Escribe:
Milcíades Ruiz
En los
últimos días se ha venido hablando, sobre la pretensión de aplicar el impuesto
escalonado al patrimonio de los millonarios peruanos, que no es mi caso ni el
de ustedes. A primera vista, nos puede parecer promisorio en vista de la
situación crítica que atravesamos. Pero no sabemos las verdaderas intenciones
de los impulsores de esta iniciativa,
de sus alcances y procedimientos. Este impuesto, no es ninguna novedad en los
países capitalistas, pero...
Habría que
preguntar, ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué resultados se buscan? No es tan simple
como muchos piensan. La intención del gobierno no es la misma que la de los
legisladores ni la que tenemos por nuestra cuenta. El presidente habla de un
impuesto “solidario” aplicable a los que más tienen, pero como una colaboración
de consciencia, mientras que los legisladores nos hablan en otros términos y
con distintas razones.
Lo mismo
pasó hace más de cincuenta años cuando se debatía sobre la reforma agraria.
Hasta los hacendados formularon su proyecto de reforma agraria como lo hacen
actualmente los super millonarios sobre el impuesto a las fortunas. Cada cual
tiene una visión sobre este tema. Es que hay muchas formas de presentar,
tergiversar, recortar, anular, retardar un proyecto con leguleyadas y
artimañas.
El impuesto
a los grandes patrimonios ha sido aplicado de diversa manera en países
europeos, asiáticos y americanos. Las realidades son diferentes y los motivos
también. El impuesto a los super millonarios en un país desarrollado no tiene
las mismas implicancias que, en un país subdesarrollado y dependiente como el
nuestro. Los resultados también son diferentes.
Suecia y
Alemania fueron los primeros en aplicarlo, pero después lo eliminaron. Estados
Unidos lo aplicó, pero también lo eliminó. En cambio, Argentina lo mantiene,
pero vaya usted a ver los resultados a la fecha. La India tiene uno de los PBI
más alto del mundo y aplica este impuesto, pero todos los años los campesinos
pobres se suicidan agobiados por su realidad. Ecuador también lo aplica, pero
ya sabemos lo que sufre. Igualmente, Colombia, Brasil, Uruguay, etc.
En ninguno
de los lugares donde se aplica este impuesto, se han resuelto los problemas que
lo motivaron. No ha impedido la concentración de la riqueza en pocas manos, ni
la pobreza, ni el sufrimiento social. La desigualdad social es creciente en
todo el mundo y la pobreza es parte del paisaje andino. Tampoco ha cambiado la
condición de país oprimido entre nuestros vecinos. Es que la desigualdad es la
razón de ser del capitalismo.
Esta
observación no significa estar en contra de la aplicación del impuesto a los
grandes patrimonios. En buena hora que se aplique con la mayor rigurosidad. El
asunto es que no nos salga el tiro por la culata, como le pasó a la izquierda
que apoyó a Vizcarra en la disolución del Congreso perdiendo soga y cabra. Lo
que se quita a los ricos debería ser una compensación destinada a los pobres
exclusivamente. No para el despilfarro ni para subsidiar a los aspirantes a
millonarios.
Actualmente,
el gobierno nos ha endeudado con 3,000 millones de dólares, vendiendo bonos
estatales a plazo crediticio, para afrontar la pandemia. Ese dinero ya se está
gastando en compras de todo tipo, subsidios a empresas y bonos de socorro. No
todos los necesitados reciben estos bonos, pero sí, todos tendremos que pagar
esa deuda pagando el IGV. Pagaremos los sobreprecios de corrupción en
mascarillas, equipos, medicinas y demás implementos, adquiridos con ese dinero.
¿Y se resolvió el problema?
Lo paradójico
es que los beneficiarios directos de esta operación crediticia no son los
pobres ni los viejos que pierden la vida por discriminación médica ante la
falta de equipos respiradores, sino son los ricos que compraron los bonos
estatales. Ellos siempre ganan. Los pobres siempre pierden. Entonces, lo más
probable es que, el impuesto a los ricos, lo terminen pagando los pobres.
Los ricos no
se hacen paltas con este tipo de impuestos. Lo cargan a los costos y asunto
arreglado. A Dionicio Romero, uno de los millonarios que heredó las tierras de
su padre terrateniente español en Piura, la reforma agraria le quitó esa
propiedad y no se hizo problema. Los campesinos como nuevos dueños siguieron
cultivando algodón, pero a la cosecha, el que les compraba y ponía el precio
era precisamente Dionicio, que tenía la hilandería y desmotadora. Compensó y
ganó.
Tampoco se hizo problema con la nacionalización de la banca anunciado
entre aplausos parlamentarios, por Alan García. Hasta repartió certificados
entre los empleados. Pero compensó, recuperó el banco y ganó mucho más,
diversificando inversiones con el dinero de los ahorristas del BCP. Si se
piensa que el impuesto a los ricos los va afectar, corremos el riesgo de quedar
en ridículo. Los 3,65 millones de dólares que el grupo romero otorgó para
financiar la campaña electoral de la señora Fujimori, no lo afectó. ¿Votaran a
favor los fujimoristas?
