EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA

Congreso de los Pueblos en el Foro Política de Desarrollo Agrario Integral (Enfoque Territorial) que se está desarrollando el 17 y 18 de Diciembre en Bogotá.

Nuestro país ha estado inmerso en un conflicto social, político y armado por más de 50 años que ha causado la pérdida de vidas humanas, la desintegración de la sociedad y la ausencia de un futuro sostenible. Es una necesidad imperante terminar la guerra en la que vivimos cotidianamente. Pero no basta con decir “que termine ya este conflicto”. La sociedad en general debe actuar para lograr salidas reales. En la base estructural del conflicto se encuentran las desigualdades sociales, la inequidad en la distribución de la riqueza, la falta de garantías para la organización y movilización social, las continuas violaciones a los derechos humanos y un régimen antidemocrático que ha favorecido el saqueo, el despojo, la corrupción y el asesinato; un régimen, al servicio de los intereses del gran capital, que ha sometido el país por más de 200 años. La guerra y la paz son asuntos estructurales en nuestro país. Luego de muchos frustrados intentos que no han dado cuenta de un proceso de paz con justicia social, se está pretendiendo abordar uno más manteniendo una constante que ha sido la causa de su fracaso: la exclusión de la participación popular. Las mesas regionales convocadas por el Congreso de la República, este foro agrario y la página web habilitada para hacer llegar propuestas por parte de la sociedad colombiana, son mecanismos insuficientes de participación. No convalidamos estos escenarios porque su carácter es meramente consultivo y no tienen carácter vinculante. La convocatoria, la metodología y la dirección de estos escenarios limitan y restringen el alcance de la participación. Además representan un gran riesgo de cooptación e institucionalización de la participación popular que cuestionaría su autonomía. No estamos aspirando a sentarnos en la mesa de diálogos entre el Estado y las FARC – EP, proceso que saludamos, ni en la mesa que aspiramos y exigimos se instale para iniciar un proceso con el ELN. Estamos reclamando participación real, directa, autónoma y decisoria porque somos víctimas de las nocivas políticas que gobierno tras gobierno se han impuesto al pueblo colombiano en beneficio del gran capital nacional e internacional. A lograr este anhelado propósito convocamos al pueblo colombiano. Nuestra apuesta como Congreso de los Pueblos ha convocado a diversas organizaciones y procesos políticos y sociales de todo el país, que representan legítimamente diversas experiencias y propuestas para la construcción de paz a las que se les ha negado un escenario de realización. Desde las regiones, los pueblos y los sectores sociales populares hay muchas voces que buscan ser tenidas en cuenta en un escenario de construcción de la paz de Colombia que debe estar abierto a toda la sociedad; solamente así será posible un pacto duradero. La paz no es un asunto solamente entre el gobierno y la insurgencia, ni tampoco se reduce a la negociación política al conflicto armado. Es evidente que el gobierno del presidente Santos persiste en restringir la participación, no obstante la exigencia popular para que se habiliten escenarios amplios y que las insurgencias reconocen que, aún considerándose parte del campo popular, no se abrogan la representación del pueblo y plantean que hay que garantizar su activa participación. Colombia hace parte de los planes globalizadores que para lo rural significa su incorporación al proceso de acumulación y dominación capitalista, a través del acaparamiento de tierras por parte de inversionistas nacionales o extranjeros mediado por el despojo violento y su posterior legalización; la reconversión del uso del suelo en función de los agro negocios, la gran minería, y los megaproyectos de infraestructura necesarios para el funcionamiento del capitalismo; y el reordenamiento territorial que arrebata el control social, económico y cultural ejercido tradicional y ancestralmente por los pueblos y las comunidades. A nivel global, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo- UNCTAD, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico- OCDE, entre otros organismos multilaterales, dictaminan o facilitan a nivel global las políticas para el despojo y la acumulación capitalista, y a nivel local se cumplen por parte de los debilitados y sumisos estados nacionales, mediante la expedición de leyes que aseguran su cumplimiento. Estamos ante un renovado colonialismo capitalista en plena marcha en nuestro país. Estas políticas en lo sustancial son permisivas, proclives y funcionales, a los intereses del gran capital. Las que constituyen claras ventajas para los inversionistas son de obligatorio cumplimiento, como las recetas del FMI, el Banco Mundial y la OMC, y las que implican algunas obligaciones en materia ambiental, laboral y de DDHH no se aplican, no son vinculantes y se instrumentalizan a su favor. En gobierno del presidente Santos dando continuidad a la política de confianza inversionista de su antecesor, gestiona e implementa leyes para viabilizar las políticas globales neoliberales y los compromisos adquiridos en el marco de los TLC firmados con Europa, Canadá y Estados Unidos. Las llamadas locomotoras del desarrollo son la concreción de la política global capitalista, que para nuestros pueblos y comunidades significa despojo y expoliación. Los planes de desarrollo “Prosperidad para todos” de Santos y “El estado comunitario desarrollo para todos” de Uribe, se complementan e implementan al pie de la letra los dictámenes de los organismos supranacionales. El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 diagnostica la existencia de baja competitividad y productividad del sector agrario atribuibles, supuestamente, a la baja rentabilidad de la economía campesina para plantear un enfoque productivista y exportador basado en un modelo de “empresarización” excluyente del campo, que implica entregar la tierra al capital financiero y agroindustrial, profundizar la exclusión económica, social y política de las comunidades rurales, su proletarización y la desaparición de la economía campesina que, contrario a lo diagnosticado en el mencionado plan, ha sido eficiente para asegurar la soberanía alimentaria en el país, no obstante la ausencia de políticas de apoyo y fomento. Todas estas medidas favorecen la reconversión del uso del suelo y de la naturaleza en Colombia en función de los intereses del gran capital, que encuentra en la tierra y los territorios, sea como factor de especulación financiera o como factor de producción industrial, una nueva fuente de inversión para resolver la crisis mundial del capitalismo. A esto es lo que el gobierno nacional llama desarrollo rural con enfoque territorial y que no es más que la fase de consolidación de la estrategia de despojo y desplazamiento forzado de las comunidades rurales. De esta manera la globalización capitalista asegura en estos países, en el marco de la división internacional del trabajo, la producción de materias primas para la producción de alimentos o de agro combustibles, reprimarizando nuestras economías y asignándonos, en el encadenamiento productivo mundial, el rol con más bajo valor agregado. Con el agravante que la política de confianza inversionista permite que todas las ganancias vayan a parar a las casas matrices de la multinacionales y no se reinviertan en el país.Las pocas medidas que favorecerían la pequeña y mediana producción campesina como las Zonas de Reserva Campesina, conquista del campesinado lograda en arduas e históricas luchas, resultan marginales y subordinadas al modelo de “desarrollo” rural con enfoque territorial. Su ampliación está pensada al alto costo ambiental que significa la sustracción de amplias franjas de las Zonas de Reserva Forestal y de otros territorios protegidos. Adicionalmente generaría conflictos interétnicos si como ha venido sucediendo, el gobierno traslapa las ZRC con las reservas indígenas y los territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas. Lo que el país requiere es una reforma agraria integral que atienda la demanda de redistribución de tierras, y un ordenamiento y uso del suelo democráticos que prioricen a las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, respetando los ordenamientos territoriales que han realizado histórica y ancestralmente como garantía para la permanencia en los territorios y el desarrollo de sus planes de vida. La política de formalización de predios ha resultado ser el paso previo para legalizar el acaparamiento de tierras, ante la inviabilidad económica a que ha sido sometida la economía campesina por parte del gran capital. De esta manera los dictámenes del Banco Mundial para dinamizar el mercado de tierras- léase acaparamiento- y facilitar su extranjerización están aplicándose rigurosamente, asegurando el uso económico del suelo y los territorios para elevar la productividad y la competitividad capitalista para la exportación, que no significa cosa distinta que la expoliación de nuestras riquezas. La ley 1448 de 2011 crea la figura “contrato para el uso del bien restituido”, en virtud de la cual cuando existan proyectos agroindustriales en los predios objeto de restitución, para desarrollarlos de forma completa, un magistrado podrá autorizar la celebración de contratos entre restituidos e inversionistas, sobre la base de reconocimiento del dominio y buena fe exenta de culpa. Es decir, que si finalmente no se logra legalizar el despojo de todas maneras se preservará el uso económico agroindustrial. En el proyecto de ley de tierras y desarrollo rural que ha circulado el gobierno nacional se pretende perfeccionar jurídicamente éste mecanismo legalizando el despojo bajo el amparo de la figura de “derecho real de superficie”, como derecho de carácter autónomo que otorga el uso, goce y disposición jurídica de la superficie de un predio y hace propio lo plantado, construido o ubicado en superficie ajena que, en el contexto de conflicto armado y desplazamiento forzado en el país, muy probablemente haya sido objeto de despojo.

