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jueves, 10 de marzo de 2022
jueves, 15 de agosto de 2019
¿POR QUÉ ES CONDENADO A PRISIÓN WALTER ADUVIRI? POR DIRIGIR LA PROTESTA DE SU PUEBLO
Solidaridad con Walter Aduviri en Perú
Desde ALBA Movimientos denunciamos la persecución
judicial al compañero Walter Aduviri, gobernador regional de Puno
(Perú), como parte de una estrategia de guerra judicial contra los
líderes populares emergentes en este hermano país. Quienes
persiguen a Aduviri son los mismos grupos de poder corruptos que
historicamente han violado todos los derechos fundamentales del pueblo
peruano y que hoy en día quieren criminalizar la protesta popular,
democrática y justa contra las multinacionales saqueadoras.
Aduviri fue sentenciado a 6 años de prisión por
haber participado en 2011 en una protesta social contra la minera Santa
Ana, conocida como «el aymarazo», donde el pueblo de Puno se levantó
contra el saqueo y la contaminación. Esto expresa,
no sólo un claro ejemplo de criminalización de la protesta social, sino
también una persecución política a un líder indígena y a un
representante legítimamente electo por su pueblo.
Nos solidarizamos con el compañero Walter Aduviri
en este injusto y lamentable momento y hacemos un llamado a todos los
movimientos de Nuestra América a posicionarse contra este nuevo atentado
a la democracia y a los líderes populares.
Exigimos que se respete la voluntad popular expresada en las elecciones regionales de 2018.
¡Solidaridad con Walter Aduviri!
¡Basta de persecución a los líderes populares!
¡Basta del saqueo de las multinacionales!
ALBA Movimientos
14 de Agosto de 2019
miércoles, 4 de octubre de 2017
¿ESTO ES DEMOCRACIA? PEDRO CASTILLO Y OTROS DOCENTES SON DENUNCIADOS POR CRIMEN ORGANIZADO
martes 3 de octubre del 2017 |
Pedro
Castillo y otros 11 dirigentes,
que estuvieron presentes en la huelga nacional indefinida de maestros, han sido
denunciados por la Procuraduría Pública del Ministerio del
Interior, por cometer los presuntos delitos de organización
criminal y extorsión, respectivamente. Los 12 profesores son acusados por
ser supuestamente integrantes de “Los Protestantes del Sur”.
La
Procuraduría Pública del Ministerio del Interior hizo la denuncia a comienzos de agosto, donde acusa a
los profesores por integrar la organización criminal “Los Protestantes
del Sur”. En dicho escrito, esta institución también detalló que los
docentes forman un grupo sindical, con el propósito de lograr un reconocimiento
gremial formal, para poder plantar sus demandas de forma política ante el Poder
Ejecutivo.
La Primera
Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad
Organizada de Lima está
investigando a los docentes: Pedro Castillo, Raúl
Páucar Quispe, Zenón César Pantoja, Luis Marcial Soto Luque, Ernesto Meza Tica,
Ruth Báez Quispe, Olga Mamani Calizaya, Brangil Mateo Blas, Germán Tacuri
Valdivia, Paúl Gutiérrez Ticona, César Hugo Tito Rojas y Luis Ccallo Ccallata.
Se defienden
César Tito Rojas,
dirigente de docentes de Puno que es acusado, dijo que se le denuncia de forma
injusta, sólo por acatar una protesta que fue justa. “Nos tratan de
sindicar como una banda criminal. ¿Qué somos nosotros?, ¿criminales o
delincuentes? Causa gracia la forma en que se está encaminando la denuncia”,
sostuvo el docente sureño.
