16/02/2017
| Juan Peris-Mencheta Barrio
El pasado 21 de diciembre de 2016 salía a la luz
pública que el emporio brasileño Odebrecht, la mayor constructora de América
Latina con más de 168 000 empleados e ingresos de más de 40 000 millones de
dólares y cuyo presidente ya fuera juzgado y encarcelado en 2015 en el marco
del escándalo Petrobras, había recurrido de manera masiva al pago de sobornos a
políticos, partidos y funcionarios por un monto estimado por el Departamento de
Justicia de Estados Unidos en 788 millones de dólares para conseguir la
concesión de licitaciones públicas en varios países latinoamericanos (Brasil,
Panamá, República Dominicana, México, Guatemala, Ecuador, Perú, Venezuela,
Colombia, Argentina y Guatemala) y africanos. Los impactos políticos y
económicos del caso están aún por calibrarse, a medida que las informaciones
van filtrándose, pero conviene detenerse en aquello que el caso Odebrecht no
debería ocultarnos en su espectacular estallido mediático.
Una Púnica a escala latinoamericana
Para dimensionar adecuadamente la magnitud del
delito y a la vez curarnos preventivamente de cualquier prejuicio chovinista,
la suma comprometida a lo largo y ancho del caso Odebrecht se corresponde con
la suma total de lo defraudado en España por las tramas Púnica, ERE de
Andalucía, Gürtel y el caso Saqueo, por sólo escoger algunos de los más de 120
casos de corrupción censados en nuestro país.
Más allá de su magnitud, el entramado Odebrecht
revela tanto la intensidad como el modus operandi (relativamente simple
y homogéneo) mediante el cual se ha generalizado esta inmensa dinámica de
colusión entre los intereses de las grandes corporaciones transnacionales
(especialmente aquellas dedicadas a la extracción de materias primas y a la
realización de grandes obras públicas) y los defendidos por las élites
político-administrativas de numerosos estados periféricos del Sistema-Mundo,
por recuperar la terminología de Wallerstein.
Al mismo tiempo, muestra que la impunidad se ha
banalizado a tal punto que difícilmente será un desafío superable en los dos
próximos decenios en América Latina y quizás de manera más acusada en un
continente africano, que sigue siendo la presa más inerme de los grandes
entramados crematísticos en torno a los cuales se despliega el capitalismo
internacional: hasta el momento, sólo en Brasil (con el PT vastamente tocado),
en Colombia y, desde la semana pasada en Perú (con el expresidente Toledo
directamente implicado) hay personas juzgadas o imputadas.
Pero lo que subyace tras el que ha sido ya definido
como el mayor caso de corrupción en la historia reciente de América Latina no
es otra cosa sino la consecuencia del despliegue del capitalismo en su nueva
fase de acumulación, embarrancada ya en el pillaje compulsivo de lo que hasta
ahora pertenecía al dominio público, al Estado social, o seguía bajo el control
de las comunidades locales, y que está siendo, en tiempos de la gobernanza neoliberal,
llevado a cabo por la alianza entre los Estados (los centrales como promotores
y los periféricos como cómplices necesarios) y los oligopolios privados.
Más allá de Odebrecht
El neoextractivismo es una estrategia de desarrollo
económico adoptada por la mayoría de los gobiernos de América del Sur, con
especial intensidad a principios del siglo XXI. Apoyada argumentalmente en la
necesidad de alimentar las arcas públicas en pos de la aplicación de políticas
redistributivas, se basa en la intensificación al interior de la matriz
productiva de aquellas actividades de explotación de la naturaleza para la
obtención de recursos no procesados, dirigidos de forma prioritaria a la
exportación.
Si bien en su modo de operación el neoextractivismo
se basa en el extractivismo convencional, difiere de éste en el papel
protagónico que adquieren los Estados periféricos en un proceso productivo cuya
mayor plusvalía es captada por los Estados centrales. Esta participación puede
adoptar una forma directa, a través de empresas estatales, o indirecta, a
través de la operación de empresas transnacionales a las que se aplican
tributaciones especiales y regalías, así como otros diversos mecanismos de
regulación, permitiéndose la obtención de un porcentaje mayor de ingresos para
las arcas estatales. Parte de estos recursos sirven para la puesta en marcha de
programas sociales y otras iniciativas públicas que dotan a los gobiernos de
cierto grado de legitimidad y de hecho, es sobre esta base sobre la que reposa
el argumentario de los gobiernos neoextractivistas al enfrentar las críticas
desde la izquierda, el ecologismo, las comunidades indígenas, los sectores
urbanos de clase media y estudiantiles y los activistas altermundialistas, que
se encuentran cada vez con mayor intensidad denunciando los estragos de esta
estrategia de desarrollo.
Sin embargo, como se han encargado de demostrar
diversos autores latinoamericanos (Gudynas, Svampa, Acosta, Escobar, Lander,
entre otros) los mayores ingresos que supuestamente podrían percibir las
economías de los países en los que se ceba ahora con especial intensidad el
sistema capitalista global en busca de commodities cada vez más escasas,
no se contabilizan enormes “externalidades” tales como la pérdida de
biodiversidad, el deterioro de ecosistemas y de los servicios y funciones
ambientales que prestan, la desestructuración y paulatina disolución de
culturas ancestrales, ni los recursos económicos que será necesario destinar
para descontaminar los vectores ambientales (agua, aire, agua y suelo).
