LA DEMOCRACIA POLÍTICA EN SUDAMÉRICA, INCLUIDO EL PERÚ Y LAS CONSIDERACIONES SOCIO/ECONÓMICAS DE LA REGIÓN

Estimados amigos y compañeros:

En esta oportunidad por el tema que tratamos de la democracia política y de la gestión de la producción, estrechamente relacionado con lo social en América del sur que como región aparecería ante el mundo como que estaría en vísperas de una primavera democrática. Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Uruguay son países que vienen procesando la democracia política liberal, haciendo posible consagrar la independencia de los tres poderes públicos sin que se produzca preeminencia de un poder sobre el otro.

En cambio, tres repúblicas: Venezuela, Bolivia, incluido Brasil están fuera de la lista de los países democráticos, el ojo público comprueba que ellos se han alejado de la democracia política y lo que ella significa. Los gobiernos de estos tres últimos países administran las gestiones sin considerar las reglas democráticas, en una palabra no conciben ni aprecian la competencia democrática. Es decir, no toman en cuenta para nada a grupos opositores como los congresos, asambleas legislativas y asociaciones civiles, como tampoco aceptan cualquier crítica proveniente de la ciudadanía y de los medios de comunicación; en los tres países el grupo de poder que gobierna tiene una línea de gestión excluyente, lo que deriva a la vez en el dominio absoluto de dicho grupo; siendo así que las decisiones y manejo tanto de gobierno, como de la república solamente es de ellos, bajo el mando de un caudillo que siempre es el presidente de la república.   

Venezuela y Bolivia que se dicen de izquierda, pero que en el estricto carácter ideológico y de la organización en lo político/cultural y social/económico y al no ponerse a tono con los tiempos, no se inscriben en la praxis del socialismo liberal, los gobiernos de Venezuela y Bolivia se han quedado y asumen los valores y prácticas de la vieja izquierda tradicional, que se identifican con el antiguo estilo totalitario estalinista. Este comportamiento totalitario los acerca al gobierno de derecha filo fascista del Brasil y de su presidente Bolsonaro.

En resumen, a los tres países mencionados poco les importa no solo el respeto de los derechos humanos; sino que el sentir autoritario de sus gobiernos evidencia que no hay espacio para que otras fuerzas políticas se desarrollen y puedan ser los reemplazos; en estos países excluyentes, sus éxitos sociales se funda y se miden bajo la “supresión de la competencia democrática”, es decir, el valor que tiene la independencia en el accionar y el sentir de la ciudadanía como es la igualdad del trato para todos los que viven en el mismo territorio, para la cúpula gobernante poco importa la democracia política. 

Comparativamente, con relación al grupo de los llamados democráticos, en ellos sí se observa niveles entre los que han alcanzado la democracia política: Uruguay, Chile, Colombia y Argentina y los que están en camino o en proceso de conseguirla como ocurre con Ecuador y el Perú. A estos dos últimos les falta algunas reformas en el campo del ejercicio político, principalmente para tener congresos auténticamente representativos; necesitan procesos eleccionarios para que sus representaciones nazcan de dichos  partidos políticos y que en estos exista participación, gracias a la práctica de la democracia interna, y que, cuando se produzcan elecciones generales previamente se hayan realizado elecciones primarias; además de la decisión ética y moral de no recurrir a empresas privadas y a las organizaciones internacionales para financiar sus campañas electorales.

Asimismo, no es posible que en países como el Perú en pleno siglo XXI  se excluya a las comunidades indígenas y originarias, quienes todavía aparecen postergados y/o no son tomados en cuenta como ciudadanos de plenos derechos y deberes; la democracia política es vivir en igualdad para todos los que habitan en el mismo territorio, ello significa que estas comunidades no pueden ser excluidas y como el resto de la ciudadanía tienen todo el derecho de participación plena en la vida política y económica de la república, este reconocimiento permite que estas colectividades estén aptas para los procesos eleccionarios en que se aseguren sus propias representaciones en los congresos y los gobiernos descentralizados, asimismo, ellos asumen otros derechos que el régimen democrático contempla. 

      

Paraguay en este análisis resulta inidentificable y hasta una incógnita, poco se sabe del nivel a que ha llegado en la democracia política. Igualmente, no sabemos las condiciones en que se realiza su proceso de producción y lo referente a los niveles de pobreza y de desigualdad. 

