LA ADENDA DE CHINCHERO Y SUS CONSECUENCIAS

Comentarios que alcanzan sobre la “Adenda de Chinchero” y la  defenestración al contralor general

Estimados amigos

Nota inicial: Este articulo se ha realizado pensado por encima de otros temas, sobre la situación de la contraloría general que en casi treinta años,  en especial, con los gobiernos democráticos del 2001 al 2016, incluyendo a sus contralores, no tomaron la decisión de devolver a la CG su calidad de Órgano Superior de Control, ni  recuerdan estos las épocas en que bajo una reorganización, a partir de 1972 alcanzó su edad de oro entre 1980/1987, tal como lo manifiestan los historiadores económicos y financieros.  

También es importante relevar a los que ahora señalan que la CG y su SNC deben pasar por una reingeniería, preguntarles donde estuvieron los  analistas y los especialistas en cuestiones de control (si cabe la expresión), cuando desde 1987 el ente contralor fue perdiendo calidad en la toma de decisiones de ser un organismo corrector (en exámenes de gestión y auditorias multiprofesionales)  y de control de resultados en el accionar de las entidades del Estado todo.

Esta reflexión conduce, asimismo, preguntar ¿dónde estuvieron los que ahora atacan al control público tanto el 5 de abril de 1992, como cuando se dictó la Constitución Política de 1993?

Son hechos que esas fechas se atentaron contra la rigurosidad supervigilante conque actúo la CG desde su fundación, incluida su excelente reestructuración que se consagró desde 1972 en dos grandes puntos en favor del órgano contralor y su sistema nacional de control:

Primero, la autonomía como ente superior constitucional (concordante a los artículos de la Constitución Política de 1979);

Y segundo, lo que corresponde a la organización en cuanto al control de resultados, dándole el énfasis pertinente a las rendiciones de cuentas periódicas y anuales, lo que aún falta completar bajo el marco de la racionalidad administrativa que siempre se practicó y se debe practicar. Lo mismo en insistir en que se debe contar con perfiles de los funcionarios y servidores, y del contralor general en cuanto a su profesionalismo y no menos de veinte años en el desempeño de cargos en la contraloría general.   

Ante la posibilidad de realizar una apreciación complementaria sobre la intervención de la contraloría que dirige el CPC Edgar Alarcón, el nuevo contralor general que, desde junio del 2016 viene ejerciendo tan importante cargo, en líneas generales se diría que su desempeño superó las expectativas.

Tanto el poder ejecutivo, como el congreso de la república al poco tiempo de instalado el nuevo régimen, aparecen dándole su confianza al contralor general Edgar Alarcón Téjada.

Sin embargo, su sobre exposición ayudó a la ojeriza de los detractores tanto del contralor Alarcón, como de la institución contralora en razón a que ésta ha venido dando pasos institucionales significativos, de manera tal que el conservadorismo lobbysta y lógicamente neoliberal, siempre ha estado presto a criticar el accionar de la contraloría general y disparar contra el contralor ante cualquier indicio incorrecto del accionar institucional.

Es decir, la extrema crítica formada por los curtidos conservadores neoliberales, insisten en que la institución contralora no posee personal calificado comparativamente con los profesionales de ProInversión; además existe el  prejuicio de que el ente contralor al intervenir en las entidades públicas casi siempre que entorpece el desarrollo de las mismas, en particular cuando se trata  de los proyectos de inversión publico/privada.  

Bajo este marco el poder ejecutivo, comenzó a negociar una adenda con la empresa concesionaria de la construcción y administración del Aeropuerto del Cusco. La intención era que la mencionada adenda subsanara las deficiencias del contrato firmado durante el gobierno anterior, pues en general tanto el ejecutivo, como una buena parte de los partidos de la oposición mostraron que el contrato tenía muchos defectos que al final atentaban contra  los intereses del país.

Al ministro de transportes Vizcarra le tocó preparar la adenda sobre la cual se hicieron varias formulaciones, habiendo en consecuencia avances y retrocesos. Una vez redactada la adenda no encontró el clima favorable, tomó la decisión de poner a la entidad contralora como dirimente y hasta de juez, funciones y competencias que no son propias de la contraloría general, como para resolver el caso de la adenda al contrato de ejecución del Proyecto del Aeropuerto.

