miércoles, 11 de octubre de 2017

EL DERECHO A UNA GARANTÍA DEL EMPLEO




11/10/2017

La ejecución de cualquier trabajo que produzca bienes o servicios ofrecidos al público es la base de cualquier actividad económica. Esa actividad exige por lo general la cooperación entre dos clases de ciudadanos, cuyos intereses pueden ser opuestos: La clase de los propietarios del capital y la clase de aquellos que sólo poseen su fuerza vital y que se ofrecen para trabajar en el desarrollo de la capacidad potencial del capital para producir productos útiles. Esa división en dos clases, según Sismondi, es la consecuencia de una organización artificial que hemos dado a la sociedad humana. Como todas las convenciones humanas están también sujetas a la posibilidad de revisión, porque el orden natural del progreso social no tiende a separar los hombres que colaboran. Es absurdo pretender separar la riqueza del trabajo: el capital sin el trabajo es estéril e improductivo. Tanto que al principio el capital y el trabajo estaban fusionados en una misma persona. El labrador propietario ejecutaba el mismo el trabajo que luego ejecuta el labrador asalariado. El industrial artesano propietario procesaba el mismo, en su taller, las materias primas que el mismo se procuraba.

La separación de las dos actividades en una clase que trabaja y otra que reposa era esencial para conformar una sociedad de producción eficiente, en provecho de todos, por eso es indispensable regularla para facilitar una colaboración entre las dos clases: la clase de los que tienen la riqueza y la clase de aquellos que la ponen a producir. Esa colaboración es tan necesaria que no se lleva a cabo ninguna obra productiva sin un capital y tampoco sin trabajo. El obrero es tan necesario a quien le paga, así como también quien le pague es necesario al obrero: el uno hace vivir al otro; por eso existe o debiera existir una especie de solidaridad entre ambas clases de ciudadanos. Esa solidaridad comienza a vacilar cuando la competencia obliga a bajar los precios que antes se fijaban de modo que cubriesen los costos de la actividad productiva. Al principio se comparaban los costos de producción con los precios que estaba dispuesto a pagar el consumidor, para saber si convenía producir los bienes o servicios demandados por el mercado. Como la competencia obliga a bajar precios: el capitalista comenzó a calcular si podía encontrar, escatimando en los salarios de sus obreros, esa ganancia que ya no le ofrecían los consumidores. 

Es poniendo a los productores en oposición contra sí mismos cómo se les ha hecho seguir una ruta diametralmente contraria al interés de la sociedad. Para ésta una industria no vale la pena de ser explotada sino cuando puede mantener a sus obreros en un estado de tolerable comodidad, pero al patrón de la industria le basta con que le produzca una utilidad aunque sus obreros deban languidecer y perecer de miseria.[1] Los intereses del patrón capitalista y los intereses del obrero se han separado; ahora el interés del patrón en su trato con los obreros es para asegurar sus servicios al precio más bajo posible, en el momento en que dejan de necesitarlos, los despiden. Igual sucede cuando enferman o cuando envejecen y también en las estaciones muertas. Dejan así que sea la caridad pública; o, en Inglaterra, los hospitales y las parroquias se encarguen de mantener su miserable existencia. Luchan concertados unos con otros en contra de sus obreros para ver quien arrojará del modo más completo esta carga sobre la sociedad: cada oficio se empeña en esta especie de lucha de todos buscando el interés de su gremio contra el interés social[2].

En esta lucha constante para hacer bajar los salarios, el interés social del que, cada uno, sin embargo participa, es olvidado por todos. Pero si cada oficio llevase su propia carga social, cada fabricante comprendería enseguida si le interesa o no a su industria bajar los salarios, si la manutención permanente de un hombre exige 20 sueldos al día, sería preferible cien veces dársela a él mismo en recompensa inmediata por su trabajo que darle ocho como paga y hacerle recibir doce como limosna.[3]

Es bien evidente que si los oficios pudieran re-establecerse en corporaciones., para los fines de caridad solamente, y si los empresarios de esa industria estuvieran sometidos a la obligación de socorrer a todos los pobres de su oficio, se pondría fin enseguida a los sufrimientos a los que está expuesta la clase obrera, igual que se acabaría también con el excedente de producción que causa unas saturaciones y abarrotamientos en el comercio que a veces arruinan hasta a los mismos patronos.

La distribución de los frutos del trabajo entre quienes concurren en producirlos le parece viciada a Sismondi, pero dice que es tal vez más allá de las fuerzas humanas concebir un estado de propiedad diferente al que nos ha enseñado la experiencia. Añade que el sufrimiento de las clases más numerosas, que son tal vez las más esenciales para la sociedad, ha sido en los últimos tiempos tan excesivo que, en los países mas civilizados, la necesidad de encontrarle remedio impactó el espíritu de muchos filántropos, y Sismondi menciona a Owen, Fournier y Muirio. Piensa Sismondi que son gente bien intencionada aunque no comparte sus métodos. Al igual que ellos cree Sismondi que si hubiese una asociación entre los que cooperan en producir los mismos bienes y servicios, en lugar de oponerlos unos a otros. Un camino para llegar allí lo ve cuando la industria de las ciudades, se parezca a la producción en el campo, que es repartida entre un gran número de productores independientes, en lugar de estar controlada por un solo propietario que tiene a su cargo a centenares y millares de obreros.

