Gustavo Espinoza
13-12-2018
El referéndum del pasado 9 de diciembre no FUE un hecho intrascendente, como aseguran algunos, incluso desde la vereda de la izquierda; pero tampoco ha sido inútil. Es verdad que no tenia incidencia notable en el escenario constitucional -largamente el más importante- y no habría de generar tampoco modificaciones sustantivas en la vida de nuestro pueblo; pero tenía otras connotaciones y ribetes. Era el colofón de una dura lucha contra la corrupción y, en particular, contra la Mafia Keiko-Alanista, que ha resultado severamente castigada.
Objetivamente era la primera confrontación electoral desde el 2016, cuando por apenas 40 mil votos de diferencia fue posible evitar la victoria de la Mafia. Se requería, entonces, que el país registrara las mutaciones que se han venido procesando en los últimos dos años, y que han expresado una voluntad que luce irrebatible: el Apra y el Fujimorismo, son hoy dos magras expresiones de un pasado vencido, al que la inmensa mayoría de los peruanos no quiere volver.
La votación ha concluido con una derrota estruendosa que algunos no quieren entender. La írrita “mayoría parlamentaria” ha sido virtualmente borrada del escenario nacional; y los viejos carcamanes que aun la representan, han perdido desde el honor hasta la vergüenza. Todo se ha definido como se esperaba: ha ganado el pueblo gracias a su instinto de clase y a su inclaudicable voluntad de lucha
Pero esta victoria, más que triunfo material y concreto, se proyecta ahora como aliento para nuevas batallas. La brega por una nueva Constitución, toma fuerza, y exige trabajo definido en diversos segmentos de la sociedad. Hay que ganar la conciencia de millones –y eso es posible ahora- para lograr una nueva Carta Magna que archive el “modelo” Neo Liberal, restituya el papel del Estado en la economía, afirme la participación ciudadana, asegure una verdadera democracia social, preserve las riquezas del país a fin que sirvan para el bienestar de millones, garantice los derechos de las grandes mayorías, elimine los privilegios de la clase dominante y proyecte una política exterior independiente, soberana y plenamente solidaria con los pueblos de nuestro continente. En otras palabras, una Constitución acorde con las ansias liberadoras que asoman en la víspera del bicentenario de la Independencia.
Conscientes de eso, dijimos desde un inicio que el Referéndum, ni de lejos agotaba las metas de nuestro pueblo. Al contrario, las colocaba en un nivel más alto y perfilaba nuevos derroteros que hoy asoman con mayor precisión.
Hace algunos días tuvo lugar en Lima un evento convocado por los organismos vinculados al sector financiero, al Banco Mundial y al Fondo Monetario. Estuvieron en él, funcionarios de distintos organismos del Estado, convocados para conocer nuevos elementos referidos a la realidad de hoy. ¿El tema global? Los 25 años de la aplicación del “Modelo” gracias a la Constitución del 93 y el oscuro maridaje entre AFF y el FMI En la base del certamen estuvo por cierto la CONFIEP y los organismos patronales aún en boga.
La orientación entregada en esa circunstancia, partió de la gravedad de la crisis que remece las bases de la sociedad peruana, y la necesidad de enfrentarla con nuevos “ajustes” del mismo signo de los ya aplicados. Para superar esa etapa -se dijo de modo general- hay que “aplicar mejor” las viejas recetas fondomonetaristas. Combatir la corrupción, claro, y no dejar que en nombre de la lucha contra ella, se empinen “recetas populistas” o “socializantes”.
Tres áreas preocuparon a los promotores de la cita: la educación, la salud y la problemática laboral.
En el primer ítem, el mensaje fue categórico: hay que culminar el proceso de privatización de la educación a través de diversas modalidades. Se tomó conciencia, claro, que en el Perú hoy el 50% del “servicio educativo” se brinda con fines de lucro. Y eso, desde la Escuela Básica hasta la Universidad, pasando por todos los niveles.
