Juan E. Valerdi
Artículo publicado en la Revista América Latina
en Movimiento No. 522 (marzo 2017):
ALAI AMLATINA, 16/03/2017.- Durante el segundo semestre de 2016 el autor ha dedicado un gran
esfuerzo a elaborar un estudio de las medidas presentes en 13 países
latinoamericanos[1] para luchar contra
la Red de Guaridas Fiscales (RGF)[2]. El breve
enfoque descriptivo se refiere a una parte de Latinoamérica, sin embargo las
conclusiones y recomendaciones respecto del abordaje necesario para solucionar
el problema de la RGF tienen un enfoque global.
Comenzando por una de las cuestiones básicas de la lucha contra la RGF,
su identificación, vemos que de los trece países latinoamericanos analizados
por el autor en 2016, solo seis presentan listas activas de guaridas fiscales
(Brasil, México, Ecuador, Colombia, Perú y El Salvador), dos ya las tienen
previstas en su normativa pero no las han emitido y por ende no son efectivas
de hecho (Nicaragua y Honduras) y cuatro no tienen prevista ninguna legislación
relacionada con las guaridas fiscales e incluso con precios de transferencia
(Bolivia, Costa Rica, Paraguay y Guatemala).
Lo primero que llama la atención al analizar las listas de “Guaridas
Fiscales” de los seis países de Latinoamérica que las poseen, es su
heterogeneidad. Solo 17 jurisdicciones se encuentran presentes en las
seis “listas negras” activas de “Guaridas Fiscales”, en tanto 42 solo están
presentes en una de las listas y 73 se encuentran en algunas de las 6 listas
activas de los países analizados.
Las medidas relacionadas con las sanciones, restricciones o prevención
de evasión y elusión que se implementan en las normativas de los países
emisores de las listas son aún más variadas en extensión, profundidad, alcance,
metodología y claridad, no solo en el presente sino en la evolución de cada uno
de los países. En general estas medidas de las normativas nacen relacionadas
con las cuestiones de precios de transferencia y luego se amplían
eventualmente, o no, a otras vinculadas con lo tributario, financiero, de lucha
contra el lavado de activos, comerciales, etc. La variación incluye países que
incluso tienen ya prevista en su legislación el elaborar y difundir listas de
guaridas fiscales pero que a pesar de ello no lo han hecho, habiendo
transcurrido ya años desde que se incluyó dicha previsión, como es el caso de
Honduras y Nicaragua.
Sin duda alguna existe una relación entre la profundidad con que se
trata normativamente el tema de la evasión y elusión fiscales utilizando la RGF
y la magnitud del país que emite la normativa junto con el desarrollo de su
Administración Fiscal Federal o Central, sin embargo existen excepciones como
el caso de El Salvador, que siendo parte de un país de pequeño porte y con un
desarrollo incipiente de su Administración Tributaria Central, posee un detalle
normativo de listas anuales y medidas relacionadas que llama la atención por su
profundidad.
Se requieren soluciones globales
Según la visión del autor, toda medida aislada de prevención de cada
país respecto de RGF está destinada a ser, como mínimo, poco efectiva y a la
larga de hecho prácticamente inútil. La única solución real que podría
darse al problema de la evasión y elusión asociadas a la RGF debería darse a
nivel global con una discusión en un ámbito participativo y democrático como
las Naciones Unidas y el debate debería ir al nudo mismo que tiene que ver con
una tributación diseñada nacionalmente en cada país en base a la economía
vigente a principios del siglo XX y parches hasta nuestros días que no cambian
su esencia. La discusión entonces debería enfocar en la creación de
reglas internacionales que regulen e impongan tributación a las fuerzas
productivas y de comercio internacional que hoy están encarnadas en
multinacionales con presencia y diversificación productiva en decenas de países
al mismo tiempo y que presentan niveles de facturación que compiten con los
niveles de recaudación de muchos países desarrollados. Estamos entonces
hablando de una discusión de poder donde los Estados Nacionales se las tienen
que ver con empresas que en muchos casos los superan en cuanto a su poder
económico y por ende fáctico en un mundo como el actual. La integración
de las empresas de producción con las financieras ha determinado que esta
cuestión de crecimiento del poder de las corporaciones multinacionales se
agravara y que el uso de la RGF no solo amenace gravemente la recaudación impositiva
de todos los países del mundo, sino así mismo la estabilidad financiera
mundial, como quedó demostrado en la crisis financiera del año 2008.
La RGF integra los fondos provenientes de todo tipo de origen, legal e
ilegal, lícito e ilícito y sus facilitadores funcionan como nexos entre todas
esas fuentes de fondos y los propietarios de las mismas; esto determina que la
lucha contra la RGF de cada Estado Nacional dentro de sus fronteras y a nivel
internacional se vea de hecho limitada por la disposición de sus clases
políticas para ir a veces en contra de sus propios intereses debido a que son
parte del establishment económico usuario de la RGF o socios del mismo desde la
corrupción o en el “más inocente” de los “casos políticos” rehenes de las
fuerzas nacionales o internacionales ligadas a las actividades ilegales
violentas, como el terrorismo, narcotráfico, trata de personas o tráfico de
armas, usuarios también de la RGF.