Por otra parte,
Luis Soto Luque, quien también es investigado, dijo que no fue notificado sobre
la denuncia. Además, comentó que hay algo oscuro detrás de esta acusación para
perjudicarlo a él y al Sutep. “Todo el mundo sabe que nosotros no participamos
de la huelga de julio y agosto. Habrá sido Conare y el Sute”, argumentó el
educador.
miércoles, 7 de diciembre de 2016
INDÍGENAS DEMANDAN EN ONU FIN A CRIMINALIZACIÓN
Pueblos Precolombinos en ONU
INDÍGENAS
DEMANDAN EN ONU
FIN
A CRIMINALIZACIÓN
¿Cuántos asesinatos necesitan para proteger a
indígenas?
En complicidad con gobiernos, empresas despojan a
pueblos de sus territorios?
Por
Genaro Bautista/AIPIN
Palacio
de Naciones. ¿Cuántos muertos necesitan para protegernos?
Expresaron representantes indígenas del planeta, en sus diferentes
intervenciones dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aquí en
Ginebra, Suiza.
Los
pueblos indígenas son las sociedades más agraviadas, en su trato con las
empresas, en sus territorios, denunciaron.
Durante
el Quinto Periodo de Sesiones del Grupo de Trabajo del Foro Sobre Empresas y
los Derechos Humanos de la ONU, que concluyó el 16 de noviembre, centenares
de dirigentes provenientes de México, Guatemala, Honduras, Colombia, Canadá,
Estados Unidos, Filipinas, Bangladesh, Rusia, Tailandia, Nepal, Camboya,
alzaron sus voces para que se escuchara en este foro internacional.
En
este periodo de sesiones se revisan las violaciones cometidas por empresas y a
ésta acuden representantes de la iniciativa privada, países, afectados y
sociedad civil.
Zeid
Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, puso el dedo en la llaga. Reconoció las dificultades que tienen los
pueblos indígenas con las empresas y la complicidad de las corporaciones con
entes gubernamentales.
Lo
anterior, destacó, conlleva mayor intimidación, despojo y violencia contra
dirigentes locales, donde la mayoría de las víctimas son indígenas.
Ejemplificó
los casos de Bertha Cáceres y Nelson García, asesinados por oponerse a
proyectos de gran envergadura en Honduras.
El
3 de marzo de 2016, Berta Cáceres, líder indígena lenca y cofundadora del
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
murió acribillada a tiros en su casa de La Esperanza.
La
lideresa defendía su territorio oponiéndose a la construcción de la represa
de Agua Zarca en la comunidad de Río Blanco.
El
15 de marzo, mataron a tiros a Nelson García, miembro activo de COPINH, cuando
regresaba a su casa en Río Lindo.
Pero
el llamado desarrollo occidental no perdona ni a indígenas de países del
denominado primer mundo, como Estados Unidos de Norteamérica y Rusia.
En
la reunión destacaron el cruento desenlace contra el pueblo dakota, quienes se
resisten al oleoducto de Standing Rock.
De
la misma forma indígenas rusos denunciaron la persecución de que son objeto por
expresar su desacuerdo a proyectos mineros y otros de gran extensión en sus territorios.
Todo
en nombre del desarrollo
La
lideresa Bini Zaa, Betina Cruz de Oaxaca, alertó que en la región del Istmo de
Tehuantepec, una de las regiones de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), el
Gobierno privilegia el establecimiento de transnacionales de energía en el área
operada por empresas que aumentan el calentamiento global, en lugar de
reducirlo, según los Acuerdos de París en el tema.
En
este rubro, distintos actores expusieron su preocupación por el triunfo de
Donald Trump, ya que esto favorece a empresas mineras que despojan territorios
en Oaxaca.
De
acuerdo a investigaciones realizadas por Servicios para una Educación
Alternativa (Educa), en los últimos diez años se han incrementado en Oaxaca las
inversiones de la industria minera.
El
triunfo del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald
Trump, el pasado 8 de noviembre, detalla Educa, generó un efecto especial en
los mercados: la caída de las acciones de todas las empresas, con excepción de
aquellas dedicadas al ramo de la minería, como son Grupo México y Fortuna
Silver Mines.
