realizaría un parlamento que desconoce todas las autoridades y las decisiones
de los demás Poderes Públicos, además de buscar la destitución del presidente
por vías no autorizadas legalmente. Se ha hecho especial mención en que
mientras el Presidente Maduro estuvo de gira por países OPEP y no OPEP,
concertando un acuerdo para estabilizar los precios internacionales del
petróleo como base fundamental de la economía, acusar por abandono de cargo
cuando es público y notorio que está en pleno ejercicio de sus funciones como
Jefe de Estado, es un exabrupto legal.
B. ¿Quién es
responsable del fraude en la recolección de las firmas para el Referendo?
La Auditoría efectuada con participación de la misma oposición confirmó
dicho engaño, aunque ésta exigió que junto con una investigación paralela
continuara el proceso de recolección del 20%, lo que constituye una situación
digna de analizar.
C. ¿Podrá la MUD
obtener del gobierno estadounidense la acción interventora militar en
Venezuela?
Es posible que, de ser elegida Hillary Clinton, inicie una campaña
inmensa para hacer que su “enemigo”, Venezuela, sea atacado en todos los
frentes posibles, justificando una intervención extranjera a gran escala o
rebelión interna con la excusa de la suspensión del revocatorio y de una
supuesta crisis humanitaria, y (o) continúe la inyección financiera, armada,
logística, política, diplomática, en todos los niveles nacionales e
internacionales.
D. ¿Puede un
parlamento en desacato judicial, irrito, declararse en rebelión, destituir
autónomamente a rectores electorales o magistrados del máximo tribunal del país
e incluso derrocar a un presidente legítimamente nombrado?
El Parlamento venezolano, a diferencia de Brasil, Paraguay y Honduras,
donde un mandatario elegido por el pueblo fue apartado del cargo por supuestas
irregularidades a partir de los representantes en la Asamblea, no posee tal
potestad en Venezuela por lo cual es imposible realizar lo propuesto, aún más
al estar ilegalmente funcionando al juramentar a tres integrantes cuya elección
está sometida a investigación.
Hasta este momento parece ser que pese a la fuerte campaña opositora y
el fracaso del paro nacional del 29 de octubre, el gobierno apoyado por las
Fuerzas Armadas Bolivarianas y el pueblo en la calle impedirá el derrocamiento
del presidente Nicolás Maduro. El análisis tiene que centrarse en los actos
desestabilizadores de la dirigencia extremista, que está dispuesta a la
violencia sin fin para regresar a Venezuela al país neoliberal que era antes de
Hugo Chávez Frías, y en la política gubernamental para superar la emergencia
alimentaria, la corrupción y las tendencias destructivas de la nación. Todo
conduce a que la crisis no cesará, aunque la fortaleza del estado bolivariano
prevalecerá durante este periodo desestabilizador, lo que de ser resuelto
posibilitaría retomar los proyectos de justicia social iniciados.
Sin embargo, es obligatorio continuar un serio proceso de autocrítica en
el gobierno con el fin de no identificar sólo a la oposición como el único
causante de la crisis. Analizar en profundidad la debilidad en los proyectos
integrales, el papel del Estado, el efecto del desabastecimiento programado y
la hiperinflación, la trascendencia de la corrupción cotidiana, entre otros
factores, puede encauzar por nuevas vías esta nación.
Finalmente, es conveniente recordar la predicción sostenida por Hugo
Chávez Frías en 2010: "El plan A de ellos (sectores de la oposición):
un golpe de Estado. El plan B: desgastarnos desde la Asamblea Nacional para ir
a elecciones… Ellos van a tratar de llegar a la Asamblea Nacional para
desestabilizar al país y para tratar de dar un golpe de Estado".
Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de
exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto
de vista de RT.
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