Escribe:
Milcíades Ruiz
Mientras el
escenario político nos proyecta la corruptela de obras por coimas, todos los
demás escenarios de la corruptela pasan desapercibidos. Mientras cierta bancada
está más empeñada en que los peruanos lleven el apellido materno o paterno por
delante, sin preocuparse por la situación campesina agobiada por los desastres
naturales y los desastres antinaturales mineros, la corrupción en el sector
minero avanza sigilosamente.
De manera
similar a la concesión de obras públicas, cuyos presupuestos incluyen los
costos indebidos; las concesiones mineras tienen su propio estilo y los costos
indebidos suelen ser muy elevados y con mayor ramificación que incluye desde
gobernantes nacionales y regionales, funcionarios sectoriales, autoridades
locales hasta dirigentes locales. También forman consorcios y tienen su club
argollado como el de la construcción.
Detrás de
cada proyecto minero están muchas empresas peruanas carroñeras, que viven de
los subcontratos. Todas participan de la caza de nuestros recursos naturales y
cada cual rodea la presa ayudando a festinar trámites y a vencer resistencias.
El modus operandi es casi una tradición peruana y los inversionistas
extranjeros lo tienen como ventaja comparativa. En el Perú todo se resuelve con
coimas. Son muchos los que cometen delito de traición a la patria, pero nadie
investiga porque eso también está cubierto.
Estos días,
se está sondeando reacciones lanzando de a pocos el regreso de la Southern
Copper al valle Tambo en Arequipa. El ministro del sector Francisco Ísmodes, ha
soltado la idea de que se otorgaría la licencia de construcción antes de
agosto, al proyecto minero “Tía María” que comprende dos yacimientos
cupríferos. Como se recordará esta autorización fue paralizada desde el 2011,
tras la férrea lucha de los agricultores que hizo retroceder a los depredadores
coludidos con autoridades de todo nivel.
El gobierno
de entonces arremetió con todas las fuerzas represivas aduciendo el principio
de autoridad, pero no pudo vencer la resistencia. La empresa minera les ofreció
de todo casa por casa y tampoco pudo. Se puso en escena la trampa de la mesa de
diálogo en la que gobierno y empresa tenían abrumadora sobre la única
representación de los afectados, pero estos no cayeron en la celada.
Nadie
entendía el por qué las autoridades eran más exigentes que la propia empresa
que, al ver las dificultades anunció que se retiraría del proyecto. Lo que no
se sabía era que la empresa minera tenía comprado al ministerio del interior
con un convenio de cooperación financiando programas de este portafolio.
Entonces las fuerzas policiales estaban obligadas a parcializarse con la
empresa depredadora, no solamente en la represión sino también en la mesa de
diálogo, actuando de juez y parte, como los demás representantes del gobierno.
Pero la
Southern no solamente financiaba y probablemente lo sigue haciendo, a
ministerios, sino también a gobiernos regionales del sur del país donde tiene
otros yacimientos de cobre, financiando supuestas obras de desarrollo. No
olvidemos que el presidente Vizcarra fue anteriormente presidente regional de
Moquegua. Pero esta modalidad de cooperación con los organismos del estado y
con autoridades regionales es una forma de corrupción pues, lo mismo hacía
ODEBRECH financiando campañas políticas.
La Southern Copper es la mayor
productora de cobre en el país. Opera las minas Cuajone y Toquepala en Perú,
así como una fundición en Ilo. También es dueña de la operación aurífera
Tantahuatay en la Región Cajamarca con la minera Buenaventura de los Benavides.
Tiene además, el proyecto minero de cobre y molibdeno “Los Chancas”, ubicado en Aymaraes, Apurímac.
Pese
a que los estudios de impacto ambiental del proyecto Tía María, se encuentran
observados, sin embargo para el ministro Ísmodes "Es un proyecto que está
priorizado por el Gobierno para que pueda ser implementado en el año
2019", según dijo a la agencia Reuter. Esta posición se alinea con el Plan
Nacional de Competitividad lanzado por el gobierno para crear un entorno
favorable para los inversionistas.
Para
ello dicho ministro dijo también que están trabajando un plan con la empresa para
reducir la oposición de los habitantes de la zona dada la bravura con que
defendieron anteriormente su hábitat, fuente de vida y e ingresos. Si esta es
la perspectiva del gobierno, sería bueno saber cuál es la perspectiva de la
izquierda peruana al respecto. No se trata solo del proyecto Tía María, sino de
la política de gobierno con relación a nuestros recursos naturales y demás
proyectos mineros.
Si
seguimos absorbidos por la prensa que nos hace mirar a otro lado, es probable
que los afectados ni se enterarán hasta que sea demasiado tarde. En la lucha
popular, se vislumbra una serie de conflictos con la consiguiente represión que
sufrirán los afectados. Si esto fuera así hay que prepararse y actuar como
corresponde. No esperar el derramamiento de sangre para sacar provecho
político. Tenemos que desarrollar una estrategia acorde con nuestra ideología
pero sobre todo demostrar a nuestro pueblo que estamos con ellos por ideología
y no por oportunismo.
Salvo
mejor parecer.
Marzo 2019
Otra
información en https://republicaequitativa.wordpress.com/
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