Los países de la lista por la democracia política, buena parte de ellos tienen todos el problema de la confianza y de cómo este asunto lo asumen las autoridades elegidas y las designadas, para ello la ciudadanía debe estar mejor informada sobre a quienes habrá de elegir y que no sean traicionados, principalmente en cuanto a las ofertas y planes de gobierno, estas traiciones rompen la ecuación del equilibrio de relaciones entre los electores y quienes han sido elegidos.  

Las reformas sancionadas y de las otras que faltan procesar no solo están destinadas a alcanzar la mencionada democracia política; sino que ésta se encamine con el fin de ser una conquista completa; esto último depende de que tanto la autoridad elegida, como designada aprecien el papel que cumplen al asumir un liderazgo político y su desempeño en el gobierno, el cual establezca una interrelación en cuanto a rendir cuentas y de dar respuesta al pedido de dichas cuentas de parte de los electores y de los ciudadanos. 

Siguiendo en el caso peruano hay necesidad de establecer los niveles de confianza antes señalados, se refuerzan considerando la narrativa de como bien sabemos en esta última administración del ejecutivo, se presentaron las iniciativas de reformas que partieron del mismo presidente de la república, dirigidas tanto al sistema de justicia, como a lo que significa cambios en el poder legislativo, en que se incluyen las disposiciones de carácter electoral.

El Perú al formar parte de la lista democrática, tiene aún el problema de no confiar en sus autoridades, y del cómo se encamina para conquistar esa confianza que representa la legitimidad, la cual estando en crisis impide el logro de su plena democracia política, razón por lo cual los proyectos de reformas se plantearon en el contexto de la constitución vigente y así fueron presentadas al congreso de la república; sin embargo, éste no le dio el peso suficiente de lo que significaba la eficacia de los programas de las reformas públicas en el marco de los tradicionales tres poderes del Estado que son autónomos y sin existir preeminencia de uno sobre el otro. 

La presencia de un congreso que no cumplía no solo con el sentido del régimen de la democracia –por su controversial mayoría negacionista-, sino de cómo esta mayoría no le dio el trato debido a las iniciativas de reformas que debían regir en la vida de una “república de ciudadanos”, en igualdad de trato, sin ninguna excepción de colectividad cultural y social; sin embargo, las reformas fueron aprobadas porque hubo una insistencia incuestionable del ejecutivo y de los grupos de las minorías parlamentarias, convencidos que esas reformas eran importantes y necesarias, prácticamente la mayoría fujiaprista fue arrinconada y el miedo los hizo sucumbir, más cuando sintieron la participación de la ciudadanía al salir a las calles y plazas de las ciudades en todo el país para manifestar el apoyo a las mencionadas reformas.

Empero, las reformas constitucionales y las leyes fueron aprobadas, a través  de un referéndum por amplia mayoría de votos, y se rechazó también por una importante votación porque la manipulación que se hizo con lo que representaba la bicameralidad, al concederse tramposamente el privilegio de no acatar la reelección. Asimismo, han quedado por debatir y aprobar con mayor precisión lo referente a la financiación en la que aparecen personas y entidades privadas que distorsionan la igualdad que debe existir en los procesos electorales, para favorecer a determinados partidos y candidatos. 

Otra reforma que no se aprobó fue lo relacionado con el título de la inmunidad parlamentaria, en el caso que se quite dicha inmunidad al parlamentario, el hecho del delito cometido deberá realizarse bajo la responsabilidad del poder judicial, dentro del marco del debido proceso que acusa a los parlamentarios de las faltas y los mencionados delitos; lo mismo que queda para debatir y aprobar la cuestionada bicameralidad –diputados y senadores. Y, algo significativo es introducir el voto uninominal y el tratamiento especial que deben considerarse para los departamentos que por su baja población no podrían conformar los distritos electorales en lo relacionado a las elecciones de los diputados. 

Corresponderá al nuevo congreso que operará entre enero del 2020 y el 28 de julio del 2021 debatir y sancionar los dispositivos que sumen, a fin de integrar el conjunto de reformas que, como se ha dicho se encaminan a organizar, poniendo en marcha la primera parte de lo que significa ser república completa al alcanzar la democracia política. Se espera que el congreso extraordinario dedique un buen tiempo a legislar no solo revisando los errores y las trampas de las reformas antes aprobadas; sino las propias reformas que este congreso le corresponderá sancionar; sin embargo estas no son las únicas -las reformas político/legislativas y del sistema de justicia- para la democracia política, pues se hace necesario un último bloque destinado a la reforma del sistema organizativo del ejecutivo, y que en su conjunto democratizan la gestión administrativa del Estado la cual comprende: el gobierno central como son los ministerios que deben cumplir una función rectora y evaluadora, y los gobiernos descentralizados dirigidos a la gestión ejecutora que competen a los gobiernos tanto regionales, como municipales.

