12-05-2018
Rebelión
publica esta entrevista que fue realizada, a finales de marzo de 2018, al
académico y jurista Carlos Alberto Ruiz Socha para el libro Final Abierto:
20 miradas críticas sobre los acuerdos con las insurgencias (2010-2018)
(ver http://lanzasyletras.org/2018/04/19/negociaciones-con-las-farc-y-el-eln-pensar-lo-que-vendra;
y Lanzas
y Letras, La Fogata Editorial). Su opinión corresponde a la
un asesor jurídico de la guerrilla, el único que ha participado en ambos
procesos de paz, tanto con las Farc como en las actuales conversaciones con el
ELN, organización a la que asesoró hace veinte años y con la que participó en
la reunión del Acuerdo de Puerta del Cielo en Alemania (julio de 1998). Es
conocida su posición frente a los acuerdos de La Habana suscritos por las Farc
en 2016, que él cuestionó en algunas materias (ver sus artículos en www.rebelion.org), motivo que ocasionó
su retiro de dicha asesoría. Este reciente aporte se produjo desde Quito días
antes de la detención de Jesús Santrich, el 9 de abril de 2018 (http://lanzasyletras.org/2018/04/10/para-los-excombatientes-de-farc-se-viene-la-mas-pertinaz-y-vengativa-persecucion-judicial-jesus-santrich/),
y de las contradicciones internas del partido político de las Farc, en las que
por un lado se aboga por respetar sin fisuras el orden jurídico dominante que
validaron totalmente sus dirigentes, y otras voces señalan por el contrario no
acoger o someterse ante decisiones injustas en la alianza de entes estatales de
Colombia y de los EE.UU., que continúan persiguiendo penalmente a líderes de la
ex guerrilla de las Farc, en el marco de un desplome o fallida implementación
de gran parte de los acuerdos entre el Gobierno de Santos y las Farc. Ruiz
Socha asesora actualmente en La Habana al Ejército de Liberación Nacional, ELN,
en la continuación del V ciclo de conversaciones en las que se busca llegar a
un nuevo alto el fuego bilateral y al diseño de cómo será la participación de
la sociedad civil-popular en el diálogo nacional para la paz con justicia
social en Colombia.
1. Usted fue asesor de las negociaciones con las
FARC y más recientemente es asesor del ELN. ¿Por qué cree que en La Habana se
llegó a un acuerdo y en Quito no, qué circunstancias se dieron en el primer
caso y estuvieron ausentes en el segundo?
Podemos afirmar como algo básico que las guerras
son resultado de una sumatoria compleja de factores. Pero las llamadas
soluciones a las guerras, ya sean salidas políticas, ejemplo El Salvador en los
noventa, es decir con predominio de una negociación como etapa final y cumbre,
o también las que se signan por una clara derrota militar, o de exterminio,
como en Sri Lanka con el genocidio al pueblo Tamil en 2009, son por lo general
ecuaciones todavía más complejas. La ecuación que llevó a la negociación de las
Farc con el régimen, se fue configurando en diferentes planos en el curso de al
menos seis años (2008-2014). Hubo exposición y efectos de trofeos militares
como fue “dar de baja” a comandantes como Alfonso Cano, a Raúl Reyes, a Jorge
Briceño, y a muchos mandos, más o menos cuarenta en alta o media jerarquía, en
esos años en los que el modelo de esa guerrilla desembocó en un laberinto, por
el peso o la presión militar enemiga acumulada en territorios en los que no
había ya para dónde ir, en los que hubo desconexión con las bases históricas o
aislamiento por la persistente persecución, no sólo de tipo bélico sino de
rompimiento de canales con tejidos sociales afines, entre el campesinado y
pueblos diversos, ya sea producto de errores propios así como el saldo de la
guerra sucia.
En esa realidad, se da un planteamiento esperado y
plausible: dialogar, como lo había pedido el propio comandante Cano en 2010.
Santos llega a la presidencia con esa propuesta en la manga de su brazo de
fuerza, luego de golpes a las Farc que no quebraron su moral de lucha, pero que
sí resintieron o tuvieron fuerte impacto. El gobierno sabía del alcance de esa
oportunidad y como es lógico desarrolla en secreto esos contactos para tantear
hasta dónde las Farc cedían. En 2011 Santos mata a Cano pero con la otra mano
ofrece conversar. Las Farc no se amilanan, demuestran fe en su causa, siguen en
esos encuentros confidenciales, en febrero de 2012 renuncian a retener o llevar
a cabo lo que comúnmente se denomina “secuestro” por razones económicas, y
acogen la fórmula de aproximarse sin derrotismo. Finalmente en agosto de ese
año 2012 se firma la agenda de La Habana y se echa a andar un proceso que en mi
opinión comenzó por tener en la mesa dos contendientes firmes en sus
convicciones y posiciones, con el respaldo de sus respectivas realidades
militares.