La aceptación tácita por parte del contralor general Edgar Alarcón de que sería la instancia dirimente, sin precisar las consideraciones de que no era competencia del Órgano Superior de Control, quien tomara la decisión de solucionar todo lo referido a la adenda, al intervenir estaría comportando como una instancia de gobierno. No se tomó en cuenta que esta responsabilidad le corresponde a las entidades de proinversión que, como brazo técnico le corresponde la viabilidad total de los proyectos de inversión tanto para programar y poner las bases de la formulación de los proyectos, como de las supervisiones y correcciones en vía de perfeccionar en diversos aspectos técnicos y financieros que sean pertinentes, labor que cumple no sólo concordando con la política del gobierno, sino manteniendo coordinación estrecha con el poder ejecutivo.

En consecuencia, la dirimencia de la CG no sería pertinente, porque el Órgano Superior de Control supervigila (no supervisa) el accionar y gestión de la entidades públicas; es decir, en el marco de su característica supervigilante, participa en el accionar de la actividad pública, cuidando en este caso de los proyectos, y que estos se formulen bajo los márgenes no sólo técnico/administrativo de la inversión, vinculados a los asuntos de la programación presupuestal, sino en cuanto a lo que representa la preservación, en la utilización de los fondos públicos.

Dadas las características de este tipo de contratos de concesión, estos tienen el carácter de “contratos ley”, requieren de ser posible que la CG sea consultada y que esté preparada, para que de manera llegara a dictaminar, señalando las observaciones encontradas.

Esto no significa que el ente contralor, en primer lugar no exceptúe que el contrato que se pone en marcha, impida que el proyecto de inversión sea motivo de exámenes y auditorias, por ser estas funciones esenciales de control; y en segundo lugar, la contraloría general está obligada a evaluar los avances de la obra y el uso de los fondos, y que se registren como control de resultados, a través de las periódicas rendiciones de cuentas.

De acuerdo a lo detallado en los párrafos anteriores acerca de la formulación de la adenda al contrato de concesión, el actual gobierno parece no darse cuenta de cómo se ha comportado, ni ha intentando reconocer que no ha venido procediendo de acuerdo a las funciones y competencias de los organismos públicos; el analista político del diario “El Comercio” y ex ministro, Fernando Rospigliosi Capurro con sus comentarios concuerda a lo que se ha dicho, en cuanto a que no se procedió con las líneas que fijan las direcciones sobre las funciones establecidas en el tratamiento de las importantes acciones de un gobierno (ver artículo del 3 de junio del 2017). 

El analista Rospigliosi en su artículo publicado precisa que lo de Chinchero resultó “catastrófico para un gobierno que depende, más que ningún otro desde la restauración de la democracia, de la aceptación de la opinión pública”; señala tres motivos, donde la renuncia del ministro de transportes Vizcarra, jugó importante rol, al convertirse en el eje del problema no resuelto.

El primero, socava la credibilidad del gobierno y en especial del presidente; el segundo, incentivó expectativas de que el aeropuerto sería construido de inmediato; y el tercer motivo, las intervenciones del gobierno fueron encabezadas por el propio presidente, siendo que el gobierno abría un flanco peligroso en la presunta defensa de los intereses privados. Los tres motivos explicativos no pueden dejar de lado que al gobierno se le acusara de lobbysta, lo que demuestra la terquedad y la estrategia que había seguido sin éxito para el gobierno.   

Ante la apreciación de cómo se desempeñó el gobierno se puede adelantar ¿por qué éste hizo vivir a todos en una aparente confusión?, ¿y en cuánto a la forma de encarar la negociación del contrato ya firmado y de la adenda que motivaron los mayores comentarios negativos?, llamándola de manera reiterada de entreguista.

Martín Vizcarra jugaba ya su partido aparte. Acorralado por varios frentes buscó como se ha visto que sea la CG quien diera la última palabra, asumiendo ésta un cargo indebido de ser dirimente.

Sin embargo, el pronunciamiento de la contraloría general fue contrario a la adenda, lo que puso en gruesos aprietos al gobierno, siendo que el ministro Vizacarra renunciara, ello le permitió que se salvara no sólo del voto de censura del congreso; sino sobre todo alcanzará su propia liberación de las presiones de intereses que estaban detrás, para que se llevará acabo a como diera lugar el proyecto del Aeropuerto de Chinchero.

Es probable que el gobierno intentó sobreponerse en un primer momento a lo que la CG no consideraba aceptable y cuyo informe impediría a su ministro de transporte Martín Vizcarra sacar adelante el proyecto de concesión, primero fue el  ingeniero Vizcarra como se ha visto quien trató de abordar al contralor general por su parte sin éxito; luego, será el ministro de economía Alfredo Thorne en tratar de convencer al contralor general Edgar Alarcón que fuera capaz de dictaminar en favor de la adenda. El ministro Thorne sería el más decidido, pues a nombre del presidente de la república, llegaría en determinado momento de la última reunión a presionar, a la primera autoridad de la contraloría general.

