Ex jefe de gabinete cuestionó la
cifra que una central empresarial de Sao Paulo pagó al expresidente, y preguntó
a Keiko Fujimori por el "proteger" al líder aprista.
Publicado:
hace 14 horas
El último viernes, el semanario "Hildebrandt
en sus trece" reveló que el 25 de mayo del 2012, el entonces
presidente Alan García dio una conferencia sobre "comercio e
inversiones" en la sede de la Federación de Industriales del Estado de
Sao Paulo (FIESP).
Por aquella charla, García cobró 100 mil dólares
de parte de la FIESP, que tenía como vicepresidente de su Consejo
Superior de Infraestructura nada menos que a Marcelo Odebrecht, el
empresario brasileño que hoy cumple prisión por haber sido hallado culpable de
sobornar a diversos políticos del país a cambio de obras públicas, en el marco
del caso Lava Jato.
A esto se agrega que la FIESP es una símil de la
Confiep en Sao Paulo, el estado más rico e industrializado del Brasil. Esta
federación agrupa a las principales constructoras brasileñas, entre estas
Odebrecht. Pero más allá de estos vínculos, el punto es lo holgado de
lo que cobró García en esta conferencia, que es "una de tantas"
que puede haber dado no solamente en Brasil.
Sobre este tema, quien se hizo varias preguntas fue
Pedro Cateriano, exministro en el gobierno de Ollanta Humala; y
opositor a García en su primer régimen. En 1990 fue elegido diputado e integró
una comisión que investigó el enriquecimiento ilícito del que se acusaba al
expresidente aprista. Incluso, escribió un libro titulado "El caso
García".
Esta fue la primera pregunta que se hizo Cateriano sobre
este cobro:
Luego, hizo una comparación de lo que ganó
García en esa conferencia, con lo que cobró en una anterior ocasión:
Después, envió "la pelota a la cancha"
del Congreso de la República, ahora con mayoría fujimorista; y de
la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria
(Sunat):
Finalmente, ya que se refería al Congreso,
Cateriano lanzó un par de preguntas a Keiko Fujimori, lideresa de
Fuerza Popular:
Son preguntas que no solo García, Keiko Fujimori y
hasta la Sunat deben responder, sino la Fiscalía y el Poder Judicial.
Nos preguntamos cómo habrían procedido en otros países si un expresidente
cobraba así por dar conferencias.
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