14/08/2017
| Beñat Zaldua
Grenoble. Este del Estado francés. 160 000 habitantes.
Sede de los Juegos Olímpicos de invierno en 1968 y puerta de entrada occidental
a los Alpes. Y además, capital francesa de la remunicipalización. Ya en 2000
decidió rescindir el contrato que tenía con la multinacional Suez (ahora Engie)
y crear una empresa pública de suministro de agua. 17 años después, la calidad
del agua es mejor y el coste menor. El próximo paso, ya en marcha, será
remunicipalizar el servicio eléctrico con un doble objetivo: luchar contra la
pobreza energética y reducir las emisiones de gases invernadero. Se suma
también el proyecto de ofrecer comida 100 % local y ecológica en los
comedores escolares de la ciudad.
Son algunos de los casos extraídos del libro
“Reclamar servicios públicos”, coordinado por Satoko Kishimoto y Olivier
Petitjean y editado por el Transnational Institute (TNI), en el que se recogen
835 casos de remunicipalizaciones en 45 países de todo el globo. Es decir,
casos de recuperación pública de servicios privatizados a escala local. La
mayoría se dan en los sectores del agua (267) y la energía (311), pero hay
ejemplos en infinidad de campos, desde los residuos y el transporte a la salud
y las guarderías. "Esta lista es solo un primer paso, hay muchos más casos
en todo el mundo que aún no hemos podido identificar por falta de tiempo y
recursos, pero como tal, ilustra los puntos que queremos subrayar",
aseguran en sus conclusiones Kishimoto y Petitjean, que resumen así sus grandes
objetivos: poner de manifiesto que "existe una fuerte tendencia a la remunicipalización
en Europa y en todo el mundo" y explicar que esta tendencia "no solo
refleja los muchos fracasos de las políticas de privatización y de austeridad,
sino que también conduce a servicios públicos realmente de mejor calidad".
Sin idealizaciones, con datos
"Los servicios públicos no son perfectos solo
porque son públicos. Algunos de ellos incluso tienen problemas importantes que
suponen servicios insatisfactorios, malas condiciones para los trabajadores y
costos adicionales", avisan los autores. Pese a ello, aseguran que «la
experiencia global demuestra que la privatización generalmente no cumple sus
promesas».
Para sostenerlo, advierten de que "en
flagrante contradicción con las promesas de las empresas privadas, la
privatización a menudo conduce a mayores costes" para las autoridades
locales o para los ciudadanos, así como a una menor calidad del servicio y una
ínfima transparencia. Un ejemplo lo encontramos en Montenegro, donde la empresa
Atlas Group solo invirtió 3 millones de los 119 comprometidos en el contrato de
gestión del hospital de Herceg Novi. El Gobierno lo rescindió tras las pruebas
sobre el fraude fiscal de la empresa y el hospital funciona ahora correctamente
bajo gestión pública. Otro ejemplo: en Lesotho, un solo proyecto de gestión
público-privada en un hospital absorbió la mitad del presupuesto sanitario del
país y dio a la empresa privada un beneficio del 25 %.
Frente a estos casos, recuerdan ejemplos como la
remunicipalización del agua en París, donde el nuevo operador público abarató
los costes en 40 millones solo el primer año. El libro también explica que el
fin del contrato de gestión del transporte en Londres permitió una reducción de
los costes de 1 000 millones de libras esterlinas.
Los mitos de lo público-privado
De hecho, otra de las conclusiones destacadas a las
que llegan los autores se refiere al peligro de los llamados PPP
(Public-Private Partnership), los contratos que involucran a sectores
públicos-privados –la incineradora de Zubieta o la Autovía del Camino en
Nafarroa son dos claros ejemplos–.
El aviso contra estos contratos que "se
presentan como una manera más fácil de financiar las infraestructuras
públicas" no puede ser más contundente: "Las PPP son en realidad una
forma oculta de la deuda, que resulta ser más cara para las autoridades
públicas en el largo plazo. Están diseñadas para crear una ilusión de
asequibilidad y ocultar costos y responsabilidades reales, lo que hace más
fácil convencer a los funcionarios de que emprendan proyectos a gran escala que
no necesariamente reflejan las necesidades reales de sus poblaciones".
