Ilustración impactousa.com
15/04/2019
Ilegal: corrupto
Luego de las conocidas mega crisis de la última
etapa del ciclo neoliberal latinoamericano de los 90s, entre 2003 y 2014 el PIB
de Brasil pasó de 558 mil millones a casi 2,5 billones de dólares, por encima
del Reino Unido. Durante este boom de la economía brasileña y de una notoria
mejoría en los estándares sociales de las clases más bajas, advertimos varias
veces que su talón de Aquiles sería la corrupción, la cual es una tradición no
solo en Brasil sino en todo país que no se ha desligado completamente de la
mentalidad colonial, que es la que más generó corrupción en los países pobres
de África y de América latina, enseñando a los de arriba a corromperse por
ambición patológica y a los de abajo por necesidad ante un sistema de leyes
que, como decía un caporal, se respetaban pero nunca se cumplían.
En 2016, la presidenta Dilma Rousseff fue condenada
por corrupción por un congreso repleto de corruptos y debió abandonar su puesto
de presidenta, acusada de maquillar los números presupuestales. Hasta el
momento no se han aportado prueba alguna de su implicación en la corrupción de
Petrobras, que fue la razón que inició la súbita fiebre anticorrupción,
amplificada desde el 2011 por las redes sociales y el tradicional odio
oligárquico (racista, sexista y clasista) inoculado hasta en el más pobre.
Más recientemente, el expresidente Lula (odiado por
haber sacado a treinta millones de brasileños de la pobreza, siendo que no
tenía otro título que el de trabajador metalúrgico) fue condenado por aceptar,
a cambio de favores empresariales, reparaciones gratis en un costoso
apartamento de su propiedad a nueve años de prisión (más que cualquier genocida
latinoamericano) y por lavado de dinero a 12 años.
Cuando Lula fue enviado a prisión era el candidato
a la presidencia favorito en las encuestas. El juez que lo condenó, Sergio
Moro, nuevo héroe de la ética y la “lucha contra la corrupción”, aceptó el
Ministerio de Justicia (cargo político) ofrecido por el recientemente electo
presidente Jair Bolsonaro, principal adversario y enemigo de Lula. Siendo
senador, Bolsonaro votó por el impeachment de la presidenta Rousseff al
tiempo que daba vivas a la pasada dictadura militar.
Este tipo clásico de corrupción latinoamericana,
tragicómica, carnavalesca, es de una alta ingenuidad. Siempre existió y en
períodos de dictadura militar se multiplicó bajo el silencio de la censura, lo
que le confería esa ilusión de paz, honor y rectitud que las oligarquías suelen
repetir para justificar sus crímenes y abusos históricos.
Este tipo de corrupción es condenable porque es
ilegal. Razón por la cual desde Europa y desde Estados Unidos se considera
siempre que esos países nunca se desarrollan porque son demasiado corruptos.
“América latina, droga y corrupción”, es la representación que tienen de
nosotros. Por supuesto que del masivo consumo de drogas en el Primer Mundo que
hace posible la alta criminalidad en los países del Sur, no se habla. Colombia
ha sido, por generaciones, el país sudamericano con más bases militares de
Estados Unidos y sigue siendo, por lejos, el mayor productor de cocaína del
mundo (por casualidad, Estados Unidos es el mayor consumidor). Pero los narcoestados
son los otros. La criminalidad en México se disparó en la primera década de
este siglo como consecuencia de la llamada Guerra contra las drogas, lo que
demuestra la persistencia de la ingenuidad de pretender que la militarización
de las sociedades es la respuesta a la violencia creada por la brutal
desigualdad económica y la ilegalidad de las drogas.
De la corrupción de los negocios del actual
presidente de Estados Unidos se podrían escribir libros. Bastaría con recordar
la insistencia de negarse a mostrar sus declaraciones de impuesto.
It’s legal, dude
Pero vayamos a la madre de todas las corrupciones:
la corrupción legal. Podríamos empezar por cualquier parte, por ejemplo por la
genocida corrupción belga en el Congo, que dejó millones de asesinados a total
impunidad. Antes de la dictadura del títere Mobutu, que siguió al magnicidio de
Lumumba y otros frustrados presidentes, el país fue por un siglo una empresa
privada y casi todos los abusos cometidos allí eran legales, precisamente
porque los criminales y corruptos hacían las leyes. Podríamos continuar por
horas y días analizando casos similares.
En noviembre de 2018, Miriam Adelson, una mega
donante del entonces candidato Donald Trump, esposa del billonario de los
casinos Sheldon Adelson, recibió la Medalla de la Libertad de manos del
presidente Donald Trump. Cuando se lo comenté a Noam Chomsky en relación a la
“corrupción latinoamericana”, dijo: “comparada con la corrupción aquí en
Estados Unidos, la latinoamericana es un juego de amateurs”. Imposible
resumirlo mejor.
El 13 de abril de 2019, el USA Today (un
diario al que no se puede sospechar de comunista, de subversivo o de alguna de
esos versos aprendidos de memoria por los reaccionarios latinoamericanos),
junto con el The Arizona Republic and the Center for Public Integrity,
publicaron una investigación confirmando lo que habíamos escrito desde hace
muchos años. El título lleva toda la ironía que merece: “Copy, paste, legislate”.
Según esta investigación, en los últimos ocho años
en los 50 Estados de la Unión se aprobaron leyes para beneficiar “intereses
especiales” de grandes compañías. Según el informe, cada vez que los
legisladores escriben una ley, tanto las grandes corporaciones como los lobbies
llenan los espacios vacíos que son necesarios para beneficiarlos.
En solo este periodo analizado, 10.163 proyectos de
ley fueron propuestos en los congresos estatales, todos copias de los modelos
escritos directamente por grupos de intereses especiales. Si los legisladores
usaran los software que se usan en las universidades estadounidenses para
detectar plagio, sus autores hubiesen sido expulsados de sus puestos a la
primera de cambio, como son expulsados, muchas veces sin piedad, jóvenes
estudiantes de 22 o 25 años por plagiar un párrafo en un modesto paper.
Aunque las grandes empresas ya usan inteligencia
artificial para detectar lo que no detectan los análisis de palabras, esta
investigación no incluyó aquellas leyes que fueron reescritas de cero y que
pudieron incluir las mismas ideas y propósitos. Estos miles de casos analizados
eran los más obvios de “copia y pega”.
2.100 de esos proyectos se convirtieron en leyes.
La gran mayoría de estas leyes beneficiaron a las grandes industrias y a las
ideologías conservadoras. Irónicamente, todos estos modelos comienzan con las
palabras “libertad” y “derecho”, y mencionan los principios y las leyes
anteriores en las cuales se ampara y justifica el nuevo proyecto de ley.
Esta investigación confirma los resultados de otra
más antigua realizada por Princeton University que afirmaba que las chances de
que un proyecto de ley con la aprobación de la población tenía un 30 por ciento
de probabilidades de ser aprobado, mientras que aquellos proyectos ampliamente
impopulares tenían, también, un 30 por ciento de probabilidades de ser
aprobados.
En otras palabras, la opinión del pueblo no vale
una hamburguesa de McDonald’s. Tal vez sí una Cajita Feliz.
Es esta la madre de todas las corrupciones que no
se llama corrupción.
JM, 13 de abril de 2019
- Jorge Majfud es escritor uruguayo estadounidense,
autor de Crisis y otras novelas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario