|
Estimados amigos:
El presente escrito trata de diferenciar lo ocurrido en el Perú sobre la
vigencia del régimen democrático en casi dos siglos de república la democracia
ha sido maltratada y no se ha instalado completamente, en el siglo presente
transcurridos casi dos décadas, a lo menos se han elegido sucesivos perdidos de
gobierno por elecciones libres; sin embargo no hemos tenido presidentes y
legisladores en capacidad de eliminar los obstáculos e intentar hacer cambios
que se pudieran perfilar para empezar con buen pie un régimen primero por la
democracia política, y posteriormente laborar por la democracia social.
Con el actual ejecutivo se intenta realizar en consulta directa con la
ciudadanía aprobar los artículos destinados a reformar los poderes legislativo
y judicial, sin embargo queda en camino las reformas del ejecutivo: a nivel
central con la disminución de los ministerios; a nivel descentralizado el
establecimiento de verdaderos gobiernos regionales, y en el orden municipal,
resolver la complicada situación tanto de funciones, como del número de
gobiernos locales.
Atentamente,
Fernando Arce Meza
A PESAR DE LA DURACIÓN DE LAS TROPELÍAS
CONTRA LA DEMOCRACIA, APARECEN LOS IDEALES DE REFORMAS PARA QUE EMPIECE A
EXISTIR LA DEMOCRACIA
El presente artículo trata de lo que siempre hemos manifestado que en
casi los doscientos años del Perú republicano no se ha respetado la marcha del
Estado y de los gobiernos tanto en el orden democrático producto de elecciones
libres; como de los pesos y contra pesos de los tres poderes públicos, caso de
lo sucedido en relación a la preponderación del ejecutivo y legislativo sobre
el siempre disminuido poder judicial.
Esta situación se esperaba que cambie desde el año 2000, considerando lo
decidido en el corto gobierno transitorio presidido por Valentín Paniagua en
cuanto a que la ciudadanía no habría de continuar eligiendo y apoyando al tipo
de gobiernos autocráticos como el de Alberto Fujimori; empero, ha
pasado más de un cuarto de siglo (2001 al 2018) y los gobiernos sucesivos han
sido producto de elecciones libres por parte de la ciudadanía a las autoridades
del ejecutivo. Es decir, desde Alejandro Toledo a la actualidad han ejercido el
poder dentro del marco que señala la constitución política.
En síntesis en más de 25 años los gobiernos (ejecutivo y legislativo)
han tenido una sucesión regular en este presente siglo XXI, sin los apremios
que sufrió el Perú en el nacimiento tan dispar, para acceder al gobierno
durante los siglos XIX y XX, donde primó las autocracias y si hubo elecciones
éstas fueron indirectas o directas. Lo mismo ha ocurrido en las elecciones para
ocupar en sucesivos períodos la representación al congreso.
Sin embargo, los gobiernos tanto para el ejecutivo, como para el
legislativo, desde el 2001 a la actualidad, éstos han cometido más
errores que antes frente a los pocos aciertos al tratar de perfeccionar el
régimen democrático.
En una palabra no basta elegir libremente, sin que se haya tenido en
cuenta que ese régimen de gobierno merecía con carácter de urgente reformas y
cambios no sólo para elegir en especial a un congreso bicameral, sino que ante
la problemática de su realidad socio/cultural y económica requiere de políticos
que asuman con decisión lo que reclama el país, evitando las distorsiones que
se han venido padeciendo por causa del “elitismo del dinero”, para ocupar una
sola cámara y usado la cifra repartidora existente desde 1963, donde de 130
escaños la bancada de fuerza popular obtuvo 76 cúrules para el período 16/21.
Esto último agravó más la gobernabilidad, pues esa mayoría contra todas
las previsiones dispuestas de orden constitucional, se enfrentó al ejecutivo
censurando ministros sin razones que evidenciaran incapacidad de dirección,
dicha mayoría, no solo careció de sindéresis, considerando el corto tiempo de
iniciado el poder ejecutivo al interpelar y censurar ministros; sino la mayoría
parlamentaria fujimorista se volvió una agrupación avasalladora que sintiéndose
muy fuerte ante un ejecutivo que cada vez mostraba su debilidad, situación que
fue promoviendo la destitución del presidente Pedro Pablo Kuciski, siendo así
que a menos de dos años tuvo que renunciar.
En este escenario donde no solo los poderes públicos se enfrentaban;
sino también primó muchos errores tanto del ejecutivo, como del legislativo en
su conducción interna, a esto se sumó que en el sistema de justicia
existían organizaciones criminosas en los altos cargos de los jueces supremos y
de los vocales del Consejo Nacional de la Magistratura; con dificultades las
correcciones y acusaciones se hicieron en el marco de las leyes y de la
constitución. Esto significó que por primera vez en el Perú republicano no se
alteró el Estado de derecho, ni menos los políticos de uno y otro bando fueran
motivos de persecución política, con destierros y asilados.
Afortunados los ciudadanos que en reemplazo del presidente
renunciante asumiera su primer vicepresidente, éste a los pocos
meses de asumir el cargo, el 28 de julio de este año anunció reformas públicas
en el campo político y judicial, para ello convocó a un referéndum para el 9 de
diciembre.
El mensaje del presidente Martín Vizcarra fue un llamado urgente para
promover reformas, ellas representan anuncios de cambios y perspectivas que los
ciudadanos no han tenido la oportunidad dispuestas a la renovación del statu
quo. El esfuerzo del ejecutivo tuvo eco en el PJ al producirse el reemplazo del
presidente de la corte suprema; asimismo se observa la presencia de jueces y
fiscales que lideran comportamientos no practicados antes, en cuanto al cumplimiento
de los procedimientos y procesos en los tiempos suficientes como para evitar la
impunidad de los delitos de corrupción.
