29/03/2017
El fenómeno
Como un fenómeno de la naturaleza relacionado con
la injerencia humana a partir de la alteración del espacio natural y social, se
trata de un evento impredecible que, preconcebido y esperado, se ha tornado en
una especie de “crónica de una muerte anunciada”, cuyos antecedentes ya se
manifestaban desde el año pasado.
El desastre actual se muestra en lluvias con
fuertes precipitaciones que han generado un sinnúmero de derrumbes,
inundaciones y huaicos que afectan directamente en zonas rurales y urbanas del
país, desprovistas en muchos casos de estructuras de contención adecuada.
Claramente, se percibe que este suceso natural ha impactado todo lo que se
encuentra a lo largo de su recorrido, mejor dicho todo lo que se atraviesa en
su curso incontenible: pobladores, cultivos, caminos, viviendas, edificios e
infraestructura en general. De allí que las pérdidas humanas y materiales están
a la orden del día, pues no se puede contabilizar la magnitud final de esos
daños, ya que aún no ha terminado; contrariamente, está empezando.
La planificación
El problema central parece apuntar hacia la planificación,
como un eje fundamental en la relación ser humano - naturaleza y ser humano –
sociedad, ya que se refiere a la construcción del espacio y su respectiva
configuración social en el marco de un proceso de gestión en su sentido
temporoespacial, con una dimensión sociocultural, sociopolítica y
socioeconómica.
La planificación no es algo que se comprenda
como un fin en sí mismo, como si fuese un instrumento mágico cosificado;
es un recurso instrumental y metodológico con status político, dado que
se convierte operacionalmente en una mediación política que puede
encaminar el resultado de un proceso de gestión colectiva, la cual se supone
debe ser consultada, concebida, negociada y consensuada -en el mejor de los
casos- entre sujetos sociales participantes con equipos especializados en
materia de gestión social in situ dentro de su contexto, en un
espacio y tiempo determinado. El camino a transitar contempla la realización
del diagnóstico, la formulación, la ejecución y la evaluación del plan,
programa o proyecto de interés según los procedimientos establecidos en cada
uno de estos pasos mencionados.
Los sujetos sociales participantes deberían estar
formados por representantes de diversas fuerzas sociales proactivas de sus
ámbitos locales o regionales, tales como asociaciones, comités, colectivos,
federaciones y otros más, mientras que los equipos especializados estarían
constituidos por técnicos-profesionales de carácter interdisciplinario,
interinstitucional e intersectorial que deben facilitar la realización de todo
este quehacer estatal.
Esa responsabilidad debe ser asumida, construida y
compartida por la sociedad civil (sociedad) y la sociedad política (estado)
desde un enfoque de derechos, equidad, género, diversidad, inclusión,
interculturalidad y medio ambiente, y de cara a un escenario de transparencia y
rendición de cuentas a la ciudadanía, a toda la población del territorio, de
manera especial a su población meta, punto de partida y de llegada de su
gestión e intervención pública.
El ordenamiento territorial
Un componente del proceso se refiere entonces a la planificación
territorial que vislumbra la organización y el ordenamiento del espacio o
del territorio de su población, razón por la que justamente se ha denominado ordenamiento
territorial. Muy importante advertir que una gestión de esta naturaleza
sería impensable ejecutarla al margen de la definición de prioridades del plan
nacional de desarrollo y la operacionalización estratégica de sus respectivas
políticas públicas, institucionales e interinstitucionales, sectoriales e
intersectoriales. Desde allí se convienen establecer planes estratégicos y
operativos según determinados procesos y procedimientos que contienen a su vez
productos, indicadores, metas, actividades, presupuestos y responsables, en
concordancia con el orden jurídico y los recursos humanos y materiales
disponibles a nivel nacional.
De modo que las posibilidades de un ordenamiento
territorial en el marco de la planificación conllevan necesariamente una
interpelación de sus diversos actores, entre los cuales están las
organizaciones sociales y comunales, así como su población meta,
conformada concretamente por aquellas poblaciones vulnerables y empobrecidas
que se encuentran muchas veces en situaciones de abandono y riesgo físico
y social. Precisamente, con esta población se podría visualizar conjuntamente
la gestión de un espacio alternativo, adecuado y seguro, y garantizar
simultáneamente la dotación de equipamiento social deseable en la
construcción de la ciudad en el ámbito rural o urbano según sean sus
características particulares en Costa, Sierra o Selva.