La propiedad de las fábricas debería estar repartida entre un gran número de capitalistas medianos, no reunida bajo un solo hombre, dueño de muchos millones[4] El obrero debe tener la posibilidad y casi la certeza de llegar a ser socio del patrón…en lugar de envejecer, sin alguna esperanza de ascender[5]. Para llegar a esas reformas, Sismondi recomienda los medios lentos e indirectos de la legislación que traiga una justicia completa entre el patrón y el obrero, que haga recaer sobre el primero todo el mal que hace al segundo. Pide también Una ley que favorezca la división de las herencias y no su acumulación, que haga que el patrón encuentre una ventaja pecuniaria y una ventaja política en el hecho de vincularse más estrechamente a sus obreros.

El Estado debe acoger con reconocimiento la industria nueva que las necesidades de los consumidores desarrollan.  En este punto Sismondi también hace una recomendación que hubiera debido ser tomada en cuenta por esos gobiernos que como el norteamericano y los europeos que se empeñaron en mantener en vida concediendo fondos públicos a empresas privadas en dificultades, víctimas de sus propios errores. Dice Sismondi que el Estado debe dejar partir a la industria que se va sin hacer esfuerzo alguno por retenerla. Todos los favores que el gobierno le conceda, todos los sacrificios que hace para sostenerla en su decadencia solo sirven para prolongar los sufrimientos de los patronos o de los obreros y no salva la industria en bancarrota sino a expensas de aquellos a quienes debiera hacer vivir. [6] 

Conclusiones

Sismondi resalta que los patrones y obreros se necesitan mutuamente, para llevar adelante una actividad productiva y por lo tanto debiera haber entre ellos un vínculo de solidaridad. Esa solidaridad se rompe por culpa de la competencia que obliga a bajar precios. Con precios mas bajos, el patrón para poder mantener su ganancia tiene la tentación de obtener la diferencia a expensas de sus obreros bajando los costos laborales, bien sea disminuyendo salarios o reduciendo la nómina mediante despidos.

Sismondi piensa que los obreros debieran tener una parte en las utilidades de la empresa para la cual trabajan y tener la certeza de que con el tiempo llegaran a ser socios propietarios de la misma, Asumimos que para que esa perspectiva pueda instrumentarse los obreros deben estar representados en los concejos de administración de las empresas. En cierto modo esto constituye una especie de seguro social que garantiza un ingreso en las épocas de vejez y enfermedad. La seguridad social debiera estar organizada por sectores de actividad productiva, porque con un sistema nacional, los sectores que tratan mejor a sus empleados y aquellos que los mantienen en mejores condiciones de vida, terminan subsidiando con sus aportes a los sectores donde la explotación y la miseria de los trabajadores terminan deteriorando su salud y acelerando el envejecimiento y que por lo tanto esos empleados hacen un uso mas intensivo de los servicios sociales.

Sismondi trata de retomar el lado positivo de las viejas corporaciones gremiales, que tomaban a su cargo las necesidades de sus miembros en la enfermedad y la vejez. Al mismo tiempo que regulaban la producción, para evitar la sobreproducción que al superar la capacidad de consumo lleva a una saturación de mercados que provoca quiebras y desempleo.

También piensa que el Estado debe tratar de evitar que la competencia se convierta en una lucha general de todos contra todos; porque la nación no gana nada cuando la renta de una empresa es arrebatada por otra. Si esa transferencia causa quiebras y desempleo, es la sociedad entera la que sufre. Tampoco debe el Estado desviar recursos públicos para ayudar a empresas en dificultades, porque eso entraña un favoritismo que desvía recursos que debieran utilizarse en promocionar nuevas actividades productivas más sanas y sin el lastre de viejas y onerosas equivocaciones gerenciales.

El Estado debe promover que cada sector productivo esté integrado por muchas empresas y evitar la supremacía de ejercida una gran empresa de enorme capital que contrata a miles de trabajadores. Estudios recientes muestran que la actividad económica ejercida por múltiples empresas pequeñas y medianas, genera mucho mas empleo y son en conjunto mejor gerencialas y económicamente más estables que las grandes empresas que movilizan grandes capitales y dan empleo a millares de trabajadores y que cuando colapsan causan también enormes perjuicios. Las economías de escala que se supone que sean la ventaja de las grandes empresas, son obtenidas también por las pequeñas y medianas cuando están asociadas en cooperativas de producción. La economía italiana, donde hay muy pocas grandes empresas, es una prueba de lo eficiente y resistente que puede ser una economía constituida por pequeñas y medianas empresas que se asocian y colaboran entre si usando estándares comunes. Ni siquiera la sucesión ininterrumpida de gobiernos incapaces y corruptos ha podido destruir la eficiencia y competitividad que tiene en su conjunto la difusa galaxia de empresas italianas.     

Ginebra 03/10/2017

Notas


[1] Sismondi. Nuevos Principios de Economía Política, Libro VII. Cap. IXV, Icaria Editorial, Barcelona,2016,  p. 1

[2] Sismondi. Ibidem.

[3] Sismondi. Ibidem, p. 402 
[4] Sismondi Ibidem, pags.403 y 404
[5] Sismondi. Ibidem, p. 404 
[6] Sismondi. Ibidem, p..404


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