En lo que me consta, llegando en 2013 como asesor,
es que había una fuerza rebelde que estando inmersa en muy duras
circunstancias, ante un reto histórico de grandes proporciones e indudablemente
de enorme responsabilidad, pues no podía rechazarse conversar, fue tomando nota
de un balance político, externo e interno, y no coyuntural sino de orden
histórico, y se vio así misma en una encrucijada de tipo realista, de cálculo,
como lo conceptualizaríamos desde la ciencia política. Cualquier observador
podrá comprobar con los discursos de las Farc en la mano, en 2013, en 2014 y
parte de 2015, cómo se mantuvo en alto una beligerancia, cómo no se perdió el
tono que distingue a una fuerza insurrecta, exigiendo y pensando más en
ganancias reales para el país sometido que en garantías para ellos mismos, para
los líderes guerrilleros. Sin dejarse de hablar de la problemática rural, de
los cultivos ilícitos, de la participación, de la pobreza y de necesarias
reformas, lo que sucedió en mi opinión es que hubo una fase en la que comenzó a
primar la visión de favorabilidad a sus fuerzas, y en particular a la
dirigencia, por lo cual el gobierno vio que era ahí donde acertaba, donde debía
reforzar o centrar su propuesta y puso en la mesa, en medio de crisis y
argucias, un cebo importante, referido sobre todo al tema de la judicialización
de responsabilidades penales derivadas del conflicto.
Esa ecuación, pues, aparte de esos vectores
militares y políticos, estuvo al final integrada por consecuencias múltiples,
como los costos, incluyendo los éticos, de un tipo de articulación y relación
accidental con determinadas economías y circuitos en el contexto de la guerra,
me refiero en concreto al narcotráfico, tan presente en Colombia en cualquier
lado; naturalmente el cansancio y el sufrimiento humanos, o diríamos inhumanos,
tras años o décadas de una feroz guerra, que fue haciendo mella, con un Estado
que usa el paramilitarismo y el terrorismo, que criminaliza el movimiento
social, que tomó cientos de prisioneros para los que no había salida. Entonces,
un Estado que había avanzado tantísimo en esas posiciones de fuerza bruta y
directa, para persuadir; y que gozaba del apoyo de gran parte de la opinión y
por supuesto de la comunidad internacional, contando con el concurso para ese
empeño de países no amigos del Establecimiento, como Venezuela, en tiempos del
comandante Chávez, ve que hay cómo imaginar unos compromisos de reformas
constitucionales y legales.
Esa carnada es la promesa. Y cuando hay un
ofrecimiento hay quien lo acoge o quien no lo acoge del todo y mantiene sus
reservas. De ahí que se cuenta, como se diría en antropología, psicología o en
filosofía, con una prueba de la estructura identitaria, y más siendo una
estructura fustigada y atraída por la ficción de la ley, en transición de
valores, de convicciones y de razonamientos que constituían una médula moral, y
en este caso política, que dejó de ser tal al renunciarse a la rebelión, por
nada materializado, salvo el cumplimiento de que no sería aniquilada. Sin que
se vieran obligadas las Farc a consultar ampliamente y ver alternativas, en
unos diálogos más o menos cerrados, entre cúpulas, en los que no estaba
presente la diversidad del país o el conjunto social como parte, sino apenas
como espectador lejano, las Farc fueron seducidas por esa promesa del más llano
reformismo normativo, o sea sin cambios a la vista. No hubo demostraciones de
voluntad real del régimen, sino firmas de cientos de páginas; no hubo avance de
lo negociado, con mínimas transformaciones palpables, sino retroceso o recorte
a partir de las realidades y sofismas de la juridicidad dominante, que se
escudó en procedimientos de su ley o en el reparto de funciones, o sea que lo
pactado debía ser convalidado después por el poder judicial y el legislativo,
además de estar sometidos los acuerdos al plebiscito o refrendación del 2 de
octubre del 2016, que fue un fiasco.
En fin, que las Farc fueron embelesadas por la
apariencia de la ley de su oponente, y recogió con inusitado entusiasmo la
bandera de la falacia jurídica. Compró la lógica de la normativa o el
funcionamiento estatal, que es la envoltura, y por ende se alimentó de lo que
estaba adentro; acogió el contenido axiológico e ideológico que reproduce el
orden de dominación. En junio de 2016, yo ya había dejado de ser asesor, las Farc
se sometió explícitamente a la ley del Estado. Fue el punto de quiebre.