Más allá de las voluntades políticas de los
actores, un aspecto sustancial en la puesta en marcha de las políticas
estatales, enlace vital entre la oferta del Estado y la demanda de la
Sociedad, se refiere a la consideración de sus viabilidades de orden técnico,
financiero, institucional, ambiental y político por ejemplo, las cuales podrían
dar luz verde a su ejecución, siempre y cuando los gobiernos locales o el gobierno
central dispongan de los recursos humanos y materiales necesarios para la
implementación del plan, programa o proyecto en el corto, mediano o largo
plazo.
Con la idea de optimizar los recursos propios del
Estado, se toma en cuenta también la existencia de convenios de cooperación con
organismos nacionales e internacionales en el marco de relaciones bilaterales y
multilaterales, con el fin de alcanzar un panorama económico y financiero más
favorable en la búsqueda de alternativas sustentables, sanas e idóneas. Cabe
acotar que, desafortunadamente, sin recursos no es posible implementar nada;
significa que sería prácticamente imposible implementar algo.
El conflicto
Con el propósito de ejercer y encauzar asertiva y
proactivamente el derecho de oposición y reclamo, el problema no debería
consignarse a “la” institución ni a “una sola” institución, como entes
abstractos del estado, sino a quienes tienen la responsabilidad inmediata por
parte del gobierno central en su calidad de interlocutores técnicos y políticos
del Estado. En otras palabras, se refiere a personal del ente público, como
funcionarios, autoridades y jerarcas del poder ejecutivo que han asumido esas
responsabilidades en materia de gestión inter institucional y sectorial según
prioridades estratégicas establecidas, las cuales se convierten finalmente en
la plataforma de implementación material de las políticas públicas competentes.
Asimismo, algunos inversionistas del sector privado
nacional e internacional tendrán principalmente cuotas de corresponsabilidad
social, política y económica en la medida que hayan logrado invertir y
capitalizar, incidir en la configuración del espacio físico e impactar -como
suele suceder- en el entorno natural por encima de los procesos de
planificación y ordenamiento territorial inclusive. En esos casos, las
consecuencias podrán ser negativas si fomentan el detrimento de los recursos
naturales, el estancamiento del desarrollo social y la pérdida de calidad de
vida de la población. De allí que el estudio oportuno de cada sector afectado
en sus diversas regiones podrá mostrar materialmente aquellos atenuantes y
agravantes del desarrollo humano de sus respectivas ciudades, básicamente en su
dimensión socioeconómica.
Inevitablemente, surge ahora la siguiente pregunta:
¿Quiénes son responsables directos de los problemas de planificación y de
ordenamiento territorial de los sectores urbanos y rurales afectados por el
fenómeno natural del Niño costero? ¿Será entonces la furia de la
naturaleza? Por supuesto que no. Sobra decir que el problema va más allá de
dicho eufemismo. Esa idea popularizada seguirá siendo un criterio impreciso,
fragmentado y evasivo en la comprensión de todo este desastre natural y social.
Una vez más podría ser fácil culpar a la naturaleza que responsabilizar con
nombres y apellidos, por un lado, a quienes realmente representan los
desaciertos de la gestión pública del poder ejecutivo en su nivel local,
regional y central, es decir nacional; por otro lado, a quienes arbitrariamente
han pretendido imponer una gestión privada desde una lógica de acumulación,
privatización y libre mercado, clara expresión de intereses empresariales,
corporativos y transnacionales dentro de esta economía capitalista de
desarrollo.