Según el propio FMI, el 55 % de los contratos público-privados se
renegocian, y en dos tercios de los casos tiene como consecuencia un aumento
del coste para los usuarios.
Aunque en el listado de 835 iniciativas constan la
desprivatización del Servicio de Atención a Domicilio de Iruñea y la
remunicipalización del agua en Ermua, el informe da otros reveses a algunas de
las prácticas seguidas en Euskal Herria –si bien hay que tener en cuenta que
numerosos sectores susceptibles de ser remunicipalizados, como el del agua,
nunca dejaron de ser públicos en buena parte del territorio vasco–. En el
ámbito de residuos, por ejemplo, los autores subrayan que "hoy en día es
casi imposible que una empresa privada de residuos se involucre en una
verdadera política de residuos cero, porque todo su modelo de negocio se
basa en maximizar los volúmenes de recolección y en grandes infraestructuras
como las plantas de incineración". Por ello pone como ejemplo a Briançon
(Francia), que decidió no renovar su contrato de gestión de residuos con la
empresa Veolia.
Mayor capacidad de encarar retos
La gestión de residuos conecta, junto a las
desprivatizaciones en el sector energético, con un eje troncal del estudio del
TNI, que señala las remunicipalizaciones como una forma de impulsar "la
transición hacia sistemas energéticos eficientes, basados en energías
renovables y asequibles". "La remunicipalización no se limita a
cuestiones locales, muy a menudo también aporta soluciones locales eficaces a
problemas y crisis mundiales", aseguran los autores, que ponen como
principal ejemplo las empresas municipales del sector energético en Alemania,
donde Hamburgo lleva la iniciativa. Para finales de 2015, la empresa local Hamburg
Energie tenía instalados ya más de 13 MW de energía eólica y 10 MW de energía
solar. Más de 100 000 clientes se benefician a día de hoy de esta energía
renovable y local.
Es eso lo que lleva a Petitjean y Kishimoto a
reivindicar que "la remunicipalización rara vez es solo un cambio en la
propiedad o la gestión, se trata de recrear o reintroducir un ethos público y
un compromiso con el acceso universal, en contraposición a la perspectiva
comercial y de búsqueda de beneficios de los proveedores privados". Algo
que, según añaden, se traduce en unos servicios más asequibles para toda la
ciudadanía, en una mayor transparencia y una democratización de los servicios
públicos, que deben promover la participación ciudadana.
Dos ejes de tensión
Aunque el libro no obvia la tendencia a la
izquierda de la mayoría de quienes abanderan las desprivatizaciones, si que
subraya que, sobre todo en Francia y Alemania, "las remunicipalizaciones
son llevadas a cabo por políticos de todos los colores". "La división
política relevante no es a menudo de líneas partidistas, sino entre el nivel
local, donde los políticos y los funcionarios tienen que afrontar desafíos
concretos, y los niveles estatales y europeos, que están presionando para la
austeridad y los recortes presupuestarios", añaden, poniendo como ejemplo
al Estado español, donde el Gobierno ha llevado a los tribunales a Valladolid
para evitar la remunicipalización del agua, o donde el PP está impulsando una
norma que prohíbe a las ciudades contratar antiguos trabajadores de la empresa
privada tras remunicipalizar un servicio. Una medida cuyo objetivo evidente es
poner en contra de las desprivatizaciones a los trabajadores, con los que
Petitjean y Kishimoto subrayan que debe contarse en todo momento.
Por ello, en la recta final del documento, los
autores recuerdan que "es mucho más fácil privatizar un servicio público
que remunicipalizarlo". Admiten también que "todavía hay un fuerte
impulso hacia la privatización en todo el planeta", pero recuerdan que el
camino apenas ha empezado a recorrerse: "El creciente número de
desprivatizaciones muestra la privatización como social y financieramente
insostenible; por cada caso de remunicipalización que se ha dado con éxito, hay
muchos casos de autoridades locales y ciudadanos que están insatisfechos con
los proveedores privados, pero aún no han tomado medidas".
13/08/2017
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