Congreso de
los Pueblos en el Foro Política de Desarrollo Agrario Integral (Enfoque
Territorial) que se está desarrollando el 17 y 18 de Diciembre en Bogotá.
Nuestro país
ha estado inmerso en un conflicto social, político y armado por más de 50 años
que ha causado la pérdida de vidas humanas, la desintegración de la sociedad y
la ausencia de un futuro sostenible. Es una necesidad imperante terminar la
guerra en la que vivimos cotidianamente. Pero no basta con decir “que termine
ya este conflicto”. La sociedad en general debe actuar para lograr salidas
reales. En la base estructural del conflicto se encuentran las desigualdades
sociales, la inequidad en la distribución de la riqueza, la falta de garantías
para la organización y movilización social, las continuas violaciones a los
derechos humanos y un régimen antidemocrático que ha favorecido el saqueo, el
despojo, la corrupción y el asesinato; un régimen, al servicio de los intereses
del gran capital, que ha sometido el país por más de 200 años. La guerra y la
paz son asuntos estructurales en nuestro país. Luego de muchos frustrados
intentos que no han dado cuenta de un proceso de paz con justicia social, se
está pretendiendo abordar uno más manteniendo una constante que ha sido la
causa de su fracaso: la exclusión de la participación popular. Las mesas
regionales convocadas por el Congreso de la República, este foro agrario y la
página web habilitada para hacer llegar propuestas por parte de la sociedad
colombiana, son mecanismos insuficientes de participación. No convalidamos
estos escenarios porque su carácter es meramente consultivo y no tienen
carácter vinculante. La convocatoria, la metodología y la dirección de estos
escenarios limitan y restringen el alcance de la participación. Además
representan un gran riesgo de cooptación e institucionalización de la
participación popular que cuestionaría su autonomía. No estamos aspirando a
sentarnos en la mesa de diálogos entre el Estado y las FARC – EP, proceso que
saludamos, ni en la mesa que aspiramos y exigimos se instale para iniciar un
proceso con el ELN. Estamos reclamando participación real, directa, autónoma y
decisoria porque somos víctimas de las nocivas políticas que gobierno tras
gobierno se han impuesto al pueblo colombiano en beneficio del gran capital
nacional e internacional. A lograr este anhelado propósito convocamos al pueblo
colombiano. Nuestra apuesta como Congreso de los Pueblos ha convocado a
diversas organizaciones y procesos políticos y sociales de todo el país, que
representan legítimamente diversas experiencias y propuestas para la
construcción de paz a las que se les ha negado un escenario de
realización. Desde las regiones, los pueblos y los sectores sociales populares
hay muchas voces que buscan ser tenidas en cuenta en un escenario de
construcción de la paz de Colombia que debe estar abierto a toda la sociedad;
solamente así será posible un pacto duradero. La paz no es un asunto solamente
entre el gobierno y la insurgencia, ni tampoco se reduce a la negociación
política al conflicto armado. Es evidente que el gobierno del presidente Santos
persiste en restringir la participación, no obstante la exigencia popular para
que se habiliten escenarios amplios y que las insurgencias reconocen que, aún
considerándose parte del campo popular, no se abrogan la representación del
pueblo y plantean que hay que garantizar su activa participación. Colombia hace
parte de los planes globalizadores que para lo rural significa su incorporación
al proceso de acumulación y dominación capitalista, a través del acaparamiento
de tierras por parte de inversionistas nacionales o extranjeros mediado por el
despojo violento y su posterior legalización; la reconversión del uso del suelo
en función de los agro negocios, la gran minería, y los megaproyectos de
infraestructura necesarios para el funcionamiento del capitalismo; y el
reordenamiento territorial que arrebata el control social, económico y cultural
ejercido tradicional y ancestralmente por los pueblos y las comunidades. A
nivel global, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la
Organización Mundial del Comercio, la Conferencia de Naciones Unidas para el
Desarrollo- UNCTAD, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico- OCDE, entre otros organismos multilaterales, dictaminan o facilitan
a nivel global las políticas para el despojo y la acumulación capitalista, y a
nivel local se cumplen por parte de los debilitados y sumisos estados
nacionales, mediante la expedición de leyes que aseguran su cumplimiento.
Estamos ante un renovado colonialismo capitalista en plena marcha en nuestro
país. Estas políticas en lo sustancial son permisivas, proclives y funcionales,
a los intereses del gran capital. Las que constituyen claras ventajas para los
inversionistas son de obligatorio cumplimiento, como las recetas del FMI, el
Banco Mundial y la OMC, y las que implican algunas obligaciones en materia
ambiental, laboral y de DDHH no se aplican, no son vinculantes y se
instrumentalizan a su favor. En gobierno del presidente Santos dando
continuidad a la política de confianza inversionista de su antecesor, gestiona
e implementa leyes para viabilizar las políticas globales neoliberales y los
compromisos adquiridos en el marco de los TLC firmados con Europa, Canadá y
Estados Unidos. Las llamadas locomotoras del desarrollo son la concreción de la
política global capitalista, que para nuestros pueblos y comunidades significa
despojo y expoliación. Los planes de desarrollo “Prosperidad para todos” de Santos
y “El estado comunitario desarrollo para todos” de Uribe, se complementan e
implementan al pie de la letra los dictámenes de los organismos
supranacionales. El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 diagnostica la
existencia de baja competitividad y productividad del sector agrario
atribuibles, supuestamente, a la baja rentabilidad de la economía campesina
para plantear un enfoque productivista y exportador basado en un modelo de
“empresarización” excluyente del campo, que implica entregar la tierra al capital
financiero y agroindustrial, profundizar la exclusión económica, social y
política de las comunidades rurales, su proletarización y la desaparición de la
economía campesina que, contrario a lo diagnosticado en el mencionado plan, ha
sido eficiente para asegurar la soberanía alimentaria en el país, no obstante
la ausencia de políticas de apoyo y fomento. Todas estas medidas favorecen la
reconversión del uso del suelo y de la naturaleza en Colombia en función de los
intereses del gran capital, que encuentra en la tierra y los territorios, sea
como factor de especulación financiera o como factor de producción industrial,
una nueva fuente de inversión para resolver la crisis mundial del capitalismo.