El argumento orientado a sustentar la idea , es simple: El Estado no está en capacidad de brindar una educación eficiente a la población. Hay que recurrir, entonces a la inversión privada. Y como se requiere acelerar ese proceso, entonces hay que tomar medidas para degradar aún más la educación pública: no construir ni modernizar escuelas, no dotarlas de tecnología de punta, desalentar la carrera docente. Básicamente, afirmar la idea que la educación no puede ser sólo atribución de un Estado que “nos se da abasto” para enfrentar la tarea. En contrapartida, y para alentar la educación privada, hay que mantener sus privilegios tributarios y otorgarle nuevas facilidades operativas. Asegurar que sea “un negocio rentable”.
El mismo esquema, e idénticas consideraciones, se usaron en el área de la salud. Los presupuestos requeridos son demasiado altos –dijeron- y no pueden ser considerados obligación del Estado. También los servicios de salud requieren de la inversión privada, y eso pasa por atraer inversiones, otorgando nuevas concesiones y beneficios a los interesados. Para eso, hay que acabar con la consigna populista que asegura que “no se puede lucrar con la salud”. Esa formulación, debe ser definitivamente desterrada.
El capital privado debe hacer empresa en todas las áreas. Y debo hacerlo también, por cierto, en el área social “regulando” los llamados costos laborales de las empresas. Hoy en día las empresas –se dijo- no están en capacidad de mantener gruesas planillas, ni cargas tributarias excesivas, ni satisfacer las demandas de los trabajadores organizados, ni pagarles beneficios “adicionales” a su salario que, por lo demás, no puede ser “castigado” con aumentos constantes otorgados por las autoridades de trabajo. Todo eso, debe ser morigerado, fue el criterio predominante en la cita.
Y, naturalmente, en este marco, resultaría indispensable complementar las cosas con una política exterior crecientemente sometida a Washington. De ahí que el Canciller Popoliizio haya salido, una vez más, con la misma monserga: “hay que romper con Venezuela”. Una manera de “hacer méritos” ante la Casa Blanca para fortalecer aquí el manejo anti bolivariano.
A nadie se le ocurrió, sin embargo, reparar en el hecho que afectar la educación, la salud y las conquistas laborales de los trabajadores; generaría un agravamiento extremo de la crisis y colocaría al gobierno que impulsara esas medidas en el extremo del más franco rechazo popular. Pareciera que , precisamente con esa idea , es que se alienta un programa de “ajuste” como el sugerido. A los empresarios no les parece mal la idea que el gobierno caiga en el juego y, finalmente, se desprestigie y pierda en un solo haz, todo lo que ha ganado.
Daría la impresión que lo que se busca es ahuyentar a los trabajadores y enfrentar a los sindicatos con el gobierno. Bloquear la posibilidad de cualquier “acercamiento” entre ambas fuerzas, por cuanto esa alianza, sería letal para el modelo en boga. Y sería más bien “caldo de cultivo” para el temido “populismo chavista”, que aterra aquí a la Clase Dominante.
En pocas ocasiones como en éste, la Clase Obrera y sus vanguardias tienen que tener las cosas claras. Una cosa es luchar a brazo partido contra la repudiable y purulenta mafia Keiko-Alanista; y otra, defender resueltamente los intereses del país y de los trabajadores combatiendo contra el modelo Neo Liberal y su secuela. Es la lucha de clases en su más pura expresión.
Por el lado de los trabajadores, haciendo honor al legado de José Carlos Mariátegui y al imperecedero ejemplo de Pedro Huilca, será indispensable izar muy en alto banderas democráticas, patrióticas y anti imperialistas, al lado de los históricos estandartes de clase. No hay otro camino.
Por el lado del gobierno, mucho cuidado. Sus adversarios, quieren que pierda el Santo y la Limosna. Pero no es fatal que le haga el juego a los empresarios. Tiene otro camino.
Gustavo Espinoza M. Colectivo de dirección de Nuestra Bandera
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