Lo
anterior, dice, se explica porque frente a la especulación financiera y la
incertidumbre política, los inversionistas consideran al oro como “un activo de
refugio”. El “miércoles negro” tanto Grupo México como Fortuna Silver
registraron altas tasas de ganancias. (Ver Tabla y Gráfica).
Fortuna
Silver explota oro y plata en territorio oaxaqueño, considerado uno de los 15
proyectos más productivos en América Latina. Mientras las comunidades oaxaqueñas
están en la incertidumbre por el destino de sus familiares migrantes, hay
alguien que sí gana en Oaxaca con Trump: las empresas mineras, sobre todo FSM.
El
V Foro Sobre Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, aborda tres
temas principales. Los desafíos de los derechos humanos, en los que es
necesario aplicar un mayor liderazgo y apoyo de los Estados y de los negocios;
la Reflexión de los cinco años de la aprobación de los Principios Rectores de
las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, así como
cuestiones fundamentales de las partes interesadas a lo largo de la cadena de
valor y a través de las relaciones comerciales.
El
Foro lanza un mensaje directo a las sociedades originarias, apunta: “Debemos
intensificar nuestros esfuerzos para mejorar el acceso a una reparación para
las víctimas de abusos contra los derechos humanos y tomar medidas concretas
para proteger a los que se encuentran en situaciones de riesgo incluidos los
defensores de los derechos humanos y los pueblos indígenas”.
Una
de las Panelistas, Laura Zúñiga Cáceres, hija de la líder Bertha Cáceres,
expuso que no hay que esperar más muertes para actuar.
La
lideresa pidió a los países cuidar que ninguna empresa se establezca en
territorios indígenas, en tanto no se cuente con la autorización, el
consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades, según
establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas.
En
el mismo sentido se pronunciaron los participantes en la reunión entre ellas
Betina Cruz, dirigente Bini Zaa de Oaxaca, y Angélica Choc de Guatemala.
Deben
respetar la decisión de los pueblos indígenas sobre sus territorios,
insistieron.
Para
Pavel Sulyandziga y John Ruggie, del organizador Grupo de Trabajo en cuestión,
es trascendental incidir en la reparación del daño a los pueblos indígenas de
las empresas y países involucrados.
Los
expertos de la ONU subrayan que entre los fundamentos sobre el tema, se
encuentran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la consulta de los pueblos
indígenas.
Los
especialistas detallaron en reuniones con liderazgos indígenas, a los que AIPIN
tuvo acceso, que hace seis meses empezaron un proceso de consulta de reparación
del daño, en colaboración con los pueblos indígenas y víctimas.
Danika
Littlechild, indígena canadiense del Consejo Internacional de Tratados Indios
(CITI), expuso la importancia de la solidaridad de la comunidad internacional
en el caso del oleoducto Standing Rock.
La
representante del CITI, enfatizo el sentir del Caucus Indígena, que Estados
Unidos debe, en este caso, respetar la protección del área, acatando el Tratado
de Fort Laramie.
Para
el conclave, la criminalización y represión a los pueblos indígenas representa
un problema serio lo mismo en el Norte que en el Sur, incluso en países con
antecedentes de promotores de defensa de los derechos humanos.
Por
ello, el Caucus pide que al Grupo de Trabajo del Foro Sobre Empresas y los
Derechos Humanos de la ONU, incorporen en sus conclusiones, el cumplimiento
de la normativa internacional incluida tanto en el Convenio 169 de la OIT, lo
mismo en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, como en la recién Declaración de la OEA sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, a fin de garantizar el respeto y ejercicio de los
derechos de las sociedades originarias.
Los
líderes y lideresas dejaron claro que los Estados tienen la responsabilidad de
proteger y garantizar los derechos de los pueblos indios por parte de las
empresas públicas o privadas.