Ya se viene mostrando el comportamiento exigente de estos agentes de la
justicia, lo que choca con quienes dudan y no creen en reformas, esto obedece a
la mentalidad conservadora de larga data, incluidos los militantes de los
partidos políticos que no aceptan las denuncias recaídas en sus dirigentes
máximos sobre la comisión de los delitos de corrupción. Igualmente, hay razones
por parte de esos partidos que antes se infiltraron en el poder judicial, ellos
tuvieron magistrados partidarios que archivaban los casos de corrupción.
La corrupción es producto de los incompetentes gobiernos que usaban el
poder para repartirse los presupuestos fiscales como botín de guerra en
complicidad con los grupos de poder económico, en especial de empresarios
ganadores de las licitaciones, sean estos residentes en el Perú y de empresas
extranjeras, en este caso ha sido las alianzas de constructoras brasileras y
peruanas quienes han sobornado a presidentes, ministros y altos funcionarios
estatales.
Estos últimos han sido denunciados y están incluidos en procesos
judiciales, hay casos que están en períodos de investigaciones preliminares, ya
hay algunos con avanzados procesos que motivan detenciones preventivas, estas
detenciones son cuestionadas; sin embargo, no se quiere valorar que los
acusados tienen probada culpabilidad. También está el caso de un ex presidente
que niega investigaciones y se ha refugiado en una embajada, en pos de alcanzar
el asilo, porque dice que es un perseguido político.
La persecución política es cuando existe un ejecutivo autoritario hace
el seguimiento más ruin al político de oposición, hoy el presidente de la
república no es un autócrata ni manda perseguir a sus opositores por más que
las acusaciones de corrupción existan. Son los fiscales quienes al asumir los
casos de presumible actos de corrupción, investigan y citan a los políticos y
no políticos, respetando el derecho de la igualdad de trato para todos los
ciudadanos; en consecuencia, el tema de la persecución política no se produce,
los gobiernos de fuerza que perseguían a los opositores se han quedado en el
pasado, si bien en el Perú la democracia y el Estado de derecho todavía aparece
débil y vulnerable, para Mirko Lauer: (“la República
22/11/18).
“el uso de la expresión de persecución hasta aquí en realidad no
ha molestado a nadie, por considerársele una simple reacción defensiva, natural
e irreflexiva, que no afecta el curso de las cosas institucionales. Pero ahora
se siente que la expresión puede tener la fuerza de desprestigiar al país, a su
democracia, a su sistema institucional. Pero también se siente que podría tener
resquicios de realidad”.
Pensar que Lauer, destacado periodista y analista tiene razón, observa
el momento en que se vive; sin embargo, la última oración del párrafo anterior
se hace subjetiva, aun más en boca de quienes puedan afirmar que Alan García es
un perseguido. Los perseguidos tienen un arraigado “sentimiento de culpa”, que
no es originado por los presidentes “golpistas” y fiscales y jueces
vehementes”, es un caso para los psicólogos y tal vez de orden psiquiátrico.
¿El problema de quienes cargan con el síntoma está en que una buena parte de
ellos son reacios a consultar con los profesionales especializados?
Lo importante resulta que el Perú republicano comienza a cambiar, la
tecnología de la comunicación pone a los ciudadanos en condiciones de encontrar
resultados en las noticias que dan razones, para lograr o poder estar muy
próximos a la verdad, en que los especialistas en la ciencia jurídica e
investigador universitario en un articulo de este 22/11/18 en el diario “La
República” comente sobre la cultura jurídica y la formación de los abogados:
“El descuido en el que se encuentra la educación legal en las
universidades es uno de los factores de la crisis institucional que se cierne
sobre el país. Los jueces, fiscales, procuradores, árbitros y abogados,
cuestionados por sus prácticas corruptas y sus vínculos con organizaciones
criminales, se formaron como profesionales en las facultades de derecho, donde
muchos de ellos han ejercido la docencia y quizás lo siguen haciendo en la
actualidad.
Se trata de una enorme cortina de cinismo, hábilmente tejida a través de
la cultura legal que se articula desde las facultades de derecho y se proyecta
en la práctica de los abogados. Una cultura legal que ha permitido justificar,
como se ha visto, la corrupción y el fraude, bajo la falsa pretensión del
carácter técnico de la profesión legal.
Tamaña lección para los publicitados profesionales sabedores del oficio
y que ejercen el derecho de abogados defensores, se requiere en esta situación
de cambios, los que deben continuar, pues se hace necesaria la reforma legal
que promueve el autor del artículo mencionado: “transformar la enseñanza
del derecho y cambiar la cultura jurídica para mejorar nuestras instituciones y
la democracia. Esa es la reforma que se debería emprender para enfrentar la corrupción
y superar las injusticias y desigualdades que nos impiden ser un país con
futuro”.
Fernando Arce
Meza Surco,
24 de noviembre del 2018
Otro si: La corrupción últimamente ha llegado al Ministerio de Cultura,
su ministra “salva su gestión” diciendo que ella no conocía de lo
que ha ocurrido; la ministra olvida que García Pérez ha dicho lo mismo, al
desconocer que su vice ministro de comunicaciones recibió millones de dólares
en sobornos de los brasileros. Sus amigos de Odebrecht (padre, hijo y espíritu
santo) ¿le ocultaron esa trafa al “santo varón” del expresidente?, sin decirle
que su funcionario era corrupto al pedir coi-misión.
No hay comentarios:
Publicar un comentario