Hasta este momento, marzo de 2018, en Quito, hay
una Delegación de Diálogos del ELN, la cual tengo el honor de asesorar en
cuestiones jurídicas, que refleja una organización con dilemas, no golpeada
militarmente como las Farc lo tuvo que vivir; una guerrilla que busca un modelo
de salida política transformadora, es decir con cambios mínimos que el país
viva ya y no que sueñe por décadas; se está desarrollando una propuesta de gran
Diálogo Nacional, o sea un proceso participativo amplio y plural, de simbiosis
vinculante; y además esta guerrilla conserva y rehace su propia juridicidad y
proyección reguladora de su existencia y razón de ser, es decir no acoge ni
respeta la ley selectiva de su adversario.
2. El diseño de Justicia Especial para la Paz
surgido de La Habana fue cuestionado tanto por la derecha que se opone a los
acuerdos como por sectores de izquierda que cuestionan la impunidad que otorga
a responsables de crímenes de Estado. ¿Cuál es su valoración al respecto, cómo
cree que debería ser un esquema efectivo de Justicia Transicional?
Tiene que ver mi respuesta sobre este tema con lo
dicho anteriormente. Ese es el marco. Es decir, se fue cambiando no la realidad
sino la percepción de la misma, y a partir de ahí, como es lógico, en parte las
convicciones fueron mutando, o sea el orden de los principios, también por la
percepción que el sujeto político insurgente fue teniendo de sí mismo y de lo
que hoy día se sintetiza como fortalezas, debilidades, amenazas y
oportunidades. La amenaza era ir a la cárcel aislado, con la derrota encima,
como sería en algo el caso de Abdullah Öcalan del PKK, o Abimael Guzmán de
Sendero Luminoso. Condenados, sin alegar de cara a un público en un proceso de
paz. La oportunidad en cambio era como lo que finalmente se ha dado, digamos
con un Gustavo Petro o un Navarro Wolf, del M-19. Hacerse senador, hacer
política dentro de las reglas del sistema, sin pasar por la cárcel. Jugar a las
elecciones, aspirar a la presidencia, intentar cuajar una formación política de
izquierda en la legalidad, etc.
En 2013 otro asesor jurídico y yo, con base en las
propias ideas de las Farc y en enunciados nuestros, formulamos la necesidad de
un sistema de justicia que debería acoger las definiciones más progresistas del
derecho internacional, obviamente del derecho penal más avanzado, estudiando
los alcances de la Corte Penal Internacional, de otros tribunales, experiencias
diversas, en conjunción con la propia entidad de la rebelión, de la política
que se afirmaba en valores de resistencia a la opresión, de soberanía, de
impugnación a cánones dominantes, incluso armonizando esa propuesta con
posibilidades que se daban en ese momento en la UNASUR o en la CELAC. Recuerdo
tuvimos un par de reuniones con el secretario general de la UNASUR, Alí
Rodríguez Araque, así como con varios embajadores en La Habana. Diseñamos una
propuesta autónoma pero abierta, de cara a requerimientos tanto internacionales
como del país, referidos a la verdad, a la justicia, a la reparación y la no
repetición. Obviamente para ese momento las coordenadas de afirmación ética y
política eran otras, tanto que se produjeron guiños y decisiones para explicar
y explicarse. Comenzamos a desarrollar pasos para el reconocimiento de
responsabilidades por diferentes hechos que nunca debieron suceder. En un viaje
a Estados Unidos en un grupo consultor, contactamos a quienes esperaban por
años explicaciones de qué pasó y por qué con sus familiares, víctimas de
acciones de las Farc. Hicimos lo mismo en Colombia. Yo me reuní como asesor
jurídico de las Farc con obispos del litoral Pacífico y luego con víctimas de
Bojayá para tratar por primera vez este caso y otros, en la perspectiva de lo
que luego ocurrió: pedir perdón y trabajar un proceso con ciertos compromisos.
Se hizo después en La Habana. Y en la lista fueron señalándose otras demandas.