Se espera que esta reforma parta no sólo de iniciativas del poder ejecutivo, sino que a través del nuevo congreso, se legisle las grandes líneas de reformar del sistema ejecutivo del Estado, y que de manera gradual se asimile su implementación de los cambios en el gobierno central, regional y municipal –incluidos los provinciales y distritales- en cuanto a sus estructuras organizativas, funciones y de instancias administrativas. 

Esto último tiene una singularidad para efectos de determinar  el número no sólo de ministerios; sino del número de gobiernos regionales en el aspecto de establecer las regiones las cuales no serán más de doce e igualmente de los municipios provinciales y distritales en cuanto a sus relaciones funcionales, considerando el nuevo reordenamiento territorial a nivel país.  

En síntesis, Sur América ha comenzado su primavera democrática con las protestas del Ecuador que vienen siendo evaluadas ante las fallas que aún persistente en la narrativa de su democracia política y su economía; luego, la protesta chilena que pone de manifiesto que las reformas y el camino al primer mundo no era tan cierta, porque todavía existen resultados desfavorables no sólo en el vivir ciudadano -del hoy- ; sino en el orden de sus perspectivas en el mediano plazo; siguen Uruguay, Argentina, incluido Colombia con elecciones libres que se realizan y que serán las nuevas autoridades las que asegurarán lo prospectivo no solo para reafirmar sus democracias políticas, sino en lo que viene afirmando, en especial Argentina en cuanto a recuperar su economía. 

El caso de Chile es singular, a pesar del logro de la democracia política y a pesar de su crecimiento económico, después de más de dos décadas, un  plebiscito -votado por la ciudadanía- daba por terminada la autocracia pinochetista y disponía la elección de gobiernos en democracia; sin embargo, parecería que los gobiernos de la concertación no liquidaron los vestigios del autoritarismo, siendo así que acataron la constitución dejada por Pinochet en todo lo que significa tanto lo institucional, como lo económico, no hubo debate para una nueva constitución. Asimismo, los dirigentes del Chile democrático no tuvieron el tino y la perseverancia de intercomunicarse con la ciudadanía, para confirmar que Chile no sufriría más las tragedias autoritarias y que había que revalorar las instituciones no sólo del campo político en favor de la democracia; sino de la forma en que se gestionaba su economía y su proceso de producción sujeta al sistema neoliberal. 

Estos aspectos que reiteramos de cómo los gobiernos democráticos no atendieron a una ciudadanía que sentía, a pesar del cambio, el fantasma de la dictadura todavía aparece rondando en las mentes, porque no experimentó un desembalse total, a fin de acudir a establecer no solo la democracia política y de considerar porque Chile había crecido en su economía; sin embargo, para las colectividades el producto de su trabajo en ese proceso de producción no era y no es suficiente para alcanzar mejoraras sustanciales en su calidad de vida, expresada en aspectos vitales como educación, salud y seguridad social.     

Chile siendo una gran colectividad confronta una paradoja, pues siendo políticamente democrático y donde la persona humana es el eje central del desarrollo en el contexto de que ya existiría una identificación cultural favorable a ser nación, coaliciona ante una economía manejada y aprovechada por grupos exclusivos, ciertamente están contrariando lo que señala las encíclicas  (Caritas in Veritate) de que la economía pertenece al hombre y en consecuencia “la obtención de los recursos, la financiación, la producción, el consumo y todas las fases del proceso económico tienen indudablemente implicancias morales, lo confirman las ciencias sociales y las tendencias económicas contemporáneas”.        

Y por último el Perú ha hecho el gran esfuerzo al disolver en el marco de la constitucionalidad, al congreso que fue, por ostentar una mayoría que negaba a los ciudadanos los parabienes de ser republica, aun cuando se requieren de otras reformas, corresponde a los nuevos legisladores solventar este importante proceso, tomando en cuenta que no solo estos legisladores son producto de la renovación de cuadros partidarios; sino que serán quienes  completaran la tarea de debatir y sancionar las reformas que faltan, que son propicias, a fin de lograr la democracia en su primera etapa política, faltando la parte contigua y conjunta como es la democracia económica.  

Fernando Arce Meza                  Surco, 4 de noviembre del 2019