Pablo Fajardo Mendoza
Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento de ALAI (No. 520, diciembre 2016), titulada: Transnacionales y Derechos Humanos
ALAI AMLATINA, 21/12/2016.- Hace más de 23 años, 30.000 indígenas y campesinos
residentes en las provincias de Orellana y Sucumbíos, de la Amazonía norte del
Ecuador, agrupados en la Unión de Afectados por las Operaciones de Texaco,
(UDAPT), iniciaron una acción judicial en contra de la transnacional Chevron
Corporation, antes Texaco.
Para refrescar la memoria, recordemos que Chevron,
en 1964, obtuvo un concesión de más de un millón de hectáreas en la Amazonía
norte de Ecuador, para explorar y extraer petróleo. En esa área de selva
tropical amazónica, habitaban pueblos indígenas ancestrales, entre ellos: los
Siekopai, Sionas, Cofanes, Waorani, Tetetes y Sansahuari.
La empresa Texaco realizó una operación defectuosa,
diseñada para incrementar su ganancia económica, con la menor inversión
posible. Por ejemplo: todas las piscinas, de una dimensión mínima que
sobrepasaban en promedio los 300 metros cuadrados, las construyó lo más próximo
a las fuentes de agua superficial. Vertió intencionalmente a los ríos de
la Amazonía más de 16.000 millones de galones de agua tóxica (agua mezclada con
tóxicos producto de la extracción); provocó cientos de derrames de crudo, que
nunca remedio, cubrió con petróleo más de 1.500 kilómetros de vías o
carreteras.
En conclusión, causó de forma intencional y
reiterada, la destrucción de más de 450.000 hectáreas de bosque tropical
amazónico. De acuerdo a la ley ecuatoriana, al contrato de concesión y a
las prácticas operacionales de esa época, la compañía estaba obligada a
utilizar la mejor técnica, para evitar el impacto ambiental y así no afectar la
vida de las personas ni del ecosistema; pero, la actitud irresponsable adoptada
por Chevron generó uno de los peores desastres ambientales de la historia de la
humanidad, causado por una transnacional.
Según varios estudios de salud, entre ellos los
contenidos en los libros “Las Palabras de la Selva”, de Carlos Berinstain y
“Cáncer en la Amazonía”, de Miguel San Sebastián, realizados en la zona, se
determina la existencia de cientos de casos de cáncer, que son plenamente
atribuibles a la constante exposición a los tóxicos arrojados por la petrolera.
Proceso judicial
Con el sueño de lograr una reparación del daño
causado por las operaciones de Chevron, más de 30.000 indígenas y campesinos de
la Amazonía ecuatoriana, en el 1993, plantearon una demanda en contra de la
petrolera Texaco, en el estado de Nueva York; es decir, ante el sistema
judicial norteamericano.
Chevron activó dos argumentos para su defensa:
a. Desestimar la demanda.
Para procurar convencer a los jueces norteamericanos que desestimen la demanda,
la petrolera logró incidir en el Gobierno de Ecuador, con el cual suscribió un
contrato, en el que la petrolera se comprometió a remediar una parte del daño
causado.
b. Foro no conveniente.
El segundo argumento de la petrolera fue el de que el sistema norteamericano,
no era el foro conveniente y que si se debía tramitar un juicio, éste debía ser
ante el sistema judicial ecuatoriano.
Finalmente, luego de nueve años de litigios ante el
sistema norteamericano, Chevron ganó esa batalla y el caso se radicó en el
Ecuador, en donde la petrolera argumentó que el sistema judicial ecuatoriano no
era competente para procesar este juicio.
En el 2011, la UDAPT logró que Chevron sea
condenada a pagar más de 9.500 millones de dólares, que serán destinados a reparar
el daño causado.
Sin embargo, durante todos esos años de proceso, Chevron retiró todos
sus bienes y activos que tenía en el Ecuador, lo que determina que la sentencia
que ganaron los afectados, se vuelva inejecutable en el país donde se produjo el
daño.
