Pueblos Precolombinos en ONU
INDÍGENAS
DEMANDAN EN ONU
FIN
A CRIMINALIZACIÓN
¿Cuántos asesinatos necesitan para proteger a
indígenas?
En complicidad con gobiernos, empresas despojan a
pueblos de sus territorios?
Por
Genaro Bautista/AIPIN
Palacio
de Naciones. ¿Cuántos muertos necesitan para protegernos?
Expresaron representantes indígenas del planeta, en sus diferentes
intervenciones dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aquí en
Ginebra, Suiza.
Los
pueblos indígenas son las sociedades más agraviadas, en su trato con las
empresas, en sus territorios, denunciaron.
Durante
el Quinto Periodo de Sesiones del Grupo de Trabajo del Foro Sobre Empresas y
los Derechos Humanos de la ONU, que concluyó el 16 de noviembre, centenares
de dirigentes provenientes de México, Guatemala, Honduras, Colombia, Canadá,
Estados Unidos, Filipinas, Bangladesh, Rusia, Tailandia, Nepal, Camboya,
alzaron sus voces para que se escuchara en este foro internacional.
En
este periodo de sesiones se revisan las violaciones cometidas por empresas y a
ésta acuden representantes de la iniciativa privada, países, afectados y
sociedad civil.
Zeid
Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, puso el dedo en la llaga. Reconoció las dificultades que tienen los
pueblos indígenas con las empresas y la complicidad de las corporaciones con
entes gubernamentales.
Lo
anterior, destacó, conlleva mayor intimidación, despojo y violencia contra
dirigentes locales, donde la mayoría de las víctimas son indígenas.
Ejemplificó
los casos de Bertha Cáceres y Nelson García, asesinados por oponerse a
proyectos de gran envergadura en Honduras.
El
3 de marzo de 2016, Berta Cáceres, líder indígena lenca y cofundadora del
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
murió acribillada a tiros en su casa de La Esperanza.
La
lideresa defendía su territorio oponiéndose a la construcción de la represa
de Agua Zarca en la comunidad de Río Blanco.
El
15 de marzo, mataron a tiros a Nelson García, miembro activo de COPINH, cuando
regresaba a su casa en Río Lindo.
Pero
el llamado desarrollo occidental no perdona ni a indígenas de países del
denominado primer mundo, como Estados Unidos de Norteamérica y Rusia.
En
la reunión destacaron el cruento desenlace contra el pueblo dakota, quienes se
resisten al oleoducto de Standing Rock.
De
la misma forma indígenas rusos denunciaron la persecución de que son objeto por
expresar su desacuerdo a proyectos mineros y otros de gran extensión en sus territorios.
Todo
en nombre del desarrollo
La
lideresa Bini Zaa, Betina Cruz de Oaxaca, alertó que en la región del Istmo de
Tehuantepec, una de las regiones de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), el
Gobierno privilegia el establecimiento de transnacionales de energía en el área
operada por empresas que aumentan el calentamiento global, en lugar de
reducirlo, según los Acuerdos de París en el tema.
En
este rubro, distintos actores expusieron su preocupación por el triunfo de
Donald Trump, ya que esto favorece a empresas mineras que despojan territorios
en Oaxaca.
De
acuerdo a investigaciones realizadas por Servicios para una Educación
Alternativa (Educa), en los últimos diez años se han incrementado en Oaxaca las
inversiones de la industria minera.
El
triunfo del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald
Trump, el pasado 8 de noviembre, detalla Educa, generó un efecto especial en
los mercados: la caída de las acciones de todas las empresas, con excepción de
aquellas dedicadas al ramo de la minería, como son Grupo México y Fortuna
Silver Mines.
Lo
anterior, dice, se explica porque frente a la especulación financiera y la
incertidumbre política, los inversionistas consideran al oro como “un activo de
refugio”. El “miércoles negro” tanto Grupo México como Fortuna Silver
registraron altas tasas de ganancias. (Ver Tabla y Gráfica).
Fortuna
Silver explota oro y plata en territorio oaxaqueño, considerado uno de los 15
proyectos más productivos en América Latina. Mientras las comunidades oaxaqueñas
están en la incertidumbre por el destino de sus familiares migrantes, hay
alguien que sí gana en Oaxaca con Trump: las empresas mineras, sobre todo FSM.