Cambia todo cuando lo que reina ya no es un proceso
equilibrado de búsqueda de las dos partes de un nuevo y coherente sistema de
justicia frente a hechos del conflicto, sino la imposición que una de ellas va
haciendo, en este caso sutilmente el Estado, orientando a partir de sus
premisas. Ya había sido aprobado el Marco Jurídico para la Paz, como reforma
constitucional en el 2012, el cual fue fragmentado y puesto de bajo perfil,
pero que sirvió como referente de arranque, con efectos simbólicos y
discursivos, para partir de una posición estatal aparentemente hacia otra, poco
a poco convergente con las Farc, que creyó en 2015 y 2016 que había logrado
mover al Estado, cuando en realidad sólo ellas se estaban deslizando y
comprometiendo con algo que les cambiaba la perspectiva. Al régimen no. Se
pactó en septiembre de 2015, en una trampa de sugestión, que tenía que ver con
la promesa mencionada de nueva institucionalidad, y en un ejercicio de
aceleración y conminación, la hoy denominada “Justicia Especial para la Paz”,
que en una sucesión de reformas constitucionales y legales, logra dos objetivo
de alto valor para el sistema.
El primero: desvertebrar la rebelión no sólo
materialmente llevando al desarme y la desmovilización, sino en la mente y los
corazones de los que dejaban de ser insurgentes, que aceptaron renunciar a lo
que en términos penales asumimos como delito político y su complejidad lógica,
pues el Estado ganó ahí que se convalidara la criminalización de actos propios
del alzamiento armado y tachar como crímenes amplias conexidades. Me explico:
que acciones naturales de la rebelión se vean como crímenes, cuando no lo son
si están en ese orden de coherencia y valores que definen ese derecho y sus
límites ontológicos y éticos. Esto lleva a que el guerrillero o la guerrillera
sea re-criminalizado/a en ese nuevo sistema especial de justicia. No ya con
consecuencias personales o individuales, que se ocultarán o se notarán cada vez
menos y cada vez menos entre más se suba en el rango de responsabilidades,
cuando lo elemental es que la dirigencia las asuma, hipótesis ésta que veremos
si se constata según el proceso político y sus blindajes. Las consecuencias a
las que me refiero más, pues esto es más profundo, es el mensaje al mundo, a
las luchas de los pueblos y para la historia: que levantarse contra la opresión
es un crimen. Que sólo cabe hacerlo aceptando la extrema simplificación de la rebelión.
Esto es algo repudiable.
Y el segundo efecto trascendental, entre varios
fines logrados por el sistema, también bajo esa jurisdicción especial, es el
refuerzo de la impunidad de los crímenes de Estado y de su lógica, pues las
altas responsabilidades bajo esta justicia y sus reglas, nunca serán puestas al
descubierto, no con ese modelo, ya que se desechó el imperativo de la cadena de
mando, salvándose así tipos como Uribe Vélez, ministros y generales en la
cúspide de esa jerarquía no sólo nominal sino funcional por adscripción más
allá de lo normativo, o sea por conocimiento directo y omisión eficiente al
cometerse cientos y cientos de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Los
llamados terceros civiles, como jefes del paramilitarismo en el empresariado o
la política, igualmente están de plácemes. No serán tocados.
De dónde vienen las críticas de la extrema derecha.
De ser precisamente extrema derecha. Hoy dispuesta a controvertir, por
fundamentalismo, cualquier evidencia. Así como niega la eclosión medio
ambiental o la usa para sus fines discursivos en su racionalidad económica,
está resuelta a defender el negacionismo y la visión más radical del castigo
penal, pero para los ex guerrilleros, a los que no quisiera ver participando en
ningún espacio político legal, sino en la cárcel o muertos. Así mismo su
posición sobre las responsabilidades de militares o policías, pues sabe que así
como pasó en el sistema empleado en la etapa del reciclaje paramilitar, con la
ley de “justicia y paz”, puede suceder con la “justicia especial para la paz”:
algo de tanta barbarie, algo de esas estrategias, por tanto del volumen, se
tendrá que conocer, así el régimen logre controlar las verdades cualitativas
que afloren; es tanto el horror que finalmente una capa de eso se va a conocer.
Pero es normal, con o sin este aparataje, por las luchas de las víctimas, por
la abundante prueba de cargo contra algunos funcionarios o prácticas estatales,
y por los pocos funcionarios que no la descartarán; no todos son corruptos o
ineptos.
