La corrupción de cuello y corbata: ¿pasa piola?
26/01/2017
Hay momentos en la historia política republicana
donde el problema de la corrupción irrumpe como un huaico y arrasa con la clase
política peruana. Estamos frente a uno de estos raros momentos debido a que por
primera vez la fuente de la corrupción, las empresas constructoras brasileñas,
han sido investigadas en su país de origen, los empresarios han sido
encarcelados y están hablando. La justicia federal brasileña recurre al
mecanismo legal de “delación premiada”, para identificar mecanismos, montos de
sobornos, cuentas donde se colocaron y la lista de los funcionarios o políticos
que favorecieron sus proyectos en el Estado. El país está en vilo, a la espera
de la famosa lista. Ya tenemos algunos presos y fugados y varios políticos
están siendo arrasados.
El Perú ha sido sacudido recurrentemente por estos
fenómenos, siendo el más reciente el 2000, cuando cayó Fujimori. En esa ocasión
se obtuvieron (también por primera vez) pruebas irrefutables del delito al
conocerse (gracias al Congreso, no así el Poder Judicial) los vladivídeos.
Siguieron investigaciones y juicios, pero a pesar de la cantidad de procesados,
la lógica que siguió la prensa y los jueces fue concentrarse en militares y
políticos, dejando de lado o poniendo poco énfasis en la corrupción
empresarial, la de cuello y corbata. El ex ministro de economía y constructor
Jorge Camet (cuya constructora JJC fue transferida a su hijo, pero favorecida
por licitaciones, pasando de mediana a grande en ese periodo), no fue
suficientemente investigado sobre este punto; tampoco la constructora
Odebrecht, en ese entonces sospechosa del pago de coimas, ni su socio principal
en el Perú, la constructora Graña y Montero (G y M). El ex ministro Camet,
apenas salido en 1998, integró al directorio del Instituto Peruano de Economía
(IPE) y del Banco de Crédito siendo más tarde sentenciado a 3 años de prisión
el 2001, pena que cumplió primero en su domicilio y luego en una clínica
privada. Cosa de ricos. Este sesgo punitivo dirigido principalmente hacia la clase
política y los funcionarios públicos, y la falta de investigación de los
mecanismos empresariales de corrupción en obras públicas, hizo que, a pesar de
los avances de los juzgados anticorrupción (luego desfinanciados por el
gobierno de García), no se avanzara lo suficiente en conocer el sistema mismo.
De haber procedido mejor las investigaciones del
2000-2001, de haberse indagado de manera más ordenada y sistemática, de haberse
entendido mejor la naturaleza relacional del fenómeno de los sobornos (la mano
que da, y la que recibe; las tretas que usan para recibir los pagos, el tipo de
cláusulas de los contratos de obras públicas, las fallas del sistema de control
interno y externo), en fin, de haberse identificado la red de apoyo legal y
político de estas prácticas, quizás hubiéramos podido prevenir o limitar el
escándalo de Lava Jato 2016.
No fue así y no vamos a lamentarnos.
La cuestión es si hemos aprendido la lección para
no caer en los mismos errores. Me temo que, a pesar que esta vez la información
viene del exterior e involucra a varios gobiernos, y que por lo tanto escapa al
control de la red de corrupción nacional que envuelve como mínimo a las cuatro
hermanas (Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y OAS). Los poderes
fácticos están direccionando las investigaciones de la misma manera que el
2000.
Sin embargo, este huayco recién comienza, todavía
tiene que llover mucha información. Tiempo tenemos y quizás el sistema de
justicia funcione mejor ahora. Gracias a que el Consejo Nacional de la
Magistratura sacó del cargo al fiscal anterior, Carlos Ramos Heredia, por
formar parte de la red de apoyo legal de la mafia ancashina, existe la
posibilidad de una gestión más eficaz (aunque lenta). El nombramiento de
Duberlí Rodríguez como Presidente del Poder Judicial genera esperanza. La
creación de un sistema anticorrupción, y la mayor capacidad de investigación
financiera con levantamiento de secreto bancario y tributario (medida resistida
por muchos), podría reforzar esta tenue esperanza que tenemos. PPK ayuda en
algo, dicen que es lobista pero honesto,
aunque sus nexos con las grandes empresas privadas y algunos de los operadores
(Barata, el encargado de las coimas de Odebrecht en el Perú fue director de su
ONG, Asociación Empresarial para el Desarrollo Rural, el 2008) causa
preocupación.