Hasta este día, la UDAPT, con su esquipo de
abogados, ha luchado en las cortes de EE.UU., Canadá, Ecuador, Brasil,
Argentina e incluso ante la Corte Penal Internacional. Ha recurrido a
varias relatorías de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero hasta hoy no
logra un pleno acceso a la justicia.
¿Cuáles son los obstáculos que tienen los afectados
para lograr un adecuado acceso a la justicia?
Existen múltiples obstáculos que impiden que
pueblos y/o comunidades afectadas tengan pleno acceso a la justicia y sean
tratadas en igualdad de condiciones que las corporaciones.
Costo económico. Según datos, algunos
públicos y otros por análisis de costo, Chevron ha gastado más de dos mil
millones de dólares en su defensa. Ha contratado más de 60 bufetes de
abogados en distintos países, decenas de empresas de comunicación, de lobby, e
incluso empresas de espionaje y persecución como Kroll por ejemplo, que es una
de las compañías de espionaje más grandes del mundo. Esa corporación, a
fines de 2013, reveló que en ese año había facturado más de 15.000.000 de
dólares a Chevron, por espiar y perseguir al equipo de la UDAPT.
Adicionalmente, Chevron usa mucho de su dinero para chantajear a
distintos gobiernos del mundo, con el fin de comprar impunidad. Por
ejemplo, cuando la UDAPT logró activar el embargo en la República de Argentina,
Chevron ofreció realizar millonarias inversiones en el yacimiento Vaca Muerta,
a cambio que los jueces levanten el embargo que la UDAPT había conseguido
activar en ese país. Finalmente, el chantaje les funcionó, la Corte
Suprema de Argentina, el 4 de junio del 2013, levantó el embargo y el 16 de
julio del mismo año (2013), se suscribió el contrato de inversión entre Chevron
y el Gobierno argentino.
Es imposible para los pueblos indígenas y
campesinos competir y hacer frente a una corporación con un sistema que no
garantiza la igualdad para las partes.
Ocultamiento tras las empresas subsidiarias. Según el informe publicado en el 2011,
PipingProfits, de PublishWhatyouPay de Noruega[1], Chevron es una de
las corporaciones más opacas del mundo. Mantiene más de 77 empresas
subsidiarias, la mayoría de ellas en los denominados paraísos fiscales.
Uno de los casos que nos aclara mejor esta telaraña es la ingeniería que
construyeron en Argentina para ocultarse de nuestro juicio[2]. La UDAPT,
que ganó el caso de forma legítima ante las Cortes del Ecuador, hoy está
abocada a realizar distintas acciones de exequátur (homologación de sentencia)
en jurisdicciones extranjeras, entre ellas Canadá, Brasil y Argentina. En
todas ellas, Chevron procura ocultarse tras el velo societario, tras las
subsidiarias.
Uso de la ciencia para torcer la verdad. Durante el proceso judicial en Ecuador, se
generaron más de 80.000 resultados físicos químicos, 106 informes o reportes de
expertos, 60 de los cuales pagados totalmente por Chevron. El legado de
tóxicos dejados por Chevron en nuestra Amazonía es inocultable, es evidente,
tanto así que, a los propios expertos contratados por Chevron se les hacía
imposible no encontrar contaminación. Durante la fase de investigaciones
de campo, el multitudinario equipo de expertos que trabajaba para Chevron debía
hacer un gran esfuerzo para no hallar residuos de tóxicos, dejados por la
petrolera, en la Amazonía; y cuando daban con ellos, que era siempre, el
trabajo de los expertos era ocultarlos o minimizar su impacto[3].
Sistema de justicia inaccesible para los pueblos
afectados. Cuando nuestro caso fue planteado ante el sistema
de justicia de los EE.UU., Chevron argumentó que los jueces norteamericanos no
tenían competencia para procesar este juicio, que no era el foro conveniente.