Según Maristella Svampa, las políticas de lo que
ella denomina el neo-extractivismo progresista (en referencia a los gobiernos
latinoamericanos de izquierda que adoptaron este modelo) deben ser reevaluadas,
puesto que “en la medida en que no se ha realizado un balance objetivo que dé
cuenta de los activos y pasivos que provocarán las nuevas explotaciones
extractivas, la afirmación sobre mayores ingresos debe al menos relativizarse” /1.
En realidad, la “maldición de la abundancia” a la que se refiere acertadamente
Alberto Acosta/2 cuando describe la condena que sufren los países ricos
en materias primas a vivir permanentemente en el esquema primario-exportador
subordinado al metabolismo capitalista internacional operado desde los Estados
centrales en co-gobernanza con las corporaciones transnacionales y los grandes
organismos internacionales, se ha cumplido con su factura de profundización de
las dinámicas uniformizadoras y ampliadoras de los cercamientos privatizadores
del capitalismo global, incluso en aquellas circunstancias histórico-políticas
más favorables a una posible ruptura con el orden económico imperante.
¿Pero es que de este balance catastrófico para las
posibilidades de un desarrollo sustentable en América Latina y en el mundo no
han sido conscientes los gobernantes de la región, en su mayoría progresistas y
de izquierdas en el primer quinquenio? Todo tiende a hacernos pensar que sí lo
han sido, pero que lo que ha operado aquí es la visión pragmática y sobre todo,
lo que Marx llamaría la “subsunción bajo el capital”, y que Wolin ha descrito
posteriormente como la gran simbiosis entre el capital y el Estado/3,
convertido en gran empresa extractiva, y por la cual las nuevas élites
políticas latinoamericanas, que eran en un principio en sus discursos y
primeras acciones de gobierno radicalmente refractarias a constituirse en
piezas subordinadas al engranaje global, acaban siendo cooptadas por y para la
supervivencia del capital en una de sus fases críticas (que Harvey achaca más a
la sobreacumulación de capital que a la sobreproducción de mercancías).
La pregunta aquí es obligada: ¿de qué nos sirven
los Estados como propietarios (soberanos) de nuestros bienes comunes
estratégicos cuando, cediendo el usufructo de nuestros territorios de manera
prácticamente ilimitada a las grandes transnacionales, se convierten en meros
administradores/legitimadores del pillaje? El avance de los grandes espacios de
liberalización comercial y financiera, que ocurre actualmente bajo la forma de
Acuerdos de Libre Comercio y de Inversiones (TTIP, CETA, TPP, etc), es tan sólo
la expresión más mediatizada de las nuevas apuestas del cosmocapital para dar
el golpe de gracia tanto a la soberanía de Estados (cuyas élites
administrativas han sido vastamente cooptadas) como a los Derechos Humanos (en
especial los económicos y sociales y ambientales) y al Derecho Internacional en
general.
La pista de Odebrecht nos lleva por tanto hasta el
verdadero meollo de la cuestión detrás del inmenso nubarrón de corrupciones: el
expolio programado que se lleva dando en toda América Latina y en África por
parte del entramado trans-estatal-corporativo, en perjuicio no sólo de las
poblaciones donde se localizan los recursos extraídos sino, de manera agregada
y en la asunción de nuestra cada vez mayor interconexión e interdependencia,
del desarrollo sustentable de todas las sociedades.
Sin lugar a dudas, el espacio paradigmático de esa
operación de expolio a gran escala es la Amazonía, y su puntal y mayor
exponente ya operativo, la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana
(IIRSA). Un mega-proyecto iniciado justo a comienzos del milenio compuesto de
centenas de proyectos viales, hidrocarburíferos, mineros, agro-forestales,
hidrológicos y de ocupación y destrucción progresiva del ecosistema amazónico y
las culturas que lo habitan que se ha desarrollado contra todas las
advertencias científicas y sin consulta ciudadana alguna. La columna vertebral
del IIRSA, la Carretera Interoceánica Brasil-Perú, ha tronchado ya por la mitad
el que es el segundo mayor pulmón del planeta, su segunda reserva de agua dulce
(quizás la primera, cuando se pueda calcular el volumen total de aguas
subterráneas que posee) y su principal sumidero de carbono. Odebrecht, por
cierto, empresa constructora de uno de sus tramos, pagó 20 millones de dólares
al entonces presidente Alejandro Toledo para asegurarse la concesión.
Preparar nuestras sociedades para abordar una
transición inteligente hacia una era post-capitalista (la transición forzosa
será el colapso sistémico, ecológico y civilizatorio, que nos espera en caso de
seguir sosteniendo el actual sistema) supone no sólo denunciar y actuar con
toda la fuerza del derecho y de las movilizaciones sociales contra la inmensa
tela corrupción, sino poner en cuestión el entramado de intereses geopolíticos
y puramente crematísticos que la sostiene y la estira cada día más hacia
nuestro colapso como especie.
15/02/2017
Juan Peris-Mencheta Barrio es politólogo, asistente
acreditado en el Parlamento Europeo
Notas:
1/ SVAMPA, M., “Consenso de los commodities, giro
ecoterritorial y pensamiento crítico en América latina” en OSAL Nº32,
CLACSO, Buenos Aires, 2012.
2/) ACOSTA A., La maldición de la abundancia,
Abya-Yala, Quito, 2009
3/ WOLIN, S.S., Democracy Incorporated. Managed
Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism, Princeton University
Press, Princeton, 2008
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