Este claroscuro en que se encuentran las
posibilidades institucionales de dar pasos sustantivos que vayan más allá de
las denuncias y condenas a los “políticos corruptos”, esta pugna entre los que
investigan y empujan las investigaciones, y los que ocultan pruebas y frenan
las indagaciones, no está entonces decidida. Las pugnas se libran en varias
arenas (el Poder Judicial, el Congreso, los medios, los gremios empresariales).
Veamos lo que pasa en los gremios empresariales.
Esta arena es importante porque los propios gremios tienen como miembros a
empresas corruptas y deberían tomar medidas para que, como mínimo, se las
separe o expulse. Nuevamente, el caso brasileño ilumina este lado oscuro y de
apariencia respetable de la corrupción corporativa. En CAPECO, por ejemplo,
¿qué correlación interna existe entre “buenos” y “malos”? Cabe recordar que
Leilo Balarezo, quien fuera presidente de CAPECO y vicepresidente de la
CONFIEP, fue acusado en abril del 2015 por defraudación tributaria (facturas
falsas). Balarezo (jefe de Balarezo Constructores Generales) se fugó del país y
sigue como no habido. Que se sepa nadie lo busca. La misma CONFIEP, que no ha
podido guardar silencio sobre este caso por ser tan evidente, ha actuado con
blandura. El caso Balarezo nos sugiere que, cuando se trata de grandes
empresarios, la justicia y los mecanismos de control interno gremial son poco
propensos a actuar, y aun cuando funcionan las sanciones son blandas. Este es
el problema de los crímenes de cuello y corbata, que pueden manejarse y
minimizarse porque a fin de cuentas los involucrados tienen dinero, socios y
conexiones; en fin, poder.
El caso Odebrecht (y si se demuestra culpabilidad,
el caso Graña y Montero, su principal socio en el Perú) es más complicado
porque sus empresas, al ser grupo, participan en varios gremios. La Cámara de
Comercio afirma hace unos días haber expulsado “a la corrupta Odebrecht” (El
Comercio, enero 23, 2017). ¿Por qué la tardanza? Por su parte, AFIN informa que
“desafilió a Odebrecht Latinvest” el 7 de diciembre pasado, y también al
consorcio Gaseoducto Sur Peruano, GSP, pero no a otros donde participa
Odebrecht. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía “ha separado” a
GSP, pero ni siquiera ha publicado un comunicado. La falta de indignación ética
de los gremios empresariales parece ser una constante, lo que agrava su daño
reputacional.
El actual presidente de la CONFIEP, Martin Pérez
(grupo Romero), ha declarado en una entrevista publicada en su portal
institucional lo siguiente. Ante la pregunta: “¿Este es un caso de corrupción
de una compañía o revela cómo en muchas ocasiones puede ser la relación entre
empresas y Estado?”, el empresario responde: “Creo que el Caso Odebrecht le
hace un daño enorme al Perú. Odebrecht ya fregó al Perú”. Bueno, lo fregó es
cierto, pero lo que le preocupa no es la dimensión ética del fenómeno sino que
frene las inversiones. Más adelante evalúa el daño y dice: “Creo que le ha
pegado a la poca credibilidad de nuestras instituciones, del sector público. Ha
debilitado más su imagen. También la del sector privado. Evidentemente, al
sector privado le ha hecho un daño enorme.” Resulta interesante el orden de
ideas que propone: el primer daño que menciona es en el sector público, en
segundo lugar la empresa privada.