Cuando el caso vino al Ecuador, Chevron argumentó que los jueces del
Ecuador no eran competentes para procesar el juicio. Luego, cuando la
UDAPT ganó el litigio en Ecuador e iniciamos las acciones de Exequátur en
Canadá, Brasil y Argentina, Chevron arguye, en las tres jurisdicciones, que
esos jueces no son competentes para procesar este proceso. Este argumento
lo pone Chevron porque sabe que no existe en el mundo un instrumento jurídico
que permita juzgar corporaciones, ni una estructura o corte internacional para
ese fin. Este es el gran vacío que existe en el planeta.
Protección del país de origen de la corporación. En este caso, es evidente que tanto el sistema
judicial de los EE.UU. como la administración pública de ese país, han
protegido y siguen protegiendo ferozmente a la corporación.
Por ejemplo, en su momento revelaron al menos nueve
cables Wikileaks, que evidenciaban los nexos y las presiones que ejercía la
embajada estadounidense en Quito, en contra del Gobierno ecuatoriano, y del
sistema judicial del Ecuador, para ayudar a Chevron.
Adicionalmente, en los últimos años, el sistema de
justicia de los EE.UU., asentado en Nueva York, ha emitido resoluciones que
prohíben que se pueda ejecutar la sentencia nuestra en los EE.UU., todo por un
supuesto fraude. Durante el proceso judicial, prohibieron a los
ecuatorianos y sus defensores hablar de la contaminación ambiental generada por
Chevron; los jueces que fallaron en favor de Chevron no conocen el Ecuador, no
conocen el daño causado por Chevron, no han leído la prueba que se generó para
que exista la sentencia en el Ecuador, y al menos uno de esos jueces tiene
inversiones económicas en Chevron, a través de fondos de inversión. ç
Igualmente existen diversos documentos que revelan
las reuniones de Chevron con altos funcionarios del Gobierno norteamericano, realizando
planes para incidir en el Gobierno de Ecuador.
Tratados internacionales. Por último, los tratados bilaterales de
protección de inversiones no hacen más que cerrar el círculo para garantizar la
impunidad a las corporaciones. En el fondo, en los tratados se incluyen
normas que generalmente están por encima de las normas domésticas de los
Estados, y que a la postre garantizan a las corporaciones realizar sus
operaciones de forma segura; pero jamás garantizan el acceso a la justicia a
comunidades afectadas, ni a los Estados cuando las empresas generan desastres
ambientales y sociales. Chevron ha planteado tres arbitrajes
internacionales en contra del Estado ecuatoriano, procesos a los cuales los
afectados no tenemos acceso. Sin embargo, pese a la óptima defensa que
haga el Ecuador, el sistema de arbitraje siempre favorece a las corporaciones.
Los 23 años de lucha de la UDAPT contra Chevron son
el más claro ejemplo de cómo las corporaciones transnacionales han creado una
verdadera arquitectura que les garantice impunidad, lo que nos demuestra que el
problema que tenemos es sistémico. El sistema excluye a los pueblos del
acceso a la justicia y garantiza completa impunidad a las corporaciones
transnacionales.
Para ilustrar mejor esta complejidad, aquí formulo
varias preguntas. ¿Cómo se explica el hecho de que cuando una persona
quiere demandar a un Estado ante el sistema regional o internacional de
Derechos Humanos, éste primero debe agotar todos los recursos internos de su
país; mas sin embargo, las corporaciones transnacionales pueden demandar a los
Estados directamente? ¿Por qué este trato diferenciado? ¿Por qué
los instrumentos jurídicos internacionales de Derechos Humanos, ambiente,
pueblos indígenas, son declaraciones no vinculantes; mientras que los
instrumentos jurídicos para proteger las inversiones, al inversionista, a las
corporaciones, son convenios vinculantes?
Pablo Fajardo Mendoza, abogado ecuatoriano, es Procurador común y
representante legal de los pueblos de la Amazonía, agrupados en la UDAPT, en el
juicio contra Chevron Corporation.
[2]http://adnrionegro.com.ar/2016/04/las-cuatro-empresas-offshore-detras-de-ypf-chevron/?platform=hootsuite
URL de este artículo: http://www.alainet.org/es/articulo/182527
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