No cabe la menor duda que el problema central recae
en funcionarios y autoridades del nivel local y regional que, por indiferencia,
negligencia o intereses creados, no asumen sus funciones y provocan otras
complicaciones. De ser así, corren el peligro de implementar una gestión
pública débil, dispersa y distorsionada, sin capacidad eficiente que permita
contener y minimizar situaciones de riesgo en el corto plazo. Al mismo tiempo,
incumplen con la atención de las necesidades básicas de su entorno social en
materia de empleo, salud, educación, alimentación, vivienda y equipamiento
social, sin llegar a responder acertadamente a las demandas prioritarias de
las poblaciones de esas ciudades, independientemente que estén en situación de
estancamiento o crecimiento. Demás está decir que los jerarcas del poder
ejecutivo cargan una gran cuota de responsabilidad en la toma de decisiones y
el ejercicio de acciones estratégicas desde su gestión pública en el nivel
central; ninguno podría aducir desconocimiento de hechos ni causas, pues son
responsables inmediatos de la direccionalidad institucional y la capacidad de
gobernabilidad del Estado en representación del Gobierno Central.
En el interín de este impase, las poblaciones
seguirán esperando ansiosamente su anhelado desarrollo humano y social en el
corto o –tal vez mejor- el mediano plazo que, tal y como marchan las cosas
hasta este momento, en medio de sospechas y denuncias por malversación de
fondos, contrataciones administrativas dudosas y malos procesos constructivos
por parte de autoridades de gobierno, será francamente una suerte de “sueño de
los justos”.
Igualmente, una cuestión de fondos se encuentra
sumamente internalizada en la sensibilidad social y la conciencia colectiva de
la sociedad peruana, expresado en el binomio: pérdida de credibilidad política
- corrupción en el sector público y privado. Por memoria histórica, sobran
casos de corrupción en todas las esferas de poder político, desde dirigentes,
ex candidatos presidenciales y ex presidentes de la República del Perú. Desde
hace décadas, el fujimorismo ya ha demostrado con creces todo su potencial de
cinismo y perversidad en abuso de autoridad, peculado, falsedad
ideológica, lavado de dinero, genocidio, violación de derechos humanos y
traición a la patria, entre otros aspectos más en materia de corrupción. Basta
recordar también el reciente escándalo de corrupción protagonizada por la
compañía constructora brasileña Odebrecht que, bajo criterios estratégicos
empresariales, puso las coimas en el tapete, una práctica ilícita consentida ambiciosamente
por diversas personalidades, como un modus operandi del proceso de
competencia comercial en el mercado internacional. En el caso peruano,
lentamente siguen emergiendo los rostros ocultos de la corrupción desde las
podredumbres acumuladas en las profundidades del hades del modelo económico
neoliberal.
A toda costa, este pueblo reclama su dignidad y se
autodefine intolerante con el crimen organizado, pues espera ciertamente que el
manejo de fondos de inversiones públicas y privadas no terminen más en las
garras de corruptos ni en escándalos de corrupción, suficiente con lo que ya se
ha registrado hasta el presente. Por esa razón, resulta deseable que esta
coyuntura permita que tales fondos sean mejor administrados y logren formar
parte de gestiones y alianzas estratégicas encaminadas hacia una mejor
producción de excedentes, una distribución equitativa de los recursos y un
desarrollo sustentable en el espacio rural y urbano.
En resumidas cuentas, se deduce que todos los
procesos de planificación y de ordenamiento territorial que se ejecutan a
espaldas de las necesidades o en contra de las poblaciones más vulnerables y
empobrecidas que viven en situaciones de abandono y riesgo, solo pueden
generar impactos negativos, inoportunos, ineficientes, ineficaces e
impertinentes en el desarrollo humano, cultural, social, económico y político
del país. Dichos procesos promovidos muchas veces desde el Gabinete se
convierten en verdaderos muros en vez de puentes hacia el
mejoramiento de la calidad de vida de sus poblaciones ante las necesidades más
sentidas y constatadas dentro de sus diversos territorios. Inevitablemente, el
conflicto seguirá siendo “la piedra en el zapato” mientras no exista una
identificación de las prioridades de la realidad que logren incorporarse en una
agenda nacional y traducirse consecuentemente en soluciones viables, con
efectos e impactos favorables y cuantificables en plazos determinados.
El cambio social
Frente a la expansión de las ciudades, la
estructura deficiente del empleo, el desplazamiento migratorio interno, la
creciente demanda de nuevos servicios y la alteración violenta del espacio
natural y social, se hace necesario realizar estudios descriptivos e
investigaciones explicativas que contribuyan con una comprensión de totalidad y
una búsqueda de alternativas de cambio social.