¿Podemos esperar entonces que los poderes facticos
(CONFIEP, grupo El Comercio, para mencionar dos de los más importantes) van a
investigar la corrupción como sistema relacional a partir del caso Odebrecht y
los otros tres que se vienen? Cabe considerar lo siguiente. En realidad, no se
puede argumentar que se trata de extorsión o de sugerencias de los políticos
que obligaron a la empresa a corromperse. Odebrecht ha operado durante años con
un sistema institucionalizado de corrupción de políticos y funcionarios en
varios países, al punto que creó una División de Operaciones Estructuradas y
nombró a una persona, Jorge Barata, como encargado del pago de coimas en el
Perú. Asimismo, este grupo económico creó un sistema de empresas offshore para
esconder la ruta del dinero que pagaba para ganar los contratos inflando
precios, que es donde está el negocio, la ganancia extraordinaria. Es más, las
cuatro hermanas desarrollaron un sistema
tipo cartel, donde se repartían las licitaciones para inflar precios, bajar
la calidad de las obras, y seguir ganando regularmente a costa del Estado y los
contribuyentes. Este sistema de cartel, según he podido escuchar, podría
también existir en el Perú y sería organizado por las principales empresas de
CAPECO, asunto que habría que investigar.
Una cuestión más. Todo este sistema no sería
posible sin que alguien haya inventado el mecanismo legal para poder facilitar
la corrupción y aumentar exponencialmente las ganancias de las empresas
constructoras. Me refiero al hecho que las empresas pueden presentar un precio
bajo y atractivo para ganar licitaciones (en una competencia posiblemente
amañada) y luego, legalmente, introducir adendas, cláusulas extrañas de
compensación, y hacer obras adicionales, que es donde desfalcan al país. Ahí
está la clave. De no eliminarse estos mecanismos facilitadores de la coima y
sus versiones más modernas no corregiremos realmente el problema.
Hablemos pues de lo sustantivo. Vayamos más allá de
lo superficial. Estos mecanismos, a los que se suma la débil supervisión del
Estado, existen no solo en los contratos tradicionales de obras públicas sino
en la nueva generación, el sistema de Obras por Impuestos y de Asociaciones
Público Privadas. De no corregirse, de seguirse aprobando y perfeccionando, lo
más probable es que la corrupción siga con otras empresas. Ello no quiere decir
que todas estén involucradas (en algunos países las sanciones son muy fuertes y
tienen la obligación de actuar legalmente en todas sus operaciones mundiales),
pero si les ponen ese incentivo perverso empresarial es posible que muchas más
se apunten. Alerta entonces. Lo digo porque en medio del pedido de facultades
extraordinarias aparece sin mayor discusión el DL 1251 de Asociaciones Público
Privadas. En esta norma se busca darles discrecionalidad a los ejecutores
privados de obras y limita al mismo tiempo las funciones de la Contraloría para
fiscalizarlo. (1) Es la combinación perfecta y muy propia de los tiempos
neoliberales que nos dicen y repiten hasta el cansancio: “el problema es el
Estado, la solución el mercado”, “no hay nada mejor que la auto regulación”.
Calculando que esta norma permisiva encuentre
resistencia, Roberto Abusada, fundador y cabeza del Instituto Peruano de
Economía (IPE), en un artículo publicado en el portal de la CONFIEP, titulado
“El misterio de la inversión”, advierte que el escándalo brasileño puede dar
lugar al “aprovechamiento político para satanizar todas la APP”. Al mismo
tiempo, anima al gobierno a invertir, a que dé incentivos y facilidades a las
grandes inversiones privadas, a acelerar los trámites, evitar que se traben los
proyectos; criticando de paso el estatismo, condenando a los funcionarios que
tienen “incentivos perversos” y bloquean las inversiones. Conveniente teoría.