Demandaron
a las Naciones Unidas, pedir el alto a la criminalización contra sus líderes,
pueblos y comunidades, la liberación de los presos políticos, reparación del
daño, restitución de sus territorios, el respeto a sus sitios sagrados, castigo
a funcionarios y empresas culpables de las agresiones en su contra.
El
Grupo de Trabajo (GT) explicó que se formó en 2011, ha hecho siete visitas una
de ellas a México este 2016.
Los
expertos han constado la violación de derechos humanos de transnacionales
contra pueblos indígenas, estos últimos criminalizados por defender su
territorio y libre determinación.
El
GT reconoció que los pueblos indígenas se encuentran excluidos de las tomas de
decisiones y que en la mayoría de los casos los megaproyectos de desarrollo se
encuentran en marcha sin haberse realizado la consulta a los pueblos indios.
de: Genaro Bautista Gabriel
lallaba@yahoo.com.mx [nuestramerica] <nuestramerica@yahoogrupos.com
responder a: nuestramerica@yahoogrupos.com.
Agustin Ávila <aavila@colsan.edu.mx>
fecha: 1 de diciembre de 2016, 16:26
asunto: [nuestramerica] Indígenas demandan
en ONU fin a criminalización
lista de distribución: nuestramerica@yahoogrupos.com.
enviado por: returns.groups.yahoo.com
cifrado: Estándar (TLS) Más información
Suscríbase a NUESTRA AMERICA enviando un
mensaje en blanco a:
COLECTIVO
PERÚ INTEGRAL
7 de
diciembre 2016
miércoles, 25 de mayo de 2016
LA TEORÍA DE LAS VENTANAS ROTAS Y EL DISCURSO POLÍTICO DE LA TOLERANCIA CERO
Daniel Eskibel | May 24, 2016
El origen de las conductas
delictivas no está en la pobreza sino en la psicología humana, en la relación
social entre las personas y en la interacción entre las comunidades, los
individuos y los entornos físicos que comparten.”
Año 1969, Universidad de Stanford, Estados Unidos de América. El Prof. Phillip Zimbardo diseña un experimento de psicología social.
Más de 40 años después sabemos que el Prof.
Zimbardo es una eminencia en su área, un especialista reconocido
internacionalmente, Profesor emérito de Stanford, ex docente de las
Universidades de Yale, New York y Columbia, ex Presidente de la American
Psychological Association y autor de contribuciones científicas muy importantes
en el terreno de la Psicología Social.
Volvamos al experimento de Zimbardo. ¿Qué hizo en
aquel lejano 1969?
Dejó dos autos abandonados en la calle, dos autos
idénticos: la misma marca, modelo y hasta color. Uno lo dejó en el Bronx, por
entonces una zona pobre y conflictiva de Nueva York. Y el otro en Palo Alto,
una zona rica y tranquila de California.
Dos autos idénticos abandonados, dos barrios con
poblaciones muy diferentes, y un ¿Resultado?
El auto abandonado en el Bronx comenzó a ser
desguazado en pocas horas. Perdió las llantas, el motor, los espejos, la
radio…todo lo aprovechable se lo llevaron, y lo que no lo destruyeron. En
cambio el auto abandonado en Palo Alto se mantuvo intacto: nadie lo tocó.
-¡La pobreza!- dice de inmediato un coro de voces.
Porque claro: se ha transformado en un lugar común atribuir a la pobreza las
causas del delito.
Sin embargo, el experimento de Zimbardo todavía no
había finalizado. Faltaba lo más importante. El auto abandonado en el Bronx ya
estaba deshecho. Y el de Palo Alto llevaba una semana y tan campante. Entonces
los investigadores hicieron una cosa. Solo una.
Rompieron un vidrio del automóvil de Palo Alto.
¿Resultado?
Se desató el mismo proceso que en el Bronx, y el
robo, la violencia y el vandalismo redujeron el vehículo al mismo estado que el
del otro barrio. En pocas horas. Con la misma furia.
