MALAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO
Escribe: Milcíades Ruiz
Desde que el
virreinato se independizó con el nombre de República del Perú, han sido los
depredadores capitalistas extranjeros los que se han acercado a los gobernantes
para ofrecerles el dinero que el país necesitaba para resolver sus álgidos
problemas de liquidez. Esto, a cambio de que le entreguemos en concesión por
treinta años o más, la explotación de algún reglón del patrimonio nacional. La
historia registra el saqueo del país mediante esta modalidad y la generación de
grandes fortunas de los concesionarios.
Así sucedió
con el salitre, con el guano y otras concesiones que ya conocemos. De esa forma
se entregó el uso por 66 años de
todas las propiedades ferroviarias del Gobierno peruano, la de Matarani a Puno
y Cusco así como el Ferrocarril Central a
Huancayo, la asignación del guano existente
adyacentes, por la cantidad de 2.000.000 de toneladas; algunos otros créditos en
depósitos de guano, en la Isla de Lobos y otros islas y 33 pagos anuales por
parte del Gobierno peruano, cada uno de 80,000 libras esterlinas ($ 400,000).
El grupo Gildemeister obtuvo del gobierno de
Benavides la concesión del Puerto Chicama (Malabrigo) por donde ingresaba
ingente cantidad de mercadería extranjera y se exportaba libremente la
producción de los “Barones del Azúcar” a título oneroso. Con esta misma
modalidad se otorgaban concesiones mineras como hasta ahora autorizando la extracción de nuestra riqueza mineral a nuestros
depredadores.
La concesión forestal otorga al concesionario el
derecho exclusivo para el aprovechamiento sostenible del bosque amazónico. La
concesión otorga a su titular el derecho de uso y disfrute del recurso natural
concedido y, en consecuencia, la propiedad de los frutos y productos a
extraerse.
Actualmente, existe la
modalidad de concesión a título oneroso, otorgada al amparo del Decreto Supremo
N° 059-96-PCM, en la que se impone al concesionario una contribución determinada
en dinero o una participación sobre sus beneficios a favor del Estado, no se
encuentra gravada con el Impuesto General a las Ventas.
Ahora
también los gobiernos regionales y gobiernos municipales pueden otorgar
concesiones para la ejecución y/o explotación de las obras de servicios
públicos para suplir la falta de financiamiento y de presupuesto. Pero esta
modalidad de concesiones a través de la historia se ha ido envileciendo
mediante la corruptela de modo que las autoridades reciben un porcentaje del
presupuesto de cada obra en concesión y así, cuanto más costosa sea la obra
mayor es el monto del porcentaje que recibe el corrupto. Incluso después de
darse la buena pro de la obra el presupuesto puede triplicarse por reajustes
justificados artificialmente.
En el caso
de los peajes, el alcalde procede alevosamente contra el pueblo que lo eligió
pues sin que la gente lo sepa, otorga concesiones por treinta años a la
construcción de tramos carreteros pero no con cargo al presupuesto municipal
sino con cargo a los pobladores que ignoran los arreglos y son obligados a
sacar dinero de su bolsillo para enriquecer al depredador y a la autoridad
corrupta. El alcalde entonces se promociona políticamente como un gran impulsor
de obras públicas y la estafa se convierte en algo ordinario y legal.
Pero
todo tiene un límite de soporte hasta que el pueblo explota y entonces sucede
lo que venimos observando en el caso Puente Piedra pues tiene su origen en la
concesión por treinta años de peajes otorgado por el municipio de Lima a
Odebrecht a cargo del proyecto Rutas de Lima tanto en la Panamericana Norte y
Sur como también, en la vía Ramiro Prialé. Por su puesto, los alcaldes
comprometidos con esta modalidad procurarán que el sistema se mantenga porque
en eso radica su rentabilidad política y económica.
Así
en este caso, esta modalidad ha permitido al concesionario vial incrementar los
peajes en 66% en 3 años sin mejora equivalente en el servicio. Ya Odebrecht
vendió 57% de su participación en Rutas de Lima a Brookfield por 500 millones
de dólares con lo cual ha recuperado la inversión más una importante
rentabilidad y sigue cobrando dividendos.
Pero
el problema no es solo de los pobladores de Puente Piedra que tienen que pagar
doble peaje por el solo hecho de residir en áreas adyacentes sino de toda la
población que circula por esas pistas y que ve afectado su derecho de libre
circulación. Pero precisamente los contribuyentes ya han pagado sus impuestos
para que con ello se hagan las pistas y otras obras. Entonces es un abuso de
gobierno volver a cobrarles
mediante peajes una y otra vez como pagar varias veces la misma factura.
Por
eso también, cargarle a toda la población el financiamiento del gaseoducto del
sur incrementando el pago por consumo de electricidad es una decisión de
gobierno muy abusiva contra la población que ni siquiera ha sido consultada.
Como quiera que la población no se organiza para defenderse ahora se ha
dispuesto cobrar el servicio de serenazgo también a través del recibo de luz.
Con esta modalidad tendrán que pagar hasta los que no reciban el servicio y así se va
empobreciendo a la población más necesitada para favorecer a nuestros
depredadores.
Pero
esto no es todo y resuelto el problema de Puente Piedra el sistema continuará
en todos los campos de la actividad nacional al amparo de la legislación
vigente que permite decisiones antidemocrátricas y lesivas a la población
mayoritaria. Pero tan dañina como el abuso de poder resulta también la
pasividad social que lo permite. Ante la impotencia por falta de canales
democráticos el pueblo termina aceptando los abusos.
Ante
todo lo señalado, ¿cuál es nuestra responsabilidad personal y de la izquierda
peruana? Si no se dice nada al
respecto es como si estuviera de acuerdo, porque el que calla, otorga. Pero se
supone que la izquierda defiende los intereses del pueblo y si no cumple con
esta responsabilidad podría interpretarse como cómplice del abuso de poder. No
conocemos del pronunciamiento de las organizaciones políticas de izquierda
frente a esta problemática y esa indiferencia resulta dañina para las
aspiraciones en perspectiva.
Por
ello resulta estratégico aprovechar toda circunstancia de abuso de poder para
salir públicamente en defensa del pueblo peruano y hacer ver la diferencia con
lo que hace la derecha. Perdemos una serie de oportunidades para explotarlas
políticamente con lo cual la negligencia y poca perspicacia conspira contra el
fortalecimiento de las fuerzas populares. No debemos dejar pasar las
oportunidades que nos favorecen. Por lo menos hagamos bulla para que el pueblo
vea que existimos. No defraudemos la esperanza cifrada en nosotros.
Los
abusos y las ineficiencias de gobierno están a la orden del día y si por lo
menos emitimos un pronunciamiento, ello contribuirá a tener una mejor imagen de
nuestra alternativa política. Mejor si podemos elevar un proyecto de ley que
proteja al pueblo de las concesiones onerosas y dañinas a la economía popular.
Hay muchos medios para llegar a los oídos de nuestro pueblo. Lo peor es
quedarnos callados porque eso favorece a nuestros adversarios. Este es solo un
punto de vista. No pretendo ser inmaculado ni mirar por encima a los demás.
Enero
2017
Milciades
Ruiz
Otra información en https://republicaequitativa.wordpress.com/
Otra información en https://republicaequitativa.wordpress.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario