03/02/2019
| Martí Caussa
El viernes 1 de febrero, con el traslado de los 9
presos y presas políticas independentistas hacia Madrid se ha iniciado la
cuenta atrás definitiva del juicio a la democracia. Las nueve personas se
enfrentan a acusaciones fiscales de rebelión o de rebelión y malversación que
suman 156 años de cárcel.
El mismo día han comenzado las movilizaciones en
Catalunya. Por la mañana apoyando desde las carreteras a los presos cuando eran
trasladados a Madrid y por la tarde con concentraciones y manifestaciones en
muchas ciudades.
Toda persona que examine objetivamente los hechos
acaecidos entre el 20 de septiembre y el 27 de diciembre de 2017 comprobará que
no hubo ninguna rebelión,
por la sencilla razón de que no hubo ninguna violencia. Hubo manifestaciones,
desobediencia civil, un referéndum multitudinario, una huelga general de país y
una declaración de independencia sin efectos prácticos. Todas ellas acciones
pacíficas en defensa de la libertad que no deberían estar penalizadas y, aún
menos, ser objeto de peticiones fiscales tan desorbitadas.
La acusación de rebelión se basa en una
manipulación de los hechos, amparada en una falta de separación de poderes, que
intenta retorcer la interpretación del código penal para convertirlo en una
coraza protectora de la evolución autoritaria del Estado, que penalice aún más
las movilizaciones por derechos y libertades fundamentales, y que autorice
calificar de rebelión toda actividad política masiva y pacífica que busque
poner fin al régimen monárquico instaurado por la Constitución de 1978. Si esta
maniobra triunfa el lema del todo es rebelión se convertirá en la
cobertura jurídica de un nuevo ¡A por ellos!, que ya no tendrá por
objetivo sólo a los catalanes, sino al conjunto de pueblos del Estado y a la
mayoría de su ciudadanía.
Por estas razones el juicio contra las personas
independentistas que comenzará el 12 de febrero puede ser calificado de juicio
a la democracia.
En la denuncia y la movilización contra este juicio
se deberían implicar todos los partidos, instituciones y personas que defienden
la democracia, independientemente de si son partidarias de que Catalunya sea
independiente, de que forme parte de un Estado federal, o de que siga siendo
una autonomía dentro de un Estado unitario. Todas estas alternativas políticas
son legítimas y deben poder ser defendidas en una democracia a través de
candidaturas electorales, movilizaciones, huelgas, referéndums, desobediencia
civil... Pero cuando el Estado se identifica sólo en una de ellas, restringe
las libertades para defender otras, reprime a quienes las reclaman y quiere
condenar a sus representantes a largas penas de prisión calificando de rebelión
lo que diferentes tribunales europeos consideran ejercicio de las libertades
fundamentales, entonces este Estado atenta contra la democracia y todos los que
la defienden deberían denunciarlo y movilizarse para hacerlo retroceder. Todos
son todos: toda persona que defienda la democracia, sea independentista,
federalista o unionista.
Dificultades de la movilización en Catalunya
Actualmente esta denuncia del juicio y la
movilización unitaria en defensa de la democracia no son tan masivas como haría
falta en Catalunya y son francamente débiles en el Estado español
En Catalunya las diferencias estratégicas entre los
partidos independentistas no sólo no han disminuido sino que se han hecho
crónicas y se ven acentuadas por la proximidad de las elecciones municipales y
europeas, que deben mostrar quien tiene la hegemonía dentro del mundo
independentista. Se ha constituido la Crida per la República liderada por
Puigdemont y Jordi Sánchez, que propugna candidaturas unitarias
independentistas, pero no está claro si el PDeCAT encontrará finalmente su
encaje dentro de la nueva organización. En cambio ERC, con las encuestas a
favor, está decidida a afrontar las elecciones en solitario. Por otra parte la
ANC se siente decepcionada por la gestión que los partidos mayoritarios han
hecho del 1 de octubre, por el abandono de la unilateralidad y por la falta de
unidad; esto la ha llevado a impulsar la iniciativa de Primàries Catalunya
con el objetivo de conseguir listas abiertas de candidaturas independentistas a
los municipios. Por último la CUP impulsará sus propias candidaturas y es muy
crítica con los partidos independentistas mayoritarios. Esta división es
comprensible, pero el mundo independentista se ha pasado años reclamando la
unidad de los partidos y ahora se desanima al ver que no sólo no hay ninguna
hoja de ruta común, sino que se ha instalado la división.
Las organizaciones sociales del movimiento
independentista han encontrado dificultades para organizar grandes
movilizaciones después del 11 de septiembre. El aniversario del 1 de octubre
fue aún importante, pero las movilizaciones del 21 de diciembre reunieron menos
gente. Y en cada una de estas dos fechas ha habido acciones separadas de
Òmnium, ANC y los CDR y diferencias en la forma de enfocar las convocatorias
que se hacían unitariamente.
Por su parte los Comunes, que se declaran
soberanistas, se pronunciaron contra la aplicación del artículo 155 y se sitúan
claramente contra la existencia de presos políticos y exiliados, continúan a un
nivel muy bajo en el impulso de las movilizaciones, más allá de las
declaraciones y de la participación de algunas de sus personas más conocidas.
Dar una respuesta a la altura del reto que supone
el inicio del juicio contra los dirigentes independentistas exigiría un cambio.