En cuanto a las críticas de la “izquierda”, diría
poco. En realidad gran parte de ese espectro, por seguidismo, mediocridad o
clara intención de una apuesta gaseosa por cansancio y fe política en una
promesa de nueva institucionalidad y oportunidad de anclarse ahí, no hizo a
tiempo sino tardía, tímida y de manera oportunista algunas observaciones, que
debían haberse producido mucho antes, cuando esos acuerdos se estaban cociendo
en secreto. Mucha gente se supone lúcida, instruida y comprometida, guardó silencio
cómplice, para no entrar en desavenencias con la dinámica y la nueva visión de
las Farc, que remedó lo que la izquierda española hizo en los años setenta y
ochenta, validando con pragmatismo la transición del franquismo y la protección
de sus herederos. Sólo gente como el Equipo Jurídico “Pueblos”, en un excelente
documento de febrero de 2016, el padre Javier Giraldo y algún intelectual como
Luis Jorge Garay, llamaron acá en Colombia a tiempo a estar alerta y señalaron
que esos acuerdos de La Habana se encaminaban al refuerzo de la impunidad del
orden establecido.
Y finalmente diría: justicia transicional es la del
tránsito o transición real a una nueva y positiva situación. Hoy la nueva
situación es la de una Colombia sin la insurgencia de las Farc. Con un pie en
el lodazal institucional y el realismo de un país descompuesto. En todo lo otro
sigue igual o peor. Otro modelo de justicia superior, es la que verdaderamente
apunte a ser transformadora de esta inmundicia que nos circunda, por lo tanto
la que devele las verdades más sustanciales, por ejemplo sobre el
paramilitarismo y el direccionamiento histórico del terrorismo de Estado, sobre
sus fuentes y alcances doctrinales, acerca de la concepción de seguridad que ha
imperado, que haga justicia con el reconocimiento de esas verdades, que repare
con visión de integridad a las víctimas renunciando a las estrategias de
victimización o persecución de las luchas sociales, y construyendo reales
garantías de depuración y no repetición. Nada serio de eso se ha dado. Ni
pienso, con base en lo objetivo a mano, que pueda darse; no con las pautas
establecidas o instituidas. Tendrá que ser otro proceso instituyente el que las
defina y eche a andar.
3. El concepto "derecho a la rebelión"
que usted fundamenta jurídicamente es sostenido por el ELN, en cambio FARC optó
por una vía más pragmática de negociación. ¿Reside allí una diferencia
conceptual que permitió llegar a buen puerto al proceso de La Habana, y que
explica por qué en Quito el diálogo no ha encontrado mayores avances?
En teoría hablamos de un concepto que por los
procesos históricos tiende a ser universalizable, es decir la rebelión como
hecho complejo, y su configuración como derecho, ha estado presente no sólo en
la propia constitución e identidad cultural y política de los pueblos y en la
diversidad de las sociedades, sino que, más en el fondo, corresponde a las
dinámicas de desarrollo y luchas como especie que sobrevive contra
circunstancias y causas opresoras, o sea a forcejeos que subyacen a nuestra condición
humana actual. Como pasa hoy día y pasará frente a la destrucción de las
fuentes de vida a nivel planetario. En ese sentido, no hay un solo ser humano
que haya escapado a la fuerza de procesos liberadores. Hasta Trump es heredero
de la revolución americana de independencia que labró Washington. Y también la
posibilidad de sobrevivencia está y estará ligada a la capacidad de resistir a
la lógica depredadora global. Así que la fundamentación de la rebelión está
relacionada con la conciencia que construimos sobre cómo son y cómo pueden
cambiar las estructuras de injusticia que afronta un pueblo o un conjunto
social. Se basa en la demostración objetiva de cómo es preciso combatir ese
orden dominante injusto que por sí mismo no cambia, un orden urgente de ser
interferido, por la muerte que genera para amplios sectores o incluso para
mayorías que ven menguada su existencia, y hacerlo tiene que ver con la
capacidad de impugnar esa situación en nombre de valores superiores a los del
sistema. Hay pues una razón en la dimensión subjetiva, en la entidad moral del
rebelde. Esa perspectiva jurídica, política y ética es la de la rebelión como
derecho y obligación.
Es cierto: las Farc optó por una vía pragmática de
negociación, sin que esa realidad social y política haya comenzado a cambiar
positivamente. Es lo dramático, o más bien la tragedia. Finalizó su ejercicio
de un derecho, como es la rebelión, aceptando una trama jurídica institucional
y sus rúbricas. No se trataba de la “revolución por decreto”, por supuesto. Nadie
inteligente esperaba eso. Pero sí que tantas décadas de lucha y de dolor
causado en la confrontación, por ejemplo al desatar el Estado la guerra sucia,
hubiesen tenido un mínimo sentido de refutación del orden vigente, y no su
convalidación moral, como se hizo; que parte de esas fuerzas acumuladas y
encarnadas en diferentes planos y movimientos populares, sus planes de vida,
sus mandatos, hubiesen tenido expresión mínimamente instituyente; que toda esa
evidencia científica, objetiva, verificable, respecto de la descomposición del
Establecimiento, del poder mafioso, del empobrecimiento, del saqueo, y de cómo
somos un país miserable y servil, hubiesen tenido sentido exigiendo los
rebeldes de las Farc el cumplimiento de unos mínimos creíbles y de reformas necesarias
o básicas, sin conformarse con pactos volátiles, además recortados, que sólo
les garantizan a sus dirigentes ciertas prebendas de participación política y
raquíticos proyectos productivos.