Así, el multimillonario Carlos Rodríguez Pastor, podrá trasladar el
impuesto patrimonial a Interbank, Plaza Vea, Vivanda y sobra espacio en la
larga cadena de negocios que maneja. Entonces dirá: ¡No hay problema! Incluso,
aunque le cerremos el paso, hay mucho margen oculto entre el laberinto
tributario, financiero, falsas deudas y otros refugios contables. Más aún, para
eso existen los paraísos fiscales donde los patrimonios desaparecen.
De modo que, “hay mucho pan que rebanar” en este asunto. Pero no
quisiera que me tomen como un sujeto negativo al dar una apreciación distinta.
Siempre es bueno cuidarse a las malas interpretaciones. Pero el solo hecho de
hablar de “impuesto a los ricos” genera resquemores infundados. Muchos piensan
que lo hacemos solamente por odio a los ricos, lo cual es una irracionalidad.
No debe verse como una persecución a los ricos, ni como castigo a los aspirantes.
La reforma agraria no se hizo por odio a los hacendados, aunque muchos
de ellos eran odiosos. Proceder por venganza, envidia o cualquier sentimiento
emotivo es detestable. La reforma agraria frustrada, era parte de un proyecto
integral de transformación destinado a cambiar las estructuras de la vieja
sociedad por una nueva república, en lo económico, social, político y cultural.
No fue por politiquería ni populismo.
Menciono esto porque si bien la idea puede ser muy buena para los que
buscamos justicia, sucede que, no siempre las buenas ideas terminan bien. Los
católicos suelen decir que “El camino al infierno está empedrado de buenas
intenciones” y es que la buena fe no basta. Proponer medidas aisladas como el
impuesto a los multimillonarios quizá no tenga la trascendencia esperada, por
haber sido presentada desconectada de una concepción ideológica sustentable que
garantice sus beneficios.
En el contexto globalizado, los países pobres como el nuestro, necesitan
fortalecer los capitales nacionales. La magnitud de su industria, de su empleo,
en suma, de su desarrollo, dependen de este fortalecimiento. Eso es lo que
debemos promover, pero en una economía endógena, preferentemente solidaria.
Entonces, cuando planteamos el impuesto a nuestros multimillonarios debemos
mantener esta estrategia de desarrollo.
Pensando en ello, ¿Por qué aplicar esta carga solo a los nuestros y no a
los extranjeros que compiten con los capitales nacionales? Los capitales
extranjeros de las cadenas de supermercados en nuestro país, envían ingentes
remesas patrimoniales a sus respectivos países. Lo mismo sucede con las
transnacionales de la minería, construcción, transportes, pesca, agricultura,
etc. La prostitución de nuestro país, otorga muchos beneficios tributarios a la
inversión extranjera. ¿No los estaremos favoreciendo más, con este impuesto?
Vemos pues que, plantear una medida aislada es una forma de gobernar sin
criterio de desarrollo. Por eso, considero que sería mejor plantear dicho
impuesto dentro de una concepción estratégica de desarrollo equitativo. Ahora
que se habla de cambios post pandemia, es oportuno proponer la reestructuración
del sistema tributario. Que no se vea como una medida únicamente contra los
ricos, sino como una reforma que lo incluye en un nuevo régimen, libre de
vicios, fraudes y privilegios.
Dentro de las tantas injusticias que existen en
nuestro país, está la injusticia tributaria. A un pequeño negocio de bajos
ingresos se le clausura por la mínima falta. Eso no sucede con las grandes
empresas de la minería, industria, comercio, exportación, medios de prensa,
cadenas farmacéuticas y demás, a pesar de que sus faltas son graves en
detrimento de vidas humanas. No por casualidad los gobiernos colocan a su gente
en la cabeza de la administración tributaria. La SUNAT está tan putrefacta como
otras instituciones claves.
Se trata entonces de proponer una restructuración
tributaria con justicia social. Todos estamos obligados a contribuir con
nuestros impuestos al desarrollo con equidad. Pero, la primera condición de
justicia es que lo hagamos según la capacidad de pago de cada persona, natural
o jurídica. Sin privilegios, sin abusos, sin malas prácticas tributarias. La justicia tributaria debería compensar desigualdades y reducirlas.
El actual
sistema tributario es arbitrario e ineficaz. Se han inventado miles de formas
de evasión y fraude tributario. Los contadores son cómplices de las malas
prácticas tributarias y de la corrupción, pero no hay penalidad para esto. La
amañada devolución de impuestos a multinacionales es escandalosa como son las
devoluciones a la exportación (Drawback). Una filial extranjera suele pagar
tasas de interés excesivas por préstamos, ficticios, a su casa matriz u otra
filial, etc. En fin, hay mucho por corregir.
Sería largo
mencionar la inmensidad de malas prácticas tributarias de empresas nacionales y
extranjeras. Pero lo mencionado, nos da la idea de la necesidad de esta reforma
y tributaria, que va más allá del impuesto a los ricachones. Pero más
importante que la recaudación es la fiscalización y el rendimiento de la
recaudación. De lo contrario todo será un engaño. Ustedes que dicen. ¿Y cuál
será la alternativa de las cúpulas políticas? O, es que no la tienen.
Mayo 23, 2020
Otra
información en https://republicaequitativa.wordpress.com/
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