El
V Foro Sobre Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, aborda tres
temas principales. Los desafíos de los derechos humanos, en los que es
necesario aplicar un mayor liderazgo y apoyo de los Estados y de los negocios;
la Reflexión de los cinco años de la aprobación de los Principios Rectores de
las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, así como
cuestiones fundamentales de las partes interesadas a lo largo de la cadena de
valor y a través de las relaciones comerciales.
El
Foro lanza un mensaje directo a las sociedades originarias, apunta: “Debemos
intensificar nuestros esfuerzos para mejorar el acceso a una reparación para
las víctimas de abusos contra los derechos humanos y tomar medidas concretas
para proteger a los que se encuentran en situaciones de riesgo incluidos los
defensores de los derechos humanos y los pueblos indígenas”.
Una
de las Panelistas, Laura Zúñiga Cáceres, hija de la líder Bertha Cáceres,
expuso que no hay que esperar más muertes para actuar.
La
lideresa pidió a los países cuidar que ninguna empresa se establezca en
territorios indígenas, en tanto no se cuente con la autorización, el
consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades, según
establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas.
En
el mismo sentido se pronunciaron los participantes en la reunión entre ellas
Betina Cruz, dirigente Bini Zaa de Oaxaca, y Angélica Choc de Guatemala.
Deben
respetar la decisión de los pueblos indígenas sobre sus territorios,
insistieron.
Para
Pavel Sulyandziga y John Ruggie, del organizador Grupo de Trabajo en cuestión,
es trascendental incidir en la reparación del daño a los pueblos indígenas de
las empresas y países involucrados.
Los
expertos de la ONU subrayan que entre los fundamentos sobre el tema, se
encuentran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la consulta de los pueblos
indígenas.
Los
especialistas detallaron en reuniones con liderazgos indígenas, a los que AIPIN
tuvo acceso, que hace seis meses empezaron un proceso de consulta de reparación
del daño, en colaboración con los pueblos indígenas y víctimas.
Danika
Littlechild, indígena canadiense del Consejo Internacional de Tratados Indios
(CITI), expuso la importancia de la solidaridad de la comunidad internacional
en el caso del oleoducto Standing Rock.
La
representante del CITI, enfatizo el sentir del Caucus Indígena, que Estados
Unidos debe, en este caso, respetar la protección del área, acatando el Tratado
de Fort Laramie.
Para
el conclave, la criminalización y represión a los pueblos indígenas representa
un problema serio lo mismo en el Norte que en el Sur, incluso en países con
antecedentes de promotores de defensa de los derechos humanos.
Por
ello, el Caucus pide que al Grupo de Trabajo del Foro Sobre Empresas y los
Derechos Humanos de la ONU, incorporen en sus conclusiones, el cumplimiento
de la normativa internacional incluida tanto en el Convenio 169 de la OIT, lo
mismo en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, como en la recién Declaración de la OEA sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, a fin de garantizar el respeto y ejercicio de los
derechos de las sociedades originarias.
Los
líderes y lideresas dejaron claro que los Estados tienen la responsabilidad de
proteger y garantizar los derechos de los pueblos indios por parte de las
empresas públicas o privadas.
Demandaron
a las Naciones Unidas, pedir el alto a la criminalización contra sus líderes,
pueblos y comunidades, la liberación de los presos políticos, reparación del
daño, restitución de sus territorios, el respeto a sus sitios sagrados, castigo
a funcionarios y empresas culpables de las agresiones en su contra.
El
Grupo de Trabajo (GT) explicó que se formó en 2011, ha hecho siete visitas una
de ellas a México este 2016.
Los
expertos han constado la violación de derechos humanos de transnacionales
contra pueblos indígenas, estos últimos criminalizados por defender su
territorio y libre determinación.
El
GT reconoció que los pueblos indígenas se encuentran excluidos de las tomas de
decisiones y que en la mayoría de los casos los megaproyectos de desarrollo se
encuentran en marcha sin haberse realizado la consulta a los pueblos indios.
de: Genaro Bautista Gabriel
lallaba@yahoo.com.mx [nuestramerica] <nuestramerica@yahoogrupos.com
responder a: nuestramerica@yahoogrupos.com.
Agustin Ávila <aavila@colsan.edu.mx>
fecha: 1 de diciembre de 2016, 16:26
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7 de
diciembre 2016
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