Todo esto lo digo sin desconocer que su bandera o
discurso es la defensa del cambio social, como está claro lo siguen
sosteniendo. De eso no hay duda. Pero ya sin tener medios de coerción, de
resistencia, de defensa, y de construcción de otras realidades sociales como
insurgencia en una confrontación que decidieron abandonar; para emplazar a su
oponente a cumplimientos deben acudir a la legalidad que éste les presta. El
Establecimiento, las multinacionales, el gran capital, las elites, los grupos
de poder, valoran este proceso de pacificación de Santos y su inteligencia, por
haber sido el logro de una paz barata, que no supone transferencias o cesiones
de poder real, culturalmente la instauración de una paz que he dado en llamar
en un artículo “paz McDonald´s, negativa y señorial”. Negativa, al decir del
noruego Johan Galtung, significa que nos referimos a la terminación del
conflicto, en medio de la violencia estructural, no a la paz basada en la
redistribución de riqueza y de las oportunidades de vida digna. Erich Fromm,
Albert Camus y otros humanistas del pasado siglo dieron valor a la paz, pero
señalando la necesidad de procesos de emancipación; un humanismo social al que
la rebelión alimenta con sus valores, y una rebelión que debe orientarse por el
humanismo social que invoca y conlleva límites.
La rebelión y su fundamento jurídico tienen una
base inteligible, comprensible por cualquier ser humano sencillo que ve la
injusticia y se indigna por lo que mira. Unos actúan porque ejercen un derecho
humano; se ven obligados moralmente a ello. Otros nos quedamos contemplando el
cuadro. De ahí que predicar el fin de la rebelión, el ocaso de las guerrillas,
sin ver la realidad misma, la persecución y la opresión, ondear éxitos como el
desarme y la desmovilización de las Farc sin hablar de la guerra sucia, y del
incremento de la corrupción y el pillaje, es una posición, pero no es humanismo
social. Decir que el ELN debe parar su lucha basado en promesas, como si fuera
cerrar un libro de García Márquez, que fue lo que dijo a finales de marzo de
este 2018 el señor Tom Koenigs, enviado especial de Alemania para la paz de
Colombia, abogando para que el ELN se desmovilice siguiendo el ejemplo de las
Farc, eso es proponer un paso que puede ser suicida. No se refiere él al
terrorismo de Estado, a la cadena mafiosa que detenta estructuras de poder; no.
Se refiere a cómo una de las partes debe renunciar, y no a la otra. Afirmó: “el
Eln debe darse el espacio para hacer el cambio a la política pacífica”. Cuando
lo correcto éticamente es otra proposición: el régimen debe dar espacio para
hacer el cambio a la política pacífica.
Entre los valores de la rebelión está la propia
idea de finitud. La guerra no puede durar siempre. No debe prolongarse sin
necesidad. Pero no depende de ponerle fecha como a una caja de medicinas. Será
perecedera cuando los objetivos básicos se vayan logrando. Y una de las vías es
la negociada, el diálogo para concertar cambios. La resistencia a los nazis
tenía que ver con la propia intensidad de la agresión que su maquinaria de
ocupación y barbarie suponía. Si una acción violenta causal cambia, la
respuesta a esa violencia debe cambiar. Si el Establecimiento colombiano tiene
voluntad de mínimos cambios democráticos, la razón de ser de la lucha armada de
resistencia o rebelde se diluye. Si el régimen no transforma parte de esa
realidad que está en sus manos, fundamenta que los de abajo ejerzan un derecho
humano y de los pueblos.
Veo hasta ahora en Quito que el ELN persiste en su
fundamento de la rebelión, siendo el ejercicio de un derecho colectivo y
personal. Pero no lo ha ejercido nunca ni lo piensa continuar desarrollando de
cualquier manera. Hay una pulsión humanista, una política y una eticidad con la
que por lo general actúan sus unidades, que le define al ELN esa necesidad de
cumplir unos límites, de una autocontención y disciplina, que corresponden a
los requerimientos del derecho internacional humanitario, de acuerdo a su
propia juridicidad y compromisos con las clases populares. Y creo no es negarse
a lo que sigue insistiendo: que las conversaciones deben construir un pacto de
paz transformadora; no renuncia a buscar la salida política negociada al
conflicto.