¿Se trata acaso de una opinión neutral y
profesional con miras a un mejor rendimiento económico? Nos hacemos la pregunta
para entrar a discutir otra dimensión del problema de la corrupción
institucionalizada de cuello y corbata: las redes informales y formales que
articulan a la elite del poder. Este influyente economista empresarial, e
importante “opinólogo” del grupo El Comercio en materia económica, no nos
revela, como debería por transparencia, que se encuentra íntimamente vinculado
al grupo Graña y Montero; el socio principal de Odebrecht en el Perú. A la
fecha Abusada es accionista y director en varias empresas de ese vasto
conglomerado (GMD, G y M Petrolera), además de ser parte de la plana gerencial
del buque bandera del grupo, Graña y Montero SAA.(2) Para seguir desenredando
la madeja, y meter en el análisis la puerta giratoria, sabemos que el CEO de
este grupo constructor, José Graña Miroquesada, fue director de El Comercio
hasta el 2014, pero sigue como importante accionista y participe activo de la
coalición que decide quién es el director del diario (y de la “línea noticiosa
corporativa” que obedece rigurosamente Peru21, Canal 4 y Canal N). El Comercio,
dada la asociación con G y M, afirma simplemente que ya no está en el
directorio, cuando lo sustancial es su rol de accionista. Por su parte, Graña
Miroquesada dice no saber nada de la corrupción de Odebrecht a pesar de su
larga y próspera relación. Otra posible implicancia de estos escándalos es que
puede debilitar a importantes grupos económicos peruanos vinculados. Si cae G y
M puede arrastrar o debilitar más al mal gerenciado grupo El Comercio. Los
principales accionistas de G y M, que son institucionales (JP Morgan Chase con
38.46%, Bechtel Enterprises Inc con 17.8%), están en posición de pedir la
cabeza de José Graña Miroquesada (en realidad, ya no es una empresa peruana, de
modo que no entiendo porque tanto remilgo). Pero la trama de intereses y
relaciones no queda ahí. Si uno se fija en la información oficial del
directorio del IPE (2015-2016) nos encontramos que lo preside Abusada y tiene
entre sus miembros a Martín Pérez (Confiep) y también a Fernando Zavala (actual
premier).
Dada la trama de relaciones formales e informales,
¿se puede creer que la Confiep, el gobierno de PPK y el grupo El Comercio van a
hacer un esfuerzo por luchar contra la corrupción y sancionar no solo a los
políticos y funcionarios, sino a todas las empresas nacionales involucradas?
Como nos entran dudas, consideramos necesario
pugnar por un enfoque integral de la corrupción que no se limite a los
políticos y funcionarios e ir aclarando toda la lógica de un sistema donde las
grandes corporaciones participan o están en el centro mismo, sistema que no
solo puede continuar a futuro sino que incluso puede reforzarse una vez pasado
el escándalo. Puede que ya esté en curso si se abusa de decretos como el 1251
de Asociaciones Público Privadas, cuya característica principal es darle
facilidades y garantías a los privados, al mismo tiempo que debilita la acción
fiscalizadora del Estado.
Notas
[1] DL 1251 del 30 de noviembre del 2016. Artículo
5.5: “Los actos y decisiones desarrollados durante las fases de formulación,
estructuración, transacción y ejecución contractual de una Asociación Público
Privada, incluyendo las modificaciones contractuales reguladas en el presente
Decreto Legislativo, por su propia naturaleza, son procesos inherentes para la
toma de decisiones referentes a la inversión a ejecutar; por lo que se
encuentran en el ámbito de la discrecionalidad de los funcionarios
respectivos”. Artículo 16.5 “El Informe Previo de la Contraloría General de la
República respecto de la versión final del contrato de Asociación Público
Privada únicamente puede referirse a aquellos aspectos que comprometan el
crédito o la capacidad financiera del Estado... (el subrayado es nuestro).
[2] Según la Superintendencia del Mercado de
Valores, Roberto Abusada Salah es accionista de Graña y Montero Digital (5.47%
en GMD), presidente del directorio de GMD y director de G y M Petrolera y
miembro de la “plana gerencial” de G y M (www.smb.gob.pe) (acceso enero 25, 2017). Según la
Memoria Anual 2009 de G Y M fue miembro del directorio ese año.
http://www.alainet.org/es/articulo/183113