En primer lugar, estos conocimientos permitirán
constatar el grado de eficiencia, responsabilidad o irresponsabilidad de
algunos funcionarios y autoridades locales en la atención de las demandas
básicas ciudadanas, cuánto más las necesidades de sus poblaciones vulnerables.
En segundo lugar, también permitirán descubrir posiblemente graves problemas de
gestión, algunos enlazados a intereses empresariales creados y otros vinculados
a sobornos y complicidades provenientes de representantes ejecutivos o
gerenciales de importantes inversiones privadas.
De cualquier modo, se percibe que, dentro de este modelo
económico neoliberal, la fuerza de las inversiones privadas y públicas
apostarán coincidente y predominantemente por los intereses del capital en
contradicción con el trabajo, con el propósito de facilitar condiciones a la
inversión privada por encima de la inversión pública y alinear entonces el desarrollo
económico nacional a las estrategias de un mercado internacional, sin
controles, sin restricciones y sin fronteras.
Desde la perspectiva de su irracionalidad
económica, este modelo pretende justificar los desastres naturales y
sociales sin valorar la corresponsabilidad de la gestión pública y privada,
encubrir la lógica de acumulación sin calcular los daños del proceso de
deshumanización colectiva y negar la importancia del bien común sin considerar
las necesidades fundamentales de las poblaciones prioritarias en las tres
regiones del país.
Todo parece indicar por ahora que la mano
invisible del mercado y la lógica de acumulación del capital
podrán universalizarse en un continuum dentro del modelo económico
neoliberal impuesto por la hegemonía del nuevo orden internacional, a fin de
materializarse con esa lógica perversa y ciega sin hacer distinción alguna del
espacio natural y social; así pues, podrá impactar libre y vorazmente, con más
fuerza que la furia de la naturaleza, sobre toda su población
empobrecida hasta sus últimas consecuencias, sin discriminar más su
condición etaria, étnica y de género.
Sin perder los estribos, inspirados en las buenas
prácticas y conscientes de las necesidades de transformación social, puede
afirmarse que existe preocupación real y visión crítica compartida por parte de
intelectuales, colectivos sociales, movimientos populares y organizaciones
políticas, mayoritariamente declarados de izquierda. Estos sectores organizados
reafirman con sus demandas que la representación competente del poder
ejecutivo, acompañado de su espíritu vigilante, logre reorientar eficientemente
las políticas estatales y sus acciones estratégicas hacia la satisfacción de
las necesidades prioritarias y la construcción de un espacio social humanizado
en áreas de mayor impacto, zonas de riesgo y puntos geográficos estratégicos
del país especialmente.
El impacto provocado por El Niño costero
sobre suelo peruano ha puesto en evidencia un desastre natural y social de
envergadura inimaginable e incalculable que atenta contra la calidad de vida de
sus poblaciones, caracterizadas por grandes diferenciaciones y brechas
sociales, condición totalmente contraproducente con las aspiraciones
legítimamente enunciadas en tratados y pactos internacionales, como los Objetivos
del Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y, abiertamente, expresadas en los procesos de resistencia histórica de todos
aquellos movimientos sociales y populares que luchan por el Derecho de los
Pueblos a su Autodeterminación desde las realidades más cruciales
del continente latinoamericano.
Con un sentido de esperanza y solidaridad, se
reconoce que todas aquellas iniciativas espontáneas y orgánicas de la sociedad
peruana puedan convertirse de alguna manera en una llamada de atención al
Gobierno Central, el poder ejecutivo y legislativo particularmente, a fin de
que se pongan de acuerdo de una vez por todas y, en aras de la gobernabilidad,
promuevan en forma eficaz un mejor proceso de planificación y ordenamiento
territorial, fundado en la afirmación de una nueva ética política, la vocación
de una cultura de paz y el fortalecimiento del amor por la patria.
23/03/207
Robinson Olivera
Sociólogo, educador y teólogo.
http://www.alainet.org/es/articulo/184460
No hay comentarios:
Publicar un comentario