Antes de cerrar esta respuesta, a modo personal
debo subrayar cómo por inercia, por el peso de diferentes factores, en Colombia
falta fundamentar con coherencia que la rebelión es un derecho, y explicarlo,
en las condiciones de guerra irregular popular, de guerrillas, de resistencia.
Y cómo tendrá que ver con las posibilidades de vida y de bienes comunes, de
comunidades y territorios, en los próximos lustros, si no llegamos a un acuerdo
nacional de transformaciones básicas. Antes teníamos los ejemplos de grandes
juristas de altura, como Eduardo Umaña Luna, Eduardo Umaña Mendoza, compañero y
maestro a quien hace 20 años asesinó el Estado colombiano. Hoy está la voz y
obra del padre Javier Giraldo, quien fundamenta y estudia la realidad de la
rebelión. Y unos pocos o pocas juristas insobornables, que no han caído en las
lógicas del silencio, de la compra venta de conciencias que ronda en Ongs y
otros espacios. Es preciso en Colombia recobrar la lucidez de la necesidad de
que la rebelión sea reconstruida y no vapuleada con las exigencias de la
conciencia de lo público y del bienestar general, y que se reconozca la
posición del beligerante, del insurgente, del rebelde, como interlocutor
válido, sujeto político en la redefinición de un humanismo social para la
defensa de la vida en tiempos en los que nosotras y nosotros tenemos la
responsabilidad de preservar sistemas de vida colectiva ante la destrucción
planetaria que sobre todo golpea a los más empobrecidos.
4. ¿Qué valoración general tiene usted como
jurista, en función de su experiencia internacional, de los procesos de
negociación con ambas insurgencias llevados a cabo durante los últimos 8 años?
Creo sinceramente que debemos respetar con ahínco
el derecho de las Farc de pasar a ser una guerrilla a ser una formación
política legal e intentar hacer política abierta en medio de esta putrefacción
del sistema. Ya veremos en unos años su respuesta a los desafíos conocidos. Si
en la balanza histórica, en aplicación de la justicia especial que pactaron,
defendieron el derecho a la rebelión como derecho humano, si lo ayudaron a
destruir, si lograron develar las verdades esenciales del terrorismo de Estado
y a sus máximos responsables, o si por el contrario se les devolvió como arma
política, teniendo que responder penalmente en estrados judiciales que los
dirigentes de las Farc ayudaron a diseñar y a los que reconocieron autoridad,
concediendo validez a un sistema de justicia, anidado en la podrida
institucionalidad dominante.
Es cierto que el DDR, el desarme, la
desmovilización y la reinserción, son un éxito. Esto se celebra. Me imagino los
discutirán las elites en sus clubes sociales. Seguro brindarán por el éxito de
desarmar, desmovilizar y reinsertar a la guerrilla de las Farc, en su momento
la más poderosa del continente, sin haber hecho ellos, esas castas, como Establishment,
ninguna reforma seria y con proyección al servicio de los sectores populares,
imbuidos muchos millones de personas en la supervivencia, en la escogencia de
los canales de la televisión que les distrae, cómo estirar los créditos o
conseguir un trabajo para alcanzar lo básico. Ha sido, insisto, una paz barata
para el régimen. Y en términos sociológicos, para el pueblo, un resultado
alienante.
Mientras los de arriba hacen negocios en zonas ya
liberadas de la amenaza de las Farc, el proceso de paz no le ha impactado
cultural o significativamente la vida a la gente empobrecida que está sometida
a unas estructuras de violencia por las que votan cada cuatro años en las
urnas, sabiendo que se presentan como candidatos muchos ejemplares de
verdaderas asociaciones de malhechores. Sí ha dado tranquilidad esa
pacificación relativa a algunas franjas por la disminución clara de los niveles
de violencia, ante todo en el campo, donde en todo caso sigue el statu quo en
sus ramificaciones matando líderes sociales, a decenas, así como a ex
guerrilleros de las Farc y a familiares de ex insurgentes, pues el régimen continúa
amenazando comunidades y amedrantando a todo aquel que sea sospechoso u ose
oponerse a circuitos más extensos o locales atravesados por la lógica de la
acumulación de capital, ya sea legal o ilegal, como el narcotráfico.