Las diferencias estratégicas no desaparecerán ni dentro del independentismo, ni
del soberanismo; sería bueno discutirlas lo más abiertamente posible, pero no
deberían interferir en la necesaria unidad de acción. La competencia electoral
es inevitable, pero habría que evitar las descalificaciones, porque refuerzan a
los partidarios de la involución represiva. Y sería necesario construir una
unidad muy amplia para denunciar el juicio a la democracia que se iniciará en
el Tribunal Supremo, para convertirlo en una acusación contra el régimen
monárquico, en una gran movilización por la libre absolución de los encausados,
por los derechos civiles y democráticos, y por una solución política para
Catalunya que reconozca su derecho a decidir. Una unidad que aglutinara
partidos, entidades y personas en una entidad a nivel de toda Catalunya, y en
miles de entidades en todas las ciudades, barrios y pueblos del país. Donde se
pudieran encontrar todos los defensores de la democracia, sin distinciones
entre independentistas y no independentistas. Una unidad que tuviera como
prioridad la movilización unitaria por los puntos que hacen consenso,
desarrollando el camino que parecía intentar la plataforma Som el 80%.
... y en el Estado español
La situación en el conjunto del Estado se ha hecho
más difícil tras el resultado de las elecciones andaluzas. La actitud del
gobierno de Pedro Sánchez es lamentable: el diálogo con Catalunya se limita a
ofrecer la posibilidad de votar un nuevo Estatut y la única medida de mejora en
la situación de los presos ha sido permitir su traslado a Catalunya durante
unos meses, lo cual es un derecho. La Fiscalía ha continuado manteniendo la
petición de rebelión y la Abogacía del Estado la ha cambiado a sedición con
peticiones de 95 años y medio para los nueve encausados en el Tribunal Supremo
que acaban de ser trasladados a Madrid. Las débiles convicciones democráticas
del gobierno de Pedro Sánchez, la razón de Estado y el temor a las críticas de
C’s y PP no permiten esperar ninguna iniciativa de cara a una absolución de los
presos catalanes ni de cara a un diálogo con Catalunya.
Esta actitud contrasta fuertemente con la que está
manteniendo el gobierno español hacia Venezuela: está
dispuesto a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino, una acción ilegal
según la carta de la OEA y según la constitución venezolana, para favorecer a
un hombre que no ha ganado ninguna elección, que sólo puede exhibir el apoyo de
gran número de manifestantes (pero no superior a los que apoyan a Maduro), y
que forma parte de un golpe de Estado impulsado por Trump para derribar el
presidente legítimo. Es decir, el gobierno de Pedro Sánchez se salta todos los
procedimientos legales y democráticos para apoyar una rebelión que forma parte
de un golpe de Estado y en el caso de Catalunya apoya la acusación de rebelión
para ignorar y reprimir las decisiones democráticas de la mayoría del pueblo de
Catalunya en elecciones, manifestaciones, consultas y referendos.
Podemos sigue siendo la única fuerza estatal que
defiende el derecho a decidir en un referéndum, que reconoce que los líderes
independentistas son presos políticos que no deberían estar en la cárcel; pero
esto no se ha traducido hasta ahora en impulsar movilizaciones por su libertad.
En lugar de utilizar su influencia para acercar los militantes socialistas a
defender estas posiciones, se muestra dispuesto a no llevarlas a la práctica
con el fin de acercarse a la dirección del PSOE.
Las movilizaciones de solidaridad con Catalunya han
sido importantes en Euskal Herria y un poco menos en Galiza, pero en el resto
del Estado sólo han contado con el apoyo de sectores anticapitalistas de
Podemos, organizaciones de izquierda radical y personas de movimientos
sociales; sólo en algún caso, como el de Madrileños por el derecho a
decidir, se ha podido construir una organización unitaria de solidaridad.
Son estos sectores los que se han hecho cargo de la tarea de explicar que lo
que está en juego en Catalunya no es fundamentalmente una cuestión de
independencia o unidad, de optar por el nacionalismo catalán o el español, sino
una cuestión de democracia, de la posibilidad de la gente de decidir sobre
todas las cuestiones que le afectan.
Un riesgo y una oportunidad
No está claro que el inicio del juicio consiga
modificar significativamente esta situación. Si no es así conoceremos nuevas
restricciones a las libertades, un reforzamiento de la democracia autoritaria y
de los partidos de la derecha extrema (C’s y PP) y de la extrema derecha
neofascista (Vox). Cuando por activa o por pasiva no se defiende la democracia
siempre es la reacción la que sale beneficiada.
Pero el juicio en el Tribunal Supremo ofrece
también una oportunidad. Porque los presos harán una defensa política,
denunciarán al Estado y esto no se podrá silenciar, aunque la cobertura de las
televisiones y los periódicos estatales sea tan mala y parcial como lo fueron
el 27 de septiembre y el 1 y el 3 de octubre. Todas las personas que defendemos
la democracia tenemos el deber de aprovechar esta oportunidad, de movilizarnos
y de convertir el juicio en un #JoAcuso
contra el régimen monárquico de 1978. Tal y como pide este vídeo de Òmnium
Cultural: https://youtu.be/_kLzqXXuhq4
2/01/2019
Martí Caussa, de la redacción de viento sur
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