A esto es lo que el gobierno nacional llama desarrollo rural con enfoque
territorial y que no es más que la fase de consolidación de la estrategia de
despojo y desplazamiento forzado de las comunidades rurales. De esta manera la
globalización capitalista asegura en estos países, en el marco de la división
internacional del trabajo, la producción de materias primas para la producción
de alimentos o de agro combustibles, reprimarizando nuestras economías y
asignándonos, en el encadenamiento productivo mundial, el rol con más bajo
valor agregado. Con el agravante que la política de confianza inversionista
permite que todas las ganancias vayan a parar a las casas matrices de la
multinacionales y no se reinviertan en el país.Las pocas medidas que
favorecerían la pequeña y mediana producción campesina como las Zonas de Reserva
Campesina, conquista del campesinado lograda en arduas e históricas luchas,
resultan marginales y subordinadas al modelo de “desarrollo” rural con enfoque
territorial. Su ampliación está pensada al alto costo ambiental que significa
la sustracción de amplias franjas de las Zonas de Reserva Forestal y de otros
territorios protegidos. Adicionalmente generaría conflictos interétnicos si
como ha venido sucediendo, el gobierno traslapa las ZRC con las reservas
indígenas y los territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas. Lo
que el país requiere es una reforma agraria integral que atienda la demanda de
redistribución de tierras, y un ordenamiento y uso del suelo democráticos que
prioricen a las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, respetando
los ordenamientos territoriales que han realizado histórica y ancestralmente
como garantía para la permanencia en los territorios y el desarrollo de sus
planes de vida. La política de formalización de predios ha resultado ser el
paso previo para legalizar el acaparamiento de tierras, ante la inviabilidad
económica a que ha sido sometida la economía campesina por parte del gran
capital. De esta manera los dictámenes del Banco Mundial para dinamizar el
mercado de tierras- léase acaparamiento- y facilitar su extranjerización están
aplicándose rigurosamente, asegurando el uso económico del suelo y los
territorios para elevar la productividad y la competitividad capitalista para
la exportación, que no significa cosa distinta que la expoliación de nuestras
riquezas. La ley 1448 de 2011 crea la figura “contrato para el uso del bien
restituido”, en virtud de la cual cuando existan proyectos agroindustriales en
los predios objeto de restitución, para desarrollarlos de forma completa, un
magistrado podrá autorizar la celebración de contratos entre restituidos e
inversionistas, sobre la base de reconocimiento del dominio y buena fe exenta
de culpa. Es decir, que si finalmente no se logra legalizar el despojo
de todas maneras se preservará el uso económico agroindustrial. En el
proyecto de ley de tierras y desarrollo rural que ha circulado el gobierno
nacional se pretende perfeccionar jurídicamente éste mecanismo legalizando el
despojo bajo el amparo de la figura de “derecho real de superficie”, como
derecho de carácter autónomo que otorga el uso, goce y disposición jurídica de
la superficie de un predio y hace propio lo plantado, construido o ubicado en
superficie ajena que, en el contexto de conflicto armado y desplazamiento
forzado en el país, muy probablemente haya sido objeto de despojo.
Frente a todo
este panorama exigimos generar un proceso de participación que tenga en cuenta
los siguientes criterios:
1. Los
sujetos de negociación y construcción de la paz no son únicamente el estado y
la insurgencia, sino principalmente las comunidades rurales y urbanas, los
sectores sociales populares, las regiones, sus procesos y organizaciones. Deben
habilitarse todos los espacios y mecanismos necesarios que garanticen su
amplia, directa, autónoma y decisoria participación. Nuestra contribución a
este proceso es la realización de un Congreso Nacional para la Paz en Bogotá
entre el 19 y 22 de abril de 2013, evento que será precedido por varios pre
congresos regionales, entendido como un proceso que debe involucrar diversos niveles
de sensibilización, visibilización de propuestas y experiencias, encuentros
regionales y nacionales y construcción de mandatos populares. El Congreso para
la Paz tiene carácter deliberativo en cuanto la participación de diversas voces
y procesos sociales populares; y decisorio en cuanto la construcción
legislativa común para mandatar el futuro y el presente de nuestro país.
Tenemos la voluntad política y contamos con la legitimidad otorgada por los
mandatos populares de los procesos que conformamos el Congreso de los Pueblos,
para ser sujetos de paz y propiciar un escenario amplio, diverso e incluyente
que se sume y articule con otras iniciativas populares y democráticas.
2. Garantizar
un diálogo horizontal con las mesas de negociación entre el gobierno y la
insurgencia. Es decir un diálogo que tome en cuenta las propuestas de los
movimiento sociales populares y que no se reduzca a una simple consulta sin
efectos vinculantes.
3. Concertar
un mecanismo nacional de validación de los acuerdos con la insurgencia y de
inclusión de los mandatos de los sectores sociales populares.
“Cansados de
obedecer, cansados de ser consultados mientras otros deciden, queremos gobernar
nuestros territorios”
CONGRESO DE
LOS PUEBLOS
Diciembre 17
de 2012
1 comentario:
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