El ELN propone desde hace más de veinticinco años
un proceso de creación de consensos nacionales desde la participación abierta,
plural, diversa, vinculante, incluyente, resolutiva respecto de las reformas
necesarias, las básicas de la ciudadanía real, o sea las que atañen a la democratización
que pueda defenderse desde el sentido común. Recuerdo cómo en Alemania hace 20
años, donde estuve participando, el ELN propuso en Maguncia que el país se
abriera a una Convención Nacional. De ahí su apuesta hoy de Gran Diálogo
Nacional que reconozca y vehicule todos los sectores, a los de abajo, las voces
sociales, los territorios, en un anclaje que no es institucional y de sumisión
pragmática como lo han sido otros procesos, sino de implementación o
compromisos vivos, activos, verificables, duraderos, con mecanismos de
exigibilidad o cumplimiento, ya mismo, no remitidos a un futuro sin garantías.
Es decir, demostrando el régimen que sí abandona la exclusión y la violencia, o
sea que no va a perseguir a quienes se levantan para impulsar mandatos sociales.
Al tiempo el ELN, sin desdeñar en absoluto, sino
dando total valor y actualidad a la perspectiva de los diálogos para esos
consensos, propone la humanización del conflicto, la regulación de las fuerzas
contendientes, que se respeten los derechos de la población no combatiente, y
está dispuesto a llegar a acuerdos tanto con el adversario como con las
comunidades o pueblos en territorios que viven afectaciones por el
enfrentamiento armado. También a pactar planes de vida que brinden mejores
condiciones y no descompongan más los tejidos sociales.
Este camino constituye un derrotero bien distinto
al que siguió las Farc, que no tomó muchas veces en cuenta exigencias del
derecho humanitario o que accidentalmente se implicó por acción de algunos en
actividades que tienen luego un coste en la credibilidad política y ética. Que
terminan creando una cultura no distinta a la del orden dominante. Esto
determina con qué fortalezas o con qué debilidades se llega a un proceso de
diálogos y de negociación, y por lo tanto con qué expedientes puede ser
chantajeado un grupo político.
Las Farc, hoy como partido, y el ELN, sin dejar de
ser insurgencia, tienen futuro en sus respectivos procesos de re-fundación
histórica si logran articularse al torrente de demandas sociales y promoverse
con sus identidades y aperturas por la defensa de la vida concreta de grandes
mayorías que para la supervivencia deben movilizarse. Ahí la negociación con
una, las Farc, que se desmovilizó, enseñará qué estuvo mal, y de qué debe
aprenderse, y servirá para entender el intento de salida con la otra, con el
ELN, que pide en su propuesta razonable que el Estado cumpla lo que firma, haga
honor a la palabra empeñada, que sea el que se reinserte por definición en las
necesidades de democratización y paz transformadora. No tiene que ser siempre
que la oposición rebelde ceda ahora y que el régimen prometa que lo hará
después. No. La clave está en que sea procesual esa dinámica de obligaciones, y
no formal e ilusoria la obligación estatal. Que lo que se pacte se cumpla en
forma sincrónica, con garantías reales. Así, si el Estado falla, si el régimen
se burla, la otra parte tiene derecho a tomar otra vía y a tener medios
legítimos para exhortar a las elites y a sus cuerpos armados a que cumplan. O a
desarrollar alternativas.
Ojalá la confrontación no sea la senda de Colombia
en el próximo medio siglo. Ya no hay tiempo para equivocarse. Entre otras
razones por exigencias que devienen de la propia destrucción medio ambiental y
de nuestra situación existencial y de capacidad como género humano para
construir un buen vivir como lo formulan los pueblos en lucha, que es no una
idea caprichosa sino de resistencia y conservación colectiva. Por eso no sólo
debe exigirse la finitud en la dimensión utópica de la rebelión. No. Lo que hay
que hacer es instar enérgicamente a los de arriba a que cedan en sus
estructuras de poder y codicia. Lo decía Camilo Torres Restrepo sobre la
necesidad de que esos grupos acostumbrados a su inmunidad e impunidad, definan
cómo van a realizarse los cambios. No puede valer que ellos, los ahítos que
decía Camus, a sus anchas no tengan límites ni restricción de medios. Y
millones de seres sean despojados de condiciones de una vida digna.
Carlos Alberto Ruiz Socha es Doctor en Derecho,
autor de “La rebelión de los límites” y numerosos ensayos, actual asesor
jurídico del ELN en el proceso de conversaciones de paz con el gobierno de Juan
Manuel Santos.
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