Frente a todo este panorama exigimos generar un proceso de participación que tenga en cuenta los siguientes criterios:

1. Los sujetos de negociación y construcción de la paz no son únicamente el estado y la insurgencia, sino principalmente las comunidades rurales y urbanas, los sectores sociales populares, las regiones, sus procesos y organizaciones. Deben habilitarse todos los espacios y mecanismos necesarios que garanticen su amplia, directa, autónoma y decisoria participación. Nuestra contribución a este proceso es la realización de un Congreso Nacional para la Paz en Bogotá entre el 19 y 22 de abril de 2013, evento que será precedido por varios pre congresos regionales, entendido como un proceso que debe involucrar diversos niveles de sensibilización, visibilización de propuestas y experiencias, encuentros regionales y nacionales y construcción de mandatos populares. El Congreso para la Paz tiene carácter deliberativo en cuanto la participación de diversas voces y procesos sociales populares; y decisorio en cuanto la construcción legislativa común para mandatar el futuro y el presente de nuestro país. Tenemos la voluntad política y contamos con la legitimidad otorgada por los mandatos populares de los procesos que conformamos el Congreso de los Pueblos, para ser sujetos de paz y propiciar un escenario amplio, diverso e incluyente que se sume y articule con otras iniciativas populares y democráticas.

2. Garantizar un diálogo horizontal con las mesas de negociación entre el gobierno y la insurgencia. Es decir un diálogo que tome en cuenta las propuestas de los movimiento sociales populares y que no se reduzca a una simple consulta sin efectos vinculantes.

3. Concertar un mecanismo nacional de validación de los acuerdos con la insurgencia y de inclusión de los mandatos de los sectores sociales populares.

“Cansados de obedecer, cansados de ser consultados mientras otros deciden, queremos gobernar nuestros territorios”

CONGRESO DE LOS PUEBLOS

Diciembre 17 de 2012

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