La inexplicable intención de presionar lo hizo utilizando el argumento de que el presidente requería mucho apoyo de la CG, para los diversos proyectos en revisión y la reconstrucción de las zonas desvastadas por el niño costero, y que, el gobierno aceptaba apoyar las ampliaciones de su presupuesto solicitadas en catorce millones de soles, habiéndose ordenado que la mitad de las transferencias presupuestales se hicieran realidad, lo que faltaba, el presidente lo aprobaría considerando lo conversado en dirección, a que el ente contralor fuera el mejor colaborador en las ejecuciones de las obras de los proyectos de inversión.  

Empero, en un segundo momento, el gobierno derrotado buscó salir de tan difícil situación en que se jugaba peligrosamente su estabilidad, para lo cual pronto habría de encontrar un chivo expiatorio, para que los focos de la atención pública se desplazaran a la contraloría general pagando el precio, por haberle enmendado la plana a su adenda que impidió salir adelante para ejecutar el proyecto.

Como nunca no falta algún pretexto, esta vez el elegido sería el mismo contralor Alarcón, quien caería en desgracia por las denuncias puestas en valor después de un año de olvidadas cuando desempeño anteriores cargos, cometió los desatinos de hacer negocios con sus hijos en la compra y venta de autos y de liquidar con un mayor incremento a las indemnizaciones de un personal que se le canceló sus contratos de trabajos y de otras adquisiciones personales.

Estos descubrimientos tuvieron eco no sólo en los allegados al gobierno, sino en los medios de comunicación concentrados que como ya se ha comentado están a la caza de golpear no a un contralor en falta, sino en armar un ruidoso escándalo dirigido a desprestigiar a la vez a la institución contralora, acusándola desde no tener cuadros de control, pasando que su informe no se ajustaba a los cánones de las formas de inversión, en especial de lo publico/privado hasta de su reorganización con camino a desaparecer o que siga disminuida, sin intervenir y silenciosa; es decir, reeditar su triste comportamiento desde 1992 al día de hoy. 

Terminamos este artículo bajo crispadas expectativas que se resumen en dos puntos: el primero, señalando que el control público no es del agrado de quienes gobiernan. Ellos están adheridos a intereses, en especial cuando hay lobbystas de trayectoria entreguista, estos necesariamente son adversarios. E igual pasa con  los grupos de poder económico (inversores y concesionarios) que son indudablemente acompañantes de esta aversión al control público.

A los que se suman los dirigentes de opinión del neoliberalismo que sirven a los conservadores dueños de los medios de comunicación que son por demás influyentes, llegan a todos los  sectores con el repetitivo mensaje que el control no satisface a quienes gobiernan y a quienes sus inversiones en el Estado hacen frente a un aparato contralor que traba y retrasa, al estar constituido por personal nada calificado. 

El segundo, pueda que como en 1992 surja la reorganización engañosa, para el contento de quienes vieron y ven que el control detiene la ganancia rápida  de los inversores y que continúen no interviniendo en los procesos de los adicionales de obras que terminen en las adendas, las cuales en estas últimas décadas se han repetido hasta el infinito.

La contraloría general de aparentes como de discutidas atribuciones choca con el Estado mínimo, su substrato impulsa a rechazar al control que entorpece, por su aparato burocrático, lo que aprovechan los adversarios del control para propalar un mensaje teñido de la soberbia ruidosa de quienes consideran que fuera del Estado está la excelencia, aunada a otra afirmación insensata, la cual incide que en la organización contralora no hay profesionales de calidad, sembrando dudas e insinuando temerariamente que desaparezca el ente de control público.

La marcada soberbia de los adversarios del control se presentan lamentablemente  en este cuarto gobierno elegido democráticamente, lo que históricamente no impide ratificar que, siguen los alardes del poder criollo/mestizo de gobernantes que no pierden la temible decisión de influenciar a quienes se puedan manipular, caso del ministro de economía Alfredo Thorne hacia el contralor general Edgar Alarcón, para que cambie el informe contrario a la adenda, calificada de entreguista.  

En síntesis, partiendo de la ignorancia que existe sobre el control, y en particular, bajo la influencia neoconservadora que no cree en el control; además, es obvio que faltan conocimientos para tomar decisiones por parte de los poderes públicos hacia la contraloría general y del SNC que aún guarda reservas institucionales.

¿En esas condiciones podrían expedirse nuevas leyes generales de control? Llegando a concretar y/o encaminarse a recomponer a tan importante Órgano Superior de Control, y siguiendo su secuencia ¿se seleccionará al nuevo contralor general bajo el perfil que se propone en este trabajo?

Autor: Fernando Anibal Arce Meza