¿Y entonces? ¿Por qué el vidrio roto en el auto
abandonado en un vecindario supuestamente seguro es capaz de disparar todo un
proceso delictivo?
Ya no se trata de pobreza. Ahora lo que queda en
evidencia es algo diferente, algo relacionado con la psicología humana, con la
relación social entre las personas y con la interacción entre las comunidades,
los individuos y los entornos físicos que comparten.
Un vidrio roto en un auto abandonado es todo un
mensaje. Un mensaje que habla de deterioro, de desinterés, de falta de
preocupación, de ruptura de sutiles códigos de convivencia. Un mensaje que
muchos descifran como de ausencia de ley, de normas, de reglas. Como que vale
todo. Cada nuevo ataque que sufre el auto reafirma y multiplica ese mensaje.
Hasta que la escalada de actos cada vez peores se vuelve incontenible. Y el
vidrio roto desemboca en la violencia más irracional.
La teoría de las ventanas rotas
La mecha encendida por Zimbardo en el 69 ha seguido
ardiendo. Uno de los desarrollos posteriores más interesantes es resultado del
trabajo de los profesores James Q. Wilson y George Kelling. Sus conceptos son
conocidos como La teoría de las ventanas rotas.
Los estudios de Wilson y Kelling sobre la
criminalidad concluyen:
- Que el delito es mayor en las zonas donde el descuido, la suciedad, el desorden y el maltrato son mayores.
- Que si se rompe un vidrio de una ventana de un edificio y nadie lo repara, entonces pronto estarán rotos todos los demás.
- Que si una comunidad exhibe signos de deterioro y esto parece no importarle a nadie, entonces allí crecerá el delito.
- Que si se cometen pequeñas “faltas” y las mismas no son sancionadas, entonces comenzarán faltas mayores y luego delitos y delitos cada vez mayores.
- Que los espacios públicos deteriorados son progresivamente abandonados por la mayoría de la gente (que se repliega nerviosa y asustada hacia sus casas) y que esos mismos espacios abandonados son progresivamente ocupados por los delincuentes.
La teoría de las ventanas rotas fue aplicada por
primera vez a mediados de la década de los 80 en el Metro de Nueva York, donde
había sido contratado como consultor George Kelling.
El Metro de Nueva York se había convertido en el
punto más candente de la inseguridad, el miedo y el peligro.
Fiel a sus ideas, Kelling recomendó una estrategia
de seguridad que comenzaba por combatir las pequeñas transgresiones: graffitis
deteriorando el lugar, suciedad de las dependencias, ebriedad entre el público,
evasiones del pago del Metro, pequeños robos y desórdenes…
El resultado fue extraordinariamente alentador.
Comenzando por lo pequeño, pronto el Metro fue un lugar seguro.
Tiempo después, en 1994, Rudolph Giuliani fue
electo Alcalde de Nueva York y nombró como Jefe del Departamento de Policía de
la ciudad a William Bretton.
¿Quién era? El Director de la Policía del Metro
durante la consultoría de Kelling. ¿Qué hizo? Basado en la teoría de las
ventanas rotas y en la experiencia del Metro, impulsar una política de
Tolerancia Cero frente al delito.
La clave de la estrategia apuntaba a crear
comunidades limpias, ordenadas y cuidadas, no permitiendo transgresiones a la
ley y a las normas de convivencia urbana. Y el resultado práctico fue un enorme
abatimiento de todos los índices criminales de la ciudad de Nueva York.
Tolerancia cero frente al delito
Los problemas de inseguridad pública y la expresión
“tolerancia cero” forman parte desde hace años del discurso político tanto en
España como en Estados Unidos y América Latina. Muchos incorporan la tolerancia
cero a su discurso político como eje de sus políticas contra la delincuencia. Y
muchos otros hacen del antagonismo con la tolerancia cero un eje crucial de su
discurso político.