La RGF tiene fuerzas propias y asociadas con poder de lobby a nivel de
medidas globales y nacionales y se ha podido ver que en algunos países
integrantes de la RGF tienen una capacidad muy efectiva para lograr su
exclusión de las “listas negras” una vez incluidos en las mismas o evitar ser
incluidos. Panamá, Suiza y Luxemburgo son casos claros de esta cuestión.
OCDE promueve medidas inefectivas
Analizar la profundidad de las acciones de un país respecto de la lucha
contra la RGF por la extensión de su “lista negra” sería pecar de superficial e
inocente, ya que se puede incluir numerosas “Guaridas Fiscales” irrelevantes
para el país emisor y excluir de las mismas a las más relevantes. En
relación con esta cuestión, sin embargo, es importante destacar que en opinión
de autor la OCDE está jugando un rol clave en la exclusión de las “listas
negras” de las “Guaridas Fiscales” de mayor relevancia, por medio de diversas
acciones que más que atacar el problema de la RGF les proporciona un “lavado de
cara” y hace un “ordenamiento” del funcionamiento de la RGF, que seguramente
apunta a que se respeten los niveles de poder de las potencias beneficiarias de
los flujos administrados por la RGF en las porciones que reciben cada uno de
dichas potencias. Es así que hoy se puede ver como EEUU y Reino Unido
continúan siendo los principales promotores de las medidas inefectivas del
OCDE, impulsadas e impuestas por el G20, y que se ven de modo concreto, por
ejemplo, en la obligatoriedad de hecho de los países emisores de “listas
negras” de excluir de las mismas a las jurisdicciones que, siendo parte indudable
de la RGF, firman un acuerdo de intercambio de información en el marco de la
“Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal”, vinculado
al “Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de Información con
Fines Fiscales” de la OCDE. Como consecuencia directa de estas acciones,
hoy la OCDE no posee lista alguna de “Guaridas Fiscales” o similares.
En la lucha contra la utilización de la RGF, no se está discutiendo una
serie de maniobras para eludir o evadir tributos y para evitar regulaciones
financieras. La discusión es mucho más profunda y está en cuestión la
supervivencia misma del estado de bienestar que tuvo vigencia en el siglo XX.
Evitar una lucha frontal con la RGF o hacerlo suponiendo que solo se está
atacando a unas “pequeñas islas” sin poder efectivo[3], y que trabajan en
forma aislada anárquica y competitiva, es una estrategia que a mediano o largo
plazo implicará un fracaso y por ende una redefinición y reducción de la
presencia estatal que puede llevar a un aumento de la exclusión social y por
ende de la violencia asociada a la pobreza, marginalidad e indigencia.
Las clases políticas actuales y venideras deberán evaluar si están
dispuestas a ir a fondo enfrentando a la RGF y sus poderosos beneficiarios
directos e indirectos, o ser socios y estar dispuestos a afrontar las
consecuencias sociales en sus países, sin tener opción a la violencia de la
represión, tarde o temprano. En el corazón de esta batalla sorda que se
está dando hoy, y que se librará en los próximos lustros, está el
financiamiento de la política como nudo central; mientras el mismo siga ligado
a actividades ilegales, peajes o aportes de los beneficiarios de la RGF y al
apoyo de las multinacionales de medios, la batalla estará claramente definida y
las consecuencias también.
Juan Valerdi es economista especialista
en tributación y lucha antilavado. Ex asesor de la presidencia del Banco
Central, Banco Nación y la unidad antilavado de Argentina.
[1] La investigación abordó un conjunto de trece
países de Latinoamérica. Los trece países seleccionados por las ONGs
auspiciantes y el autor son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú.
En la selección se combinaron la relevancia económica y poblacional de los
países junto con la pertenencia a las ONGs auspiciantes: Red de Justicia Fiscal
Latinoamericana, LATINDADD. Se prevé la publicación del documento de
investigación, por parte de las ONGs auspiciantes, durante el año 2017.
[2] El autor se resiste a utilizar la traducción
habitual de los “Tax Havens” al español como “Paraísos Fiscales”, ya que no
sólo es errónea desde el punto de vista formal (la palabra en español “Paraísos”
en inglés es “Heaven” y no “Haven”) sino que incluye en ese error un fondo de
justificación del uso de la Red de Guaridas Fiscales (RGF) por parte de las
empresas y ricos que huirían del “infierno” de los gobiernos cuya “voracidad
fiscal pretende saquear los beneficios obtenidos con sus esfuerzos”.
“Haven” tiene como traducción oficial, entre otras, a “Guarida”, palabra
que parece ser la más representativa para el rol que cumple la RGF desde las
épocas de piratas y corsarios al servicio de su majestad la Reina.
[3] Como sugiere erróneamente Gabriel Zucman en su
libro “La riqueza escondida de las naciones” (2015) respecto de las islas y
territorios que forman parte de la Red de Guaridas Fiscales y por ende propone
medidas de solución que carecen de visión política y de puja de poder entre los
grandes beneficiarios y los perjudicados.
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