Pero la discusión parece estar oscurecida por
algunos errores y pre-conceptos.
Porque muchas personas han escuchado la expresión
“tolerancia cero” y creen comprender que se refiere a una especie de solución
autoritaria y represiva.
Pero en realidad su origen es exactamente lo
contrario, y su eje conceptual central es más bien la prevención y la promoción
de condiciones sociales de seguridad.
Por eso es necesario clarificar y diferenciar.
Una cosa es el experimento inicial de Zimbardo.
Pero otra cosa es la interpretación del mismo a partir de donde surge la teoría
de las ventanas rotas elaborada por los profesores Wilson y Kelling. Un tercer
asunto diferente es el trabajo de Kelling aplicando sus teorías a los problemas
de inseguridad del metro de Nueva York en los 80. Y un cuarto asunto es la
tolerancia cero aplicada en los 90 en Nueva York por el Jefe de Policía Bretton
y el Alcalde Giuliani. Son todos conceptos conectados pero diferentes. Y más
diferentes aún son las adaptaciones conceptuales y prácticas que se siguieron
desarrollando en otros países.
¿Qué surge de esta tarea de clarificar y
diferenciar?
Pues surgen los matices, los pliegues, los claroscuros.
Comprender estos matices enriquece el discurso político y mejora no solo la
comunicación sino tal vez hasta el diseño mismo de las políticas contra la
inseguridad pública.
¿Cual sería el concepto de tolerancia cero si nos
atenemos a sus orígenes?
No se trata entonces de la horda primitiva
linchando al delincuente, ni de la prepotencia o del desborde policial. Es más:
de acuerdo a la teoría de las ventanas rotas sería necesaria la tolerancia cero
también frente a estas violaciones a la ley. No se trata tampoco de la pena de
muerte ni del ojo por ojo y ni siquiera de bajar la edad a la que se es
imputable penalmente.
Tampoco es un conjunto de recetas prefabricadas
para otra realidad, sino más bien un conjunto de ideas acerca de cómo se
origina el delito. Esas ideas basadas en la psicología social pueden traducirse
luego en decisiones concretas de acuerdo a la realidad del país o de la ciudad.
No es un dato menor hacer un llamado de atención:
no es toleracia cero frente a la persona que comete el delito, sino tolerancia
cero frente al delito mismo. Y no es poca la diferencia.
De lo que se trata, sí, es de crear (o reconstruir)
comunidades limpias, ordenadas, respetuosas de la ley y de los códigos básicos
de la convivencia social humana.
Nota:
Este artículo ha tenido una vida curiosa. Lo publiqué originalmente en el Diario Correo de Punta del Este en la edición del 9 de junio de 2008. Llevaba como título “¿Cómo recuperar una sociedad en la que se produce un delito por hora?”. Tenía, además, algunas consideraciones sobre la realidad local. Poco tiempo después el artículo comenzó a circular anónima y masivamente por Internet. Tan masivamente que a mi mismo me llegó desde distintos puntos del mundo como si fuera de autor anónimo (!!). Y todavía hoy sigue dando vueltas por las bandejas de entrada de miles de internautas, aunque generalmente incompleto y distorsionado. Avatares de estos tiempos, por supuesto…
Este artículo ha tenido una vida curiosa. Lo publiqué originalmente en el Diario Correo de Punta del Este en la edición del 9 de junio de 2008. Llevaba como título “¿Cómo recuperar una sociedad en la que se produce un delito por hora?”. Tenía, además, algunas consideraciones sobre la realidad local. Poco tiempo después el artículo comenzó a circular anónima y masivamente por Internet. Tan masivamente que a mi mismo me llegó desde distintos puntos del mundo como si fuera de autor anónimo (!!). Y todavía hoy sigue dando vueltas por las bandejas de entrada de miles de internautas, aunque generalmente incompleto y distorsionado. Avatares de estos tiempos, por supuesto…
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